Columnas / Desigualdad

La recesión que comienza

La crisis del coronavirus nos ha llevado a una situación económica nunca vista, cuyos efectos no alcanzamos a prever con claridad. Comprender el grave impacto económico de las medidas tomadas no implica estar en contra de ellas.

Lunes, 27 de abril de 2020
Manuel Sánchez Masferrer

La crisis del coronavirus en el año 2020 nos ha llevado a una situación económica nunca vista antes, cuyos efectos no alcanzamos a prever con claridad, pues, además de ser una crisis de un tipo nuevo y muy severo, existe gran incertidumbre en cuanto a su duración y a las acciones futuras de los gobiernos. 

Comprender el grave impacto económico de las medidas tomadas frente a la pandemia no implica estar en contra de ellas. Hay un consenso mundial en que son necesarias para frenar el contagio y hacer que la enfermedad se expanda de manera más lenta, haciendo así menos probable el colapso de los sistemas sanitarios, lo que causaría un número mucho más elevado de muertes. Sin embargo, al tiempo que se comprenden las medidas de aislamiento y cuarentena, también es necesario abordar las consecuencias económicas de dichas medidas para mitigar el efecto de las mismas, aun si es inevitable vivir una crisis económica severa. 

Este artículo está dividido en dos partes. La primera trata de explicar el tipo de crisis que se vive en 2020 (ahora bautizada como el “Gran Confinamiento”) y algunos escenarios discutidos internacionalmente. La segunda abordará en concreto los efectos para El Salvador y las medidas para aliviar los efectos sobre la economía mientras se adopten las medidas requeridas para prevenir un contagio acelerado del coronavirus. 

Sudden stops y recesiones
Las crisis económicas vividas hasta ahora, desde el inicio del capitalismo, han sido crisis originadas por una caída en la demanda (debido a altas tasas de interés, colapsos de los mercados de valores) o en la oferta (crisis del petróleo). Estas crisis, si bien pueden ser disparadas por un evento súbito como un desplome de la bolsa de valores o un alza del precio del petróleo, toman meses en hacer sentir sus efectos y siguen una trayectoria relativamente conocida, con una caída rápida aunque gradual (en tres o cuatro trimestres) y una recuperación más lenta. 

La crisis del COVID-19 es totalmente diferente.  De un momento a otro, los gobiernos de muchos países han decretado el cierre casi total o sudden stop de sus economías. El consumo, la inversión, las exportaciones han caído en forma dramática y repentina. Estimaciones que podrían resultar conservadoras hablan de caídas del PIB trimestral del 30 % en varios países (a tasa anualizada), según analistas de Morgan Stanley y JP Morgan a marzo de 2020.  Las acciones de la bolsa de valores de Nueva York llegaron a perder 30 % de su valor a inicio de año, aunque las medidas de estímulo al sector financiero han causado un importante repunte de los mercados, que han reducido a la mitad las pérdidas iniciales. 

Ante esta caída abrupta y provocada de la actividad económica, las autoridades de varios países respondieron con lo más keynesiano de su arsenal: tasas de interés cercanas a cero o incluso negativas (partiendo de niveles ya muy bajos aunque positivos); líneas de crédito a empresas y aumento de la liquidez al sistema bancario y al gobierno; paquetes de estímulo fiscal, como postergar pagos de impuestos y exenciones, e incluso lo que se conoce como helicopter drops (entregas de dinero en efectivo al público, también conocidas como transferencias no condicionadas).  

Estas medidas son útiles y ayudan a mantener un cierto nivel de estabilidad económica y a que muchas empresas sobrevivan, pero no pueden evitar lo fundamental de la crisis: la caída en el consumo, la consecuente falta de ingresos de las empresas, los despidos y ceses sin goce de sueldo, la insolvencia de muchos pequeños y medianos negocios (y algunos grandes como las aerolíneas), y por tanto, una contracción económica sin precedentes, que ha ocurrido además a una velocidad muy rápida. 

