Apenas había transcurrido una hora desde el inicio de la cuarentena domiciliar obligatoria cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al puesto de tortas de Noé de Jesús Hernández. En la noche del 21 de marzo, él atendía el food truck, como le llama a su puesto, junto a su esposa y dos empleados. Del grupo, cinco agentes se acercaron a ordenar un pedido: cuatro tortas, de las que cuestan $4.00. De cortesía, Noé incluso les regaló café porque, dice, era consciente del arduo trabajo que los policías están teniendo en esta pandemia. Los policías cenaron y se despidieron. Dos horas más tarde regresaron, pero esta vez para capturarlos a todos.
Noé tiene 61 años y desde hace más de cinco vende tortas para los trasnochadores: desde las 4:30 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana, recibe a los clientes en su carro de venta de comida ubicado sobre la calle Gabriela Mistral y pasaje Mar de Plata, en el el bulevar de Los Héroes de en San Salvador, una de las calles más transitadas de la capital. En ocasiones, Noé asegura que hacía envíos a domicilio a clientes de la zona.
Antes de que los policías llegaran a su puesto por segunda ocasión, antes de que lo capturaran, Noé había visto en la televisión la cadena nacional en la que el presidente Nayib Bukele anunció la cuarentena nacional obligatoria para todo el país. En esa transmisión, Bukele anunció el despliegue de militares y policías en las calles para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Todos los salvadoreños, a partir de las 10 de la noche de ese sábado, debían de resguardarse en sus hogares. Pero el presidente anunció excepciones: tenían autorización para circular, entre otros, los empleados de Gobierno y los de empresas dedicadas a la distribución de comida rápida, los vendedores de alimentos en los mercados y los empleados de los supermercados.
Noé pensó, entonces, que él entraba en la categoría de vendedor de alimentos, y por lo tanto tenía oportunidad de continuar con su trabajo. No cerró. Se sintió todavía más confiado cuando llegaron los policías a cenar, inmediatamente después del mensaje de Bukele. Su sorpresa fue cuando, pasada la media noche, llegaron a detenerlos. A Noé y a los suyos los obligaron a cerrar el negocio y a subirse al carro patrulla, custodiados por varios agentes. Aunque no los esposaron, les dieron trato de reos por no acatar la cuarentena, por exponerse y por exponer a la sociedad. Los trataron como a los reos, 'personas que por haber cometido una culpa merecen un castigo', según el Dicccionario de la Real Academia de la Lengua. El castigo, según la orden gubernamental, era un centro de cuarentena, pero la Policía, en esas primeras 72 horas después de la orden presidencial, se los llevó a las bartolinas. A Noé y a los suyos los llevaron hasta la delegación de San Salvador. “Escuché que los vendedores de comida rápida tenemos permiso, entonces por eso me quedé hasta la una de la mañana del domingo (22 de marzo)', suplicó Noé, pero no le hicieron caso. 'Les dije: Yo vendo comida rápida. ¡Si sus compañeros han venido a comer aquí!. Si hubieran escuchado razones no estuviéramos aquí”, dice ahora vía telefónica a El Faro, desde el centro de cuarentena en el que está recluido desde hace semana y media.
Dos noches en delegaciones
La policía y militares tenían la orden de retener salvadoreños y la cumplieron por centenares. Solo el domingo 22, el primer día de la cuarentena, la cifra sobrepasaba los 300 detenidos a nivel nacional. En muchos casos se trataba de trabajadores y miembros de familias que salieron a comprar alimentos el domingo por la mañana; en otros, la Procuraduría Para la Defensa reportó casos en que los capturados fueron golpeados por la Policía por presuntamente haber violado la cuarentena en Santa Ana. A las 9:50 de la mañana del domingo 22, la cuenta oficial de la Policía incluso presentó, como normalmente presentan a los reos acusados de algún delito, a un médico detenido esa madrugada. En el tuit hasta dieron a conocer el nombre del médico y su lugar de trabajo. Entre otros detenidos, según las autoridades, estaban aquellos que fueron sorprendidos, luego de una noche trasnochada de fin de semana, por conducir en estado de ebriedad. Las autoridades también incluyeron a aquellos que sorprendidos por intentar ingresar al país a través de algún punto ciego, ya que desde el 14 de marzo todas las fronteras están cerradas.
