A partir del 11 de marzo de 2020 entramos a una restricción en escalada de derechos disfrazado de medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en el país. Medidas como el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y reducir la circulación de personas por las calles, por sentido común parecen ser adecuadas; no obstante, la forma abrupta, alarmista e incluso fatalista al momento de presentarlas o justificarlas por el Ejecutivo en cada cadena nacional, generaron reacciones de zozobra, pánico y miedo en la población. Estas medidas sanitarias comenzaron a transformarse en restricciones de derechos que han revivido fantasmas de nuestro pasado reciente de detenciones arbitrarias y prácticas de militarización que rozan con las antiguas dictaduras militares.
Las medidas sanitarias y restricción de derechos impactan de diferente forma a cada persona. La mayoría de estas se han pensado desde el modelo binario heterosexual. Esto quiere decir que únicamente se tiene en mente que personas heterosexuales serán los receptores o beneficiarios, cuando los haya, de las medidas adoptadas. Quienes no 'encajamos' en el modelo binario heterosexual públicamente nos vemos en los márgenes de dichas políticas públicas, y seremos quienes padeceremos mayoritariamente sus consecuencias, silenciadas en el discurso de la maquinaria publicitaria gubernamental.
Cuando el hogar es el peligro: cuarentena domiciliar obligatoria
El llamado a quedarse en casa ha sido una de las más importantes en El Salvador y en el resto del mundo para detener las infecciones en los grandes centros poblacionales. Sin embargo, para muchas personas LGBTI+ la casa es un espacio de maltrato, humillación y violencia. Según datos de la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI+ en El Salvador del año 2012, 1 de cada 4 personas LGBTI+ no había revelado su orientación sexual, identidad o expresión de género al interior de su hogar. Esto se conoce comúnmente como estar “adentro del armario”. La no revelación de esta condición de vida se debe a procesos de discriminación y violencias que se pueden ejercer al interior de su núcleo familiar. Las personas LGBTI+ que están en este momento obligados a permanecer en aislamiento familiar, sobre todos los menores de edad, al interior de sus hogares pueden experimentar una agudización de acciones de discriminación y violencia. Hechos que se van a soportar de forma silenciosa, padeciendo ansiedad y muchas veces depresión.
La tensión y los posibles conatos de violencia intrafamiliar generada en el aislamiento familiar pueden llegar hasta un punto tan extremo que se ejecute una expulsión o huida del hogar. La mayor parte de personas LGBTI+ son expulsadas de sus hogares al manifestar su orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta expulsión se realiza debido a que se tiene la idea de que, eliminando la oveja negra, en este caso “la oveja arcoíris”, se impedirá que otros miembros de la familia resulten infectados. La huida que están ejecutando muchos jóvenes LGBTI+ en época de pandemia se debe a que sus propias vidas pueden estar en riesgo en sus hogares, en los cuales los insultos y humillaciones estaban transitando a agresiones físicas constantes. La única manera de evitarlas es huyendo, y en los casos que no se logre concretar la huida, lamentablemente la última medida de escape a las repetidas violencias es el suicidio.
Discriminación
Cuando se es expulsado del hogar o se huye, el trabajo informal y el trabajo sexual de calle representan los medios de sobrevivencia para muchas de las personas LGBTI+.. Si en el día a día –previo al brote de coronavirus- estas formas de economía informal eran difíciles de sobrellevar para generar solvencia económica, en un estado de cuarentena domiciliar obligatorio es prácticamente imposible. Esta situación impacta de manera directa a las personas trans que ejercen el trabajo sexual en la calle. No solo no pueden transitar por la vía pública, sino que sus clientes tampoco pueden acceder al lugar donde se encuentran. Sin tener una entrada de ingreso fijo, pueden correr el riesgo de ser sacadas de los cuartos o mesones en los que precariamente viven.
Además, una persona trans deambulando por las calles sería remitida inmediatamente a un centro de contención, bajo las medidas de Estado de Excepción. Esta detención no se justificaría cuando la mujer trans trate de explicar que en el mesón donde vive existen 6 o 10 mujeres trans y que ella había sido la designada para procurar víveres para todas ellas, ya que integran un núcleo familiar, una familia por elección, la cual se integra cuando todas ellas fueron expulsadas de sus hogares por su identidad de género.
