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El Salvador

“Exigimos a las autoridades que tengan un protocolo de identificación”

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, acuerpa las medidas tomadas por el Ejecutivo de cara a la pandemia de COVID-19, aunque señala algunas grietas en los protocolos que considera necesario enmendar.

 
 

Ante la cuarentena total impuesta por el presidente Bukele desde la noche del sábado 21 de marzo, el procurador advierte que las medidas decretadas desde Capres “no deben vulnerar la dignidad humana” y que se deben evitar abusos o excesos de parte de la policía y el ejército. Por ejemplo, exige al ejecutivo que afine los protocolos a través de los cuales se identificará a quienes violen las medidas impuestas y a quienes tienen justificaciones validas.  

Tobar Serrano solicita a las autoridades que no vayan a unir las personas detenidas por violar las restricciones a la circulación con los que ya se encuentran cumpliendo con la cuarentena en los centros de contención. 

Hasta el 19 de marzo, el Sistema Nacional de Protección Civil había activado 41 centros de cuarentena como plan de contingencia para prevenir el COVID-10. Según cifras del Ejecutivo se encuentran 2,721 personas: 1,362 hombres, 925 mujeres y 108 niños, niñas y adolescentes. 

¿Cuál es su postura sobre la restricción de movilidad que decretó el presidente?
El país está en una situación extraordinaria y en este momento a nivel internacional se está exigiendo un distanciamiento social como una medida idónea para evitar la propagación del COVID-19. Pero creemos importante que se debe garantizar la cadena de suministros. Esto implica que debe haber garantías por parte del Estado para que la población siempre pueda acceder a los productos de primera necesidad para que no vayamos a morir de hambre en este momento.

¿Usted comparte la necesidad de cortar la libertad de movilidad y circulación?
La medida de coartar la libertad en este momento me parece que está apegada a las medidas internacionales de distanciamiento social. Lo que pasa es que la realidad de El Salvador no es la realidad de otros países, en los cuales el acatamiento de las órdenes de las autoridades de Salud son distintas. En un momento ordinario por supuesto que implicaría un retroceso al Estado constitucional de derecho. El momento de El Salvador no es un momento ordinario. Vemos ahí la necesidad de que la Sala de lo Constitucional emita una resolución sobre las demandas que se han formulado en contra del decreto 594.  El hecho de restringir la libertad ambulatoria, el hecho de prohibir la libre asociación en un momento ordinario de país por supuesto que implicaría un retroceso para un Estado Constitucional. No estamos en una situación así. En este momento estamos en un Estado de Derecho, pero las medidas adoptadas no deben conculcar la dignidad humana. En estas medias el exceso de poder no debe ser la primacía sino la sensatez.

¿Ha visto un exceso de poder en las autoridades?
En algunos casos lo hemos observado. Por esa razón es que hemos dicho que es necesario que exista un protocolo de identificación de las personas. Las autoridades, la PNC y la FAES, deben saber quién efectivamente está alterando la cuarentena y quién no. No todas las personas que están en la calle están con la mentalidad de alterar la cuarentena.

¿Han recibido denuncias?
Sí, el día de ayer tuvimos un caso de Morazán. Un periodista de un medio alternativo fue detenido en el bus,  cuando él ya había tomado unas fotografías y videos algunos elementos de la Fuerza Armada, según lo que él ha denunciado, le obligaron a borrar lo que había documentado. Esas cosas son las que decimos que no deben hacerse. Se hacen porque no tienen un protocolo que garantice la identificación de las personas. Es necesario que se diga con claridad. Es decir, ¿de qué sirve que abran los bancos, de qué sirve que abran los supermercados, de qué sirve que abran las tiendas? Si las personas no van a poder comprar. 

¿Cómo van a garantizar que no haya abusos de este tipo?
A pesar que hemos reducido nuestro equipo, nos mantenemos activos en el terreno verificando. No queremos ser obstáculo en las medidas de prevención, pero estamos monitoreando de manera virtual las denuncias y si es necesario nos hacemos presentes en el territorio. 