Desde la noche del sábado 21, el presidente Bukele advertía que quien no acatara la orden, en lugar de pasar la cuarentena en su hogar, con su familia, la pasaría encerrado en un centro de contención. En 22 de marzo, en su cuenta de Twitter ratificó el cumplimiento de esa advertencia, cuando dijo que las personas detenidas “empezarán día 1 (de 30) en Centros de Contención, rodeados de desconocidos'. Luego agregó: 'Sea inteligente y respete la cuarentena. Es por su salud, su vida y la de los demás'.
En la calle, sin embargo, las detenciones y la falta de centros de cuarentena evidenció fallas y desorganización. Al inicio del plan, el Gobierno, la Policía y el Ejército solo tenían claro el tema de las capturas, pero no el del resguardo de todos aquellos que serían detenidos, que fueron trasladados hacia delegaciones policiales porque no existía, pese a la orden presidencial, ningún centro de contención habilitado.
El domingo 22, incluso el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que estaban organizando con el Ministerio de Salud la creación de un centro de contención, y que por el momento todos los detenidos permanecerían en las bartolinas cercanas a las zonas en las que fueron capturados.
Noé, por ejemplo, permaneció más de 72 horas en la delegación de la colonia Monserrat, junto con 29 personas más. Esa delegación, sin bartolinas, no contaba ni con medidas sanitarias ni con presupuesto ni con insumos para mantener a 30 nuevos inquilinos. Para que los detenidos pudieran dormir, les ordenaron acostarse en el piso del parqueo, sin camas ni almohadas ni sábanas, separados por un metro de distancia entre cuerpo y cuerpo. En el lugar solo había un baño que opera en pésimas condiciones y no había papel higiénico. Tampoco les entregaron mascarillas o guantes. Durante el primer día de encierro no les dieron comida ni agua, hasta que las 6:00 p.m. un policía llevó comida china para que el grupo cenara.
Junto a Noé se encontraba José, un empleado de un supermercado que fue detenido en un control policial sobre el bulevar El Ejército a las 4:45 a.m. José asegura que regresaba de la casa de un familiar y se dirigía hacia su hogar para bañarse y cambiarse para dirigirse a su trabajo. Según la orden presidencial, él estaba incluido entre quienes sí podían circular libremente por las calles. Él se sentía tranquilo por eso, pero igual lo detuvieron. Aunque tampoco lo esposaron, lo hicieron subirse a la patrulla con engaños.
“Me llevaron porque en la delegación me iban a hacer unas preguntas. Yo andaba mi carné de trabajo, pues, tengo como justificar. Se los dije: que iba a mi casa a cambiarme de ropa porque iba al trabajo, pero no me hicieron caso. En el camino me dijeron que iba a pasar los 30 días cumpliendo la cuarentena”, cuenta José a El Faro vía telefónica desde el centro de internamiento en el que está recluido.
En las bartolinas de Montserrat llegaron también dos indigentes, dos mujeres trans, conductores detenidos por andar alcoholizados y más trabajadores. El lunes 23, al segundo día de su detención, las cosas mejoraron un poco. Del parqueo de la delegación los movieron a la casa comunal de la colonia Monserrat. Sin cama ni comida, al menos permitieron que sus familias llegaran a dejarles alimentos y ropa, como hacen las familias de aquellos que son acusados por algún delito. Aquellos que no tenía qué comer fueron auxiliados por el resto del grupo, que recaudó dinero y compartió alimentos.
Para el lunes 24, el Gobierno, la Policía y la Fiscalía debatían en público si Noé y sus compañeros habían sido “capturados”, “detenidos” o “retenidos”, a raíz de la información que la Policía había divulgado desde el domingo 22 anunciando “capturas” en sus redes sociales. Desde ese domingo, abogados del país también cuestionaron la ilegalidad de esos procedimientos.
El fiscal Raúl Melara sentó una postura contundente hasta lunes 23, cuando consultado por El Faro dijo que nunca estuvo de acuerdo con el método: que las personas detenidas fueran enviadas a delegaciones policiales. Considera que lo mejor hubiese sido llevarlos de forma inmediata a los albergues. De hecho, Melara asegura haberse comunicado con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, para garantizar que esto se cumpliera.
“Hablé con el ministro Rogelio Rivas y le expuse mi postura. Él me manifestó que efectivamente ese mismo día (lunes 23),en el transcurso de la mañana, ya no iba a ver nadie en ninguna de las instalaciones de la Policía”, dijo Melara a El Faro.
El fiscal general también es enfático al decir que ninguna persona 'retenida' por haber ha violado la cuarentena ha sido procesada. Sin embargo, señaló que si encuentran pruebas serán procesadas por el delito de desobediencia de particulares. “La Fiscalía investiga si hay elementos objetivos para presentar un requerimiento. Si no los hay se archivará el caso. Lo que sí he sido claro y enfático es que no se está ordenando la detención de nadie por este delito”, dijo a El Faro.