En la gran mayoría de países (exceptuando aquellos donde los gobiernos cuentan con los recursos y la voluntad política para hacerse cargo de las planillas de las empresas privadas), el desempleo aumentará en forma dramática y gran parte de las empresas quebrará. Algunas cifras espeluznantes muestran el tamaño de este impacto: una expectativa de 20% de desempleo en EE.UU., según el secretario del Tesoro Steve Mnuchin; 33 % de las empresas quebrarán según algunos análisis. Por otro lado, el comercio mundial podría caer 32 % este año, según la OMC. Para América Latina, la CEPAL estima al menos 12 millones de personas desempleadas como producto del confinamiento. 

El aspecto positivo dentro de todo es que, a diferencia de las recesiones causadas por caídas en la demanda o en la oferta, una vez el cierre de las economías provocado por el gobierno cese,  se espera una recuperación mucho más rápida que en las recesiones tradicionales, según los analistas más optimistas. Esto dependerá, por supuesto, de la duración de las medidas de cuarentena y paro de la actividad económica, así como de la disponibilidad de capital de trabajo y liquidez para recuperar la producción y el consumo. Los últimos análisis, que ya reconocen la necesidad de cuarentenas parciales de mayor duración, sugieren que la recuperación de la crisis no será tan rápida, y que todavía a finales de 2021 no habremos vuelto a la trayectoria de crecimiento que se tenía antes de la pandemia. 

Los escenarios
El escenario epidemiológico más optimista es aquel donde las medidas de cuarentena son muy efectivas y la expansión del virus se contiene en un lapso relativamente corto (dos meses, por ejemplo). Esto permitiría abrir las economías de forma controlada a finales del segundo trimestre del año (mayo o junio) y recuperar la actividad económica durante el resto del año. Si bien algunos sectores como el transporte aéreo y el turismo, y posiblemente otros vinculados al espectáculo y la recreación se mantengan severamente limitados, el resto de la economía podría seguir funcionando, posiblemente con cuarentenas periódicas más cortas para controlar ciertos brotes de la enfermedad. En este escenario, podríamos estar frente a una recesión solo un poco más fuerte que la de 2008, con caídas del PIB de entre 2 % y 8 % anual. 

Al inicio de las cuarentenas, los epidemiólogos de varios países consideraron como el escenario más probable el de una cuarentena casi total de mediana duración (tres a seis meses a partir de la fecha de inicio de las medidas) y una apertura muy gradual de las economías. Ciertas industrias no podrían volver a funcionar hasta dentro de un año o año y medio (aerolíneas, turismo) y las economías enfrentarán problemas de liquidez e insolvencia de muchas empresas. En este caso, lo más probable es que se tengan elevados niveles de desempleo y frecuentes quiebras de empresas, tanto en países vulnerables, en vías de desarrollo o que no cuentan con una red de protección social (como Estados Unidos). Estas contracciones económicas podrían superar el 8 % del PIB y más bien acercarse a 10 % o hasta 15 % de la producción. Contracciones de este tipo solo se han observado en países en vías de desarrollo con graves problemas de balanza de pagos o crisis políticas (como Venezuela). 

Un escenario pesimista es aquel donde la mayoría de las medidas de contención se prolongan por el resto del año y la actividad económica experimenta una contracción profunda y destructiva. El desempleo se eleva a niveles críticos y la gran mayoría de los pequeños negocios enfrenta la insolvencia. En este caso, además de una recesión intensa, similar a la de la Gran Depresión, se tendrá una recuperación difícil y lenta, pues el tejido productivo habrá sido gravemente dañado, la capacidad fiscal severamente limitada por el gasto que han implicado las medidas paliativas durante la crisis, y gran parte de la población reducida a condiciones de pobreza extrema. Este escenario se considera improbable, pues las presiones internas en la mayoría de países obligarían a los gobiernos a relajar las restricciones, incluso si la epidemia no ha sido contenida completamente. 

En los países en vías de desarrollo, donde los gobiernos no cuentan con los recursos para apoyar a trabajadores y empresas durante el confinamiento, el escenario pesimista solamente requiere de una cuarentena de mediana duración, pues el sector productivo es frágil y la actividad económica colapsaría rápidamente. 

