La pandemia del COVID-19 ha despertado debates a nivel global sobre cómo enfrentarla. Desde debates morales, éticos de la filosofía práctica, sociales, económicos, políticos, tecnológicos y científicos y, no menos importantes, debates desde la racionalidad práctica de la vida diaria. Todos tenemos nuestras opiniones y nuestras verdades, construidas en una “simbiosis mental oportuna” que, ante la necesidad de decisiones y acciones prácticas inmediatas, las hacemos valer como verdades absolutas que no aceptan cuestionamientos ni críticas.
Si esto ya es complejo para la racionalidad práctica de cada persona, lo es aún más para la vida colectiva de un país. Pero, a este nivel, las consecuencias y efectos también son más complejos y trascendentales, sin descontar el riesgo de que lo racionalmente práctico en sentido colectivo se convierta en una abstracción que niegue la realidad concreta de las personas y de la sociedad.
Según lo manifestado por expertos en distintas publicaciones periodísticas, parece haber consenso entre los científicos respecto a que el nivel de mortalidad global que está generando el COVID-19 es menor que el de otras pandemias; que la tasa de letalidad global (número de muertes por contagios confirmados) es bajo (entre 3 % y 6 %), con variantes de país a país; que el nivel de recuperación con relación a los contagios es sumamente alto (22.5 %). Por lo tanto, son otras características de su comportamiento pandémico las que han dado lugar a los diferentes debates sobre cómo enfrentarla. Entre ellas adquieren relevancia: su extensión global – ningún país del mundo está ya excluido -, la rapidez y fuerza inusitada de su expansión, la complejidad de los mecanismos sociales de contagio, y la magnitud de la mortalidad que puede generar en corto tiempo. Vinculadas a estas están las condiciones subjetivas de la pandemia, entre ellas, una sobreexposición informativa, que ha desatado el temor a la alta probabilidad de contagio – por la complejidad de su red epidemiológica social –, el temor a la alta probabilidad individual de muerte; el alto riesgo del desborde y el colapso de los sistemas sanitarios.
El dilema falso de la estrategia
Ante ese panorama, tanto las decisiones individuales como colectivas para enfrentar la pandemia encuentran seguramente su punto de partida y llegada en la (in)seguridad existencial individual de la continuidad de la propia vida. Es en ese marco que el gobierno de El Salvador se planteó el principio de la responsabilidad ética de “salvar vidas” (la vida biológica) y salvaguardar la salud pública como interés de la generalidad de la población, que en el discurso cotidiano de los voceros del Gobierno es expresado en términos de salvar el mayor número de vidas entre la población. La estrategia de afrontamiento adoptada, en consecuencia, se ha fundamentado en tres pilares. En primer lugar tenemos las medidas de contención radicales mediante aislamiento y confinamiento en albergues de aquellas personas procedentes del extranjero; cuarentena y confinamiento domiciliar obligatorio de la “población”, reduciendo al máximo las actividades directas in situ consideradas no esenciales –principalmente aquellas no vinculadas a la estrategia–, privilegiando el trabajo desde casa, manteniendo activas aquellas que garanticen la cadena de abastecimiento alimenticio (de no hacerlo, no sería consecuente con el principio ético de salvar vida biológica de la población).
