Son las 12:15 del mediodía del miércoles 1 de abril. Óscar Méndez está asustado, pero logra mandar un último mensaje de auxilio, una nota de voz vía WhatsApp, al teniente Arévalo Peñate, el militar encargado de la seguridad de los aislados en el centro de cuarentena habilitado en el hotel Beverly Hills de Antiguo Cuscatlán. Óscar Méndez habla con dificultad, suena desesperado, jadea. “Hola, teniente, disculpe... ¿Me puede hacer el favor de decirle a los doctores que están ahí, que si pueden venir a verme, por favor? Que me siento bien, bien mal. Casi no puedo respirar… A la 516, por favor. Gracias...”.
Una hora y media más tarde, un doctor que subió a la habitación encontró el cuerpo de Óscar, que yacía inerte en el suelo de la habitación. Nadie atendió a tiempo su llamado de auxilio, que quedó grabado en su celular. Dina Méndez, su esposa, compartió ese último mensaje con El Faro. La familia de Óscar denuncia que su esposo fue abandonado por el Estado salvadoreño.
Óscar Méndez era un ingeniero industrial de 56 años que se había dedicado a la venta de productos farmacéuticos. Era un visitador médico, dice su esposa, esos personajes que irrumpen en los consultorios cargados con maletines llenos de muestras médicas. El lunes 9 de marzo salió de El Salvador hacia Panamá por un viaje de trabajo con tres compañeros. Solo estuvo cinco días en ese país. Regresó dos días después de que el presidente Nayib Bukele decretara estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. Óscar, desde el 13 de marzo, estuvo bajo custodia del Estado salvadoreño. Su familia plantea que murió sin recibir atención médica adecuada. Murió sin siquiera haber tenido certezas de si estaba contagiado de COVID-19. Su caso se conoció gracias a la denuncia de su esposa, que al no recibir respuesta de Óscar, se fue a buscarlo al hotel en la noche del 1 de abril. Y todavía ahí nadie le daba respuestas. Tuvo que insistir mucho Dina de Méndez para que una doctora saliera a confirmarle que su esposo había fallecido. La autoridades se tardaron más de 24 horas para darle una respuesta que explicara la causa de su fallecimiento. Ahora hasta la Fiscalía General de la República duda de esa respuesta.
Un paciente dejado a su suerte
Hasta el 1 de abril, Óscar y su familia todavía hacían cuenta regresiva para reencontrarse. Le faltaban diez días para cumplir con la cuarentena a la que lo sometió el Gobierno desde que entró al país. Desde que se decretaron las cuarentenas, todos los aislados en centros de contención se convirtieron en pacientes en observación bajo custodia del Ministerio de Salud. A la fecha, en 98 centros, el Estado tiene aislados a 4303 personas.
Cuando arribó al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, a Óscar Méndez lo incluyeron en un grupo que sería recluido en la Villa Olímpica, en Mejicanos. Como ocurrió con el centro de contención de Jiquilisco, en Usulután, los aislados en ese lugar fueron enviados a otras sedes porque ahí no se cumplían condiciones mínimas de salud, alimentación y atención. Como ocurrió en Jiquilisco, los recluidos en la Villa Olímpica eran viajeros, nacionales y extranjeros, provenientes de países con altas tasas de contagio. Como en Jiquilisco, fueron mezclados y sin acceso a la prueba que detecta el COVID-19.
Tres días después de haber ingresado a la Villa, lo asaltaron fiebres y dolores de cabeza. Óscar y su familia se extrañaron porque él estaba en buen estado de salud. En diciembre, según la familia, Óscar se había hecho exámenes generales y había salido en limpio. En la Villa, los doctores le hicieron un exámen de orina. Según Dina, le diagnosticaron infección en las vías urinarias y le recetaron trimetropin, un antibiótico que según tres médicos consultados por El Faro, es indicado para tratar infecciones leves. Según los expertos, la presencia de fiebre y dolores de cabeza alertaban de una infección más fuerte, por lo que lo más recomendable hubiese sido practicar un urocultivo (para detectar la causa de la infección) y combatirla con el medicamento más acertado.
Óscar, que sabía de medicinas, que se daba cuenta que el trimetropin no le surtía efecto, pidió cambio de medicamento y que le permitieran a su esposa ingresarlo. Los médicos no lo permitieron, según la familia. “Él sabía más de medicamentos que los mismos doctores”, dice Dina a El Faro
El miércoles 25 de marzo, el Gobierno notificó que el grupo que se encontraba en la Villa Olímpica sería trasladado a un albergue en Sonsonate. Sin embargo, a un grupo de 17 personas, donde estaba Óscar, les dijeron que serían enviadas a un hotel. “A la hora que los estaban subiendo a los buses, les avisaron que a ellos no. Sus compañero si se fueron a Sonsonate”, dijo Dina.
Al grupo de Óscar los sacaron de la Villa a las 2 de la madrugada. A él lo enviaron al cuarto 516 del hotel Beverly Hills de Antiguo Cuscatlán.
