El Gobierno ya cuenta con la autorización de la Asamblea para contraer deuda hasta por $2,000 millones, pero como casi todo en esta crisis, desconocemos el detalle de cómo serán invertidos esos fondos. Por eso es de suma importancia analizar y debatir cómo se piensa gastar y ejecutar ese dinero, que busca mitigar los efectos económicos y sociales que está dejando la pandemia por COVID-19.
La discusión económica podría comenzar debatiendo si el tamaño del presupuesto solicitado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea es exagerado o insuficiente. ¿Era necesario aprobar la emisión de deuda por casi un 10% del tamaño de la economía del país? ¿Cuál será el impacto en las finanzas públicas, que ya se encuentran deterioradas por las ineficiencias del gasto público y la pésima gestión privada/estatal del sistema de pensiones? Sin minimizar la importancia de esas interrogantes, considero que abordarlas necesitaría otro espacio de opinión. Sobre todo porque, una vez aprobado, lo que nos queda es tratar de despejar dudas para que las malas comparaciones o las malas decisiones no terminen siendo, más que remedio, una nueva enfermedad para la economía del país.
Por ejemplo, existe la tentación de comparar la ya sensible crisis económica causada por el COVID-19 con la experimentada en la crisis financiera global del año 2008. Sin embargo, esta comparación debe realizarse con el único fin de extraer buenas prácticas del manejo de esa crisis y, sobre todo, para evitar la repetición de errores que profundizaron las desigualdades de ingresos y de riqueza en el mundo a partir de ese evento.
Así, cualquier plan de recuperación económica debe partir del reconocimiento que ambas crisis son estructuralmente diferentes y, por lo tanto, requieren respuestas diferentes. Por un lado, la crisis financiera del 2008 fue el resultado de la falta de regulación de los mercados financieros y del riesgo moral o incentivos perversos de agentes económicos internacionales que pusieron en riesgo los ahorros e inversiones de una economía globalizada. En cambio, la causa de la crisis actual (y venidera) se trata de un shock externo a la economía que ha paralizado la dinámica comercial y laboral que se tenía a la fecha.
¿Qué sucedió en el 2008 y los años siguientes como respuesta a la crisis? La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo ejecutaron históricos planes de rescate de instituciones bancarias, de seguros y de industrias como las aerolíneas o la manufactura para evitar la pérdida de millones de empleos y permitir una recuperación acelerada. Es decir, con fondos públicos se dio solución a malas decisiones tomadas por actores privados. Suena injusto, ¿no? También, tema para otra columna.
En la forma, la respuesta que requiere la crisis económica que se aproxima también necesitará el uso de dinero del Estado que, tarde o temprano, terminaremos pagando todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Pero en el fondo, el abordaje del plan económico debe contemplar la protección de derechos sociales y el cuidado de un sistema económico que, con todos sus defectos, venía funcionando sin mayores sobresaltos hasta antes de la aparición del COVID-19.
Más que un plan de rescate, deberíamos llamarlo plan de hibernación y reactivación económica. Como mencioné en párrafos anteriores, la pérdida actual de empleos y la destrucción de valor agregado que se observa se debe a la pandemia del COVID-19 y no a decisiones económicas erróneas que hayan provocado esos efectos. Es decir, el objetivo principal del Gobierno debería ser mantener lo más que se pueda las relaciones laborales y comerciales existentes previo a la pandemia, para que, habiendo pasado toda esta crisis sanitaria, la economía pueda recobrar su actividad productiva en el menor tiempo posible.
Esta columna no pretende ser una guía completa sobre el programa de hibernación y reactivación económica, pero sí un llamado a la consciencia del Gobierno y de las voces que en estos días se adjudicarán el rol de consejeros de política pública. El paquete de respuestas económicas debe tener al centro al ser humano y su dignidad.
A continuación, se exponen brevemente medidas que el Gobierno debería incluir en el plan de reactivación económica, con enfoque de mediano plazo y reconociendo la vulnerabilidad social de los grupos económicos menos favorecidos:
Programas de protección de empleos. Países como Alemania, Dinamarca o Italia están pagando entre el 75 % y 80 % de los salarios de empleados de aquellas empresas formales que por las restricciones de movilidad han tenido que disminuir o cerrar sus operaciones. El Gobierno, a través de las declaraciones mensuales de IVA, es capaz de verificar el volumen de ventas de los negocios formales y así identificar aquellos que necesiten este beneficio. El espíritu de esta medida es salvaguardar la fuente de ingresos de los trabajadores y que, pasado el período de crisis, no estén en situación de desempleo.
De las malas experiencias también se aprende. Estados Unidos ha optado por un enfoque más reactivo. Al no implementar planes de protección de empleo, ha permitido que las empresas eliminen puestos de trabajo y, a cambio, ayudar a las personas con subsidios de desempleo. El problema con esto es que, pasado el período de pandemia, la fuerza laboral deberá transitar por el proceso de encontrar un empleo, enfrentándose al riesgo de obtener trabajos menos remunerados y con peores prestaciones.
