138 salvadoreños deportados de Estados Unidos fueron asesinados entre 2013 y 2018, según un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado este miércoles 5 de febrero. Otros 70 salvadoreños sufrieron algún tipo de maltrato, como tortura, abuso sexual, ataque armado, golpizas o amenazas. El informe concluye que las muertes solo representan una pequeña fracción del problema que enfrentan los salvadoreños deportados desde Estados Unidos.
“Cada día, funcionarios y jueces de inmigración estadounidenses hacen caso omiso de la realidad de que personas deportadas por Estados Unidos a El Salvador han perdido la vida, a menudo a manos de sus agresores originales”, concluye el informe
El reporte “Deportados al Peligro” se basa en una recopilación de 219 notas de prensa, en consultas a expedientes judiciales, en entrevistas con personas directamente afectadas y en pláticas con policías, fiscales, periodistas y decenas de funcionarios de migración.
El estudio perfila como victimarios a pandillas, a autoridades estatales, a escuadrones de la muerte y también a exparejas. Como víctimas consigna a personas que no pagaron extorsión a pandillas, a jóvenes que viven en barrios estigmatizados por los cuerpos de seguridad, a expolicías, a ex miembros de pandillas y a mujeres que huyen de violencia doméstica. El reporte también señala que son víctimas de violencia jóvenes vinculados a pandillas o que intentaban salirse de ellas e incluso expolicías.
Aunque no siempre el vínculo de las víctimas con una determinada pandilla logra documentarse fehacientemente, los reportes de prensa y documentos judiciales consultados por HRW señalan que las víctimas en este caso pueden ser miembros de una pandilla rival o personas que los victimarios suponen que pertenecen a una banda rival por la zona donde vive.
El informe también revela que hay un sesgo o estigmatización del migrante. “Tres delegaciones departamentales de la policía dijeron a HRW que reciben listas de deportados que se presume que son miembros de pandillas y que distribuyen esas listas en todo el departamento, incluso en puestos vecinales de los lugares donde los deportados indican que tienen intención de vivir”, se lee en el informe.
Entre los presuntos victimarios -que cometieron asesinatos- están agentes de la Policía Nacional Civil o soldados del Ejército, según familiares que brindaron sus testimonios para el informe. No obstante, el informe también recoge casos en los que policías o soldados han sido asesinados, presuntamente por miembros de pandillas. Hablan por ejemplo de la agente Adriana J., que fue asesinada en 2017, dos años después de haber migrado. Según familiares, Estados Unidos le negó el asilo que ella solicitaba porque en la entrevista no demostró de que había un riesgo “creíble” para su vida.
El informe también recoge el contexto de violencia salvadoreño y cita un reporte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dijo en agosto que entre 2014 y 2018 la Policía ejecutó extrajudicialmente a 116 personas en 48 operativos policiales. En definitiva, el informe perfila una de las caras más crueles de El Salvador previo a la designación del país como un receptor de los asilados que Estados Unidos no quiere en su territorio.
Elizabeth Kennedy, una de las coautoras del reporte, dijo a El Faro que con el estudio esperan que países receptores de refugiados cuenten con un panorama más completo sobre el contexto del que huyen los salvadoreños y los riesgos que pueden enfrentar al ser retornados. También enfatizó en la responsabilidad de los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos en agravar la situación. 'Desde el momento en que una persona huye de El Salvador, el gobierno ha fallado en garantizar protección. Estados Unidos también ha violado sus propias leyes y leyes internacionales: ha deportado a personas a su muerte o a sufrir otros abusos graves'.
Kennedy dice que si antes era complicado para salvadoreños, hondureños y guatemaltecos recibir asilo en Estados Unidos, con la administración de Donald Trump ahora es casi imposible que reciban este tipo de protección internacional. Enfatizó en la necesidad de que Estados Unidos modifique su agenda migratoria. 'Es necesario poner fin a las presiones políticas que hace el gobierno de Estados Unidos de interrumpir el envío de fondos a El Salvador y a otros países de la región si no se implementan medidas de seguridad fronteriza o control migratorio que tienen como finalidad vulnerar el derecho a salir del propio país y el derecho a solicitar asilo', dijo Kennedy.