¿Qué medidas deberían tomar las autoridades?
Exigimos a las autoridades que tengan protocolo de identificación. Hasta ahora no conocemos que las autoridades tengan un protocolo girado a la Policía Nacional Civil o a la Fuerza Armada. Hasta el día de ayer por la tarde no habían definido ningún centro de cuarentena donde estaban siendo remitidas las personas que están siendo detenidas en esta nueva restricción. Eso implica dos cosas: por un lado, o están siendo remitidos a centro de cuarentena ya existentes, lo cual violenta totalmente el proceso de cuarentena que estaban viviendo las personas que ya habían sido remitidas con anterioridad. Por otro lado, estas personas tampoco pueden ser llevadas a bartolinas porque  no son delincuentes, no es esa la dinámica. Además, debe ser existir un mínimo de organización en cuanto a los centros de cuarentena para las personas que están siendo detenidas.

¿Todavía hay hacinamiento en los centros de contención?
Según la información que tenemos, el más poblado aún es la Villa Olímpica. Nos han mencionado que no están en hacinamiento como al principio. Se han mejorado las condiciones. Incluso, las personas que están dentro se han organizado para que no ingresen más personas a efectos que no se rompa la cuarentena. Otra de las cosas importantes es que para el día de hoy (lunes 23 de marzo) se espera a la llegada un vuelo de Estados Unidos con personas retornadas, entonces queremos que la Dirección General de Migración y Extranjería esté preparada para esa situación porque se prevé que para la cantidad de personas que vienen al menos se necesitarán cinco centros de cuarentena porque no pueden ser llevadas a los centros ya habilitados.

El procurador de Derechos Humanos en visita al aeropuerto. Cortesía de la PDDH.
 
El procurador de Derechos Humanos en visita al aeropuerto. Cortesía de la PDDH.

 

¿Qué evaluación hace de las actuaciones del Ejecutivo al inicio de la crisis de COVID-19?
Me hice presente en el aeropuerto desde el día que se comenzó a implementar la alerta, se evidenció una improvisación ya que se notaba en los funcionarios que no había información sobre lo que se estaba realizando. No había protocolo de atención para las personas que iban a ser trasladadas a los albergues porque todos fueron trasladados a un mismo sitio. Todos estaban en una misma sala independientemente del país de procedencia. Estaban juntos los que procedían de países infectados y los que venían de países que aún no habían reportado casos de COVID-19, eso generaba un foco de infección real de contagio.

¿Tiene un informe o evaluación oficial sobre las medidas que el Gobierno ha estado tomando frente al COVID-19?
No hemos elaborado un documento oficial porque el personal de la PDDH se ha reducido un 80%. A raíz de la declaratoria de emergencia nacional hemos disminuido la capacidad de accionar. Sin embargo, hemos observado, a raíz de la información que nos mandan desde los centros de contención, que al inicio se evidenciaba un desorden y falta de información pero con el transcurso de los días eso ha comenzado a cambiar. La exigencia de la población comenzó a circular en redes sociales y eso causó presión.

¿Desde cuándo empezaron a mejorar los centros de contención?
Desde el martes de la semana pasada se vio una mejoría. El lunes comenzaron los traslados del centro más grande (Jiquilisco) y la gente que fue trasladada al Hotel Capital y al Hotel ex Siesta, nos decía: "sí, nos han trasladado a un lugar donde se ve mejoras en relación a la estructura". Pero, por ejemplo, en el Hotel Siesta me llamaron a las 5:00 am denunciando que no había agua. Durante el día las autoridades hicieron gestiones de mejoras y ahora sabemos que hay dos personas por habitación. Entiendo que se les está proporcionando la alimentación en tiempo. Ahora se está generando más claridad sobre las reglas de una cuarentena. Ya no están como en Jiquilisco que habían 421 personas en una sola nave industrial. El día sábado en el Hotel Siesta nos llegó una denuncia que les había llegado comida vencida. 

¿Tiene comentarios positivos para algunas acciones?
Fue una medida muy acertada la de declarar cuarentena nacional desde el miércoles antepasado. Debemos reconocer que nos encontramos ante una situación nunca antes vista y la propagación según los reportes técnicos es muy rápida y ágil. En eso estoy de acuerdo. Pero las medidas deben ir acompañadas de una planeación para que la operativización no genere mayores impactos negativos.

