Colmillo, atado a una malla ciclón, esperó media hora afuera de la Villa Olímpica en Mejicanos, lugar al que fue remitido, para que su dueña lo llegara a recoger. Colmillo y su cuidador habían salido en la mañana del 7 de abril para atender una emergencia médica: Colmillo sangraba del cuello. Sin embargo, los policías que los retuvieron cerca del Parque Infantil en San Salvador no les creyeron y los remitieron a la Villa Centroamericana, uno de los centros de contención reabiertos para aislar a las personas que, según las autoridades, han violado la cuarentena en el Área Metropolitana de San Salvador. El joven que lo cuidaba entró a la Villa, pero Colmillo no: es un perro blanco, raza french, que pesa unas 30 libras y tiene seis años.
La inmediatez con que se acatan las instrucciones presidenciales generan casos absurdos, como el de un perro y su cuidador retenidos en un centro de contención, pero también otras arbitrariedades que ya han sido señaladas por la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
La Policía Nacional Civil informó que capturó a 462 personas este 7 de abril. Más de 200 personas estaban ya retenidas en la Villa Centroamericana a las dos de la tarde, 18 horas después de que el presidente Nayib Bukele pidiera, en un mensaje a la nación, que la Policía y el Ejército endurecieran los controles a la cuarentena domiciliaria obligatoria por la pandemia del nuevo coronavirus. Los salvadoreños deben acatar la medida desde el pasado 21 de marzo. El presidente anunció que esa cuarentena durará, al menos, hasta el 28 de abril.
“He dado la instrucción al ministro de Defensa y al ministro de Seguridad de ser más duros con la gente en la calle, la gente que está violando la cuarentena. No me va a importar ver en las redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca’; eso es mucho menos a que se muera su familia o la familia de otros”, dijo Bukele en cadena nacional. La fuerza de sus palabras choca contra la limitada capacidad institucional para retener personas y contra obstáculos legales ya señalados por el procurador de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional.
En total, según cifras de la Policía, 1,255 personas han sido “retenidas con fines de prevención sanitaria” desde que inició la emergencia el 21 de marzo. La Sala de lo Constitucional, sin embargo, no las considera retenciones. Según la resolución de habeas corpus 148-2020, los magistrados señalaron que se trata de un “internamiento forzoso con fines sanitarios”. Para la Sala, una retención 'sin que se establezca de modo objetivo que la persona intervenida pueda ser fuente de contagio' constituye una privación de libertad. Para implementarla, se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, que no ha ocurrido hasta esta fecha.
Para albergar a los detenidos, el Gobierno rehabilitó un albergue que había clausurado el 28 de marzo. A este recinto fueron llevadas 325 personas y dormían 14 en cada cuarto, según reportó La Prensa Gráfica el 15 de marzo. Estas personas, que habían ingresado desde el extranjero para cumplir la cuarentena obligatoria, fueron reubicados en hoteles porque la Villa Olímpica no reunía las condiciones mínimas de salubridad. En este lugar cayó enfermo Óscar Méndez, el hombre que luego falleció sin recibir atención médica en un hotel de Antiguo Cuscatlán. Según el Gobierno, este lugar ahora sí reúne las condiciones.
La Villa volvió a abrirse para albergar a los que la Policía considera infractores de la cuarentena. A este lugar fueron remitidos los detenidos en los municipios de San Salvador, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Apopa, Mejicanos y Ayutuxtepeque. En un día, volvió a llegar a su capacidad máxima.
Lo que ocurrió desde la noche del 6 de abril fue un déjà vu del 21 de marzo, cuando la Policía detuvo a cientos de personas minutos después de una cadena nacional o incluso antes de ella. Geovany Sagastume, de 32 años, motorista residente en Ilopango, fue a dejar a un compañero de trabajo en la madrugada y no portaba la carta de su empresa. Aunque sus padres la llevaron a la Villa Olímpica, no le permitieron salir. Cristian Martínez, de 21 años, salió a comprar pupusas a dos cuadras de su casa en Cumbres de San Bartolo. Otro joven que no quiso identificarse salió a traer pan para vender en el cantón La Palma, en San Martín. Carlos, un joven de 19 años, dijo en la delegación de Apopa que salió de su casa a comprar a la tienda alimentos para cocinar el desayuno. “La policía no me creyó que eso andaba haciendo”, dijo. Así se volvió a llenar la Villa Olímpica.
Aunque policías dijeron que estaban trasladando a las personas directamente al centro de contención, oficiales de la delegación de Soyapango montaron una conferencia la misma noche del 6 de abril para informar de decenas de detenidos y el 'cumplimiento' de la orden presidencial. El Faro también confirmó que en la delegación de Apopa había una fila de 30 personas detenidas esperando ingresar a una oficina para que un agente de la Policía les tomará sus datos, lugar donde ocurrió la retención y la justificación para andar circulando en la calle, cuando no está permitido. La Sala de lo Constitucional prohibió esa práctica -la de llevar a infractores de la cuarentena a delegaciones- el 27 de marzo. El gobierno asegura que las personas permanecen menos de cinco horas en las delegaciones, para realizar trámites administrativos. La PNC ha cumplido a medias el fallo.
