El presidente Nayib Bukele llamó el sábado a una insurrección popular contra los diputados de la Asamblea Legislativa, a los que su consejo de ministros ha convocado a una sesión plenaria extraordinaria este domingo a las 3 de la tarde. Bukele exige a los diputados votar por un préstamo de $109 millones de dólares para la ejecución de su estrategia de seguridad, la Fase 3 de su Plan de Control Territorial.
Lo que empezó como un choque entre dos órganos de Estado terminó a las puertas de una crisis democrática, con la Fuerza Armada jurando lealtad al presidente Bukele. “Reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas”, dijo la noche del sábado el ministro de Defensa, René Merino, y advirtió que el ejército espera órdenes de Bukele.
Para frenar la estridencia del discurso de Bukele y su gabinete, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, intentó sesionar el mismo sábado en la Asamblea. A las 6:30 de la tarde convocó a una plenaria extraordinaria a celebrarse dos horas después, pero no hubo quórum. Solo llegaron 28 diputados y Ponce desistió. El gobierno desplegó un dispositivo de soldados, al menos dos docenas de militares acordonaron las calles de acceso al Palacio Legislativo.
Las posturas de la bancadas mayoritarias de la Asamblea -Arena con 33 diputados y el FMLN con 22- anticipan que este domingo 9 de febrero tampoco asistirá el número de diputados necesarios para sesionar. La plenaria ha sido convocada para el lunes 10 de febrero.
En un intento por frenar la intentona del mandatario, dos ciudadanos presentaron ayer una denuncia ante la Sala de lo Constitucional en la que le solicitan emitir una medida cautelar urgente que cancele la convocatoria a plenaria que realizó el consejo de ministros de Bukele. La Sala no se ha pronunciado. Pero decenas de gremiales y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han advertido de los efectos adversos para el proceso democrático salvadoreño de la crisis política desatada por la convocatoria del gobierno de Bukele.
El procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, dijo que es “grave, temerario e irresponsable” que se haga un llamado a la insurrección en estas circunstancias y advirtió: “pareciera que se pretende crear condiciones parecidas a las de Suramérica donde la conflictividad social ha llegado al exceso de derrumbar parlamentos cuando estos no han sido anuentes al Ejecutivo”.
Varios ministerios e instituciones de gobierno giraron el sábado convocatorias a empleados públicos para presentarse a la protesta convocada para esta tarde. Aunque algunas misivas aclaraban que “no pasaremos lista”, otras como el Banco de Fomento Agropecuario instruyeron a todos sus empleados a presentarse a las puertas del congreso. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, escribió en Twitter que este domingo 'inicia la democratización total de nuestro país'.
En las puertas de la Asamblea, seis empleados de Casa Presidencial montaron una tarima metálica que bajaron de un camión de la Fuerza Armada. Cinco militares custodiaron el montaje.
A lo largo de la tarde llegaron más camiones con equipos de sonido, pantallas led, consolas y estructuras metálicas para montar los aparatos.
Los empleados se identificaron como personal de la Presidencia, aunque también asistió personal de la empresa Smart Media, subcontratada para la concentración de este domingo.
Un préstamo para un buque
El origen de la confrontación es un préstamo de $109 millones destinado a financiar la tercera fase del “Plan Control Territorial”, la ampliamente publicitada estrategia de seguridad ciudadana. Sin embargo, lo que está en juego no es ni siquiera la aprobación del préstamo, sino solo una autorización para que el ministerio de Hacienda negocie el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ni aunque Bukele obtuviera su deseo tendría disponible de inmediato un dinero que será destinado para financiar “movilidad estratégica” por 46.9 millones de dólares, incluyendo dos helicópteros y un buque, y $25.9 millones serían para pagar infraestructura y cámaras de videovigilancia, entre otros rubros.
El 27 de enero, diputados de todos los partidos —menos el FMLN— aprobaron un dictamen que solo requería 43 votos y que autorizaba al gobierno a negociar el préstamo, después de que desfilaran por la comisión la comisionada presidencial y los ministros de Hacienda, Seguridad y Defensa. Eso es un paso previo para que el gobierno negocie con el banco y luego regrese a la Asamblea Legislativa a buscar 56 votos para ratificar el préstamo. Sin embargo, el 30 de enero, Arena, el partido mayoritario en la Asamblea, retiró su apoyo a ese dictamen, alegando que se necesitaba más estudio.
Una semana después, el 6 de febrero, Bukele dio el primer paso para presionar a los diputados. Utilizó una facultad constitucional que nunca había sido usada desde los Acuerdos de Paz: la de que el consejo de ministros convoque a la Asamblea a sesionar “cuando los intereses de la República lo demanden”. Bukele hizo el anuncio en una conferencia de prensa a la par del Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. “Si los diputados no asisten, vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución”, avisó Bukele ese miércoles. Horas más tarde, en su cuenta de Twitter subió la presión: dijo que la no asistencia de los diputados “constituiría un rompimiento del orden constitucional” y que ello traería “consecuencias”. Bukele advirtió que “el pueblo tiene el artículo 87”, el que menciona el derecho a la insurrección y escribió: “convoco al pueblo salvadoreño a ser testigos de la sesión extraordinaria el domingo”.
