En medio de la pandemia del COVID-19, el presidente Daniel Ortega cumplió este miércoles 27 días de ausencia total en las actividades públicas relacionadas con su cargo como gobernante.
Mientras en los demás países de América Latina los presidentes están al frente de la respuesta de sus gobiernos ante la pandemia, Nicaragua es el único país del mundo en el que hay un gobernante ausente que no ha decretado una emergencia.
La ausencia de Ortega y las políticas adoptadas por su Gobierno, no para prevenir sino para facilitar la propagación del coronavirus, se ha convertido en un tema de debate internacional y preocupación regional, por las consecuencias que podría acarrear para Centroamérica.
¿Donde está Ortega?, pregunta el diario norteamericano The New York Times. Y la verdad es que a los nicaragüenses no les interesa saber si en este momento Ortega está viendo una serie de Netflix en su televisión o si se encuentra en cuarentena con su familia; lo que cuestionan los ciudadanos es el desgobierno del régimen en una ermergencia, en la que un gobernante ausente y una vicepresidenta omnipresente, están empujando al país hacia una catástrofe nacional.
Desde la matanza que empezó el 19 de abril 2018, que cumplirá dos años la próxima semana, Ortega y Murillo están política y moralmente inhabilitados para seguir gobernando. Entonces, el país demandó su renuncia y elecciones libres, y respondieron con más represión y la imposición de un estado policial; ordenan y mandan, pero ya no gobiernan, porque al imponer el terror, masacrando los derechos humanos, perdieron toda credibilidad y capacidad para generar consensos nacionales.
Lo que el pueblo está pidiendo ahora, cuando exige que Ortega dé la cara, es que la pareja presidencial rinda cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se les señalan y por este nuevo crimen de Estado que representa la exposición de decenas de miles de personas al peligro por propagar de forma irresponsable el coronavirus.
Finalmente, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, rectificó su política de complacencia con la dictadura y advirtió que Nicaragua no está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia. Le preocupa a la OPS la promoción de aglomeraciones masivas y la falta de distanciamiento social en Nicaragua. Sin embargo, veinticuatro horas después, la vicepresidenta Murillo no solo ignoró la advertencia de la OPS, sino que siguió promoviendo las fiestas y el turismo en Semana Santa, y las procesiones religiosas que han sido suspendidas por la Iglesia católica.
Más allá de la negligencia oficial, el Gobierno ha llegado al extremo de prohibir las iniciativas ciudadanas para prevenir el COVID-19, como los centros médicos y el call center que promueve el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. O sea que no solo no hacen nada para prevenir el virus y, además, lo propagan, sino que castigan al pueblo al negarle la asistencia médica que promueve un obispo, al que los medios oficiales intentan descalificar como “payaso” y “golpista”.
A pesar de las amenazas, la dictadura ha fracasado en su intento de impedir la solidaridad y la cruzada ciudadana autovoncocada para prevenir el coronavirus. En esta Semana Santa, la gran mayoría de la población –incluyendo los servidores públicos, civiles y militares– ha asumido su autoprotección, a contrapelo de los llamados demagógicos de la cúpula orteguista.
No obstante, para ser efectiva, la prevención también requiere detectar los brotes de la epidemia y conocer el itinerario de todas las personas han sido contagiadas por el COVID-19. El régimen alega que solo existen seis casos positivos y un fallecido, y que no se ha detectado transmisión comunitaria del virus. Pero la propia Organización Panamericana de la Salud ha dicho que tiene dudas, y le preocupan las pruebas y el rastreo de contactos que hace el Gobierno, mientras que el Ministerio de Salud de Cuba confirma que ha recibido tres casos de COVID-19 “exportados” desde Nicaragua.
¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo? La solución a esta controversia radica en ejecutar un diagnóstico masivo del coronavirus, utilizando los 26 000 test que recibió el Gobierno como parte de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se requiere de más presión política nacional e internacional, para que realmente se hagan las pruebas masivas y sean supervisadas por expertos internacionales y nacionales, y por entidades autónomas del Ministerio de Salud cuyas “tres ministras” están sometidas a la superministra política de El Carmen.
Ortega ha perpetrado un grave atentado contra la salud pública al mantener al pueblo encadenado durante un mes, mientras el Gobierno propiciaba la propagación del coronavirus. Aún estamos a tiempo de mitigarlo, si se realiza un diagnóstico masivo y se promueve una cuarentena y distanciamiento físico, con medidas de protección social para la población. Pero para defenderse del chantaje que representa una dictadura moribunda aliada del coronavirus, el país necesita recuperar la libertad, sin censura de prensa y sin presos políticos.
Si el objetivo que une hoy a los nicaragüenses de todas las banderas políticas es salvar vidas, es imperativo restituir todas las libertades democráticas que han sido conculcadas para terminar con el desgobierno de Ortega y Murillo. La prevención del coronavirus y la salida de la dictadura son inseparables: forman parte del mismo proceso para desmantelar un régimen, cuya crisis política terminal ha hundido al país en tres años consecutivos de recesión económica social. El formidable reto de la reconstrucción nacional solo se puede iniciar en libertad y democracia, antes y después del coronavirus.
