El presidente Nayib Bukele confirmó la noche de este miércoles 18 la detección del primer caso de COVID-19 en El Salvador. Se trata de una persona sin identificar que demostró síntomas de coronavirus en el Hospital Nacional General Arturo Morales del municipio fronterizo de Metapán, al occidente del país.
“Hicimos dos pruebas de casos sospechosos. Una salió negativa y la otra, positiva. Oficialmente, tenemos el primer caso de COVID-19 en El Salvador”, dijo Bukele a través de una conferencia de prensa realizada desde Casa Presidencial.
La confirmación del primer caso se dio cuatro horas después de que el Gabinete Especial de Crisis anunció un “Plan de respuesta y alivio económico” para aminorar el impacto que provoca la pandemia en la “población afectada de manera directa”. Las medidas, según el Gobierno, suspenden por tres meses los cobros de servicios de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y créditos a “personas naturales y jurídicas directamente afectadas”.
Bukele explicó que la persona contagiada con el virus tenía en sus registros migratorios una salida hacia Italia, el país más afectado en Europa con más de 31 mil contagiados con COVID-19 y más de 2,500 fallecidos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, no existe fuera del continente americano una comunidad de salvadoreños migrantes tan numerosa como la radicada en Italia.
Se presume que el ahora paciente -del que se desconoce su sexo e identidad- entró a El Salvador a través de un punto ciego, ya que no cuenta con registro oficial de reingreso al país. El municipio de Metapán es fronterizo con Guatemala y Honduras.
“El paciente ya está aislado, sin embargo -como entró por un punto ciego- es probable que haya tenido contacto con muchas más personas. No sabemos a cuánta gente visitó... sus amigos, su familia”, explicó el mandatario.
“Cordón sanitario” en Metapán
El Gobierno anunció la creación de un cordón sanitario en Metapán durante las próximas 48 horas, que estará organizado por la Fuerza Armada y el Ministerio de Salud. Las leyes de emergencia y de excepción aprobadas el fin de semana facultan al Gobierno para declarar “zonas de riesgo” y restringir el libre tránsito.
“Los habitantes de Metapán no están siendo puestos en cuarentena. Este cordón sanitario será solo durante 48 horas, mientras determinamos los nexos epidemiológicos. Pasado mañana a estas horas se levantará el cordón sanitario”, aseguró Bukele. .
A Metapán se desplegará un equipo de 80 personas para determinar los nexos epidemiológicos y posibles focos de infección. Es decir, para detectar a la mayor cantidad de personas que tuvieron contacto con el paciente contagiado para prevenir, y de ser necesario, aislar a las personas que muestren rasgos de contagio. En Metapán habitan más de 60 mil personas según la Dirección General de Estadísticas y Censos.
La confirmación del primer caso de contagio en El Salvador llega una semana después de que el presidente Bukele declarara a El Salvador en cuarentena. El miércoles 11 de marzo, el Gobierno cerró las fronteras de El Salvador a extranjeros, y ordenó el aislamiento en cuarentena para los salvadoreños recién ingresados al país.
La medida, anunciada como parte de un plan de prevención ejecutado desde el 16 de enero, ha movilizado hasta la fecha a 1952 personas hacia 42 centros de contención.
Un día antes de la confirmación del primer caso, el Gobierno ya había anunciado el cierre definitivo de las fronteras y del Aeropuerto Internacional, que solo está siendo utilizado para recibir transportes de carga.
Gobierno anuncia moratoria a pago de servicios por tres meses
El anuncio del primer caso de COVID-19 en El Salvador se produjo cuatro horas después de la divulgación de una serie de medidas económicas que, según el Gobierno, buscan aminorar el impacto económico a los sectores más afectados por la pandemia.
Bukele anunció en Twitter un plan de 30 medidas, aunque en la conferencia de prensa del Gabinete Económico solo se mencionaron cinco válidas durante tres meses: la suspensión del pago de cuota de energía eléctrica, agua, teléfono, cable e Internet. Esos pagos se repartirán en los siguientes dos años. Por ejemplo, si alguien paga 50 dólares de luz eléctrica cada mes, esos $150 que acumule durante el decreto se dividirán en 24 cuotas a partir del cuarto mes.
