Las principales pandillas salvadoreñas han reaccionado a la emergencia nacional por el coronavirus con una amenaza. Al miedo que ya genera el expansivo contagio de la enfermedad y a la incertidumbre sobre las medidas paliativas tomadas por el gobierno, se suma ahora el aviso de estas organizaciones criminales: han decidido imponer por la fuerza un “toque de queda”, como ellas mismas lo han llamado, a las comunidades que viven bajo su control. Toda persona que incumpla las disposiciones de la cuarentena será castigada en los barrios dónde las pandillas imponen su ley a pesar de las políticas de seguridad gubernamentales.
El estado de excepción que se decretó hace más de dos semanas en todo el país también ha trastocado su principal fuente de financiamiento: la extorsión. Las dos facciones del Barrio 18 –Sureños y Revolucionarios– han acordado dejar de exigir dinero a buena parte de los comerciantes informales que operan en sus zonas de control, mientras que la Mara Salvatrucha-13 mantiene el cobro ilegal de dinero, conocido como “renta”, a pesar de que fuentes de esa pandilla reconocen que a causa de la cuarentena obligatoria y el cierre de la mayoría de comercios les está siendo muy difícil recogerlo.
El Faro habló con líderes nacionales de la MS-13, de la facción Sureños del Barrio 18 y dos pandilleros de la facción Revolucionarios, así como con transportistas, vendedores informales y un comisionado policial y obtuvo mensajes de voz enviados por las diferentes pandillas a sus estructuras en los territorios que controlan. En esos mensajes, las pandillas amenazan a cualquier vecino que circule en la calle por una razón distinta a ir a comprar alimentos a “vérselas directamente con nosotros”.
Imagen de referencia tomada en El Rosal II, de Quezaltepeque (La Libertad), en las inmediaciones de la cárcel. Foto de El Faro: Archivo.
Según un “ranflero” (líder nacional) de la Mara Salvatrucha-13, su organización decidió este lunes 30 de marzo imponer la prohibición de permanecer en espacios públicos, bajo amenaza de recibir una golpiza o ser asesinados por los pandilleros. Su decisión contempla que se establecerán horarios para que las tiendas al interior de las comunidades puedan vender y que sólo se le permitirá a un miembro de cada familia realizar las compras. Las dos facciones del Barrio 18 han decidido imponer las mismas medidas. La decisión, dijo un miembro de esta otra pandilla, está aún difundiéndose a los habitantes de las zonas bajo su dominio.
Los pandilleros que hablaron con este periódico aseguraron que esta imposición implicó una coordinación entre las tres estructuras delictivas y que su aplicación será a nivel nacional. Pese a la reducción de homicidios que El Salvador ha experimentado en el último año, las pandillas conservan intacto su enorme control territorial y social, basado en el terror de los habitantes de las comunidades empobrecidas del país, donde estos grupos cobran mayor poder y cometen la mayoría de sus crímenes, a entrar en confrontación con ellos.
“Es una decisión de Barrio, o sea de toda la pandilla, es general. Todos los corredores y palabreros (líderes locales) ya lo saben. En algunos lugares ya se están aplicando las medidas, a algunos cuerudos ya se les tuvo que pegar un coscorrón”, aseguró un líder de la MS-13, al que su organización ha otorgado la posibilidad de hablar en nombre de toda la estructura.
“Lo que se les ha dicho (a los palabreros) es que concientizaran a su gente de buena manera primeramente y, si no entienden por las buenas, hay que ponerles la foto. El salvadoreño se caracteriza por entender a las malas. Cada clica sabe que primero se les dice a las buenas y luego ya no van a ser palabras las que se van a usar”, amenazó el emeese.
Los miembros de las tres estructuras delictivas aseguraron a El Faro que la decisión es en pro de apoyar las medidas tomadas por el gobierno. Su porqué, sin embargo, es distinto. Uno argumentó que estaban convencidos de que si la epidemia de coronavirus desata en El Salvador su peor escenario, ningún hospital destinará un respirador para un pandillero. Teme que se les niegue atención médica. Otro explicó que es porque no quieren aumentar la presencia policial en sus barrios debido a gente que incumpla la cuarentena.
El representante de la MS-13 aseguró que cada organización establecerá horarios para que un miembro de cada familia pueda salir a realizar compras de alimentos. “Después de las seis de la tarde no queremos ver a nadie, a nadie en las calles”, dijo.
“Se ha estipulado hacer una prueba. Ya mañana (martes 31 de marzo) se les va a decir (a los vecinos) para que salgan a comprar a tal hora y las tiendas solo pueden abrir a ciertas horas. Por darte un ejemplo, se le dijo a la gente que vendiera tres horas en la mañana y tres en la tarde, pero que no se quiere gente después de las seis de la tarde. Porque hay cantones o caseríos donde la gente se reúne a echarse una botella o a jugar pelota, y cuando pasa la patrulla se encierran; pero cuando se va, salen como si nada”, explicó.
