Cuarentena día 28. Sábado 18 de abril. El fiscal general y una tanqueta se encontraron a unos metros del arco que da la bienvenida al Puerto de La Libertad. El primero, Raúl Melara, estaba haciendo –con su sola presencia– una declaración sin discurso. La segunda, o sea, la tanqueta, también.
El fiscal general de la República apareció a la entrada del municipio costero a eso de las tres de la tarde, un día después de que el presidente Nayib Bukele, ordenara, a través de Twitter, que sobre esa localidad se impusiera un “cordón sanitario” que bloqueó las vías de acceso y que prohibió a sus habitantes movilizarse por su propia cuenta bajo ninguna circunstancia.
Las tanquetas son objetos raros: no son un carro, pero tampoco son un tanque, van camufladas y artilladas, y no parecen capacitadas para hacer ningún gesto amable. Asomando por sobre el techo, un soldado inmutable sostenía con las dos manos la ametralladora .50 que terminaba de coronar la hosquedad del aparato. Aquella tanqueta hacía su declaración silenciosa, pero rotunda, a media calle: aquí nadie pasa ni en aquella dirección, ni en aquella otra. En ella, el tuit presidencial se hacía verbo. Tal cual: cualquier vehículo que asomara se veía de pronto rodeado por soldados que increpaban al conductor. Si los militares decidían que la persona era poseedora de alguna de las escasísimas excusas para salir o entrar del municipio, aparecía el doctor Ferguson, con un termómetro disléxico, a intentar tomar la temperatura que siempre salía o muy alta –porque se tomaba bajo un sol sin madre– o muy baja, por el aire acondicionado de los vehículos. Así que en algunos casos el viandante tenía que bajar de su carro y sentarse bajo la sombra de un almendro durante unos minutos, para ver si ahí aquel termómetro era capaz de distinguir entre un cadáver y alguien que agoniza de fiebre.
El fiscal general, Raúl Melara, también apareció ahí con su declaración sin enunciar: para verificar el terreno hubiera podido enviar a cualquiera de sus fiscales auxiliares, pero decidió ir en persona y convocar a la prensa para realizar inspecciones más bien rutinarias. Para el buen entendedor, el fiscal estaba recordándole al resto de poderes de la República que él no ha desaparecido, que él está, que él pregunta cosas y que él escucha otras. Y, sobre todo, que no hay pandemia que a él le quite la exclusividad de la investigación del delito, de todos los delitos, incluso de los que pudieran cometer los soldados, o los ministros. O el presidente.
“Estamos dándole seguimiento al cordón sanitario y quería preguntarle desde cuándo se ha instalado, quién lo ha ordenado y en base a qué se está dando”, era, palabras más, palabras menos, el interrogatorio del fiscal al soldado o policía que se presentara como jefe de los retenes. El sargento del primer retén le dijo que se había instalado el día anterior a las siete y media de la noche, y que respondía a una orden que el presidente Bukele había dado por redes sociales. “Más que todo es porque se vio mucho movimiento en la zona y el señor presidente ha ordenado que se haga un cordón sanitario para tomar un poquito más de medidas para que la gente tome un poco de más conciencia”. Dijo también que no conocía ningún documento legal que le diera vigencia al asunto y que el cerco duraría 48 horas.
El fiscal entrevistó también al jefe policial del municipio, el subcomisionado Escobar Portillo, que coincidió con el sargento sólo en la hora en la que fue instalado el cerco. El subcomisionado explicó que la medida se basaba en un decreto ejecutivo del ramo de salud, emitido el día anterior y que su duración sería de 72 horas, según el documento que –él sí– había podido ver.
Entre sargento y subcomisionado el fiscal intentó también entrevistar a un soldado que se presentó como encargado de uno de los retenes. Él no discrepó ni coincidió con nadie, porque se negó a responder las preguntas del fiscal. Por negarse, se negó incluso a dar su rango, ante la mirada atónita de Melara, que volteaba a ver a un subalterno, como queriendo confirmar si él también había escuchado lo mismo.
–¿A qué horas se instaló este cerco sanitario? –preguntó el fiscal.
–Esas declaraciones se las tendría que dar el señor ministro o la dirección de comunicaciones del ministerio de la defensa.