Dina pasaba en comunicación constante con su esposo. Él le contaba que su salud no mejoraba desde que comenzó a padecer de fiebres y dolores de cabeza. Le platicaba, además, que no le gustaba pasar encerrado en la habitación del hotel. Que allá, en la Villa, por lo menos lo dejaban recibir un poco de sol. Su estado de ánimo cambió para el martes 30. A las 7:30 de la noche, Óscar llamó por teléfono: “Me dijo que la temperatura había bajado y se sentía feliz. Que ya estaba más tranquilo”. Esa, sin embargo, fue la última conversación que tuvo con su esposo.
Hermetismo en el Beverly Hills y en el Gobierno
El miércoles 1 de abril, Dina sospechó que algo andaba mal cuando Óscar dejó de contestar las llamadas. Desde las ocho de la mañana, hasta el mediodía, le marcó 17 veces sin obtener respuesta. Desesperada, salió a las 3:30 p.m. desde su casa, ubicada en Quezaltepeque, La Libertad, hacía el hotel ubicado en Santa Elena. Tardó 45 minutos en llegar. Bajó de su carro y dos policías le impidieron el paso. Una amiga ya le había advertido de este escenario y le sugirió unas palabras mágicas: le recomendó que si no la dejaban ingresar, que amenazara con llamar a los medios de comunicación. El Salvador está en cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo. En la calle solo se puede circular para necesidades básicas. Dina se arriesgó y su táctica funcionó. La amenaza, dice, “fueron palabras mágicas”.
A las 4:00 de la tarde, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) llegó a inspeccionar al hotel, porque en redes sociales circulaba el rumor de un posible fallecido en ese lugar. Sin embargo, los policías y médicos les comunicaron que todo estaba bien. La PDDH entró en alerta cuando observó personal policial de alto rango en las instalaciones. Pero “no quisieron dar más respuesta”, contó Carlos Rodríguez, jefe de turno de la PDDH. Hasta ese momento Dina no había contactado a nadie de la Procuraduría ni la institución sabía de ella.
Dina esperó respuestas durante dos horas. Hasta las 6:30 p.m. la llevaron a un cuarto del hotel. Ahí, Ivonne de Santos, la directora regional del Ministerio de Salud de La Libertad, le comunicó que su esposo había fallecido. Le dijeron que no podían entregarle el cuerpo porque, hasta ese momento, desconocían si tenía Covid-19 u otra enfermedad. A Óscar le habían hecho la prueba el viernes 27, pero cuatro días más tarde el Gobierno todavía no tenía sus resultados.
En el hotel, a Dina le explicaron que cuando se trata de cualquier tipo de muerte (incluyendo por Covid-19), el cadáver debe ser trasladado a la morgue al Hospital Saldaña, ubicado en Los Planes de Renderos, porque el Instituto de Medicina Legal (IML) no está realizando esas autopsias. Los fallecidos por covid-19 tienen que ser enterradas inmediatamente, con protección del Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil (PNC). Para el mediodía del jueves 2, sin embargo, el Estado todavía no informaba si Óscar había muerto por el coronavirus.
A las 10:00 p.m., un médico entregó a Dina la maleta de su esposo, donde estaba su ropa, una tablet y el celular. Tres minutos después, Dina vio que la puerta del elevador de hotel se abrió. De ahí sacaron un cuerpo envuelto en una bolsa blanca, lo sacaron por la recepción y lo introdujeron en una ambulancia. “No nos vaya a seguir al Hospital Saldaña porque ahí no le van a dar información”, le advirtieron. Dina, entonces, dejó anotado en un papel su nombre y su teléfono. El personal le dijo que se comunicará con ella “mañana (jueves) temprano”.
Ese miércoles, a las 3:30 de la tarde, dos horas después del mensaje de auxilio que envió Óscar, el ministro Alabi dio una conferencia de prensa anunciando la segunda muerte por COVID-19 en El Salvador, registrada en el oriente del país. El presidente Bukele también escribió un tweet al respecto, pero ni Salud ni la Presidencia mencionaron el fallecimiento de un salvadoreño al interior de un centro de contención. El de Óscar no ha sido el único caso.
El Diario de Hoy informó que el viernes 27 un hombre, de 82 años, falleció en el hospital Zaldaña, luego de ser trasladado del albergue del INJUVE, en la colonia Zacamil. Le hicieron pruebas de COVID-19 y salió negativa. El Ministerio de Salud le notificó a la familia que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su muerte ocurrió el viernes, pero la familia fue informada hasta el domingo 29 de marzo. La otra víctima es una mujer que, supuestamente, murió en ese mismo hospital “por complicaciones de la diabetes”, según el periódico.
24 hora sin respuestas
Dina no pudo dormir la noche del 1 de abril porque el Ministerio de Salud no se puso en contacto. Por la mañana salió de nuevo hacia San Salvador acompañada por una amiga que conoció cuando trabajó en el área administrativa de una institución de Gobierno. Su amiga se puso una camisa con el logo de esa institución para que, por si en el camino las detenían, eso sirviera de salvoconducto.
