Una emergencia que pone en riesgo la vida de las personas es, sin duda, uno de los retos más grandes que una administración pública puede enfrentar. El Salvador ha sido históricamente un país de “emergencias”: terremotos, tormentas tropicales, cólera, dengue, erupciones y ahora una pandemia de escala mundial. En contextos como el actual, la atención, tanto mediática como de los ciudadanos, se vuelca totalmente a medir la operatividad de las acciones de los gobernantes para contrarrestar los efectos de la situación, mientras que temas como la seguridad, la economía, el desempleo o la corrupción parecen pasar un plano secundario y suelen percibirse como aspectos meramente decorativos ante el avasallante panorama que la emergencia nos plantea.
Sin embargo, la experiencia latinoamericana y nacional nos ha demostrado a lo largo de las emergencias acumuladas en las últimas décadas que algunos temas no pueden ser simplemente marginados, uno de ellos es la corrupción. Lamentablemente, las emergencias y su sentido humano no implican cambios en los comportamientos y prácticas corruptas arraigadas culturalmente por décadas en las administraciones públicas, sino que, por el contrario, constituyen “espacios de riesgo” que son reforzados por la flexibilidad con que se pueden llevar a cabo acciones que normalmente contarían con estándares más rígidos de evaluación y escrutinio, como lo son la contratación de bienes y servicios o la gestión y contratación de recurso humano.
Es precisamente en momentos tan complejos y críticos como estos que los perpetradores de la corrupción se aprovechan, “montándose” sobre las figuras legales, como la contratación directa, los fondos de emergencia, entre otras que permiten gestionar de manera más expedita los recursos. La corrupción se configura como una barrera que limita atender no sólo a los más vulnerables, sino también a la población que experimenta la emergencia, cualquiera que sea, volviéndose aún más crítico cuando los bienes que están en juego son la salud o la vida.
La corrupción, literalmente, mata. Cuando no se garantizan estándares de calidad en las compras como medicinas o equipo médico, cuando existe meritocracia en los procesos de contratación de quienes han de gestionar o brindar la atención médica o simplemente cuando se desvían los fondos de transporte o de alimentación para intereses particulares, la corrupción se convierte en un asesino silencioso que generalmente nunca se descubre quedando en la impunidad.
Contrario a nuestra experiencia en El Salvador, es posible que las administraciones públicas sean transparentes y rindan cuentas en medio de las emergencias. De hecho, la máxima publicidad de las acciones y decisiones son un pilar básico de la gestión de emergencias y puede ponerse en marcha mediante ciertas herramientas básicas y complementarias entre sí. Es por eso que me permito proponer al menos tres recomendaciones que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales pueden poner en marcha para garantizar que los fondos y gestiones lleguen a la ciudadanía, y así reduzcan los riesgos de la corrupción.
1. Proporcionar información pública pertinente y oportuna a la ciudadanía, que le permita cuantificar metas, presupuestos, informes financieros, programas, etc., de manera que se fomente una transparencia asequible y esto mitigue los riesgos de corrupción. Un canal inmediato -y que el Ejecutivo ha sabido aprovechar en otros momentos- es el uso de los portales web y redes sociales para poner a disposición la información pública en coherencia con la Ley de Acceso a la Información Pública.
2. Coordinar con los organismos del sistema nacional de rendición de cuentas, como por ejemplo la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc., para desarrollar un diálogo común frente a la no tolerancia de la corrupción y que, de forma coordinada, ejerzan un rol de “ayuda” para hacer efectivos el control de los recursos y el monitoreo de las gestiones.
3. Brindar, tanto a nivel nacional como local, apertura para trabajar junto a la sociedad civil, de manera que esta pueda compartir su punto de vista, opinión y experiencias en la forma que puede gestionarse la emergencia y, especialmente, para reducir los espacios a la corrupción. La sociedad civil debe jugar un rol preponderante para exigir un marco anticorrupción efectivo que motive a los gobernantes a actuar con transparencia.
Si bien la corrupción existirá siempre como un riesgo latente en las emergencias, no puede ser esta una excusa para que la ayuda -en este caso puntual de atención médica- no llegue a quienes corresponde. Es precisamente por eso que deben garantizarse todas las medidas posibles de prevención de la corrupción, con la participación de la ciudadanía y los demás organismos públicos para hacer frente de manera responsable a la emergencia.
La máxima publicidad debe prevalecer en las decisiones que se tomen, las cuales, si bien algunas veces estarán acompañadas de presión y de un sentido de rapidez, deben regirse por un marco de transparencia que tenga como resultado la toma de decisiones que favorezcan en todo momento a la población y su vida, y no a unos grupos reducidos que terminan por beneficiarse de la corrupción.