El impacto económico ocurre por varias vías. La más evidente es el cese de actividad de muchos sectores en el comercio y los servicios, incluyendo los negocios más comunes en todos los países: tiendas, restaurantes, servicios personales, turismo y transporte. Además, el comercio internacional se ve afectado negativamente, las remesas a países en desarrollo se reducen significativamente y la inversión de las empresas se congela. El resultado es una caída importante de la producción de los países, pero, aún más importante, los ingresos de las personas se reducen, en especial entre los que son despedidos, cesados temporalmente, o que trabajan en el sector informal y ya no pueden operar sus pequeños negocios o brindar sus servicios. Así, la crisis nos golpeará a todos, pero el golpe más fuerte lo sufrirán los más vulnerables.

Las medidas con las que cuentan los gobiernos
Los gobiernos cuentan con un arsenal de recursos y la posibilidad de legislar para permitir que el sector productivo sobreviva a las medidas de cierre y el bienestar de la población no sufra grandes caídas. Sin embargo, estas medidas son limitadas y no pueden llegar a todos, por lo que el impacto de la crisis es inevitable, si bien puede moderarse significativamente.

Las medidas de los gobiernos pueden ir dirigidas a empresas, empleados y trabajadores independientes o personas que no poseen empleo.

En cuanto a las empresas, es importante que puedan diferir o reducir sus costos fijos (alquileres, costos financieros, salarios) y pagos de impuestos. Esto puede lograrse mediante una combinación de medidas donde se reducen o retrasan estos pagos (efectivamente anulando o modificando los contratos privados) y donde se permite refinanciar o diferir los costos financieros.

Para los empleados, los gobiernos se enfrentan a la disyuntiva de cómo mantener los salarios para evitar la caída en el consumo y el empobrecimiento generalizado de la población. Básicamente, se trata de elegir qué parte del costo se llevarán los mismos trabajadores, las empresas y el gobierno. Algunos países con recursos suficientes pueden decidir que el fisco asuma dichos salarios. En otros casos, se diseñarán medidas para reducir el costo para las empresas, por un lado difiriendo los pagos de seguridad social, recortando parcialmente los sueldos de los trabajadores en cuarentena y obligando a las empresas a asumir parte del gasto en planilla. En el peor de los casos, muchas personas serán cesadas y el gobierno podría asumir los pagos de subsidios por desempleo, cuando existe este tipo de mecanismos.

Para los trabajadores independientes y personas desempleadas o inactivas, las alternativas más razonables son los subsidios por cesantía o las transferencias monetarias no condicionadas, las que permiten a estas personas mantener un nivel mínimo de consumo. En países con altos niveles de pobreza, puede ser necesaria la entrega directa de alimentos y productos básicos a los hogares más vulnerables, ya que financiar las transferencias puede ser inviable.

Por otro lado, los gobiernos deben asegurarse que las cadenas de producción y suministro de alimentos, productos básicos del hogar, medicamentos e insumos sanitarios, sistema financiero y servicios básicos y telecomunicaciones se mantengan operando. Esto puede implicar regulaciones directas a estos sectores y apoyos específicos.

Es importante reconocer que todas estas medidas implican una carga de gasto público enorme, que pocos países están en condiciones de asumir. Aquellos con margen de endeudamiento o solidez fiscal están en mejores condiciones para enfrentar los retos de la crisis. Los bancos centrales tienen un rol clave en aumentar y garantizar la liquidez del sistema financiero, así como financiar a los gobiernos y apalancar el impacto del gasto fiscal. 

En el caso de los países desarrollados, los bancos centrales pueden imprimir liquidez prestando directamente al gobierno y los bancos privados, apoyando así las medidas de mitigación económica. En países en desarrollo, esto es más difícil, porque las monedas locales son débiles, los gobiernos suelen encontrarse ya bastante endeudados y es difícil adquirir más deuda cuando los inversionistas internacionales no quieren prestar o lo hacen a tasas de interés muy elevadas.

Manuel Sánchez Masferrer es economista, profesor e investigador de ESEN, coordinador del Centro para el Progreso Social. Director y autor del Global Entrepreneurship Monitor El Salvador.
Manuel Sánchez Masferrer es economista, profesor e investigador de ESEN, coordinador del Centro para el Progreso Social. Director y autor del Global Entrepreneurship Monitor El Salvador.

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