Dina estaba dispuesta a hacer un plantón afuera del hospital Saldaña para que le notificaran si su esposo había fallecido a causa del Covid-19. Creía que con esa presión tal vez el Ministerio de Salud daba respuestas. En el trayecto a la ciudad cambió de decisión y acudió a la PDDH a interponer una denuncia.
Más tarde, el procurador Apolonio Tobar realizó una conferencia de prensa en la que Dina denunció públicamente que el Estado había desatendido a su esposo mientras cumplía cuarentena. Denunciaba, además, que no le dijeran de qué había fallecido. A cada momento veía su celular y el de Óscar, el que su hija de 15 años había logrado desbloquear. “Mire qué hora es y no me dicen nada. Ya no puedo estar con esto”, se quejaba. Dina repetía a cada momento que acudió a la Procuraduría porque no tiene familia cercana. La mayoría reside afuera de la capital. “Yo les he pedido que me ayuden, porque no tengo ni familia que esté conmigo”, dijo.
En la conferencia, el procurador Tobar señaló que se había comunicado con el ministro Francisco Alabí. Según Tobar, Alabí se había comprometido a investigar el caso.
A las 12:20 del mediodía, el presidente Nayib Bukele escribió un tuit en el que acusó a la oposición política y a medios de comunicación de tener una “agenda muy oscura” para el país, y de utilizar el caso de Óscar para sacar “raja política”.
A las 1:30 p.m. del 2 de abril, la hija mayor de Óscar, Deborah Méndez, escribió en su cuenta de Twitter que por favor les explicaran qué le pasó a su padre. “Mi padre tenía una infección en las vías urinarias y ellos no dejaban ingresar las medicinas. Lo dejaron enfermo, en su cuarto, solo. Lo dejaron morir sin atención médica. A mí no me importa la política. Me importa mi papi y solo queremos saber qué le pasó”, escribió.
El Gobierno dio una versión oficial hasta las 2:08 p.m., tres horas después de la conferencia de Dina. El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que mencionaba que el fallecido tenía padecimiento prostático e infección urinaria, y que experimentó una disnea súbita. Es decir, el Ministerio de Salud informó a la población que Óscar Méndez murió porque dejó de respirar. Toda esa información nunca se la hicieron llegar Dina.
En la Procuraduría, ella aceptó subir hasta los Planes de Renderos en compañía del procurador adjunto Carlos Rodríguez. A las 2:00 p.m. se encontraba afuera del hospital. Vestía guantes, una mascarilla y un traje desechable. Ella se enteró de la causa de la muerte de su esposo afuera del Hospital Saldaña, cuando le leo el comunicado que emitió la presidencia. Dina se sorprendió.
Diez minutos después, el ministro de Salud Francisco Alabi se comunicó con ella para decirle que ya iba en camino para entregarle personalmente el resultado de la autopsia. “Ya leí en redes sociales que fue a causa de un infarto y no tiene Covid-19”, le respondió Dina, que interpretó de esa manera el mensaje del comunicado.
El ministro Alabí llegó al hospital a las 2:43 p.m. 25 minutos después, un vigilante le dijo que solo ella podía entrar, sin compañía. Impidieron el acceso del procurador adjunto. “Mire, pero es que él es de la Procuraduría y me han apoyado”, insistió Dina. Minutos después, el ministro volvió a comunicarse con ella. Le dijo que el acceso era solo para ella. Aceptó.
El 29 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de régimen de excepción en la que dio facultades a la PDDH para operar sin restricciones en medio de la emergencia. El procurador Rodríguez denunció que el Gobierno de El Salvador incumplió esa ley al restringir la participación de la institución en esa diligencia.
Media hora después, Dina salió con un fólder.
—¿Qué le dijeron? -le pregunto.
—El ministro me pidió disculpas. Me dijo que en ningún momento me quisieron ocultar información. Y así, no paraba de disculparse…
Según Dina, el acta de defunción planteaba la misma información que el comunicado emitido por el Gobierno, con un pequeño añadido más: “murió por un paro respiratorio ”, dijo Dina.
Según el Gobierno, Óscar no murió por el coronavirus. Por eso le dijeron a Dina que podría realizar un sepelio en el cementerio Jardines del Recuerdo. Dina es consciente que todavía quedan muchas pregunta abiertas y sin responder. Su esposo tuvo una complicación de salud, pidió auxilio y no lo encontró en un centro de resguardo administrado por el Estado. El 2 de abril, ella se daba por satisfecha y no estaba pensando en demandas. Se conformaba porque al menos supo qué había causado la muerte de Óscar, porque al menos podría enterrarlo en compañía de sus hijos, aunque lamentaba que nadie más podrá asistir a la vela. “Logré mi objetivo. Saber la causa de muerte de mi esposo y lo voy a enterrar”, decía.
Óscar Méndez fue enterrado la tarde del viernes 3 de abril. La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia detrás de su muerte.