Otra medida es el congelamiento de cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimientos. En ese caso, los cobros reiniciarán inmediatamente después del plazo. Finalmente, el pago a créditos de casas comerciales también se cancela por tres meses, y en ese caso el pago si dividirá en la cantidad de cuotas que resten para el pago del crédito. Todas las medidas garantizan pagos sin intereses, mora, multas ni afectación de la calidad crediticia.
Por la noche, el presidente Bukele agregó dos medidas más: pagos de cuotas de carros o motocicletas y la suspensión de alquileres durante tres meses. “Esos tres meses van a ser diluidos en el resto del contrato. Si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13, los tres meses serán diluidos, sin intereses ni mora, en los 17 años que restan”, ejemplificó. Para contratos más cortos, las cuotas no serán divididas en periodos inferiores a dos años.
El pago de impuestos, como el de la renta cuya declaración se vence en abril, no está incluido en las medidas. “Se le solicita a fuerzas vivas y productivas del país que cumplan sus obligaciones tributarias para que el gobierno tenga la capacidad de atender esta crisis”, dijo el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Aunque el Gobierno no explicó los detalles específicos de focalización y formas de aplicar a los beneficios, Bukele prometió que esa información, vital para saber cómo funcionará el programa, se comunicará el lunes 23 de marzo.
Por lo pronto, la puesta en marcha del plan todavía tiene muchas preguntas sin contestar. La principal es ¿quiénes aplican? El ministro de Hacienda dijo que las medidas son para “personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente por la pandemia”, pero no respondió preguntas sobre los criterios para determinar una afectación directa.
El presidente Bukele dio ejemplos. Además de aquellos que pierdan su trabajo como consecuencia de la crisis, serían beneficiados “quienes estén enfermos, los que están en cuarentena, pequeños empresarios, los que están varados fuera del país, los músicos que tocan en restaurantes, los odontólogos, los meseros eventuales o que viven de las propinas, el sector informal que casi no ha vendido, los profesionales, trabajadores por cuenta propia. Todos ellos y muchos más”, dijo.
Esas dudas deberán esperar al 23 de marzo. Bukele dijo que ese día se publicará una lista, números de contacto, una página web, y un formulario. El presidente dijo que estarán fuera del beneficio las personas que sigan recibiendo sus salarios normales.
Tanto Bukele, como su secretario de Comercio y el ministro de Hacienda, insistieron en que estas medidas no deben ser tomadas por personas que no lo necesiten. “Esto no es para dejar de pagar agua, luz, teléfono o Internet cuando tengo la capacidad de pagarlo. Es para el que no puede. Si todos dejamos de pagar, el sistema va a colapsar y todos nos quedamos sin agua ni luz ni teléfono”, dijo Miguel Kattán, secretario de Comercio. Kattan advirtió que se supervisará que no se cometan abusos, aunque esos mecanismos tampoco se detallaron.
El ministro Fuentes aseguró que el objetivo principal de estas medidas es garantizar que las familias tengan los recursos para comer durante la emergencia. “La raíz del problema es que los recursos que tiene una familia en esta crisis los va a utilizar para lo fundamental: la seguridad alimentaria. Si no impulsamos estas medidas la crisis de desempleo, la crisis financiera que se puede crear es más grande que lo que estamos aplicando en este momento”, dijo Fuentes.
Empresas y economistas piden claridad al Gobierno
La situación fiscal del gobierno salvadoreño limita sus posibilidades de aportar recursos directamente en una situación de emergencia. En Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por ejemplo, la población dejará de pagar esos servicios, pero serán esos gobiernos los que asuman la responsabilidad de esos pagos. En El Salvador, los tres meses sin cobro de servicios básicos serán cobrados a dos años plazo a los usuarios.
Según el Gobierno, las medidas anunciadas se basan en un acuerdo con privados, tanto la banca, como empresas de telecomunicaciones y de distribución de energía eléctrica, pero lo cierto es que en estos sectores todavía hay incertidumbre sobre estas medidas, que deben de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Javier Argueta, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, escribió en su cuenta de Twitter que esos decretos se enviarían el 19 de marzo.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) dijo a El Faro el miércoles 18 que todavía estaban “analizando la información” presentada por el Gobierno.
