Un documento interno del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) detalla que 50 de los 109 millones de dólares del préstamo con los que el presidente Nayib Bukele busca financiar la Fase III de su Plan Control Territorial (PCT) son para aumentar el despliegue territorial del Ejército en labores de seguridad pública durante los próximos tres años.
Esta dotación financiera es coherente con un decreto ejecutivo firmado el 27 de noviembre de 2019 por Bukele y publicado en el Diario Oficial bajo el nombre de “Disposiciones Especiales Transitorias para la Participación de la Fuerza Armada en Operaciones de Mantenimiento de la Paz Interna”. Se trata de la misma herramienta que los dos gobiernos del FMLN utilizaron durante sus diez años de gestión para legalizar los patrullajes del Ejército y permitirá que estos se mantengan hasta diciembre de 2020.
El préstamo coincide con el mayor incremento presupuestario que la Fuerza Armada de El Salvador ha recibido desde el fin de la Guerra Civil en 1992: un 51.8 % más que el año anterior. Es la cartera que más crece de todo el Ejecutivo en el primer presupuesto anual de la administración Bukele: de 145 a 220 millones de dólares, 75 millones adicionales. Hasta el momento, el mayor incremento de fondos para Defensa en tiempos de paz lo había hecho el gobierno de Antonio Saca, cuando en el presupuesto 2009 sumó 17.4 millones a los 115.4 millones que había recibido la Fuerza Armada en 2008: un aumento del 15.1 %.
Además, una cuarta parte de los fondos que el préstamo están destinados a la adquisición de tecnología de última generación para labores de inteligencia, incluidas 4,075 cámaras de videovigilancia y 113 drones con sensores de calor y capacidad de obtención de datos biométricos, vigilancia y tecnología de reconocimiento facial. Una vez hecha esa inversión, según el documento del BCIE, el Ejecutivo delegará en la Fuerza Armada la administración del “Sistema de Monitoreo de Drones”.
Defensores de derechos humanos se muestran preocupados por el acceso que tendrá Defensa a información sensible y por la falta de garantías legales de protección de información privada de la ciudadanía. El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Manuel Escalante va más allá y afirma que la Tercera Fase del PCT puede tener algunos vicios de inconstitucionalidad: “El enfoque de esta administración, con este préstamo, es mantener de forma permanente al Ejército en tareas de seguridad pública. Esa sería su labor principal. Si es esa la visión, el componente principal del PCT es militar. No es de seguridad”, dice.
La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional establece que la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública debe ser un recurso excepcional, que no debe concebirse como una función permanente. “Solo de manera excepcional el Presidente de la República puede utilizar a la Fuerza Armada para colaborar en funciones de seguridad pública”, dice textualmente la sentencia 4-2012, del 17 de mayo de 2013.
El documento al que El Faro tuvo acceso tiene como nombre “Formulación para la ejecución del Programa de Modernización en Seguridad Ciudadana en el marco del Plan de Control Territorial en su Fase III (PMSC)”, y fue elaborado por el BCIE con información proporcionada por el Gobierno. A la fecha, este documento no está a disposición del público en las páginas oficiales del Gobierno o del banco. El objetivo del financiamiento, según detalla, es “modernizar y fortalecer a la Seguridad y a Defensa para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador”. La Tercera Fase del PCT pretende implementarse en 22 municipios, donde viven 2.7 millones de habitantes. El listado incluye las cabeceras de los 14 departamentos del país y los municipios con más población del Área Metropolitana de San Salvador.
También se tuvo acceso a otro documento, del 3 de marzo de 2020, que forma parte de la correspondencia del BCIE con el Ministerio de Hacienda, en el que aparece el presupuesto detallado de compras a realizar con el préstamo.
Los dos documentos incluyen como anexos el plan de compras de la Policía y del Ejército para garantizar “Movilidad Estratégica” y “Videovigilancia”, los componentes de seguridad a modernizar. El primero busca la “innovación y modernización del equipamiento que permita la movilidad estratégica terrestre, aérea y marítima en las principales ciudades del país” y enuncia que tiene como finalidad el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas en la región. El segundo componente, el de las cámaras, tiene como objetivo, según el documento, “favorecer el patrullaje virtual que aporta valiosa prueba científica a los procesos de investigación”.
Un plan de seguridad verde olivo
Hasta el momento solo se conocen pinceladas del PCT, el principal plan de seguridad del gobierno de Bukele. El Ejecutivo no ha hecho públicos documentos que detallen sus principios, principales estrategias, calendario de implementación ni objetivos específicos. Según el presidente, el plan completo contiene siete fases y las primeras tres, que deben desarrollarse entre 2019 y 2021, sumarán un costo de 571.2 millones de dólares.