Y no hubo forma de que ese militar se saliera de ese mantra, el cual repitió incluso cuando le preguntaron su nombre.
Y lo cierto es que el ministro de la Defensa, el capitán de navío René Francis Merino Monrroy, bien hubiera podido responder las preguntas, de no ser porque pasó zumbando en medio de una caravana de vehículos oficiales, mientras el fiscal entrevistaba al primer policía. “Parece que nos evadió el ministro ¿verdad?”, dijo Melara, después de verlo pasar.
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El cerco sanitario que fue impuesto sobre el Puerto de La Libertad se convirtió en una parábola, con una buena capacidad de resumen, para explicar la postura del presidente Bukele ante la pandemia mundial de COVID-19, su forma de dar órdenes y las maneras con que lidia con quienes cuestionan la legalidad de sus medidas.
El miércoles 8 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió que algunas de las medidas tomadas por el presidente eran excesivas y que carecían de base legal. En resumen, la resolución le prohibía al Gobierno de Bukele detener a las personas que violaran la cuarentena mientras no se establecieran con claridad los criterios, los procedimientos y a las autoridades responsables de hacerlo. Le prohibían también exhibir a las personas detenidas y presentar la medida como un castigo. La Sala de lo Constitucional le explicaba también al presidente que para ello no basta ordenarlo en un tuit, sino que debe seguir el proceso de formación de ley. Los mismos magistrados hicieron un resumen de su decisión: “En otras palabras, el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal…”.
Bukele respondió con el silencio, al menos ante los magistrados. Al resto del país, le advirtió, ese mismísimo día, a las nueve y media de la noche: “Si usted viola la cuarentena, será retenido por las autoridades y el Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un centro de cuarentena, por ser un potencial foco de infección. Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus”. Pero no le bastó con eso, así que “abrió hilo”. “Eso último –dijo en el siguiente tuit– podría tardar mucho tiempo ya que usted no será prioridad en los test”.
Al siguiente día se manifestó, categórico, José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch, en la misma arena tuitera: “La Sala de lo Constitucional le ordenó abstenerse de confinar a nadie simplemente por violar la cuarentena…Pero usted, Nayib Bukele, se ríe de la Corte. Eso es desacato y, nuevamente, rompe el estado de derecho”.
Y el presidente Bukele actuó en consecuencia: procedió a bloquear a José Miguel Vivanco en Twitter; y su Gobierno continuó presumiendo, durante los días siguientes, el número de personas que eran retenidas diariamente bajo los lineamientos que la Sala de lo Constitucional le acababa de prohibir. Es más, agregó más restricciones, como por ejemplo, advirtió, dos días después de la resolución de la Sala, que las personas que salieran a la calle con una exclusa válida, pero sin mascarilla, también serían retenidas y sus carros decomisados.
Desde la primera resolución, los magistrados han emitido otras dos más en las que se le recuerda al presidente que sus poderes no son absolutos y se le prohíbe retener o decomisar nada que no esté escrito en una ley. En la última resolución se designa a José Apolonio Tobar, procurador para la defensa de los Derechos Humanos, como responsable de tutelar las restricciones impuestas durante la cuarentena. Al presidente no le gusta el procurador Tobar, porque lo considera muy cercano a la oposición. Y al parecer eso fue más de lo que pudo soportar y por lo tanto anunció –en Twitter desde luego– que desobedecería al máximo tribunal del país, al único cuyos mandatos no admiten alegatos y son, siempre y solo siempre, de obligatorio cumplimiento.
Así que inició una serie de trinos furibundos. “¿La Sala de lo Constitucional delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerlas cumplir? El chiste se cuenta solo. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo” y agarró carrerilla:
“No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución, así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.
Y ya no podía parar: “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Por más tinta y sellos que tengan”. O sea, redujo las atribuciones del máximo tribunal constitucional del país, a tinta y sellos.