Créditos para gastos fijos y capital de trabajo. Para que los trabajadores puedan retornar a sus actividades, el aparato productivo debe sostenerse. Hay muchos gastos en las empresas que son fijos como pago de alquileres, servicio de deuda, impuestos municipales o mantenimiento de maquinaria e instalaciones. Dado que el nivel de ventas puede no ser suficiente para cubrirlos, el Gobierno debería habilitar líneas de crédito para atender temporalmente estos gastos. Las condiciones financieras deben ser de plazos entre 5 y 10 años, a tasas de interés que vayan en línea con el costo financiero de los fondos que consiga el Estado. Con esto, se mantendrá a flote la estructura productiva del país y se recuperará parte de los US$2,000 millones de deuda que contraeremos a causa del COVID-19.
Es importante que las MIPYMES tengan prioridad en el otorgamiento de estos créditos. Reglas de número de empleados, variación porcentual (negativa) en las ventas y el nivel de ventas previo a la crisis pueden ser utilizadas para asegurarse que los negocios más pequeños sean los primeros beneficiados. Recordemos que entre más grande sea una empresa, menores las barreras para obtener créditos por sus propios medios.
Fondo de garantía crediticia o función de prestamista de última instancia. El Gobierno debe reservar parte del dinero para crear un fondo de respaldo crediticio. Probablemente el grifo del crédito en los meses venideros estará más limitado y las condiciones de préstamo serán endurecidas. Para esto, el Gobierno puede respaldar el pago de deuda a través de ese fondo y con eso generar certidumbre de pagos sobre las solicitudes de préstamos de pequeños emprendimientos y empresas que requieran créditos de la banca privada.
Impuesto sobre el exceso de ganancias. La lógica de hibernación y reactivación significa que no debemos permitir que se destruyan empleos y negocios que, en ausencia de la pandemia, no hubiesen desaparecido. En paralelo, habrá sectores económicos que disfruten de ganancias sobre normales a causa de la pandemia. Pensemos por ejemplo en los servicios de entrega a domicilio como Uber, Hugo o servicios de mensajería que probablemente han elevado su actividad comercial por las limitaciones de movilidad impuestas por el Gobierno.
Estas empresas pueden ser fácilmente verificables, a través de las declaraciones mensuales del IVA y pago a cuenta. El principio de solidaridad del sistema tributario es ahora más necesario. Es justo que, si hay sectores beneficiados en esta situación de crisis, contribuyan con más impuestos sobre esos excedentes económicos.
Transferencias monetarias directas. Para los trabajadores del sector informal, los desempleados actuales y para aquellos que la respuesta de reactivación llegue muy tarde, el Gobierno debería hacer entregas de transferencias monetarias. La medida de los $300 que ya existe, si está bien focalizada, será de gran utilidad para contener la necesidad de salir a trabajar a la calle y con ello exponerse al contagio del COVID-19.
En este punto es clave que el Gobierno solicite cooperación técnica a oenegés, universidades y centros de pensamiento que tienen conocimiento suficiente para hacer recomendaciones de focalización. Con ello se minimizan los errores de inclusión y exclusión al momento de entregar esta ayuda temporal. Las imágenes de los Cenade abarrotados son la prueba material que el gobierno no tiene claridad o la capacidad técnica para definir las personas beneficiadas y mecanismos de entrega eficientes y seguros para la salud pública.
Reconocimiento legal de empleos denominados estratégicos para el período de crisis. Cualquiera que salga en estos momentos al supermercado, farmacia o cualquier diligencia, se dará cuenta que los empleos que se encuentran a diario exponiendo su salud para mantener el funcionamiento del país coinciden con puestos de trabajo mal remunerados. Basta con echar un vistazo a los negocios de bancos, empresas de seguridad, repartidores de alimentos, medicamento y correspondencia, recolectores de basura, repartidores de agua, etc. Un reconocimiento legal debería ser acompañado de una mejora en sus condiciones laborales. Como mínimo, el salario debería incrementarse en un 50% mientras dure el período de crisis.
Resulta lógico que, en estos tiempos de riesgo de contagio, las personas que están sosteniendo al país con sus labores, estén recibiendo un premio extra por su sacrificio y trabajo. Este pago debe ser asumido por las empresas donde laboran, dado que son ellas quienes continúan recibiendo ingresos por las actividades de estos trabajadores.
Ojalá que pasada esta epidemia nos replanteemos muchas injusticias del sistema económico actual. Pero para eso debemos superar esta crisis sanitaria. Esperemos que en el futuro haya tiempo y voluntad de repensarnos, para que las situaciones de crisis nos encuentren a todos los salvadoreños en condiciones más dignas, justas y resilientes.