“Las políticas para retornados deben reformarse”
El Estado salvadoreño no sabe cómo proteger a los retornados que enfrentan algún tipo de amenaza en sus comunidades de origen. Lo más probable, dicen voceros de la PDDH, es que las personas asesinadas -reportadas en el informe- hayan migrado, originalmente, por alguna manifestación de violencia de pandillas.
“El seguimiento a estas personas, que se identifican que tienen necesidades de protección, que pueden ser vulneradas al regresar a sus hogares, no se está haciendo. Entonces las personas migran otra vez o son agredidas o asesinadas”, reconoce Beatriz Campos, procuradora adjunta para la defensa de los derechos de los migrantes y seguridad ciudadana.
Campos señala que el país no tiene protocolos para recibir a una cantidad cada vez mayor de migrantes. Dice que respecto de 2018, las deportaciones en 2019 aumentaron en un 54%. “Lo que tenemos que hacer no es solo levantar protocolos de atención, aquí el problema es el seguimiento de estas personas que regresan. Es una cantidad de gente que nos rebasa”, dice.
Aunque el Estado ha intentado seguirle el pulso a la migración y al desplazamiento forzado, los esfuerzos han sido poco exitosos, dice la procuradora Campos. En 2012, la Cancillería creó el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, una instancia que aglutina a 22 entidades estatales, organismos no gubernamentales, asociaciones de migrantes y universidades del país. En octubre pasado, la Dirección de Migración creó la Oficina de Atención a Víctimas de Desplazamiento y Migración Forzada. Pero ninguna de las instancias encara bien el problema de los deportados, dice Campos.
“No hemos visto un despegue de Conmigrantes. Les toca crear una política pero a la hora de ejecutarla, esto le toca a instituciones que no tienen presupuesto, ni personal, o que no tienen alcance suficiente”, dice. Para la procuradora, la Oficina de Atención a Víctimas de Migración necesita coordinarse mejor con otras instituciones porque sola no puede hacer nada.
“Este informe nos alerta nuevamente a replantearnos qué vamos a hacer para que estas personas retornadas puedan tener realmente sus necesidades de protección cubiertas”, aseguró Campos.
La procuradora recordó que el contexto internacional desfavorable para los migrantes indocumentados también se ha enturbiado, incluyendo las políticas de asilo y refugio. Las peticiones de asilo de salvadoreños pasaron de 5,600, en el año 2012, a más de 60,000 en 2017, dice el estudio de Humans Rights Watch. A pesar del aumento, la organización denuncia que, entre 2014 y 2018, Estados Unidos solo concedió protección internacional, a través del asilo, al 18.2% de los peticionarios mientras que cuando los salvadoreños piden asilo en otros países de América Central la tasa de aceptación es del 75% y en México es del 36.5%.
La administración de Donald Trump ha endurecido los requisitos que deben cumplir los salvadoreños para pedir asilo. En 2018, el exfiscal Jeff Session emitió una directriz que restringió los motivos para solicitar asilo. Excluyó a Centroamericanos de solicitar protección internacional en casos de violencia de género y violencia a manos de pandillas. Según el estudio, esos son los dos principales motivos de los salvadoreños que piden asilo en Estados Unidos.
En septiembre de 2019, el gobierno de Estados Unidos suscribió un acuerdo de tercer país seguro con El Salvador. En julio había firmado un acuerdo similar con Guatemala y a finales de septiembre de 2019 lo suscribió con Honduras. Estos acuerdos sumados a la alianza con el gobierno mexicano restringen las posibilidades de ciudadanos de estos tres países para buscar protección internacional en México y en Estados Unidos. El objetivo de estos acuerdos es que busquen protección de los países de los que huyen.
