La pandemia del COVID-19 representa uno de los más grandes desafíos de nuestra historia reciente, e impone, particularmente, una enorme responsabilidad para los Estados alrededor del mundo, incluido el salvadoreño. El virus afecta a todas las personas, pero no a todas de la misma manera. La crisis revela cómo las diferentes formas de exclusión, desigualdad y violaciones de derechos humanos están interconectadas. Pero también brinda a los gobiernos de la región la oportunidad de hacer los cambios radicales necesarios para convertirnos en las sociedades que queremos ser.
Esta no es solo una crisis de salud pública, sino una de derechos humanos por los impactos inmediatos y por las graves consecuencias que se tendrá en el mediano y largo plazo.
En Amnistía Internacional estamos convencidas del papel fundamental que deben tener las organizaciones de la sociedad civil en coadyuvar a los esfuerzos de los estados para superar la crisis del COVID-19, sobre todo en nuestra región, dado su trayectoria e histórica intervención para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos de población abandonados por los propios estados. Eso significa que quienes lideran actualmente la respuesta estatal, tanto en su diseño como implementación, deben escuchar las voces de las organizaciones de derechos humanos e incorporar sus recomendaciones en las políticas públicas que persigan reducir los impactos de la pandemia.
En El Salvador nuestra organización lleva muchos años trabajando de la mano y aprendiendo de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas. Sin duda, sin el compromiso y robusto trabajo de estos colectivos, la situación de derechos humanos en el país sería aun peor. Son las personas defensoras de derechos humanos las que, durante años, han suplido la responsabilidad del estado de protección, poniendo en riesgo sus propias vidas, integridad y seguridad por proteger y defender los derechos de todas las personas en el país.
Sobre este punto en específico, hablé personalmente con el presidente Nayib Bukele durante el encuentro que mantuvo con la delegación de Amnistía Internacional en junio del año pasado. En esa ocasión, le reiteramos al presidente la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. Además, insistimos en la necesidad de establecer espacios de participación efectiva en los que las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas puedan compartir con el actual gobierno sus preocupaciones y alternativas de solución ante los retos que enfrenta el país.
A pesar de que ya han pasaron nueves meses desde nuestra conversación con el presidente Bukele, nuestras preocupaciones sobre la falta de espacios de participación efectiva de la sociedad civil continúan vigentes; más bien, se han profundizado.
El domingo pasado, mientras la Asamblea Legislativa discutía la posible prórroga de la Ley de Restricción Temporal de Derechos, el presidente acusó públicamente en sus redes sociales, sin aportar pruebas, a las organizaciones de derechos humanos de trabajar “para lograr que mueran más humanos” y de estar “del lado del virus.”
Esos mensajes peligrosos y descabellados no deben tomarse a la ligera, sobre todo en un contexto donde las personas defensoras de derechos humanos son atacadas constantemente por su labor. El presidente Bukele y su gabinete deben tener claro que la grave situación derivada de la pandemia no puede resolverse con medidas gubernamentales que excluyan el respeto y garantía de los derechos humanos. Combatir la pandemia es un asunto de derechos humanos y las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, que buscan mejorar la respuesta estatal, no deben ser castigadas con la estigmatización pública. Son inaceptables los mensajes que buscan amedrentar o silenciar a quienes solo ejercen su derecho a defender derechos humanos.
La pandemia no puede ser una excusa para vulnerar los derechos humanos. Los gobiernos no deben buscar chivos expiatorios para encubrir sus propios fracasos o errores. En esta crisis que demanda respuestas efectivas de los gobiernos, y los valiosos aportes de los diversos sectores de la sociedad, los autoritarismos no tienen cabida. El presidente Bukele debe evitar narrativas y medidas restrictivas como herramientas para reprimir o estigmatizar a las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.
El gobierno salvadoreño puede aprender mucho de los aportes de las organizaciones de derechos humanos y así construir una respuesta integral y en línea con sus compromisos internacionales. En lugar de verlas como un obstáculo, el presidente tiene en sus manos la oportunidad de enfrentar este reto con responsabilidad y escuchar con seriedad a organizaciones que tienen muchos años trabajando por un mejor país.
Señor presidente, las personas defensoras de derechos humanos se levantan todos los días para construir un nuevo y mejor rostro para El Salvador. Los ataques no deben tener espacio en su estrategia contra la pandemia, pero sí el reconocimiento público de la invaluable labor de las personas defensoras y sus organizaciones. Aceptar las críticas constructivas, aprender de las propuestas y recomendaciones de la sociedad civil e instaurar el diálogo como mecanismo de participación son los mínimo requisitos que se esperan de un gobierno comprometido con los derechos humanos.