En segundo lugar está la puesta en marcha de medidas económicas que hagan sostenible la estrategia central, entre ellas las ya conocidas: subsidio de 300 dólares a un poco más de 1.5 millones de familias; la suspensión del pago de los recibos de servicios básicos, incluyendo cable e internet, por un periodo de tres meses; el aplazamiento por el mismo periodo del pago de alquileres y de las cuotas de créditos hipotecarios, de consumo, de tarjetas o de créditos de vehículos. Y, en tercer lugar, la prohibición a las empresas de despedir trabajadores por un período de tres meses, junto con la obligación de mantenerles el salario aunque no trabajen; la apertura de líneas de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En resumen, la estrategia fue presentada como un dilema entre la vida (biológica) de la población y los efectos económicos sobre la misma. Se dio prevalencia a lo primero, relegando a segundo plano lo segundo. Lo primero fue presentado como una responsabilidad ética, políticamente incuestionable y, por tanto, popularmente de fácil aceptación. Lo segundo fue presentado como un problema de intereses económicos para “las fuerzas productivas”, por tanto, el dilema fue presentado como uno entre los intereses de la vida del pueblo y los intereses “mezquinos” de los grupos económicos poderosos, que deberían “sacrificar lo mucho que ya tenían”. Esa manera de presentarlo fue al mismo tiempo un acto o juego de carácter político y un error de comprensión de lo que significa la vida de los seres humanos en sociedad. En el discurso político, que tercamente el Gobierno se empeña en sostener, el acto y el error se sostienen mutuamente.
El ser humano y su existencia, como lo dice la socióloga británica Margaret Archer (quien preside La Pontificia Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano), son el principio y fin de la vida social. Es decir, no son solo el principio y fin de la vida de las personas, sino de la vida social. La primera no puede reducirse a salvar su mera existencia biológica, sino a mantener las condiciones de reproducción económica, social y cultural de esas vidas; y la segunda (la vida social), no puede reducirse a apagar el fuego y dar solvencia económica y cubrir las necesidades crediticias de sectores económicos solo durante el período de cuarentena. Debe incluir una manera de mantener a corto, mediano y largo plazo las condiciones de reproducción social y económica de las vidas salvadas. No existe dilema, pues, entre conservar la vida biológica de la población y garantizar a largo plazo que tenga las condiciones necesarias para su conservación y reproducción.
Los efectos económicos de la pandemia a nivel mundial, en términos de empleo, se calculan aproximadamente en 195 millones de desempleos directos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esos efectos para Centroamérica se calculan, en números conservadores, en una pérdida de aproximadamente 3 millones de empleos, calculados sobre la base de sectores económicos dominantes, según la estructura económica y de empleo de cada país. Esos cálculos no incluyen los procesos de precarización que la contracción económica local y global conlleva. Tampoco incluye, los efectos económicos sobre las condiciones de subsistencia de los trabajadores informales.
En lugar de basarse en un dilema erróneo y politizado, la estrategia de cuarentena debió contemplar una ejecución temporal que reflejase un balance apropiado entre los dos aspectos no contradictorios. Ello daría mejores márgenes de actuación en políticas económicas y sociales durante y después de la pandemia. La aprobación de la emisión de 2 000 millones de dólares para financiar las medidas que permitan sustentar la estrategia adoptada creará, según diversos análisis, insostenibilidad fiscal y condiciones más difíciles para enfrentar los efectos sociales que están por venir.
Desigualdad y represión social
Establecido el eje central de la estrategia, este se ha convertido en un recurso discursivo de carácter político que ha marcado el accionar político del Gobierno sin las reflexiones oportunas para su ejecución. El discurso ha sido reforzado con la idea de que la pandemia, indistintamente de la clase y los recursos económicos, nos afecta a todos por igual. Nada más alejado de la realidad. Somos una sociedad conformada por grupos sociales diferenciados por profundas desigualdades estructurales y sociales, las cuales no quedan superadas con el uso inapropiado de conceptos que pretenden ser neutros, como el de “población”.