¿Ha tenido acceso a todos los espacios?
Sí, el mandato es que tenemos que tener acceso a cualquier lugar en que se presuma violación a derechos humanos. Hemos dicho que estamos de acuerdo con la declaratoria y de que se generen centros de contención, pero también es necesario que se garantice un trato digno a las personas que están ahí dentro. En el aeropuerto no fuimos atendidos por la gente de migración, no nos dieron ningún tipo de información. El jefe de registro migratorio, Emerson Alam, se negó a atendernos y por eso lo denuncié. La gente de Cepa fue quien nos permitió el ingreso a las zonas que ellos manejan en su administración. Le he dicho a todo el personal que asiste a los centros de contención que no se va a ingresar a los mismos sino se tiene autorización de parte del ministerio de Salud. Vamos a hacer las verificaciones desde su exterior atendiendo las recomendaciones del equipo de salud.

Pero si no entran, ¿cómo van a hacer las verificaciones de los centros de contención?
Ahí está lo grave del asunto. El problema es que si el virus es altamente contagioso y si nosotros ingresamos en algún momento se puede decir que nosotros somos puente de contagio. Eso es lo que queremos evitar. Ahora estamos trabajando con una aplicación para poder  tener información de la gente que está al interior. Hasta el día de hoy hemos logrado tener información desde dentro de los centros porque contamos con gente referente. De hecho, hay dos personas empleados nuestros que están guardando cuarentena porque se encontraban en una misión y cuando ellos venían de regreso tuvieron que entrar en cuarentena acá en San Salvador.

Hasta ahorita tienen acceso a todos los centros, pero ¿considera que habrá un punto donde no podrán ingresar?
Seguramente va a llegar un momento en relación a cómo se desarrolle el virus. Por ejemplo, si se cuenta con información que en un centro de contención hay casos positivos, nos van a cerrar la puerta y será entendible.

¿Cuántas denuncias han recibido y cuál ha sido la mas grave?
Han sido denuncias generalizadas, como "aquí hay hacinamiento", "aquí no traen la comida", "acá no hay agua en los baños". Ese tipo de denuncia. Creemos que un estado de cuarentena nacional requiere de medidas drásticas o medidas severas. No se les está permitiendo, por ejemplo, salir a los pasillos. Es lógico, es natural. Si se busca que no haya propagación del virus. En Chalatenango nos han dicho que se les permite salir hasta cinco metros. La gente que está en los hoteles están encerrados en las habitaciones.

¿Cuál es la denuncia más grave que ha recibido?
Quizás la atención a salud integral porque en los albergues se denunció que desde el inicio no había personal de atención psicológica, y habían muchas personas que estaban cayendo en crisis emocionales por el encierro. Debe haber personal especializado en atención psicológica para atender a las personas que están dentro del sistema de cuarentena. También ha habido falta de atención especializada para adultos mayores, por ejemplo. Y también hay ausencia de instituciones para el cuidado de la niñez.

¿Niños, adultos y adultos mayores están juntos?
Tenemos entendido que se ha generado un centro para adultos mayores. Cabe rescatar la iniciativa de las personas que están al interior de los centros. Para el caso de los niños, el CONNA debería de estar activo e inspeccionar las condiciones de los niños. En los centros no hemos constatado presencia del CONNA ni de las juntas de protección de ministros, viceministros ni de nadie. Son los empleados de Salud los que están atendiendo los centros en colaboración con elementos de seguridad de la PNC y de la FAES. Nadie ha visto a la ministra de Salud, por ejemplo. Tampoco hemos visto al ministro de Gobernación, para que esté verificando las condiciones. Considero que son los principales llamados para verificar las condiciones.

¿Considera que el Gobierno ha descuidado las zonas del interior del país?
Una de las situaciones que hemos visto con alguna preocupación es que la concentración se ha hecho en San Salvador y que en las comunidades no se han activado el primer nivel de atención sanitaria. Es decir, no se han activado las clínicas comunitarias ni los ECOS. Creo que todo se ha concentrado en San Salvador. No se ha activado ese primer nivel de atención.

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