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Reflexiones de un “exiliado” por el COVID-19

Luis Enrique Amaya

 
 

Desde el pasado 3 de marzo, estoy fuera del país. Tuve que salir por razones laborales, primero a Norte y después a Suramérica. Cambié mi itinerario de viaje sobre la marcha y volé sin planificarlo demasiado hacia la casa de mi madre y su esposo. Gracias a esa decisión, evité volver a El Salvador y pasar treinta largos días en cuarentena en un albergue o “centro de contención”. Esa alternativa me preocupó, porque se trataba de un momento en el que la improvisación gubernamental parecía mayor que ahora, sin condiciones básicas para el aislamiento, sin clasificación de personas por países de procedencia y sin pruebas para detectar coronavirus, entre otras falencias.

Aunque resulta obvio que no es por motivos políticos, sino solo sanitarios, lo cierto es que me encuentro temporalmente expatriado o en el “exilio”, si se me permite una licencia verbal para llamarle de algún modo a mi situación. No obstante, me considero afortunado, por distintas circunstancias. A diferencia de otras personas “varadas en el extranjero” que conozco, pude organizar y pagar el cambio de vuelo, hoy puedo trabajar con relativa normalidad (a distancia), no estoy quemando mis ahorros (no cubro alojamiento ni comida, por ejemplo) y tengo la tranquilidad de saber que mi hija está junto a su mamá, por citar algunos lujos en estos tiempos del COVID-19.

Tampoco me ha afectado en absoluto el ponzoñoso veneno que usualmente se destila en las redes sociales, como sí les ha sucedido a amigos y conocidos. En mi caso, nadie se ha alegrado o reído por no haber podido reingresar al país, y tampoco me expresan insultos o deseos de que jamás regrese. O, si alguien lo hace, por lo menos no me he dado cuenta. Es una de las ventajas de no tener Facebook y ser muy inactivo en Twitter. En palabras de Fernando de Rojas, en La Celestina: “Cada cual habla de la feria según le va en ella”. Y a mí, por suerte, el “exilio” no me está tratando mal, a pesar de que estoy cerca de una zona con decenas de miles de casos positivos.

Estando acá, en las afueras de Filadelfia, me registré en el “Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota ante la Pandemia del COVID-19”, montado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web. Al terminar, un mensaje automático me indicó que un funcionario consular me contactaría a la brevedad. Han transcurrido ya varios días y continúo esperando que eso ocurra. Asimismo, realicé trámites sin dificultades, por correo electrónico o en línea, con bancos y compañías telefónicas locales. El único inconveniente serio que enfrento es el completo desconocimiento de la fecha en la que podré retornar, tanto por las restricciones oficiales como por la masiva cancelación de vuelos con semanas de anticipación.

Con esta mirada coyunturalmente externa, he seguido la dinámica nacional a través de diversos medios de comunicación. Creo que un recuento rápido y simple de las acciones más relevantes y llamativas, en clave cronológica, sería este: restricción del arribo de extranjeros a El Salvador, suspensión de vuelos comerciales y cierre parcial del aeropuerto internacional, cuarentena obligatoria y no domiciliar de treinta días para salvadoreños y residentes al llegar al país, prohibición del funcionamiento regular de establecimientos no esenciales y, por último, cuarentena domiciliar obligatoria de treinta días a escala nacional (salvo excepciones).

Desde la perspectiva de la salud pública, en esta crisis mundial sin precedentes, los datos señalan que el Ejecutivo ha logrado contener con éxito la propagación del virus. Al menos a la fecha. Actualmente, El Salvador es uno de los tres países centroamericanos con menor cantidad de casos confirmados, por encima de Nicaragua y Belice. Habrá que revisar con lupa si los números se explican por las medidas desplegadas por esos tres Gobiernos o si, por el contrario, por probables incapacidades técnicas, carencias de recursos o intereses políticos. Sin entrar en especulaciones conspirativas, asumamos que, en términos generales, las autoridades del ramo de Salud han estado haciendo las cosas medianamente bien. Sin embargo, un notable “pero” habría que situarlo en el subapartado de la salud mental, donde con seguridad se presentarán desafíos considerables, en especial en cuadros como estrés, ansiedad, depresión o irritabilidad.