Sí ha habido señales, desde el mismo día en que Bukele llegó a la presidencia, de la creciente importancia que la Fuerza Armada tendría en su estrategia de seguridad. Mientras daba su discurso de toma de posesión, aviones militares sobrevolaron la Plaza Barrios de la capital, donde se celebraba la ceremonia. Apenas un mes y medio después, el 17 de julio de 2019, el mandatario anunció como una apuesta novedosa el reclutamiento de 2 mil nuevos soldados para apoyar en labores de seguridad pública. Ese mismo día, una enviada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Isabel Albaladejo, pidió públicamente a Bukele no continuar por la senda de la militarización seguida por los gobiernos del FMLN. “La policía no va a seguir estando preparada si seguimos recurriendo a la Fuerza Armada para cumplir una función que no está llamada a cumplir constitucionalmente y para la cual no ha sido entrenada”, dijo Albaladejo en un conversatorio en el que había también funcionarios del Ministerio de Seguridad.
La petición no tuvo efecto alguno. Bukele juramentó a esos nuevos reclutas el 19 de febrero pasado, en la Plaza Barrios. Una semana después de haberse tomado la Asamblea con militares fuertemente armados, y frente a una plaza repleta de soldados en perfecta formación, dio un discurso y, otra vez, aviones de combate sobrevolaron el centro capitalino: “Hoy ingresamos 1,400 nuevos soldados a nuestra Fuerza Armada. Todos ellos, a su vez, vendrán a engrosar las filas del Plan Control Territorial”, confirmó ese día.
En 2019, durante la primera fase de implementación de su plan, ya se utilizaron 21.6 millones para pagar la alimentación de soldados y policías en labores de patrullaje, según reformas a la Ley de Presupuesto 2019. El dinero para estos gastos, no contemplados en el presupuesto propuesto por el FMLN para sus últimos meses de gobierno, salió de la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes.
La segunda fase del plan, denominada “Oportunidad” por el Ejecutivo, anunció proyectos de prevención, similares a los del Plan El Salvador Seguro del FMLN, por 158 millones de dólares. El 2 de julio de 2019, Bukele hizo pública la creación de la Unidad de Recuperación de Tejido Social y de un centro de capacitación técnica para 100 mil jóvenes en oficios como reparación de computadoras, programación o mecánica automotriz. A la fecha, de esta fase se conoce además el inicio de la construcción de un “Cubo” en Santa Ana, una edificación que debe ofrecer a la comunidad espacios de enseñanza integral a niños y jóvenes.
La tercera fase, que el gobierno pretende financiar con el préstamo del BCIE, refuerza de nuevo el papel de la Fuerza Armada. Parte de esos recursos están destinados a movilizar soldados en tareas de patrullaje, con la compra de diez camiones de 10 toneladas, 9 pick ups doble cabina, 2 microbuses, 4 autobuses, una grúa de arrastre, 9 vehículos de movilidad todo terreno, un helicóptero y un buque.
Los documentos del BCIE afirman que el Gobierno asigna al Ejército tareas de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Según declaraciones públicas del Ejecutivo, el despliegue busca otros fines: el 21 de enero el ministro de Seguridad dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda que los drones que desean comprar son para “intervenir campamentos de pandillas y para cuidar a policías y soldados de combates frontales”; el 11 de febrero el presidente Bukele dijo que el buque (“de búsqueda y rescate” según el presupuesto anexo a los documentos del préstamo) es para el combate al narcotráfico; la jefa de Gabinete, Carolina Recinos, dijo al día siguiente en una conferencia de prensa que la nave también podrá combatir las actividades de pandillas en la franja marina costera.
El Centro de Asesoría Legal (ALAC) presentó una denuncia ante el BCIE en la que señalan presuntas conductas antiéticas que según la ong pueden constituir fraude. En el documento, ALAC señala que los documentos públicos para solicitar financiamiento para la Tercera Fase del PCT son “vagos y poco detallados, además de no ser del conocimiento público”.
ALAC también cuestiona el uso que el gobierno puede dar al drone estratégico tipo VANT, valorado en un millón de dólares. “Deja una duda razonable en cuanto a la posibilidad de utilizarse dichas aeronaves con una finalidad bélica. Además, la mera adquisición de esas aeronaves bajo el supuesto de uso ‘pacífico’ no descarta su posible adecuación militar en un futuro al tratarse de aparatos que técnicamente pueden ser modificados para armarse con el mismo presupuesto en materia de defensa nacional”.
