La Asamblea Legislativa aprobó por mayorías un decreto que anula de manera temporal la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) para que el Gobierno pueda realizar compras de urgencia y hacer transferencias de fondos públicos de manera directa a empresas proveedoras de insumos médicos para hacer frente a la pandemia COVID-19.
El lunes 23 de marzo, con 78 votos de todos los partidos, se reformó el artículo 13 del decreto 593 (Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19). El artículo, aprobado el 14 de marzo, planteaba que el Estado y las alcaldías podían hacer compras directas de insumos médicos siempre y cuando la primera licitación hubiese sido declarada desierta, a tono con las estipulaciones de equidad, libre competencia, transparencia de la Lacap.
Ahora, el Gobierno ya no dependerá de esos filtros y actuará basado en un manual elaborado por la UNAC (Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ) del Ministerio de Hacienda. Esa normativa, que ahora sustituye a la ley Lacap, ha sido bautizada lleva el nombre de 'Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia'.
Según la reforma, este mecanismo será exclusivo para “realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19”.
El Gobierno también recibió la autorización para utilizar “los medios tecnológicos y electrónicos necesarios y disponer de la documentación formal para la gestión de la compra y el trámite de pago; utilizándose además a las Gerencias Financieras Institucionales, a efectuar los pagos correspondientes de manera anticipada, siempre y cuando medie documento idóneo que garantice que el suministro será recibido”, dice el decreto aprobado por la Asamblea. Es decir, las instituciones del Estado podrán, durante el estado de emergencia, pagar por adelantado a terceros para adquirir insumos médicos.
Según el Ejecutivo, la pandemia requiere de medidas más urgentes para frenar la propagación del virus y para enfrentar los casos de contagio, por lo que era necesaria esta reforma para no ralentizar la adquisición de insumos. En El Salvador, a la fecha, solo se han detectado cinco casos de contagio.
Una reforma amparada en “urgencias”
El sábado 14 de marzo, cuando la Asamblea aprobó los decretos de emergencia nacional y de régimen de excepción, dos fuentes del partido Arena aseguraron que las negociaciones de esas leyes se habían tardado dos días precisamente para que no se incluyera la redacción que Casa Presidencial proponía para plantear el uso de las compras directas en emergencia. “Durante el régimen de excepción decretado, no se aplicará lo establecido en la Lacap, respecto de las adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para atender la pandemia del COVID-19”, rezaba el escrito del primer borrador que presentó Capres a la Asamblea. La Asamblea, aunque cedió en la aprobación de las leyes solicitados por el Ejecutivo, no relajó los controles para el uso de fondos públicos en emergencia.
Diez días después, el Ejecutivo pidió una nueva reforma en virtud, dijeron sus delegados, de una urgencia. En las negociaciones, los diputados creyeron en la palabra del Ejecutivo, que argumentó no poder esperar a los plazos que establece la Lacap para realizar compras directas de insumos médicos de urgencia.
La propuesta, elaborada en Casa Presidencial, llegó al pleno pasadas las 8 de la noche y con dispensa de trámite. Fue presentada por el ministro de Hacienda Nelson Fuentes; la coordinadora del gabinete, Carolina Recinos; el secretario privado, Ernesto Castro; y la ministra de Salud, Ana Orellana.
Diputados de Arena, Gana y FMLN confirmaron a El Faro que el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, planteó que lo que buscaban era transferir fondos de forma inmediata para la compra de 300 respiradores artificiales y 120 mil dosis de medicamento para atender la crisis. La urgencia del Gobierno, según explicaron las fuentes, era adelantarse en una compra de insumos médicos antes de que otros países se llevaran esas dotaciones que, aseguran, se están volviendo escasos a consecuencia de la pandemia.
El Faro tuvo acceso a un chat de Whatsapp entre los diputados que participaron de la negociación. En la conversación, uno de los diputados insiste en que el decreto que anula los procedimientos de compra que establece la Lacap para acelerar la adquisición de insumos médicos que se necesita de urgencia en el país. 'Es un Decreto único para enviar la transferencia de forma directa, no hay espacio en tiempo si lo hacemos mañana. No tiene nada que ver con préstamos la plenaria, será de una media hora, ya les comparto el proyecto de decreto”, dice la explicación del mensaje de texto enviado por uno de los diputados que participa en un chat de jefes parlamentarios.