La empresa distribuidora de energía Del Sur dijo a El Faro que sus representantes se reunieron en la mañana del miércoles con el secretario Kattan, pero que no podían revelar si habían llegado a acuerdos y que tampoco conocen el mecanismo para llevar a cabo la focalización.
La empresa de energía AES también tuvo una posición similar: “confirmamos nuestro compromiso de apoyar las medidas anunciadas (...) quedamos en espera por parte de la Presidencia de conocer el mecanismo de implementación y el listado de personas sujetas a recibir este beneficio”, dijo.
El Faro contactó a la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel), pero al cierre de esta nota no emitió comentarios.
El economista José Luis Magaña, de Panorama Económico, afirma que es urgente delimitar los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno, ya que no son sostenibles si toda la población recibirá esos beneficios. “Si la gente deja de pagar servicios públicos como agua o electricidad pondría en problemas de sostenibilidad a los proveedores de estos servicios. Un impago generalizado de créditos puede paralizar el sistema financiero y, en estas condiciones, es necesario mantener la liquidez del sistema”.
El economista Werner Peña comparte que debe de aclararse a la brevedad quiénes serán los beneficiados. “Las personas al no tener claro los criterios de inclusión, podrían modificar su comportamiento y presupuesto con la expectativa de verse beneficiadas. De no ser parte de los beneficiados y con un presupuesto desajustado podrían caer en ciclos de deuda con las empresas, con el riesgo de dejar de percibir el servicio. Esto también crearía problemas a las empresas con un incremento en su partida de cuentas incobrables”, dijo.
Gobierno se prepara para 12 mil casos
Actualmente, Bukele aseguró que El Salvador tiene la capacidad instalada para atender a 1,300 pacientes de COVID-19. El cálculo se basa en el alcance de 800 habitaciones de hoteles que serán sanitizadas. Estos cuartos funcionarían como “habitaciones de cuido” donde se enviarían los pacientes que sean detectados con la enfermedad y no requieran tratamiento hospitalario. Esta medida garantizaría que los enfermos se encuentren en completa cuarentena y bajo el cuidado de profesionales. El Gobierno asegura estar en negociaciones con hoteles para lograr este plan.
El resto de personas que sí necesiten tratamiento hospitalario serían enviados al Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar 'Dr. José Antonio Saldaña' de San Salvador y al Hospital Regional de San Miguel. Bukele aseguró que dichos hospitales serán ocupados exclusivamente para el tratamiento de pacientes que se encuentren en graves condiciones por el virus.
En la conferencia, Bukele dijo que esperan tener, en aproximadamente dos meses y medio, un hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). El plan es que ese hospital tenga dos mil camas y 300 unidades de cuidados intensivos. Con eso, Bukele calcula que se lograría cubrir la atención de hasta 12,800 personas contagiadas.
Hasta la noche de este miércoles, el trabajo se había focalizado principalmente en la detección del virus. Por ejemplo, el viceministro de Salud, José Alabí, explicó en la mañana del martes que se estaban realizando de 40 a 50 pruebas diarias para descartar o confirmar coronavirus a escala nacional. La no realización de la prueba es algo que ha sido duramente criticado desde la población civil y organismos de derechos humanos. La gran mayoría de personas que se encuentran cumpliendo cuarentena en los centros de contención no ha sido sometida a dicha evaluación.
El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Carlos Garzón, quien también formó parte de la conferencia de prensa organizada por el gobierno, ofreció nuevos insumos al Gobierno. “Le comento que tengo ya siete mil pruebas más en este momento para entregarles”, dijo. “Eso fortalecerá la capacidad de buscar rápidamente los contactos”, añadió, refiriéndose a las personas que estuvieron cerca del paciente de Metapán con COVID 19.
Junto a Nicaragua y Belice, el territorio salvadoreño seguía siendo una excepción en la tendencia mundial de detección del coronavirus. Pero, la enfermedad avanza por tierras centroamericanas y en la misma noche, tanto la vicepresidenta nicaragüense como el presidente salvadoreño anunciaron la detección del primer caso dentro de sus fronteras.
“Se trata de un hermano que viajó a Panamá entre el 13 y el 14 de este mes, y que regresó a nuestro país el 15, es decir el domingo, vía aérea”, dijo la noche del miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo, quien no dio detalles del número de casos sospechosos por COVID-19.