Desde el año 2009, al interior del Ministerio de Salud se implementaron diversas políticas públicas para eliminar prácticas discriminatorias a razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, dichas acciones al interior de los centros de contención, como extensión del propio Ministerio de Salud se olvidan. Esta situación hace que a personas trans se les discrimine por su identidad de género. Primeramente, no se les respeta ni nombre ni el género con el cual se autoidentifican, lo que trae como consecuencia que se generen procesos de discriminación. Por ejemplo, a un hombre trans se le coloca en un cuarto o área femenina, y viceversa con una mujer trans que se la coloca en un cuarto o área masculina. Primeramente, en estos ambientes se les verá bajo sospecha de la criminalidad, posteriormente se pasará a la discriminación y como tercer elemento se puede llegar a la vulneración de la integridad física de estas personas. Las políticas públicas pensadas desde la matriz heterosexual excluyentes son generadoras de posibles conatos de violencia e incluso de crímenes de odio.
Si bien el plan de Gobierno “Plan Cuscatlán” aseguraba que “El enfoque basado en los Derechos Humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación”, este no menciona explícitamente que las personas LGBTI+ forman parte de un grupo de mayor marginación, exclusión y discriminación. Los primeros diez meses de esta administración han evidenciado que su apuesta por este sector de la población está acompañado de una política en donde los “derechos no se atreven a decir su nombre”, parafraseando a Óscar Wilde. Esto trae como resultado, que el plan de respuesta y alivio económico no llegue a las personas LGBTI+ más excluidas, debido a que no existe un vía institucional que canalice esas demandas y las poblaciones LGBTI+ se invisibilizan ante otros grupos de mayor marginación, exclusión y discriminación más “adecuados” para figurar en los spots publicitarios gubernamentales.
Estigmatización
Discursos religiosos y fundamentalistas están propagando concepciones apocalípticas de que el COVID-19 lo promueven las personas LGBTI+, feministas y toda organización que vele por los Derechos Humanos. Este tipo de argumentos, en otro contexto y momento histórico, causaría únicamente risa. No obstante, conociendo que en algunos lugares se han exterminado los murciélagos por considerarse que estos eran los causantes de la enfermedad, para el caso de las personas LGBTI+ podemos correr con una suerte similar si este tipo de discurso aumenta y se profundiza en los sectores más fundamentalistas del campo religioso y político salvadoreño. Ojalá esto no pase de una exageración, pero algo de sustento tiene si tomamos como referencia los señalamientos que se hicieron contra aquellos que al regresar de otro país ingresaron a centros de contención, así como los que se han hecho en contra de quienes se han quedado varados en otros países sin poder regresar.
Al igual que las restricciones de derechos, el COVID-19 está reviviendo el estigma asociado del VIH con personas LGBTI+. Richard Parker, director-presidente de la Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA), manifiesta que en contextos donde avanzan los populismos autoritarios, el pánico que está circulando sobre el coronavirus puede generar discursos y prácticas que estigmatizan a grupos poblacionales vulnerables como causantes de la propagación del virus, como trabajadores de la salud, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, lo que incluye a las personas que viven con VIH. La estigmatización hacia las personas LGBTI+, al ser parte de una identidad estigmatizada su asociación como causante de la propagación del virus, resultaría muy fácil. A medida que la epidemia avance, y como la estrategia comunicacional del Ejecutivo se fundamenta en el pánico y el miedo para la implementación de medidas de restricción de derechos, se está abriendo puertas para procurar chivos expiatorios, que las masas puedan sacrificar para parar la epidemia.
Miradas de inclusión
Para disolver el foco de atención del “castigo” dado al casco urbano del municipio de La Libertad por parte del Ejecutivo, a partir del 19 de abril, las alcaldías fueron autorizadas para implementar sus propias estrategias de restricción de movilidad en sus territorios. Este hecho ha repercutido en diferentes medidas: la alcaldía de San Salvador replicó un “cerco sanitario” en 400 manzanas urbanas de San Salvador, el departamento de San Vicente colocó días específicos para el desplazamiento entre los municipios y la cabecera departamental, Ayutuxtepeque cerró el acceso a las colonias, el alcalde de Mejicanos decretó ley seca, entre otros.
