El Gobierno confirmó la primera muerte por COVID-19 este 31 de marzo de 2020, cuando la curva de contagios en El Salvador alcanzó los 32 casos confirmados: 27 personas con pronóstico estable, tres personas en estado grave y una persona en estado crítico. La primera víctima por coronavirus fue una mujer de 60 años, que había ingresado al país el 12 de marzo procedente de Estados Unidos.
'La paciente era mayor de 60 años, sexo femenino, procedente de Estados Unidos. Estuvo en cuarentena todo el tiempo. No hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio nacional', escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter cerca de las 7:00 p.m.
Minutos más tarde, en una conferencia de prensa desde el centro de operaciones contra la pandemia, el ministro de Salud, Francisco Alabí, explicó, sin entrar en detalles, que la paciente no tenía antecedentes previos de problemas respiratorios, pero que 'dede ayer tuvo deterioro progresivo'. Según Alabí, el virus afectó con una 'evolución similar a la registrada en otros países' en los casos de adultos mayores fallecidos.
Según el ministro, los médicos aplicaron los pasos del protocolo de atención (entre estos la ventilación mecánica), pero que el impacto de la enfermedad fue irreversible. 'La edad de la paciente la ponía en un grupo de riesgo. “(La paciente) Inició con un deterioro pulmonar progresivo. Progresivamente presentó una insuficiencia respiratoria aguda y sufrió un paro cardiorespiratorio a raíz del coronavirus”, explicó Alabí.
El Gobierno se guardó detalles sobre los nexos epidemiológicos que tuvo la paciente al ingresar al país. Las autoridades solo señalaron que había ingresado el 12 de marzo proveniente de Estados Unidos. Consultado por la identificacación del centro de aislamiento al que había sido enviada, y por los protocolos de aislamiento en los centros de cuarentena y hospitales especializados, el ministro solo dijo que “Hay pacientes que se encuentran en un área determinada como sospechas. Una vez verificadas las pruebas son llevados al ala de aislamiento”, explicó Alabí.
Desde inicios de marzo el Gobierno envió a cuarentenas domiciliares a los salvadoreños y extranjeros provenientes de países con altas taas de contagio hasta ese fecha. Luego, se habilitó un centro de aislamiento en el aeropuerto internacional Monseñor Romero. A partir del 12 de marzo, la fecha en que ingresó la paciente fallecida, el Gobierno también abrió los primeros centros de cuarentena en Jiquilisco, Usulután y Mejicanos, en San Salvador. A la fecha hay 93 centros de contención que albergan a 4224 personas en cuarentena: 1,420 mujeres y 2,804 hombres.
El Gobierno confirmó que en todo el mundo han fallecido 11 salvadoreños a consecuencia del virus. Aunque el ministro Alabí no precisó la información, la Cancillería salvadoreña informó hace una semana que estaba llevando un registro de salvadoreños fallecidos por el COVID-19, cuando anunció la confirmación de dos salvadoreños fallecidos: uno en Italia y otro en Estados Unidos.
Centroamérica registra, hasta el 31 de marzo de 2020, 1,641 casos confirmados de COVID-19 y 41 muertes. Panamá es el que más casos registra, 1,075 confirmados y 27 fallecidos. Mientras que Belice es el con menos casos: 3 confirmados y 0 fallecidos. En todo el planeta, hasta el martes 31, se registraron 43 mil fallecidos por la pandemia.
Segundo punto de quiebre
La confirmación de la primera víctima por COVID-19 supone el segundo punto de quiebre para El Salvador desde que se confirmó que el virus había ingresado al país el pasado 18 de marzo. En esa fecha, el Gobierno confirmó que una persona sin identificar demostró síntomas de coronavirus en el Hospital Nacional General Arturo Morales del municipio fronterizo de Metapán, al occidente del país. Esa persona, según el Gobierno, provenía de Italia y habría ingresado al país a través de un 'punto ciego', sorteando así el cierre de aeropuertos y fronteras anunciado el 11 de marzo.
