El viernes 6 de marzo de 2020, a las 10:32 de la mañana, la oficina central de Interpol de El Salvador envió un correo electrónico a sus homólogos en México para que brindaran la dirección exacta de residencia en ese país del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien abandonó el país dos meses antes que Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara ante los tribunales por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa.
“Estimado colegas: En el marco de la ayuda mutua internacional en materia policial, por este medio muy respetuosamente solicitamos nos puedan proporcionar la dirección exacta de residencia en ese país del fugitivo Othón Sigfrido Reyes Morales”. Una hora más tarde, a las 11:37 a.m., Interpol México respondió que no pueden brindar dicha información, porque el expresidente de la Asamblea Legislativa se encuentra asilado en ese país y la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político no permite brindar ningún tipo de datos.
El comisionado Manuel Ulises Garay Cotto, jefe de Interpol El Salvador, envió al juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, que tramita el proceso penal contra Sigfrido Reyes, los dos correos electrónicos y una carta para informar que sus colegas mexicanos aseguran que “el fugitivo de la justicia salvadoreña cuenta con el estatus jurídico de asilo político en ese país”. En ese mismo documento detalla que los artículos 10, 23 y 60, de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, son lo que prohíbe no entregar los datos que la Policía salvadoreña requiere para proceder con la captura de Reyes, que según la Fiscalía dirigió una estructura conformada por 14 personas que lavó más de $6 millones de dólares.
Por ejemplo, el artículo 10, explica que “la información aportada por los solicitantes, refugiados, y quienes reciban protección complementaria, será tratada con la más estricta confidencialidad, con base en lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. De igual forma lo establece el 23, que menciona que todos los datos que proporcione el solicitante “que en todo momento deberán de preservar la confidencialidad de la información”. Y del mismo modo aparece mencionado en el artículo 60, pero “cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo político o asilados, deberá solicitarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la ley citada”, se lee en los tres artículos.
El Faro consultó a fuentes fiscales sobre el estatus de Sigfrido Reyes e informaron que ya es residente en ese país, pero la Fiscalía salvadoreña no tiene confirmación del estatus de asilo político a favor de Reyes. Pedro Cruz, abogado del exfuncionario, dijo que no está autorizado para confirmar o negar dicha información; sin embargo, reiteró que el caso penal contra su cliente se trata de persecusión política porque no hay pruebas que sustentan el caso. “Él (Sigfrido Reyes) tiene derecho hacer uso jurídico o diplomático para salvaguardar los intereses de él y su familia”, dijo Cruz a El Faro.
El Faro solicitó una reacción a la embajada de México en El Salvador, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta. Vía telefónica, fuentes de la embajada de México en El Salvador dijeron que no tenían información al respecto.
El Faro también buscó una reacción vía telefónica con Elizabeth Delgado, de la dirección de Monitoreo Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, pero la funcionaria respondió que esta dependencia no es la encargada de brindar información sobre los refugiados en ese país. Cancillería pidió que se consultara a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero “adelanto que esa información no puede ser compartida por protección a la persona”, dijo Delgado. Al cierre de esta nota, carmen Soriano, de comunicaciones de COMAR respondió que “la información de todos los solicitantes de la condición de refugiados en México es confidencial”.
Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa es el primer alto dirigente de la cúpula del FMLN procesado por delitos relativos a la corrupción. Además, es el segundo exfuncionario de los gobiernos de izquierda que se refugia en otro país para huir de la justicia, bajo el argumento de que las acusaciones en su contra son “una persecución política”. Mauricio Funes, expresidente de la República, fue el primer en abandonar el país cuando la Fiscalía de Douglas Meléndez lo acusó de lavar dinero del Estado. Desde 2016, Nicaragua le dio asilo político a él y a tres miembros de su familia.
“El fugitivo Sigfrido Reyes”
Sigfrido Reyes abandonó el país el 23 de noviembre de 2019. Tomó un vuelo a la ciudad de Guatemala y luego se dirigió a México, según fuentes fiscales. En ese momento no tenía ninguna orden de captura, pero faltaba poco para que la Fiscalía lo acusara de liderar una estructura de lavado de dinero en la que según la Fiscalía participó su exposa, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, detenida el jueves 9 de enero por la noche en su residencia ubicada en San Salvador.
El 15 de enero, después de finalizar la audiencia inicial, el Juez 11° de Paz de San Salvador Omar Hernández dejó en libertad a 10 de los imputados que estaban presentes, pero giró orden de captura contra Reyes; su asistente Karla Recinos; su hermano Earle René Reyes y su socio, Byron Larrazábal Arévalo, ya que ninguno de ellos se hizo presente
Un día después que el juez Omar Hernández dictó su resolución, recibió una carta por parte de Interpol El Salvador donde pedían la información completa del caso contra Reyes y los acusados prófugos para elaborar la documentación por los delitos que se buscan y así transmitirla a los países que forman parte de Interpol.
Reyes fue presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, y la investigación fiscal encontró que en ese tiempo él mismo se autorizó viáticos para asistir a misiones oficiales. Parte de las anomalías en este procedimiento es que Reyes también se quedaba en el extranjero más tiempo de lo que la misión oficial requería, y autorizaba viáticos para cubrir su estadía. Según la FGR, fue así como recibió alrededor de 106 mil dólares.
Pero al exfuncionario también se le investiga por sus inversiones en tres empresas a las que ha estado vinculado: el 23 de diciembre de 2009 fundó junto a Byron Larrazabal una comercializadora de repuestos y lubricantes que recibió un préstamo de 300 mil dólares del estatal Banco Hipotecario, a la que bautizaron Importaciones y Exportaciones Lubbex. Lubbex es deudora de Alba Petróleos, la corporación creada por funcionarios del FMLN y financiada por Petróleos de Venezuela.
Lubbex también pagó honorarios a Reyes entre 2011 y 2014 como asesor externo. El exdiputado no siempre reportó esos ingresos al Ministerio de Hacienda y cuando el exfuncionario estaba siendo investigado por Probidad, esta oficina detectó esos ingresos. Reyes entonces modificó al menos una vez su declaración sobre la renta e incluyó esos pagos y pagó los impuestos respectivos. Ese fue el caso de honorarios que Lubbex le pagó por 6 300 dólares en 2014. En 2017, cuando Probidad ya investigaba al exfuncionario, Reyes modificó su declaración de impuestos correspondiente a 2014.
El hermano de Reyes, Earle René, llegó a ser representante legal de la empresa Lubbex a partir de 2015. Earle René regresó a El Salvador en 2009 después de toda una vida en Suecia.
Dos años después de la creación de Lubbex, el 2 de septiembre de 2011, crearon una constructora llamada Terrenos e Inversiones (Terrein), que fue la implicada en las compras de terrenos con el IPSFA.
La Fiscalía sostiene que Reyes, su socio Byron Larrazabal, un hijo de este (Kevin Mauricio Larrazabal) y tres empleados del Instituto de Previsión de Fuerza Armada (IPSFA) cometieron el delito de estafa agravada cuando confabularon para que la empresa Terrein (fundada por Reyes y Larrazabal) comprara terrenos a un precio más bajo que los establecidos.