El código penal dice que “el que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa”.
La noche del lunes fue la última que Noé, encerrado en la casa comunal, la pasó al lado de su esposa. A la mañana siguiente ella fue trasladada a la sede de Ciudad Mujer en San Martín. A Noé y al resto de hombres en el grupo se los llevaron al Palacio de los Deportes, un gimnasio deportivo, techado, utilizado para torneos de la liga de baloncesto nacional.
Mientras los policías preparaban los traslados, la dirección de la Policía comunicó a las delegaciones que no siguieran reteniendo en sus instalaciones a todas estas personas, debido a la alta cantidad de denuncias que habían recibido, según confirmaron fuentes policiales que hablaron con El Faro bajo la condición de anonimato. Las condiciones de las delegaciones, llegó a aceptar la Policía, tampoco eran óptimas. “La Policía ya no está reteniendo porque se llegó a la conclusión que se está poniendo en hacinamiento a las personas y puede ser un foco de contagio”, dijo una fuente policial
A partir del martes 25, cuando el Gobierno aclaró a través de decretos ejecutivos quiénes podían circular por la vía pública, y qué procedimientos y documentos debían de presentarse a las autoridades, la Policía cambió el plan de acción. Los agentes comenzaron a prestar atención a las justificaciones que dan las personas que salen a la calle.
¿Otro ‘Jiquilisco’?
El 11 de marzo, el presidente Nayib Bukele ordenó que todos los viajeros que entraron al país a través de los puntos fronterizos fueran enviados a centros de cuarentena. Se suponía que este era un plan organizado, pero la instalación de un albergue en Jiquilisco, Usulután, demostró la falta de planificación y de logística para atender a los aislados. Jiquilisco no tenía ni alimentos ni baños ni agua ni atención médica. Los viajeros no fueron separados según su lugar de procedencia y poco a poco generó hastío en los internos, que el sábado 14 de marzo bloquearon la entrada a los nuevos viajeros que el Gobierno quería meter en ese recinto. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos denunció tratos inhumanos y exigió se corrigieran errores. Jiquilisco fue cerrado, el Gobierno terminó aceptando fallas y las condiciones en el resto de albergues comenzaron a mejorar.
En el Palacio de los Deportes, el albergue habilitado tres días después de la declaratoria de cuarentena domiciliar obligatoria, los primeros días de los detenidos fueron similares a los primeros días de aquellos que pasaron por Jiquilisco. Hasta la tarde del miércoles 25 de marzo, un día después de Noé fuera trasladado hasta ese lugar, agentes de la Policía y personal del Gobierno se organizaban para introducir paquetes de agua embotellada que llevaban, pegado, el logo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). “Yo digo que hagamos una cadena humana para ingresar el agua”, dijo una agente que lideraba la logística.
En el pavimento había almohadas en bolsas de plástico y más botellas de agua que nadie había tocado, porque primero tenían que resolver cómo ingresar los productos para no contaminar el área.
La primera noche en el Palacio, la del 24 de marzo, 175 personas que fueron retenidas en diferentes zonas de San Salvador, Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango habían dormido en el suelo, habían dormido sin probar alimento y sin tomar agua. “Aquí han venido de todos lados. Desde el martes al mediodía comenzaron a llegar y son todos los que han sido capturados el domingo”, dijo una fuente a El Faro.
Entre estos aislados está José Morán, de 64 años. Él, junto a otras cuatro personas, fue enviado a la capital desde Ilobasco. José contó a El Faro que fue capturado cuando regresaba de la panadería donde trabaja, a las 5:45 de la tarde del lunes 24. Iba a bordo de un bus cuando una agente se subió para inspeccionar la unidad de transporte. “La señora agente me pidió la carta y yo no la andaba. Entonces me detuvieron”, explicó a El Faro.
En Ilobasco, los policías no le dieron de cenar. “Mire, siempre hay gente buena y una señora que andaba por ahí nos dio un par de pupusas”. Don José tiene dos hijas que lo andaban buscando. Hasta el miércoles supieron de su paradero y al día siguiente llegaron al Palacio. Le llevaron ropa y comida. Ellas se llevaron una bolsa que él siempre carga, en la que andaba arroz y frijoles. Era la compra que José había hecho para que su familia se alimentara esa semana.