En un retén ubicado a la entrada de Santa Tecla, había otro problema para trasladar a retenidos: no había vehículo. Un oficial explicó que el único vehículo disponible de la subdelegación estaba siendo ocupado para traslado de reos. “Si detenemos a alguien aquí, no tendríamos cómo llevarlo”, dijo. Este 7 de abril no habían detenido a nadie en ese punto de control.
El Faro consultó a tres fuentes policiales sobre la orden de Bukele y explicaron que desde este martes en los retenes se encuentran policías de seguridad pública, Reacción policial y de Tránsito para que, cuando el conductor cometa una infracción “imponga una esquela de inmediato”. En un recorrido en Santa Ana y San Salvador, este periódico no encontró casos de vehículos decomisados. El gobierno afirma que no hay ninguno. La PDDH no ha dado un reporte de usos indebidos de la fuerza, aunque ha habido denuncias en redes sociales de actuaciones arbitrarias.
Otro incumplimiento de la Policía fue la prohibición de publicar fotografías de las personas que supuestamente violaron la cuarentena. La PNC lo hizo en sus cuentas de Twitter y Facebook. La Sala se pronunció al respecto y dijo: “no pueden ser presentadas ante los medios de comunicación sin su consentimiento, ni expuestas al riesgo de estigmatización social por la situación en que se encuentren”.
En la Villa Olímpica, a las 3:30 de la tarde, decenas de personas esperaban afuera de las habitaciones y un policía advirtió: “todos esos van para afuera, aquí ya no caben”. Entre las 2 y 4 de la tarde, 14 personas salieron de la Villa y fueron conducidos por la Policía a cumplir las cuarentenas obligatorias en sus hogares. “A la larga se mira mal, pero sino vamos a terminar todos muertos”, dijo uno de los policías que custodiaba el lugar.
Miriam Escobar llegó a recoger a Colmillo cerca de las 10:30 de la mañana y volvió a las dos de la tarde con una constancia de los veterinarios que asistieron a su mascota, y hasta con las medicinas recetadas, para intentar que su empleado fuera enviado a casa. Lo logró: entregó la constancia al personal del Ministerio de Salud. Las emergencias veterinarias sí están en las justificaciones válidas para transitar y por eso a Miriam le anunciaron que su empleado sería enviado a casa.
En una conferencia de prensa este 8 de abril, Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, explicó que no limitarán la cantidad de detenidos por incumplir la cuarentena sino que habilitarán nuevos albergues, pese al 'altísimo' costo que genera para el Estado. 'Hemos adaptado una serie de centros que el ministerio de Salud ha acondicionado para que se puedan hacer las evaluaciones', dijo Argueta. Además de la Villa Olímpica, para la que se hizo un gasto, Argueta mencionó Ciudad Mujer de Lourdes y otro centro no especificado en Ahuachapán. 'Tenemos centros como Ciudad Mujer en todo el país. El ministerio de Salud los avala y a partir de eso se ponen especialistas', dijo Argueta. En estos centros, el Estado debe facilitar cama, tres tiempos de comida y un protolo de seguimiento médico.
En la conferencia, Argueta informó que la Presidencia pedirá esta semana a la Asamblea Legislativa que extienda la vigencia de las leyes de emergencia y de restricción de derechos, y aseguró que ya tienen el apoyo de varios partidos políticos, a excepción del FMLN. La cuarentena vigente termina el 14 de abril, pero buscarán prorrogarla hasta el 28 de abril, tal como el presidente Nayib Bukele había adelantado en su mensaje a la nación el 6 de abril.
Argueta dijo que uno de los principales cambios es que pedirán que se prohíba a las personas cambiar de domicilio para facilitar la búsqueda activa de nexos epidemiológicos de personas que hayan estado en contacto con pacientes de Covid-19. El asesor aclaró que, en la mayoría de casos, la gente se está trasladando voluntariamente a centros de contención.
PDDH llama a obedecer la Constitución; Fiscalía descarta procesos penales
Apolonio Tobar, procurador de Derechos Humanos, emitió un pronunciamiento este 8 de abril en el que recordó la resolución de la Sala de lo Constitucional: llevar a una persona que no observe la cuarentena a un centro de contención, sin antes establecer 'de modo objetivo que la persona intervenida pueda ser fuente de contagio' constituye una privación de libertad.
El procurador también concluyó que las órdenes de Bukele sobre decomisar carros y 'doblar muñecas' no están acorde a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional respecto a la cuarentena y recordó a los funcionarios de seguridad que están obligados a 'cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen'.