En el chat, este mismo diputado comenta que la idea era transferir el dinero para acceder a los suministros médicos antes de que Estados Unidos acapare las existencias. “Es una plenaria extraordinaria para comprar de forma directa a una empresa de Brasil 300 respiradores artificiales y se está negociando con una empresa en Suiza la compra de 120,000 dosis de un medicamento( sic) el cual lo quiere acaparar todo Estados Unidos'.
La versión del diputado que cabildeó los votos del resto de partidos en ese chat privado coincide con el mensaje que dio el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, minutos antes de la discusión y aprobación en el pleno. El ministro dijo que en la reunión que tuvieron con los jefes y subjefes de fracción se insistió que la urgencia de la reforma: 'no es tanto el tema de la Lacap, sino el tema de adelantar el dinero (para adquirir insumos)”.
A las 6:25 p.m., de hecho, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, también adelantó el objetivo de la plenaria. 'Convoco a los diputados y diputadas de este Órgano de Gobierno a sesión plenaria extraordinaria para hoy a las 8 pm, para aprobar decreto que permitirá la compra de 300 respiradores artificiales y medicamentos para la emergencia del COVID-19', escribió en cuenta oficial en Twitter.
La plenaria inició con 40 minutos de retraso porque los funcionarios del Ejecutivo se tardaron en presentar la propuesta al legislativo. El documento fue entregado al presidente Ponce, quien dio dispensa de trámite para que entrara de manera directa a la discusión del Salón Azul a las 8:41 p.m. Los jefes, sub jefes de fracción y algunos diputados de la comisión de Hacienda de cada partido leyeron el escrito en el pleno e hicieron tres observaciones.
En la primera, pedían que se incluyera en principio de publicidad en tiempo real. La segunda sugerencia venía acompañada de controles que el Legislativo iba a tener sobre las contrataciones y compras realizadas durante la emergencia; es decir, que el Ejecutivo iba a rendir informes cada 30 días. Y en la tercera solicitan que se añadiera que 'durante la ejecución de la emergencia no estuviera en reserva alguna la información de compras y contrataciones'.
Estas modificaciones provocaron que el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, presente en el pleno, se exaltara por las modificaciones de última hora. Pidió confianza y reclamó que se quería obstaculizar el trabajo del gobierno. 'Estamos de acuerdo en dar transparencia pero queremos agilizar las compras', justificó. Luego, recordó el acuerdo al que habían llegaron con algunos diputados. “Llegamos al acuerdo que 30 días después vamos a dar un informe detallado con todas las compras, pero no, quieren que lo hagamos en el momento', reclamó.
Una fuente de Arena que participó de las negociaciones accedió a hablar con El Faro bajo la condición de anonimato asegura que que la negociación original, entre Arena y la Presidencia, no incluía de forma tan detallada el punto que obliga a transparentar la compra de insumos. 'Por Parker se cayó el acuerdo', dijo la fuente, en alusión al diputado Rodolfo Parker, que presionó para que el Ejecutivo rindiera informe del monto, las empresas y el detalles de las compras.
'En el decreto que acaban de leer conlleva que no se aplique la Lacap. Quiere decir que queda enllavada [Sic.] la lacap durante el periodo de emergencia', dijo Parker. 'No puedo aceptar que se supriman las propuestas en función de la transparencia y rendición de cuentas', agregó.
Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, secundó el reclamo de Parker. 'No aparecen las propuestas que acordamos todos los partidos, quieren proponer que este decreto sustituya a toda la Lacap'. Shafick Hándal, subjefe del FMLN, aseguró qué podrían 'acceder a facilitar el tema del dinero, pero que tenían que haber controles'.
El monto oficial de las compras y el nombre de las empresas que proveerán insumos médicos de urgencia es desconocido, aunque el decreto incluye un apartado para que esta información sea pública vía Ley de acceso a la información. El Ejecutivo también estará obligado a rendir informes de las compras a la Corte de Cuentas y a la Asamblea Legislativa.
