Un grupo de inmigrantes deportados de los Estados Unidos casi fueron linchados en Quetzaltenango, Guatemala, cuando una comunidad decidió que la mejor manera para prevenir contagios era acabar con los recién llegados. Contra esos migrantes pesó la sospecha dadas las revelaciones de la última semana: El 17 de abril, la agencia AP reportó que más de 40 migrantes guatemaltecos deportados habían dado positivo a las pruebas del COVID-19. El mismo día, el periódico Prensa Libre publicó que la Cancillería de Guatemala confirmaba 43 casos de migrantes deportados que dieron positivo...
La deportación de enfermos – sin el apoyo médico adecuado y sin las medidas de salud pública para protegerlos – es irresponsable e inhumana. Aún más alarmante es que muchos retornados continúan llegando, en medio de la pandemia, sin los protocolos apropiados para recibirlos y trasladarlos en América Central. Los Estados Unidos continúa todos los procesos de deportación como de costumbre, sin tomar en cuenta la pandemia. Con el sentimiento anti-inmigrante en pleno apogeo, realmente depende de los funcionarios de los gobiernos del Triángulo Norte tomar medidas para detener y poner fin a esta crisis.
Seamos claros acerca de las condiciones miserables que los inmigrantes sufren en los centros de detención mientras son procesados para ser deportados. En muchas instalaciones, la atención médica es deficiente; los inmigrantes no tienen acceso a jabón, desinfectante o papel higiénico. Incluso después de que los guardias y las enfermeras dan positivo con COVID-19, no hay pruebas disponibles para los inmigrantes. Por lo tanto, no es sorprendente que se hayan manifestado infecciones en muchas instalaciones a través del país desde Texas y Louisiana hasta Massachusetts. Sin acceso a higiene, los inmigrantes que pasan por estas instalaciones corren un riesgo de infección, enfermedad y muerte. Estas víctimas son las mismas personas cuyas remesas son aplaudidas en Centroamérica porque mantienen a flote a familias completas y economías enteras.
Es importante abordar las condiciones altamente peligrosas en las instalaciones de inmigración, y en Boston estamos comprometidos a asegurar la liberación humanitaria de inmigrantes en peligro. Pero la pandemia también exige un alto grado de apoyo y cooperación regional e internacional. También requiere una política de abogacía y cabildeo muy intencional, y eso debe comenzar con coordinación y más transparencia entre las oficinas presidenciales en San Salvador, Tegucigalpa, y Ciudad de Guatemala, porque hasta ahora las reacciones no han sido consistentes.
Para evitar la deportación de personas con COVID-19, tenemos que estar estratégicamente alineados a través de las jurisdicciones y las fronteras que actualmente nos dividen. Esto es críticamente importante para apoyar a las personas retornadas.
Como punto de partida, los gobiernos de América Central deben presionar a los funcionarios en las embajadas y en Washington, D.C. para plantear serias preocupaciones y objeciones en torno a la pandemia y el maltrato de las personas deportadas. En particular, las pruebas son críticas para asegurarnos de que no estamos deportando COVID-19 a regiones ya frágiles como la centroamericana. Solo esto ayudaría a mejorar las condiciones de nuestros compatriotas.
La atención a los retornados también es vital. Hoy más que nunca, tenemos que mantenerlos a salvo de la violencia extrajudicial que estalla en lugares como Quetzaltenango.
Antes de la pandemia, los retornados recibían una mezcla tóxica de estigma y extorsión a su llegada. Algunos retornados han terminado muertos porque las personas que huyeron de la violencia regresan a los mismos barrios donde sus vidas fueron amenazadas. Otros se convierten en presa fácil de los ladrones porque se presume que los retornados traen dólares. Aquellos que han estado viviendo en el extranjero por décadas regresan a la desconocida realidad de 'pagar la renta' en vecindarios controlados. Estas complejidades ayudan a explicar la tasa de homicidios inusualmente alta entre los retornados. Este entorno altamente volátil, que los funcionarios de todas las tendencias políticas han ignorado por mucho tiempo, ahora está absorbiendo y asimilando el virus. Los retornados están más vulnerables que nunca, y ahora están más solos, abandonados no solo por sus gobiernos, sino también por los vecinos que quieren inmolarlos.
Ultimadamente, lo que se desató en Quetzaltenango no es sorprendente. El único recurso ante el abandono sistémico es tomar el asunto en nuestras propias manos y erradicar la amenaza que nadie tiene los recursos o la voluntad política para abordar. Pero un fósforo no es la solución. Necesitamos una respuesta estatal e institucional para proteger a los retornados y para asegurarnos de que no sean deportados a una sentencia de muerte.
Si los Estados Unidos continúa negándose a evaluar y monitorear el virus entre las poblaciones inmigrantes, particularmente en los centros de detención de inmigración, todos los gobiernos centroamericanos deben conjuntamente dejar de aceptar personas deportadas. Aceptar el retorno desenfrenado de inmigrantes nos pone a todos en riesgo.
El coronavirus requiere una respuesta regional coordinada para apoyar la salud pública y prevenir la violencia extrajudicial. Necesitamos recursos dedicados para más pruebas y atención médica en cada etapa del proceso de deportación, no solo en los Estados Unidos sino también en todos los países centroamericanos. No lo duden, nuestra aquiescencia y complicidad con la máquina rota estadounidense de deportación nos pone en peligro.