Este líder de la MS-13 fue enfático al asegurar que esta es una decisión consensuada con las otras dos estructuras rivales: “Hemos coordinado. Los revolucionarios fueron los primeros que accionaron. Ellos lo hicieron con la amenaza no indicada, porque dijeron que van a comenzar a matar gente. Nosotros lo que vamos a hacer es darles verga, pero nadie quiere regresar verguiado a su casa”, dijo.
Un vocero de la facción Sureños del Barrio 18 fue más escueto en sus explicaciones: “Eso es un hecho… Sí, se ha hablado, y así será. Confirmado eso”.
La tarde de este lunes 30 de marzo, El Faro recibió dos audios vía mensajería digital. Provenían de una fuente a la que no se le había dicho nada acerca de los indicios que este periódico tenía sobre las nuevas decisiones de las organizaciones criminales. La fuente explicó que ambas grabaciones eran de líderes pandilleros y que se dirigían a los miembros de sus clicas. El primer audio es de un palabrero de la Mara Salvatrucha-13; y, el segundo, de un palabrero del Barrio 18 Sureños. Los dos, según la fuente, habían sido grabados el mismo lunes, para comunicar a los subordinados las nuevas disposiciones.
“La neta, que no queremos ver a nadie en la calle, a nadie chambreando, platicando, jugando o haciendo ni mierda”, se escucha en la primera grabación. “Solo queremos una persona por cada casa. Si llegamos a ver nosotros a más de una persona ahí... No queremos a nadie más en las calles ni chambreando. La gente que va a ir a comprar es la única que tiene permiso para salir, ¿va? Pero hasta ahí puede salir, a comprar, y después derechito para su casa, porque si nosotros llegamos a hallar a alguien en la calle, nosotros nos vamos a entender con esa gente y la vamos a mandar para su casa, le guste o no le guste”, continuaba.
El segundo audio, atribuido a la facción Sureños del Barrio 18, repite la amenaza: “Vaya, guachen, vengo hablando en representación del Sur, y nosotros lo que queremos es que estas palabras que se van a decir no queden botadas ni en el aire. No nos gusta hablar mucho, si cuando hablamos como pandilla la gente tiene que captar y respetar las órdenes de nosotros. Es fácil lo que se les va a imponer: el llamado que se nos está haciendo es que nosotros le hagamos ver a toda la gente de nuestras canchas de que no queremos a nadie en las calles mientras no sea por una necesidad. Que no queremos ver a nadie en la calle. Nosotros sólo le vamos a permitir salir a una persona por familia y no queremos a nadie que se encuentre en la calle pendejeando. Queremos que esta palabra, como pandilla, se respete. Y si la gente no quiere venir y captar las conversaciones de lo que se les está pidiendo, entonces así como les han valido verga las medidas que el gobierno está poniendo, nos vamos a sentir obligados, que si la palabra de nosotros les vale verga, entonces a nosotros nos va a valer verga venir a tomar nuestras decisiones…”.
El Faro, además, conversó con un miembro de la facción Revolucionarios del Barrio 18 que aseguró que su pandilla está alineada con estas decisiones.
Los representantes de las distintas organizaciones criminales explicaron el alcance de su decisión de forma similar, argumentando que se consideran una población vulnerable y que la Policía no es capaz de conseguir el control social que ellos ostentan. El representante de la MS-13 lo resume así: “Con un contagiado que haya en los penales, se nos va a morir toda la gente… Además, si ya no hay respiradores artificiales, y hay uno de nosotros entubado, grave, todo tatuado, y aparece una viejita que está grave, van a desentubar al pandillero y lo van a dejar morir… Retenes hay en la calle, pero en las comunidades no hay. Hay patrullajes, pero, cuando se va la patrulla todos salen a hacer fiesta… A nosotros, por las buenas o por las malas nos respetan”.
El miembro de los Revolucionarios también alardeó de la profundidad del control que tienen sobre los territorios: “A nosotros no nos pueden decir que sale Pedro y después sale José a comprar, porque nosotros sabemos quiénes viven juntos y quiénes no”, aseguró.
Imagen tomada durante la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), en la comunidad 22 de Abril, de Soyapango, durante un evento de borrado de pintadas de las pandillas. Foto de El Faro: Archivo.
