En la semana que se vence el plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe una nueva ley que sustituya a la amnistía que fue anulada por la Sala de lo Constitucional en 2016, hay voces autorizadas como las de Fabián Salvioli que alertan a los diputados de un camino incorrecto.
Argentino y experto en derechos humanos y justicia transicional, este académico ha seguido de cerca el proceso salvadoreño para aprobar la nueva normativa que indique el proceso a seguir para el juzgamiento de crímenes de guerra ocurridos en el conflicto armado salvadoreño (1980-1992). Su cargo oficial tiene un título rimbombante: Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de la Organización de Naciones Unidas. En la práctica, se dedica a observar situaciones específicas en países de todo el mundo y luego reportarlo a la organización, a través de Procedimientos Especiales.
Según Salvioli, una ley que ignore los parámetros básicos internacionales para alcanzar una verdadera justicia para víctimas y sobrevivientes de crímenes de guerra traería efectos nocivos para el Estado y la sociedad. 'Si el Estado no cumple con los estándares efectivos en materia de responsabilización de las personas que han cometido crímenes graves contra los derechos humanos, mañana logrará ganar condenas internacionales, incluso, puede ser que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos termine diciendo de que la ley, que tanto costó sancionar, no es compatible con las obligaciones que derivan del pacto de San José de Costa Rica', dice en esta entrevista.
Salvioli visitó el país en mayo de 2019. Su hoja de vida permite que hable con soltura sobre procesos de reforma judicial en diversos países del mundo y que identifique los elementos que más suelen causar incomodidad en países que enfrentan su pasado de crímenes de guerra. “No creo que sea un error que los legisladores hayan sido excombatientes. Lo que es un error es que actúen como excombatientes en su calidad de legisladores”, dice respecto de la participación de diputados de izquierda y de derecha que tuvieron un rol protagónico en la guerra.
Las reuniones fueron cordiales. Me han escuchado, pero aquí no se trata de intercambio de opiniones: son obligaciones jurídicas que el Estado tiene que cumplir. Si no cumple con los estándares efectivos en materia de responsabilización de las personas que han cometido crímenes graves contra los derechos humanos, pues, entonces, mañana lo único que logrará es ganar condenas internacionales, incluso, puede ser que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos termine diciendo de que la ley, que tanto costó sancionar, no es compatible con las obligaciones que derivan del pacto de San José de Costa Rica.
¿Es un error de facto que sean los protagonistas de la guerra o sus aliados los que estén discutiendo la Ley de reconciliación en el seno de la Asamblea?
No, no creo que sea un error porque en este rol están como legisladores y no como excombatientes, digamos. Lo que es un error es que actúen como excombatientes en su calidad de legisladores. En su calidad de legisladores lo que deben hacer es legislar, pero sobre todo legislar conforme al derecho internacional. Si no lo hacen, el Estado caerá en desacato a su responsabilidad internacional, y lo que es mucho peor: nunca podrá avanzarse en ese sentido para alcanzar una sociedad democrática, en paz, efectivamente reconciliada. La reconciliación es el restablecimiento de la confianza en el Estado porque investigó, sancionó e hizo cumplir las penas que corresponden para crímenes tan graves.
¿Considera que ha habido suficiente transparencia o rendición de cuentas en el proceso de elaboración de la Ley, como para garantizar que sí se trata de una discusión abierta y responsable?
No. Lo que estoy diciendo son los estándares generales que tienen que cumplirse: no poner plazos a la investigación, no establecer mecanismos de impunidad de derecho o de hecho; las penas tienen que ser acorde a la gravedad de los hechos cometidos; resultaría ridículo que hechos de tortura sean sancionados con menos pena que un robo, por ejemplo. Eso no resiste el menor análisis, es una manera de impunidad de hecho. Y luego, por supuesto, debe haber un cumplimiento efectivo de esas penas, y si hay modificación de pena, que es factible en caso de circunstancias humanitarias, he sentado un precedente y una clara posición en el caso Fujimori, en Perú. El paso del tiempo o enfermedades propias de la edad no son elementos por los cuales debe haber una atenuación de la pena. Esta es solo es factible en el caso de enfermedades terminales de resolución inminente.
¿Que transgresiones al derecho internacional percibe?
Había obligaciones nacionales e internacionales vigentes para El Salvador al momento de los hechos y esas obligaciones están dadas incluso por el derecho internacional consuetudinario. Entonces, lo más adecuado es hacerlo de manera correcta, es decir, no estableciendo plazos para llevar adelante la investigación criminal. No estableciendo eximentes de responsabilidad o figuras que impliquen que las personas no cumplan con penas privativas de libertad, como corresponde, y el derecho vigente tiene que ser el derecho vigente al momento de los hechos a nivel nacional e internacional.
Uno de los puntos de más fricción en este tipo de leyes es el establecimiento de sanciones o penas carcelarias para los implicados. ¿Considera que ese aspecto debe ser un punto de honor por su componente ejemplarizante, sin importar la salud de los implicados?