El caso que deseo resaltar en este momento es el del municipio de Ahuachapán. En este municipio se implementó una estrategia conocida como “pico y género”. En pocas palabras, la movilidad en el municipio se restringió en días en los que únicamente podrán transitar hombres y otros en los que únicamente lo harán mujeres. Estas medidas ya se han implementado en lugares como Panamá y Perú. En Panamá promovieron el acoso y violencia contra personas trans específicamente, ya que, como analiza Sonia Côrrea -feminista brasileña-, en medio de esta pandemia los aparatos del biopoder y la biopolítica se radicalizan, activando un higienismo social que coloca a las personas LGBTI+, y en especial a las mujeres y hombres trans, en un “no lugar” cuando se implementa la restricción de movilidad por medio del binarismo del género. En el caso peruano, al dictaminar esta norma, el presidente hizo un llamado a la no discriminación de las personas LGBTI+; lo cual fue duramente rebatido por los grupos antiderechos
En el caso salvadoreño, Abilio Flores, alcalde de Ahuachapán, al anunciar la medida en redes sociales, reconoció la identidad de género de las personas trans al estipular que “Las mujeres trans podrán realizar sus compras los días lunes, miércoles y viernes”, días designados para la circulación de las mujeres en este municipio. Para que no quedara ninguna duda sobre esta decisión, el 21 de abril, reafirmó “De igual manera debo aclarar que los hombres trans deben circular en los días martes, jueves y sábado, asignados a las personas de género masculino. Esto para evitar cualquier violación o violencia a la población LGBTI”. Por primera vez desde que inició la crisis santaria, una mirada de inclusión se abrió.
Reflexiones finales
La presencia del COVID-19 ha tensionado al sistema gubernamental en diferentes situaciones. En la respuesta general para contener los posibles resultados nefastos ha resaltado la concepción homogenizada de la heterosexualidad como modelo para la creación y aplicación de políticas públicas. Esto se reafirmó el día que, al ser cuestionado por el cantante René Pérez sobre su opinión respecto al matrimonio civil entre personas del mismo sexo, en pleno Estado de Excepción, su respuesta fue que “El matrimonio únicamente es entre un hombre y una mujer”. Esto demostró su cercanía ideológica con tendencias neoconservadoras y neopentecostales beligerantes, contrarias a los avances en materia de derechos civiles de las personas LGBTI+. Su respeto por los derechos humanos quedó todavía más reflejado cuando manifestó en su cuenta de Twitter que las organizaciones de Derechos Humanos “Están al lado del virus” o que estás eran “organizaciones de fachada”. Retrocedimos 40 años en el tiempo y, nuevamente, quien defiende los Derechos Humanos es criminalizado y tratado como un “enemigo interno”.
A nivel de los territorios locales, las medidas de inclusión se están empezando a implementar. Las palabras de Abilio Flores, alcalde de Ahuachapán, parecen ser un aliciente en medio de todas las dificultades, miedos y tragedias que se están generando en este momento. Sin embargo, estas medidas se deben de evaluar, como toda política pública, en su ejecución. En la práctica se verá si se respetó la identidad de género de las personas trans y de forma general a la población LGBTI+.
La epidemia nuevamente está evidenciando las acentuadas desigualdades sociales, de género, clase y geografía. En forma general, las personas con menos recursos económicos y capital social padecerán las consecuencias más difíciles, y de este grupo vale resaltar a las personas LGBTI+. Si en tiempos normales la sociedad trata a una persona LGBTI+ como una persona prescindible, en medio de una epidemia como esta, de prescindible podemos pasar a descartables. Para que esto no suceda, debemos de profundizar nuestras redes de apoyo solidario, las cuales deben de trascender cualquier división y frontera identitaria, política y de clase social al interior de las poblaciones LGBTI+, ya que, dadas las condiciones actuales, del Ejecutivo no podemos esperar algún tipo de beneficio social o económico, y más bien, de él nos deberemos de proteger y resguardar.