La cuarentena domiciliar presupone erróneamente que todas las personas tienen una vivienda, con condiciones apropiadas para resguardarse durante uno, dos o más meses. Parece desconocerse que somos una sociedad con altos déficit cuantitativos y cualitativos de vivienda. Que somos una sociedad en la que la mayoría de la población urbana ha sido excluida y segregada social y espacialmente a territorios con deficientes o inexistentes servicios básicos de agua potable, electricidad, servicio de aguas negras, en condiciones de insalubridad y hacinamiento, que más que espacios de acogimiento y resguardo son espacios de inseguridad y expulsión de sus habitantes. Todo lo anterior sin mencionar los miles de indigentes que no tienen o quizás nunca han tenido un espacio estable en que puedan resguardarse de un día para otro. Es en esos espacios y condiciones donde reside la mayoría de la población, con altos niveles de desempleo y, consecuentemente, de trabajo informal diverso, donde residen quienes más necesidades tienen de salir a obtener los alimentos diarios propios y de la familia, para continuar viviendo durante y después de la pandemia.
No es gratuito decir que la cuarentena domiciliar es una medida de clase que servirá para (por no decir orientada a) proteger a los sectores sociales que tienen los recursos apropiados para resguardarse domiciliarmente; es decir, en beneficio de quienes tienen un alto nivel de ingresos, seguridad de conservar sus empleos, una capacidad suficiente de ahorro para no verse afectados en sus condiciones de vida, por lo menos a corto y mediano plazo; quienes no tienen la necesidad de salir para obtener los alimentos propios o de la familia.
Los decretos y las leyes especiales que regulan la cuarentena domiciliar están hechos para esos grupos y para facilitar la continuidad de sus condiciones de vida: seguirán funcionando los servicios de supermercados, las cadenas de alimentos para despacho domiciliar, los servicios educativos a todo nivel continuarán en línea. Asimismo, se decretó urgentemente una ley que reconoce, regula y garantiza el trabajo desde casa y las prestaciones de ley correspondientes. Son esos grupos sociales los verdaderos beneficiados y con alto margen de garantía de que su salud quede resguardada por una cuarentena domiciliar decretada en nombre de “la salud pública” de una población abstracta.
Queda claro que la población con los más altos riesgos de contagio del COVID-19 será aquella que debe mantener y garantizar el flujo de los servicios y el abastecimiento de los alimentos, y los que por sus condiciones socioeconómicas no tienen, ni por cerca, las facilidades de los otros y, por tanto, necesitan “romper la cuarentena” para sobrevivir. Además, el comercio y los servicios informales, las ventas de alimentos en los mercados no pueden realizarse desde casa, los motoristas del transporte público, las cajeras y despachadores de supermercados, los cocineros de los restaurantes con despacho a domicilio no pueden realizar su trabajo desde casa. Todos los servicios requeridos para que quienes tienen las condiciones mantengan la cuarentena domiciliar, continúan funcionando.
La cuarentena domiciliar garantiza la salud de manera diferenciada a los grupos sociales. En esos marcos, se rompe la lógica del principio ético de garantizar la salud pública y de salvar vidas y este se vuelve una abstracción sin práctica concreta para la inmensa mayoría de la población. A los grupos sociales más vulnerables socioeconómicamente los obliga a confrontar y quebrar sistemáticamente el confinamiento domiciliar y el distanciamiento físico espacial de la estrategia gubernamental. La razón de ello es que tal confinamiento es social y estructuralmente imposible. La no comprensión de ese hecho es un error solo posible desde una visión de clase no vulnerable socioeconómicamente.
Puede decirse que se trata de un quiebre, de una desobediencia y de una rebelión estructural de la realidad ante las medidas de cuarentena. La incomprensión de tal situación y del error mismo, es mayúscula. Según el Gobierno, las diversas formas de rompimiento de la cuarentena y del confinamiento domiciliar – que evidencia el falso dilema entre salvar vidas y sostener las condiciones para su reproducción – constituyen actos de desobediencia civil, falta de cultura, sabotaje o provocación política. En consecuencia, la ejecución de las decisiones y las acciones correspondientes para hacerlas cumplir entran en el terreno directo de un juego de poder político y conducen al Gobierno a otro acto en ese juego: la represión social, por no decir, la represión de clase contra quienes “estructuralmente” se ven obligados a confrontarla y quebrantarla.