En esa misma fecha, el Gobierno también anunció la suspensión de clases en el sistema público y privado durante 21 días. Tres días más tarde, el 14 de marzo, la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo un régimen de excepción y una ley de emergencia nacional para restringir la libertad de tránsito y de reunión. El gobierno ordenó el cierre de bares, restaurantes y establecimientos hoteleros.
Tres días después de que se confirmara el primer contagio, el 21 de marzo, Bukele decretó una cuarentena obligatoria nacional por 30 días. También prometió la entrega de $300 a 1.5 millones de familias: un subsidio que va a costar 450 millones de dólares.
El 28 de marzo, la Asamblea Legislativa Legislativa autorizó al Gobierno un endeudamiento de 2,000 millones con bancos multilaterales o a través de la venta de títulos valores. Ese procedimiento puede tardar entre 7 días y un mes si es a través de un banco o hasta tres meses si es a través de la venta de bonos.
Esos fondos, según el Gobierno, servirán para reforzar el sitema de salud y atender la emergencia provocada por la pandemia. El Gobierno, además, cuenta la autoriación para realizar compras directas de insumos médicos omitiendo, de manera temporal y solo para la emergencia sanitaria, procedimientos de la Ley de licitaciones y adquisiciones.
A la fecha, el Ejecutivo también construye un hospital especial para atender a los casos confirmados (con una capacidad de hasta 2 300 pacientes) que está en un '8% de avance' y costará 70 millones de dólares.
Hasta la fecha, las medidas sanitarias impulsadas para prevenir los contagios han sido avaladas por el gremio médico, pero estas, dicen, no bastan. El Colegio Médico de El Salvador ha llamado al Gobierno a no cerrar la puerta a los expertos para definir el uso óptimo de los recursos, la mejor instalación del hospital y las mejores estrategias para un sistema de salud que, advierten, se verá colapsado cuando el caso de números aumenta como se tiene proyectado.
El Colegio Médico también ha lamentado la falta de interlocutores en un momento clave como esta emergencia. El viernes 27, el presidente destituyó a la ministra de Salud Ana Orellana Bendek y en su lugar colocó al hasta entonces viceministro Francisco Alabí. En una entrevista con El Faro, el presidente del Colegio Médico lamentaba que en los intercambios con el Ministerio de Salud realizados en enero y marzo, Alabí (que lideró los planes de prevención desde el 16 de enero, junto a la jefa de Gabinete Carolina Recinos) nunca estuvo presente. 'No sabemos si la ministra tiene margen de maniobra, si ella es quien decide o el viceministro Francisco Alabí, que es el vocero y aparece cercano a Casa Presidencial', dijo Milton Brizuela.
El lunes 30 de marzo, el Colegio Médico también señaló que el Gobierno era el responsable del rompimiento de la cuarentena, luego de que miles de salvadoeños salieran a las principales ciudades del pais, y provocaran aglomeraciones en los alrededores de los Cenade, para consultar sobre la entrega de un subsidio de $300 dólares ofrecido por el presidente Nayib Bukele.
El Gobierno desestimó que esas aglomeraciones hayan puesto en riesgo la cuarentena que planificó desde inicios de marzo. “Si fuera de todos los Cenade se hubieran aglomerado 20,000 personas, eso equivaldría a menos de un tercio de 1% de la población. 0.3% de la población no es alarmante, si el otro 99.7% respetara la cuarentena”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta en Twitter.
Este 31 de marzo, el ministro Alabí dijo que no podían dar certezas sobre cuándo estiman que El Salvador alcance la curva máxima de contagios. 'No tenemos forma de predecir cuándo va a alcanzar el pico de contagio. Solo sabemos que en 15 días vamos a observar los efectos de las medidas que se están implementado hoy', señaló.
El Banco Central de Reserva advirtió este 31 de marzo que la pandemia provocará que el Producto Interno Bruto de El Salvador caiga un -2% o hasta un -4%. Eso coloca al país en un escenario peor al de la crisis de 2008 y 2009, cuando cayeron las remesas y las exportaciones debido a la crisis financiera internacional. Con un PIB más pequeño en 2020, la deuda como porcentaje del PIB será mayor. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social estimó que con la nueva deuda de 2,000 millones, y con un PIB que se contrae en un -4%, la deuda representará el 87% del PIB.