No necesariamente por una razón de honor, sino por una razón jurídica. La comunidad internacional ya ha tomado una posición de esto y es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las penas son de reclusión y son de cumplimiento efectivo.
¿Puede usted ayudar a disipar el mito que han construido algunos partidos políticos de que la justicia transicional es excluyente de la justicia penal?
No sé en qué consiste el mito exactamente, pero lo cierto es que la justicia transicional no puede entenderse como se entendía cuando comenzaron estos procesos a inicios de los años 80. Hay toda una evolución de la justicia transicional y te pone, absolutamente, de la mano de mecanismos institucionales, a efectos de abordar los aberrantes hechos cometidos en el pasado. Y esos estándares ya están suficientemente construidos y van de la mano. Es decir, hay que cumplir con los mecanismos de verdad, hay que hacer justicia y responsabilizar y sancionar debidamente a los perpetradores, haciéndoles cumplir las penas que corresponden; hay que establecer sanciones adecuadas y los mecanismos de reforma institucional y proceso de memoria a efecto de que los hechos no se repitan. Y estas no son obligaciones que el Estado puede optar cumplir una sí y una no; ya forman parte de lo que el Estado debe efectivamente cumplir. Cualquier proceso de justicia transicional que incumpla con esto hoy es inválido además de antijurídico.
¿Qué se puede argumentar frente a los que demandan razones de humanismo o razones de condescendencia contra los implicados que ahora tienen edad avanzada?
Es que justamente se ha llegado a este punto porque se han beneficiado de una impunidad a lo largo de décadas en los cuales han estado gobernando partidos políticos al servicio de esa impunidad. Ahora no pueden protestar por la situación que ellos mismos han generado
No.
¿Qué mensaje le puede dar a los salvadoreños que creen que, en este sentido, El Salvador tiene una enfermedad única?
Sí, esos temas siempre se encuentran presentes al menos que se aborden con la madurez y con la honestidad que la situación amerita, y por eso espero que los legisladores y legisladoras actúen como lo que son, personas que ocupan cargos en el Poder Legislativo para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos sin tener en cuenta ninguna especulación ni de carácter personal ni grupal. Eso hablaría muy bien y dignificaría al Poder Legislativo de El Salvador.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha enlistado la Ley de reconciliación como una de las grandes deudas de los diputados, en un contexto en el que hay un tira y encoge entre el poder Ejecutivo y Legislativo. No sabemos a ciencia cierta si Bukele presiona de esta manera legítimamente o si está buscando este tema como carne de cañón para su enfrentamiento con el Legislativo. ¿Qué papel juegan, en general, los presidentes de una nación en este tipo de leyes?
¿Ha recibido usted alguna postura oficial del Estado o del Gobierno a través de Cancillería sobre este proceso de aprobación de la ley?
No aun, pero voy a seguir muy de cerca esta cuestión. Usted sabe que presento mi informe sobre El Salvador en septiembre al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por supuesto, mi informe tendrá en cuenta no solo lo que recopilé en la visita oficial al país sino todos los eventos que vayan sucediendo posteriormente.
¿Cómo evalúa el papel del Gobierno de Bukele?
Creo que ha sido un gran paso que el último día del gobierno anterior, el presidente saliente haya sancionado una normativa para acceso a los archivos militares. Otro gran paso fue la decisión del presidente Bukele (también obedenciendo a una recomendación que formulé oportunamente) de quitar el nombre de Domingo Monterrosa de la brigada, naturalmente, por su responsabilidad en la masacre de El Mozote. Son pasos positivos, pero son solo algunos. Ahora faltan estos otros que también son muy importantes y el Poder Legislativo debe también actuar en consecuencia.
¿Usted tuvo comunicación bilateral con el presidente Bukele por el tema de Monterrosa?
No, creo que fue la primera decisión que tomó el presidente en funciones y por supuesto que fue bien acogida de parte de la comunidad internacional que supervisa las obligaciones en materia de derechos humanos. Ahora, esto es un punto de los muchos que figuran en mi informe, y el cumplimiento de ese punto no exime cumplir el resto, como me permití decirle a la delegación de El Salvador en Nueva York cuando presenté mi informe, el año pasado, sobre disculpas oficiales como mecanismos de reparación por violaciones a derechos humanos. No fue un informe sobre El Salvador; fue un informe genérico, temático, sobre el elemento de justicia transicional, pero ahí la embajadora de El Salvador en Naciones Unidas tomó la palabra y agradeció mucho mi informe.
¿Usted ha podido hablar con la representación de El Salvador ante la ONU para tratar este tipo de temas?
He tenido algunas conversaciones con ella [la embajadora Egriselda López], es alguien a quien aprecio y respeto mucho, le conozco personalmente, creo que es una persona que conoce muy bien el derecho internacional y también las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Su declaración fue muy elogiosa hacia mi informe, y dijo que por supuesto el Estado iba a seguir muy de cerca las recomendaciones que había formulado.