La situación para los retenidos no mejoró el martes ni el miércoles ni el jueves en el Palacio Deportivo, que según Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), estaba listo desde el 15 de marzo. El miércoles 25 por la tarde no tenía suficiente comida ni agua. José, por ejemplo, coordinó con un compañero de su trabajo que les llevaran botellas de agua para abastecer. También familiares y amigos les llevaron comida y, de nuevo, los aislados recaudaron dinero para las personas que no tienen. De hecho, en redes sociales circuló un video donde uno de los retenidos denunciaba las condiciones precarias.
Adiós a la esperanza
El viernes 27 de marzo fue el primer día que el Gobierno de El Salvador proporcionó los tres tiempos de comida a los albergados en el Palacio de los Deportes. Ese mismo día, además, recibieron con júbilo una noticia esperanzadora: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que todos los que se encontraban en bartolinas regresaran a sus hogares. “Ese día la PNC se llevó el agua y comenzó a desmontar todo por creíamos que ya nos íbamos”, cuenta José, el empleado del supermercado.
La posibilidad para que todos regresaran a sus hogares fue, sin embargo, solo una ilusión.
La medida cautelar de la Sala fue promulgada a raíz de un recurso de habeas corpus que Cristosal, una oenegé defensora de los derechos humanos, presentó a favor de tres mujeres que fueron capturadas cuando compraban alimentos y medicina en el mercado de Jiquilisco, Usulután. A esas mujeres, los policías las trasladaron a una delegación. Tampoco les dieron alimentos ni agua.
En su fallo, la Sala concluyó que las sedes policiales no son el lugar idóneo para que los retenidos cumplan una cuarentena. La Sala ordenó, entonces, que todos los que se encuentren en bartolinas sean 'inmediatamente conducidos a sus viviendas', para que cumplan en sus hogares los 30 días de cuarentena domiciliar. En el fallo, sin embargo, la Sala dejó abierta una puerta para que los que ya fueron enviados a los centros de contención se queden ahí. Según el fallo, si los retenidos han sido expuestos a un riesgo de contagio, deben de permanecer en los centros de aislamiento.
“Respecto de quienes a esta fecha hayan sido trasladadas a verdaderos sitios de contención de la pandemia y en los que puedan haber estado en contacto con fuentes de contagio de la enfermedad, esta Sala se pronunciará en función de la información que se obtenga durante el trámite de este proceso constitucional. No obstante, a dichas personas se les debe garantizar el trato digno y las atenciones adecuadas mencionadas en esta resolución”, dijo la Sala.
Es decir que el Gobierno tiene una ventana abierta para argumentar, aún a falta de pruebas que lo confirmen, que Noé, el vendedor de tortas, permanezca recluido toda la cuarentena (30 días).
El limbo jurídico que se ha abierto para todos los detenidos (más de 700 para el cierre de esta nota) solo puede ser resuelto por la Sala. El jueves 26 de marzo, para el habeas presentado por Cristosal, la Sala designó al juez Primero de Sentencia de San Salvador, Alejandro Quintero, como juez ejecutor. Es decir que Quintero es el responsable de conocer la prueba de cargo y los informes que el presidente Bukele y el jefe de la delegación policial de Jiquilisco deben entregar sobre la situación de los privados de libertad. Ese día, el juez Quinteros se trasladó al albergue donde se encuentra las mujeres , pero decidió dejarlas ahí para que la Sala tome la decisión si enviarlas o no a sus hogares, según explica Cristosal. Hasta el cierre de esta nota, las mujeres siguen detenidas en el albergue al que fueron enviadas.
En el Palacio de los Deportes, al menos las condicione han mejorado desde el viernes 27. El Gobierno ya les da alimentos y agua. Aunque no hay personal de limpieza, ellos mismos se encargan de realizarla. A la fecha, el Gobierno reporta 712 personas 'restringidas a nivel naciona por violar la cuarentena'. El domingo 29, la Asamblea decretó otros quince días más de estado de excepción, es decir que la libre circulación y el derecho de reunirse continúan suprimidos hasta el 13 de abril. La cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el presidente Bukele finaliza el 21 de abril, por lo que la oposición política ya plantea que el Gobierno necesitará una prórroga más.
Desde su encierro, Noé lamenta que la crisis sanitaria le haya provocado pérdidas económicas. Tanto él como su esposa están retenidos sin poder hacer nada con su negocio ni su familia. “Los aguacates, jamones, pan... Todo está podrido. No sé cómo voy hacer, pero tengo que salir adelante después que pase esto”, dice.
