El gobierno de Costa Rica ha planteado un recorte al gasto público y un impuesto solidario a los salarios más altos para socorrer a las familias más golpeadas por la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus. Esta semana, el congreso de Costa Rica tiene prevista la discusión para modificar el presupuesto en unos 400 millones de dólares para dar asistencia a 375.000 familias durante tres meses.
Otra medida adoptada por el gobierno es mantener los precios actuales de combustibles, sin reducirlos, pese a la baja internacional del petróleo, con el fin de que el diferencial genere un ingreso adicional para el fondo de apoyo social.'El gobierno realiza todas las acciones para aplacar el impacto no solo en salud, sino económico y social del COVID-19', dijo Carlos Alvarado en conferencia de prensa, acompañado de miembros de su gabinete.
Una parte de este fondo social se financiará con un recorte de unos 175 millones de dólares del presupuesto público que aún no ha sido detallado. El presidente Alvarado informó que las iniciativas serán presentadas a la Asamblea Legislativa este martes 31 de enero.
El mandatario de Costa Rica también adelantó que someterá al Congreso un proyecto de impuesto solidario a los salarios de más de 1,1 millón de colones (1,900 dólares). El impuesto, de tasa variable según el nivel de ingresos, generaría recursos para atender a 300.000 familias adicionales en caso de necesidad en los meses posteriores a la pandemia.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aclaró que ese impuesto solo se aplicaría en caso de ser necesario y tendría un plazo definido, 'mientras dure la crisis de salud y económica'.
Costa Rica, que registra 263 casos de COVID-19 y dos fallecidos, ha sufrido fuertes pérdidas en los sectores de turismo y restauración a causa de la epidemia.
PLN, PUSC y PIN no apoyan “castigo” a salarios
Semanario Universidad, días antes de los anuncios realizados el viernes 27 de marzo, hizo un sondeo entre los diputados de la Asamblea de Costa Rica. La diputada del Partido Liberal Nacional (PLN), Franggi Nicolás, dijo que estaba en contra: “Estoy absolutamente en contra. Me parece que esa no es la ruta. Si uno ve las medidas de otros países en el mundo, la ruta ha sido inyectar dinero a la economía, no quitarle plata a las personas”, explicó.
Nicolás también reclamó que los legisladores aún no tienen certeza sobre cómo se van a invertir $500 millones que ya congreso aprobó para mitigar al coronavirus.
“El gobierno se ha comprometido en darnos desgloses para ver cómo se van a utilizar esos recursos, más al momento no tenemos ese reporte”, dijo la liberacionista.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también se opone a la medida el diputado Pablo Heriberto Abarca. “Es una ocurrencia. No es el momento para castigar a los trabajadores, menos en esos montos”, afirmó el diputado. Abarca aclaró, también, que la fracción no tiene postura sobre un proyecto de ley que pondría un tributo a los salarios públicos con el mismo propósito de refinanciar Estado frente al Covid-19. Abarca sugiere recortes en «publicidad, viajes, viáticos» para dotar de liquidez al Estado para lo inmediato.
El legislador Wálter Muñoz, del Partido de Integración Nacional, también adelantó su rechazo.“Tienen que ser más creativos y no pueden seguir con la misma fórmula de siempre, poner impuestos y pedir prestado, endeudándonos más”, afirmó.
El Ministro de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en sus primeras declaraciones sobre el tema habló de un 5% sobre salarios que sobrepasan los 860 dólares, aunque luego, el presidente Alvarado corrigió y dijo sería aplicable a salarios por encima de los $1,900.