El virus trastoca el cobro de las extorsiones
El día martes 24 de marzo, El Faro conversó con un comerciante de la zona del Parque Libertad que aseguró que, debido a la cuarentena obligatoria, la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, tribu Raza Parque Libertad, que controla parte del Centro Histórico, había decidido perdonar la extorsión a los vendedores informales. El vendedor no quiso entrar en detalles y dijo no tener claro hasta cuándo duraría esta medida ni cuándo se reanudarían los pagos.
Ese era el tercer día tras el anuncio presidencial de la medida de encierro obligatorio.
El Faro habló ese mismo día con un miembro de esa pandilla que confirmó la información: 'Por lo menos para ese sector, te puedo decir que es verdad. Bien vemos que no tienen cómo vender, y ahí hay madres, hermanas nuestras que son vendedoras, así que sabemos que no hay de dónde contribuirnos', dijo.
Un comisionado de la Policía, quien pidió anonimato, confirmó la información general, pero aseguró que aún no tenía insumos para entender los alcances. El 30 de marzo, el comisionado dijo: 'Estoy seguro de que están bajando la extorsión, las denuncias lo confirman, prácticamente tenemos cero este mes. Claro, la cuarentena impacta, ellos tienen más problemas para salir, pero el cobro de la extorsión es principalmente local, no tienen que movilizarse más allá de sus colonias. Casi todos los delitos se han venido abajo, hurto, robo, el homicidio prácticamente no existe, anda menos gente en la calle, pero la extorsión funciona diferente'.
Representantes de dos gremiales del transporte público, Genaro Ramírez y Catalino Miranda, también confirmaron que durante la emergencia por la pandemia de coronavirus sus socios no han pagado “la renta”. Pero hay matices. “La renta, la siguen cobrando (las pandillas), la siguen exigiendo. Lo que han hecho algunos empresarios es llegar a acuerdos para diferir el pago, porque ahorita no hay dinero. Hoy por hoy, nosotros estamos pagando por transportar a los usuarios. Yo pago $3,000 quincenales para operar con lo básico, pero estamos sacando $40 diarios (por unidad)”, dijo Ramírez, el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), gremial cuyos socios prestan el servicio a colonias de Soyapango y Mejicanos, municipios con un fuerte control de las pandillas.
Durante las últimas tres semanas, el gobierno ha ordenado una serie de medidas para detener el avance del coronavirus: el cierre de las fronteras y el aeropuerto, el estado de excepción y una cuarentena nacional de un mes. Esto ha sido acompañado de un amplio despliegue del Ejército y la Policía. Durante este período, algunas clicas han suspendido el cobro de extorsiones a los transportistas. La preocupación de los empresarios es qué pasará después de la emergencia.
Miranda, presidente de la Federación de Transportistas de Pasajeros (Fecoatrans), confirma que sus asociados no están pagando las extorsiones. “Como no hay pisto, no tienen valor de salir a pedir. Ojalá que no vayan a anotar en el cuaderno y tengamos que pagarlo después. A mí nadie me lo ha dicho, pero la mente es prejuiciosa”, comentó.
Una empresa que presta el servicio de transporte desde Santa Ana hacia San Salvador paga $1,040 dólares quincenales. “Esta babosada (las extorsiones) va seguir. Yo siempre he dicho: si se sabe hablar con ellos, si se sabe negociar, se puede pedir rebaja”, dice un empresario del transporte que paga renta y que vislumbra un panorama difícil para cuando termine la emergencia del coronavirus.
El domingo 29 de marzo, este periódico conversó con dos taxistas del Centro capitalino. Se les preguntó por la extorsión. Ambos contestaron que ellos debían pagar cuota el día 15, pero que nadie se había presentado a cobrar la extorsión mensual impuesta por la pandilla que controla su sector. Uno de ellos dijo que ningún pandillero les había dado 'información oficial' sobre un perdón del cobro criminal. 'Yo estoy esperando, lo guardé, porque supongo que tarde o temprano vendrán a traerlo. Si ellos han de andar desesperados por dinero también', dijo.
La dueña de un pequeño local que vende suplementos energéticos y artículos de belleza dijo que no ha pagado la renta porque ha cerrado su negocio desde que se ordenó la cuarentena nacional. “Siempre llegan a fin de mes, ¿pero de dónde les voy a pagar si todo está cerrado'”, dice esta mujer que paga 80 dólares mensuales.
Un representante de la facción Sureños del Barrio 18 explicó que dadas las condiciones de movilidad y el riesgo de contagio, la pandilla ha girado órdenes a sus miembros de suspender el cobro de las extorsiones, que significan, por diferencia, el mayor ingreso financiero de su grupo criminal. El representante de la MS-13 dijo que ellos no ha tomado ninguna decisión al respecto y que por lo pronto mantienen vigente ese cobro delictivo.