Esta represión social no solo es ejecutada por el gobierno con el endurecimiento de medidas de control, retenciones ilegales, sino también se ha evidenciado con bastante crudeza a través acciones de grupos sociales que denuncian y rechazan la presencia de sospechosos de contagio en sus comunidades. Todas ellas alimentadas por los discursos alarmistas, de miedo y represión del presidente.
Los otros actores y el telón del juego político
Sería ingenuo negar que nos encontramos en la ruta de un proceso político electoral. Mucho de lo que se haga en el contexto de afrontar la pandemia quedará enmarcado en un juego de poder político entre el Gobierno y los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa. El mantenimiento de la popularidad, la reconquista de la credibilidad y la legitimidad son parte del telón de fondo del juego político.
Todos apuestan a granjearse la simpatía de los electores. El presidente y su gobierno se muestra como los de mayor voluntad y compromiso político por el bien de la población, con suficiente autoridad para impulsar medidas radicales, arriesgadas, visionarias y únicas, que deben ser admiradas por el mundo y seguidas incluso por las potencias más grandes. Parte simbólica del discurso es la primacía, radicalidad de las medidas, la magnitud de la inversión y la grandiosidad incomparable en América Latina de la construcción y adaptación de un hospital único para la atención de los contagiados con COVID-19.
El Gobierno tiene la iniciativa en el juego y la ha sabido aprovechar, ha jugado magistralmente con las piezas de la amenaza del juicio popular y del desprestigio de sus opositores. Con desfachatez desacata los dictámenes de la Sala de lo Constitucional, hace uso, como muestra de poder, de su derecho al veto y gobierna por decreto.
Mientras tanto, los partidos políticos sin excepción han entrado en el juego queriendo mostrar con suficiencia, y de manera digna ante el pueblo, que están a la altura de las exigencias y la responsabilidad ética y, por tanto, pueden acompañar, sin mayor reflexión en muchos casos y en otros sin la valentía de una crítica y oposición correcta, la estrategia definida por el Gobierno. Han cedido a todas las peticiones del Ejecutivo y se preocupan en demostrar y gritar por lo alto que son una oposición propositiva, que no obstaculizan la estrategia definida y que son capaces incluso de tomar iniciativas propias para facilitar el trabajo, ejemplo de ello es la ley del trabajo desde casa. Los intentos por establecer controles a las acciones represivas surgidas en la ejecución de las medidas de excepción son parte del juego político para poner limites al poder mostrado por el presidente.
Parte del juego político del presidente es el manipuleo que hace del interés de protagonismo que los alcaldes en el marco de la pandemia. De reprenderlos por iniciativas de control en sus municipios, ha pasado a autorizarlos y convertirlos en aliados en la ejecución del desacato a la Sala de los Constitucional.
Pero el juego político estaría incompleto si no estuviese acompañado por quienes se han encargado de desprestigiar, acallar e intimidar a quienes tienen una voz disonante o crítica a cualquier aspecto de las medidas del Gobierno, aunque reconozcan el éxito parcial de ciertas medidas y acciones. Parte de ese juego lo constituyen quienes también, en su mayoría, son parte de ese sector privilegiado que no tiene necesidad de quebrar la cuarentena domiciliar y desde sus casas pueden hacer bien el trabajo que realizan.
Si en el transcurso de lo que resta de cuarentena este grupo logra reflexionar a favor de los grupos más vulnerables por su condición socioeconómica, según se ha explicado en este artículo, nos podremos ir alejando poco a poco de convertirnos en lo que el politólogo búlgaro Ivan Krastev ha denominado “pasar de una República de ciudadanos a una República de fans”, que reprimen socialmente al “pueblo” a quien dicen defender.
*Mario Zetino es directo de Investigación de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas (UCA). Posee un doctorado en Sociología por la Universidad de Lund, Suecia, y es investigador asociado de Flacso El Salvador.