Además, la PDDH recomendó al gobierno que sea “responsable” con sus anuncios y que “designe un tiempo prudencial para que las medidas, aclaraciones e indicaciones lleguen a toda la población, incluidos aquellos que no posean redes sociales”. Caso contrario, según el pronunciamiento de la Procuraduría, las personas incumplen las medidas “por desconocimiento o falta de actualización y se violenten innecesariamente sus derechos”.
El juez 5° de Instrucción en San Salvador, Sidney Blanco, también exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, coincide con el procurador de Derechos Humanos sobre la falta de claridad en las directrices del Ejecutivo y en la vulneración de derechos a la ciudadanía. En un artículo de opinión publicado hace una semana, Blanco incluso advirtió que los agentes de la Policía y del Ejército se exponen al delito de privación de libertad al ejecutar detenciones que no están amparadas en ninguna ley, ya que no existe, asegura, lineamientos claros ni en los decretos legislativos ni del Ejecutivo que ordenan la cuarentena domiciliar obligatoria. Para Blanco, el Legislativo y el Ejecutivo podrían crear normativa que estén apegadas a derecho y sean contundentes para prevenir que la gente circule en las calles. Caso contrario, dice, las personas que sean detenidas deben de tener derecho a garantías y oportunidad, ya que su conducta no está tipificada ni como delito ni como falta. “Cuando no hay conocimiento del mandato o de la prohibición, o el conocimiento es inexacto, el actuar imprudente no es delito”, dijo Blanco a El Faro.
Ahora, en la calle, la Policía detiene; el Ministerio de Salud libera en algunos casos y la gente sale con una advertencia a futuro, aun cuando no han presentado síntomas de COVID-19. En la Villa Centroamericana, personal del Ministerio de Salud le hace a los detenidos un chequeo médico que incluye toma de temperatura. Ellos deciden si una persona permanece en el centro de contención o es enviada a su casa. Las personas remitidas tienen una segunda entrevista, posterior a la que les realizaron en el lugar de su detención. Si son enviados a sus domicilios, firman una declaración jurada para permanecer ahí. Si de nuevo son encontrados afuera, un agente explicó que los policías podrían detenerlos para procesarlos penalmente por el delito de desobediencia.
Este miércoles, Javier Argueta explicó el criterio que están usando para trasladar a las personas a centros de contención. 'Si una persona no anda ninguna justificación, si son tres muchachos que acaban de comprar licor, o no le dan justificación suficiente a la Policía, con el ministerio de Salud hemos establecido que esta persona es un vehículo de contagio para todos los salvadoreños', dijo Argueta. 'Si esta persona sale porque no le importa, desplaza las medidas o no las quiere obedecer, sin duda alguna es una fuente de contagio', añadió. Es decir, el gobierno presume que alguien puede contagiar a otros antes de realizar una evaluación médica. La Sala de lo Constitucional pidió que se estableciera objetivamente que alguien puede ser fuente de contagio antes de trasladarlo.
El fiscal general Raúl Melara sostiene que ninguna persona retenida por haber violado la cuarentena ha sido procesada. “La Fiscalía investiga si hay elementos objetivos para presentar un requerimiento. Si no los hay se archivará el caso. Lo que sí he sido claro y enfático es que no se está ordenando la detención de nadie por este delito”, dijo a El Faro.
Al mediodía, en Apopa, los detenidos en la mañana del 7 de abril, junto con los de la noche anterior, unos 60 en total, no sabían si serían trasladados a sus viviendas o deberían cumplir 30 días de cuarentena en un albergue.
Uno de los policías que custodiaba la delegación de Apopa dijo que el lunes por la noche, después que el presidente Bukele giró la orden, retuvieron a 60 personas de las zonas de Ilopango, Soyapango y San Martín. Este martes, desde muy temprano, ya había llevado a 30 personas más, que hasta el cierre de esta nota no había sido trasladadas. “Tal vez así aprenden que no anden en la calle. Usted no ha visto cómo pasa de llenas las calles por esta zona”, dijo el oficial a El Faro.
Pese a la advertencia, hay otros factores que influyen en la decisión de las personas de salir de sus casas. Luis Delgado, un vendedor de materiales reciclables, salió a su negocio en la avenida Independencia para realizar una venta de papel. No recibió el subsidio de $300 y no tenía dinero para comprar alimentos. La Policía lo detuvo en su negocio y su hermano y su cuñada le llevaron ropa a la Villa Olímpica, donde quedó detenido. Un vendedor de Tigo, residente en cimas de San Bartolo, fue detenido a las 10:30 de la mañana en el parque Infantil, mientras vendía teléfonos y chips. No lo admitiría frente a los policías que se lo llevaron a las dos de la tarde, pero es muy probable que vuelva a salir para buscar su subsistencia.