Al día siguiente, la Asamblea consideró que la convocatoria era improcedente porque violaba la independencia de poderes que funciona en la democracia salvadoreña. “No basta la simple invocación de la seguridad para habilitar el ejercicio de una potestad en observancia del principio de separación de poderes que debe utilizarse de modo excepcional debidamente motivada y sobre todo ante concurrencia de reales circunstancias fácticas que acrediten el interés de la República”, se lee en la respuesta de la Asamblea emitida el jueves.
La escalada discursiva del presidente pasó a la acción. En la noche del viernes 7 de febrero, los agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI) fueron separados de los diputados a los que brindan protección. Por la mañana, más de 200 agentes fueron convocados a la ex sede del Grupo de Reacción Policial, donde permanecieron hasta cerca de las 11 de mañana. “Les están quitando el equipo y a los que no van, los van a capturar”, dijo a este medio la diputada Dina Argueta del FMLN. Cerca del mediodía se conoció que los PPI ya habían sido reubicados en sus posiciones normales.
Mientras los PPI recibían la orden de regresar a sus labores normales, el presidente de la Asamblea confirmaba que la Policía Nacional había girado una orden para separar a los PPI de los diputados. Y se mantenía en su posición de viernes. No habría convocatoria para plenaria extraordinaria: “Hasta este momento no hay señales de que ese escenario se esté construyendo” decía. Pero aún faltaban las negociaciones.
En la mañana Mario Ponce, el presidente de la Asamblea, aseguraba que no veía el escenario para convocar a plenaria. A las tres de la tarde, su compañero de fracción Reynaldo Cardoza lo secundó: “Arena dijo no y sin Arena no podemos tener votos”, dijo agitado.
Minutos antes de esas declaraciones, Arena convocó a una conferencia de prensa donde llamó “proceso de autogolpe” a las fricciones generadas entre Bukele y los legisladores. El coordinador del grupo parlamentario, Carlos Reyes, leyó un comunicado de prensa donde llamó a “cerrar filas apegados a la constitución para defender la democracia”.
Después de eso, el PCN cambió de postura. En el salón Cuscatlán de la Asamblea Legislativa, las fracciones del PCN y de GANA dijeron estar listos para votar por el préstamo. El pecenista José Almendáriz se negó a reconocer que el Órgano Legislativo se encontraba bajo presión de la Presidencia. “En la guerra estuve y no acepté ninguna presión”, dijo.
“Esto puede desestabilizar al país y puede crear un caos el país si no se resuelve este problema. Por no autorizar un préstamo estamos poniendo en riesgo al país entero”, dijo el diputado de GANA, Francis Zablah. “Están poniendo contra la pared al presidente”, dijo enérgicamente, refiriéndose a que los diputados aún no han votado por la solicitud de préstamo.
Mientras los diputados de GANA y PCN daban su apoyo y prueba de lealtad hacia la exigencia apresurada de Bukele, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), normalmente utilizados para repeler protestas, evaluaban rutas de acceso y escape para prevenir cualquier problema en la concentración del domingo convocada por el presidente. Varios soldados custodiaban el equipo de SmartMedia.
A las 4:30 de la tarde, representantes del gobierno se reunieron a puerta cerrada con diputados de GANA y PCN. LA delegación de Bukele estaba compuesta por la comisionada presidencial Carolina Recinos, el ministro de Hacienda Nelson Fuentes, el secretario privado de la Presidencia Ernesto Castro y Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia. No se permitió el acceso de la prensa a la reunión.
La negociación duró más de una hora y poco despuésel presidente de la Asamblea Legislativa, que se había mostrado contrario a convocar a plenaria, la convocó para las 8:30 de la noche. Ponce dijo que con los representantes del gobierno no hubo “negociación de nada” y que su presencia en la reunión fue para “apoyar al país”.
La comisionada presidencial, Carolina Recinos, como es usual entre los miembros del gobierno, leyó una declaración ante los medios y no admitió preguntas. “Lo que hemos estado viviendo actualmente es parte de la dinámica normal del diálogo y el balance que debe existir entre los poderes del Estado. No hay choque entre los órganos del Estado”, dijo. Afuera, los soldados estaban apostados en la vía de ingreso a la Asamblea. Esta es la primera vez desde los Acuerdos de Paz que un gobierno utiliza fuerzas militares para presionar a otro poder estatal.
A las 8:30 de la noche, en el Salón Azul había algunos diputados de GANA y del PCN; el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático y 10 diputados de Arena. A las 9:10, tras cuarenta minutos de espera, el pase de lista confirmó que no habría quórum para iniciar la sesión. La jornada cerró con dos convocatorias a plenaria: la de Mario Ponce, para el lunes 10 de febrero y la de Nayib Bukele, quien aseguró en su cuenta de Twitter que la convocatoria de su consejo de ministros tiene más peso y se mantiene para este domingo.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, tuiteó más tarde que ya había hablado con la canciller Alexandra Hill, quien le 'expresó respeto del Gobierno de su país por (la) constitución e institucionalidad'.
La mañana del domingo, Bukele tuiteó: “¡Nos vemos hoy a las 3 pm, afuera de la Asamblea Legislativa!”. El objetivo de la protesta es incierto.