Según lo escrito por el BCIE, expertos de los ministerios de Seguridad y Defensa serán los encargados del equipo que se adquiera con el préstamo. “El equipo por adquirir será operado por expertos en cada área, tales como la División de Bienestar Policial, Secretaria Técnica de la Policía, la División de Emergencias 911, el Grupo Aéreo Policial, el Hospital Militar, la Fuerza Aérea Salvadoreña, la Fuerza Naval de El Salvador, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Industrias Militares de la Fuerza Armada, Comando de Fuerzas Especiales, entre otras”.
El BCIE tiene en sus políticas como causal de exclusión de financiamiento la compra de bienes que fomenten en la región centroamericana la industria bélica. El Faro intentó obtener una reacción del Banco, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Tecnología de vigilancia
El préstamo del BCIE incluye la implementación de un sistema de videovigilancia valorado en 25.89 millones, destinado a labores de inteligencia. Se pretende hacer posible lo que el documento llama un “patrullaje virtual” a través de 4,075 cámaras que enviarían información a 13 centros de monitoreo. El plan incluye la compra de diversos tipos de cámaras: algunas con tecnología de reconocimiento facial, otras capaces de capturar placas de vehículos y un tercer tipo para monitoreo en tiempo real.
Aunque la mayoría de recursos para videovigilancia del préstamo (23 millones) están asignados a la Policía Nacional Civil, el Ejército recibiría el equipo tecnológico más caro y sofisticado. De los 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos que se pretende adquirir solo 25 son para el Ejército, pero uno de ellos, un dispositivo de vigilancia, búsqueda y rescate con funciones navales y terrestres está valorado en 1.6 millones de dólares y otro dispositivo, un dron VANT, tiene un precio de un millón de dólares. En contraste, los 89 drones asignados a la Policía costarán 400 mil dólares en total.
La cadena completa de responsabilidades en la compilación y análisis la información capturada por los drones no queda clara en los documentos del BCIE, pero el listado de compras incluye un “sistema de monitoreo de drones” que estaría a cargo del Ejército. Los documentos mencionan que la Policía Nacional Civil tendrá un sistema similar, pero no se le asigna presupuesto en el plan de compras.
La responsable de la Dirección de Derechos Humanos de la oenegé Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, advierte que no hay suficiente legislación secundaria para garantizar que no se cometan abusos contra la privacidad y la libertad de expresión con la tecnología que el gobierno prevé adquirir. “Hay presión del Ejército para obtener fondos para tecnología cuando no sabemos para qué la van a usar. Preocupa que esta tecnología pueda ser usada con fines de vigilancia y que no se regule, porque puede tener un uso inadecuado, es decir que se comparta información personal para fines político-partidarios”, dijo Reyna.
El Salvador no cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales que regule o limite el uso que pueda darse a información privada recopilada por el Gobierno. En noviembre, una investigación periodística reveló que la información de usuarios que accedieron al sistema de solicitudes del Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) era transferida automáticamente a Casa Presidencial. El 27 de febrero de este año, el IAIP sancionó a la ministra de Vivienda Michelle Sol por divulgar a través de su cuenta de Twitter el Documento Único de Identidad y el Número de Identificación Tributaria de una ciudadana, afectada por una cárcava en la Colonia Santa Lucía. Sol recibió la sanción máxima que establece la Ley de Acceso a la Información Pública por divulgar información privada: una multa de 40 salarios mínimos.
Otra preocupación es el intercambio esta información con otros gobiernos. En diciembre de 2019 El Salvador firmó un “Memorando de Cooperación” con el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos como parte de una serie de acuerdos migratorios y de seguridad, en el marco de la iniciativa Tercer País Seguro. Mediante ese acuerdo Relaciones Exteriores y el ramo de Seguridad se comprometen a dar a Estados Unidos acceso a información privada de ciudadanos salvadoreños, como datos biométricos (huellas dactilares, imágenes de la cara, del iris); nombre y apellidos; alias; género; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidades actuales y anteriores; datos del pasaporte; números de otros documentos de identidad y antecedentes penales, policiales y migratorios.
El antecedente más cercano a la aprobación de una Ley secundaria para normar los límites en el uso de tecnología que podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos es la Ley de Escuchas Telefónicas. Fue aprobada el 18 de febrero de 2010, tras años de discusión. Antes de que el Estado adquiriera oficialmente tecnología de intervención de llamadas, la ley delimitó que esta sería usada exclusivamente por la Fiscalía General de la República, para la investigación de delitos graves -homicidios, secuestro y crimen organizado- y previa autorización de un juez.
El Salvador no es el primer país de la región que introduce tecnología de espionaje en labores de seguridad pública. A inicios de 2019 el gobierno de Honduras compró drones VANT, del modelo Skylark 3, a la empresa israelí Elbit Systems, según el periódico El Heraldo. Elbit Systems describe que su dron “permite el desempeño de operaciones encubiertas en curso, proporcionando inteligencia en tiempo real durante el día y la noche (…) facilita una amplia gama de aplicaciones que incluyen inteligencia sobre la colina, protección de fuerza y convoy, protección de infraestructura estratégica, patrulla fronteriza y operaciones de seguridad”.