Eso sí, como se sabe perfectamente, otro gallo canta en materia económica. Cuando se levante el velo de la cuarentena extendida, se descubrirán los “muertos y heridos” de este duro período. Sin duda se verán empresas en aprietos vitales, otras incluso en la bancarrota; empleados, emprendedores y familias enteras con sobreendeudamiento o en quiebra. Los efectos en esta área son inestimables. Y esa incerteza aplica por igual en las economías formal e informal, y en los ámbitos tanto de la economía legal como ilegal. El Gobierno mismo lo resentirá, eventualmente, en su recaudación fiscal. Al salir, los costos de atender el problema los tendremos que sufragar entre todos, con una responsabilidad compartida, pero también diferenciada. Sector privado y público, patronos y obreros, vendedores y compradores… Todos.

En contextos de crisis, en la gestión pública saltan interrogantes acuciantes: ¿es preciso centralizar o, al contrario, descentralizar la toma de decisiones y la prestación de servicios? ¿Es mejor actuar con celeridad o con mesura? ¿Hay que apelar a la conciencia social o al uso de la fuerza del Estado para orientar el comportamiento colectivo? Estas preguntas no son de fácil respuesta, y menos cuando se está trabajando contra el reloj, bajo una avasalladora presión y prácticamente “en lo oscuro”. Escenarios como este, en los que se carece de un apropiado mapa cognitivo, pueden sacar lo mejor o lo peor de las sociedades.

La comunicación oficial debiese descansar en un ejercicio de pedagogía social, libre de dogmatismos y extremismos. En ningún caso, el alarmismo es buen consejero. Como si se tratase de un sismo o incendio, es estratégico conservar la calma y no permitir que el pánico tome el control. Como el virus, el miedo se contagia, y convendría meter en “cuarentena” a quienes puedan transmitirlo. Acá se pone de manifiesto la importancia de que el Gobierno siempre hable con la verdad y goce de legitimidad, en aras de trasladar certidumbre en situaciones límite. No luce creíble una persona que todo lo ve mal, como tampoco una que todo lo ve bien, pase lo que pase. Y en ello, evidentemente, no abonan las expresiones autoritarias y despóticas, ni los tonos burlones y descalificatorios. Si no se generó confianza hasta hoy, no se podrá construir a la carrera en esta etapa.

Mientras tanto, aparte de esforzarme por pagar mis cuentas, ahora funjo como docente a distancia de mi hija, pese a que la cuota del colegio se mantiene constante. Hacemos tareas vía Skype y las enviamos por medios electrónicos. Y me resuena otra frase de La Celestina: “Miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo”. Al final, si dejamos la soberbia en el piso y tenemos la mente suficientemente abierta, todos aprenderemos de esta histórica experiencia, tanto el Estado como los particulares. Aunque las crisis de las naciones y de las personas no son de idéntica naturaleza, pienso que comparten ciertas similitudes.

Sea como sea, dentro de mis delirios, ya he fantaseado con organizar una caravana migrante hacia El Salvador, pero, además de que seríamos pocos, me inquieta la posibilidad de no hallar coyotes profesionales en el río Paz o, peor aún, de toparme con un muro social (no físico) y sufrir discriminación. Tal como dice la canción de María Elena Walsh, para mí “es el Reino del revés”.

Luis Enrique Amaya es consultor internacional e investigador en materia de seguridad ciudadana, asesor de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional, experto en análisis y gestión de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia.
 
Luis Enrique Amaya es consultor internacional e investigador en materia de seguridad ciudadana, asesor de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional, experto en análisis y gestión de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia.

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