Dos días después de que anunciara que a él lo que diga la Sala de lo Constitucional le importa un comino, huyó para adelante: ese día, un canal de televisión publicó unas imágenes del casco urbano del Puerto de La Libertad en las que se apreciaba a varias personas caminando por la calle o realizando compras, varios vehículos circulando, así que, armado del tuit con esas imágenes, ordenó al ministro de la Defensa cercar el municipio: “Ministro Merino Monroy, haga un cerco sanitario sobre el Puerto de La Libertad. Todas las personas tendrán que estar en sus casas, y el 100% de negocios cerrados hasta nuevo aviso. Tampoco aplicarán excepciones”, a lo que el ministro respondió: “Está bien señor presidente. Estableceremos un cerco sanitario tal y como usted lo ordena”. Todo en Twitter, así, en vivo y en directo, sin mediar burocracias ni papeles con tintas y sellos.
Y los militares corrieron a cumplir la orden y a difundir en redes sociales el despliegue de soldados marchando. Para que no quedara ninguna duda sobre su diligencia, el ministro de la defensa en persona recorrió, en traje verde olivo y fusil en mano, las calles del lugar. Cuando se encontró a un empleado de una gasolinera le ordenó que se largara y le advirtió que contaría “hasta cinco” para ya no verlo ahí delante. Para sellar el asunto, colocaron tanquetas en las entradas del municipio, incluida una, a unos metros del arco que da la bienvenida al Puerto de La Libertad.
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El fiscal Melara no había dicho esta boca es mía hasta que decidió inspeccionar en persona las calles del municipio acordonado. Caminó algunas cuadras en compañía del jefe de Policía local, habló brevemente con algunos vecinos: “¿Todo bien, ha recibido abusos de alguna autoridad?”; un hombre que necesitaba comprar hielo para mantener frescos unos mariscos aprovechó su presencia para solicitar autorización de salir de su casa, y el jefe policial envió una patrulla a escoltarlo hasta la venta de hielo y de regreso a su casa. El fiscal caminó por aquí y por allá, hizo alguna pregunta extra a los policías… Pero sabía que el mensaje ya estaba enviado.
“Lo importante es ver cuáles son las formalidades legales con las que se ha decretado este cerco sanitario. No nos podemos dejar ir por un tuit”, dijo a los periodistas que lo abordaron en la primera parte de su recorrido.
Sobre la manifiesta decisión del presidente Bukele de desacatar a la Sala de lo Constitucional, prefirió entrarle con cautela, argumentando que hay que esperar que el procurador de Derechos Humanos envíe su informe a la Sala y que sean los magistrados los que decidan, sobre la base de ese informe, si el presidente entró en desobediencia o no.
“Hay que esperar cuál es el informe que envía la Procuraduría a la Sala, que deberá emitir una resolución de que si todo está de acuerdo a lo normado o ellos perciben algún incumplimiento o indicio de algún delito y nos debería notificar a nosotros”, dijo, pero se cuidó de agregar: “¿Sobre lo dicho por el presidente? La posición de la Fiscalía y de este servidor es que las resoluciones de la Sala se deben cumplir, no se cuestionan, se cumplen y se ejecutan. Las manifestaciones que pueda tener cualquier funcionario, más allá del mensaje que envía, no dejan de ser meras manifestaciones, hay que ver cómo va a proceder, porque no basta lo dicho por un funcionario, porque es una intención de no hacer, pero con la intención de no hacer… no se ejecuta nada. Vamos a ver si esto se da o no se da”. Y dio por cerrado el asunto… Por el momento.
Al día siguiente de la visita del fiscal, el domingo 19 de abril, el presidente ordenó, por la noche, que se retirara el cerco sanitario, sin haber detenido a nadie y sin haber hecho tampoco una sola prueba de COVID-19. Sin explicar tampoco qué riesgo o amenaza sanitaria había sido neutralizada ni con qué criterios se establecerán esos cercos en delante. Así como llegaron las tanquetas, así se fueron 48 horas después. El Gobierno publicitó en sus redes sociales las imágenes de varios camiones con víveres que serán repartidos entre los pobladores más pobres del municipio: después del palo, tocaba filmar la zanahoria.
Durante todo el cerco sanitario, el director para las américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, protestó en su cuenta de Twitter por la arbitrariedad de la medida y por lo flagrante que le resulta la desobediencia a las resoluciones de la Sala. Pero quizá Bukele no lo leyó, porque Vivanco sigue bloqueado por el presidente.