Arena está a un paso de dar el aval
Aunque el partido Arena dijo inicialmente que no votaría para autorizar que el gobierno negocie el préstamo con el BCIE, el jueves 5 de marzo estuvieron a punto de conceder ese primer aval al Ejecutivo. Tras una reunión de fracción, los diputados Rodrigo Ávila, David Reyes y Ricardo Velásquez Parker dijeron a El Faro que su partido tenía la intención de dar sus votos.
La posición se matiza con la denuncia hecha por la misma Arena ese día, sobre supuestos sobreprecios de 13 millones en total en productos que aparecen con un precio superior al de mercado. “Las botas que quieren comprar están sobrevaloradas. Están pidiendo 5 millones para repotenciar (reparar) un helicóptero cuando eso vale un helicóptero nuevo. La reparación máximo cuesta 1 millón y medio de dólares”, dijo Ávila, que aseguró que los votos están condicionados a que el Ejecutivo modifique el plan de adquisiciones.
Pero sobre todo contrasta con los reparos que llevaron a Arena a detener la votación a inicios de febrero, luego de que El Faro revelará que Seguritech, una empresa que provee servicios de videovigilancia, había pagado un viaje a México del director de Centros Penales, Osiris Luna. Arena retiró su apoyo a la pieza aduciendo desconfianza por un posible conflicto de interés.
Una semana después de la toma de la Asamblea Legislativa, el 18 de febrero, Revista Factum reveló que el presidente Bukele asistió a inicios de ese mes, también en México, a la boda de un empresario que se dedica a la venta de equipo de videovigilancia, Yaniv Zangilevitch, CEO de la empresa Eye Tech Solutions. En un video de la ceremonia, Bukele dice que Zangilevitch es su amigo, que tiene años de conocerlo y que han viajado juntos a distintos países. La Comisión Evaluadora de Ofertas de la Alcaldía de San Salvador, durante la administración Bukele, adjudicó un contrato a la filial de dicha empresa en El Salvador, pero el Concejo Municipal no dio los votos para ratificarlo. El representante legal de esa empresa había actuado antes, además, como representante legal de Bukele. A inicios de 2020 el nuevo concejo municipal de San Salvador, presidido por el arenero Ernesto Muyshondt, terminó por dar el contrato, por 85 millones de dólares, a EyeTech.
“Es preciso que Asamblea Legislativa depure o aclare los posibles conflictos de interés o comportamientos antiéticos que la prensa de investigación ha revelado en cuanto a la llamativa relación entre algunos miembros del Órgano Ejecutivo con empresas o empresarios extranjeros que comercializan los insumos o servicios de seguridad que estarían adquiriendo con el préstamo”, dijo el Idhuca en una pieza de correspondencia que entregaron el 21 de febrero a los diputados de Comisión de Hacienda. En este documento, insisten también en los riesgos de aprobar la compra de tecnología sin mecanismos de control.
“El préstamo se usará para adquirir una tecnología cuyo uso si no se limita desde la legislación podría prestarse a excesos por parte de los cuerpos de seguridad, afectando inconstitucionalmente los derechos a la privacidad, la intimidad, la integridad, la libertad de expresión”, añade el pronunciamiento.
Un mes después, en Arena no queda rastro de aquella desconfianza. Cuestionado por los mecanismos para dilucidar estos conflictos y garantizar controles en el plan de compras, el diputado Velásquez Parker dijo que eso no les compete: “Existe una Ley de Adquisiciones y también contamos con una Bolsa de Productos (Bolpros). Ese tema depende del Ejecutivo y del BCIE”. Sobre el uso de los equipos de videovigilancia, Rodrigo Ávila defendió su uso porque serán para “uso oficial” y defendió los gastos en Defensa. “Son drones militares y por eso son más caros que los de la Policía. Pueden estar hasta ocho horas en vuelo, tienen detectores de calor y su venta está restringida”, dijo.
El FMLN, que en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén aprobó el uso de drones para el Plan Zafra de la Policía, enfocado en garantizar seguridad a la industria cañera, y que potenció la militarización de la seguridad pública, ahora está en contra del continuismo de Bukele y anuncia que no dará sus votos al plan del presidente. “Creemos que hay que terminar de discutir legislación secundaria sobre el tipo de drones, buques o helicópteros que el gobierno puede comprar. Deben haber límites en temas de datos personales. No es posible que compren drones que te capten todo”, dijo la jefa de fracción Nidia Díaz.
