Un nuevo grupo de migrantes salvadoreños deportados por Estados Unidos llegó al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero en la mañana del martes 21 de abril. A las 11:00 a.m., 30 deportados se bajaron de un avión comercial y fueron conducidos hacia la zona 1 del aeropuerto, a la sección de mantenimiento de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), un área usualmente accesible a los medios de comunicación, pero restringida desde la cuarentena decretada para prevenir contagios por el Covid-19. “Si ustedes son de ellos, de comunicaciones de la Presidencia sí, pero de otro medio no se puede”, dijo a El Faro un vigilante que custodia el portón de ingreso. Según el Gobierno salvadoreño, esos 30 deportados no están contagiados de COVID-19.
El arribo de este grupo es una confirmación más de que la cuarentena decretada por el Gobierno de El Salvador no logra frenar las deportaciones de migrantes ordenadas por Estados Unidos, país que se ha convertido en el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus con más de 823.786 casos positivos y 44.845 muertes. La cifra más alta hasta el momento. A diferencia de Guatemala, que decretó hace una semana la suspensión de vuelos debido a la confirmación de casos positivos en un vuelo de deportados que llegó a ese país, proveniente de Texas, el lunes 13, el gobierno salvadoreño no solo permite su arribo, sino que asegura que migración estadounidense no envía salvadoreños contagiados con el nuevo coronavirus. En Estados Unidos, organismos de derechos humanos han denunciado que las autoridades migratorias no brindan atención médica a los migrantes. El periódico Washington Post también reveló que Estados Unidos deporta migrantes con COVID-19 a México y Centroamérica. El Salvador, en cambio, asegura que los migrantes salvadoreños que han presentado síntomas bajo custodia de autoridades estadounidenses incluso reciben atención médica en suelo estadounidense.
En un mes, entre el 16 de marzo y el 17 de abril, El Salvador ha recibido a 1,500 migrantes, según confirmó una fuente de la Dirección de Migración y Extranjería a El Faro en la mañana del 21 de abril. Ricardo Cucalón, director de la entidad gubernamental, confirmó esta cifra en su cuenta de Twitter horas más tarde. Entre los retornados, según la Procuraduría General de la República (PGR), el país ha recibido a 46 niños, niñas y adolescentes que viajaron como migrantes no acompañados. El estado de salud de todos esos salvadoreños es, a la fecha, una información que solo la maneja el Gobierno.
El martes 21 de abril, a las 4:00 de la tarde, El Faro consultó a la oficina de prensa de la Dirección de Migración información sobre el estado de Salud de los retornados. Astrid Ávalos, encargada de la unidad de comunicaciones, respondió que “en este momento no hay información para divulgar con medios sobre los compatriotas retornados”. El Faro intentó obtener una reacción de la Presidencia de la República a través del secretario de Prensa Ernesto Sanabria, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Horas más tarde, en un video difundido en las redes oficiales, la entidad gubernamental aseguró que ICE “no envía casos positivos de Covid-19 en vuelos federales de salvadoreños retornados”. Migración sostiene que la oficina de inmigración estadounidense realiza “una serie de exámenes médicos” relacionados para detectar la enfermedad antes de ser deportados. Según el Gobierno salvadoreño, al detectar casos positivos, “los individuos son enviados para ser atendidos por un proveedor de salud” en suelo estadounidense.
El viernes 17 de abril, el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, declaró en una conferencia de prensa que los deportados “son un grupo de riesgo” porque proceden de un país que “donde circula activamente el virus”. Consultado sobre posibles casos de contagio entre los retornados salvadoreños, el ministro se limitó a responder que “Probablemente sea un grupo que en su momento se verá afectado”, dijo.
A diferencia del gobierno salvadoreño, ese mismo viernes Guatemala bloqueó el arribo de los vuelos provenientes de Estados Unidos hasta que ese país garantice que no está deportando pacientes con COVID-19 hacia Guatemala. Fue la respuesta oficial del Gobierno luego de una semana en la que el número de deportados contagiados puso en contradicciones a las autoridades guatemaltecas. El viernes 17, el presidente Giammattei hablaba de 12 casos confirmados en un vuelo proveniente de Texas. El domingo 20, confirmó 50 casos positivos entre los deportados. Según el presidente Giammattei, los vuelos de deportados se reanudarán “(...) hasta que (Estados Unidos) nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado, que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados”, dijo el presidente en una cadena nacional el viernes 17 de abril.
Mientras tanto El Salvador recibirá el jueves 23 de abril un nuevo vuelo con 41 personas, entre mujeres embarazadas y niños que se encontraban en Tapachula, México, según informó Alexandra Hill, ministra de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa realizada el 22 de abril.
Hasta la fecha, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informa que hay 287 casos confirmados de COVID-19 de personas que están bajo custodia de la entidad en Estados Unidos. Hasta el martes 21 de abril, ICE asegura haber realizado la prueba del COVID-19 a 425 inmigrantes de los 32,000 que se encuentran detenidos. ICE también informa que hay 32 empleados infectados que trabajan diferentes centros de detención. De acuerdo a Washintong Post, la oficina de inmigración no realiza prueba de coronavirus a los deportados. Únicamente les toma la temperatura.
El Faro consultó a la entidad sobre las nacionalidades de los contagiados, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Este periódico también consultó a la embajada de Estados Unidos en El Salvador, pero la entidad pidió que se enviaran las preguntas a ICE.
¿Están libres de COVID-19 los salvadoreños retornados?
Desde que El Salvador reabrió el aeropuerto internacional para recibir a los vuelos de deportados por Estados Unidos, la Dirección de Migración ha manejado con cautela la información sobre estos salvadoreños, que a su arribo son conducidos de manera inmediata a centros de cuarentena. Y las reservas de información no son solo para los medios de comunicación, sino también con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El procurador, Apolonio Tobar, dijo a El Faro que ha pedido información oficial del número de retornados y sus condiciones de salud, pero que hasta la fecha el Gobierno no les ha respondido. Beatriz Campos es la procuradora adjunta de la PDDH encargada de ver la situación de las personas retornadas y no tiene certeza si entre los retornados hay casos positivos de COVID-19, porque migración no le ha dado la información completa. “Hasta el sábado (19 de abril) nos enviaron un listado de 500 personas (que fueron albergadas en San Salvador) que no tienen la enfermedad”. Campos plantea que no puede confirmar la veracidad de este dato porque el Gobierno restringe la información y no explica el estado del resto de deportados, que a la fecha asciende a 1,530.
Según Campos, el dato más contundente es este: que hasta el 17 de abril, 105 personas retornadas de Estados Unidos salieron de los albergues con resultados negativos de Covid-19. “Nos han dicho eso, pero a nosotros no nos consta porque han manejado con discrecionalidad la información sobre los retornados”, sostiene la procuradora.
César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), también cuestiona la falta de información sobre el estado de salud de los salvadoreños deportados. A Insami, Migración solo les permitió presenciar, hace un mes, el funcionamiento del protocolo de salud que se le practicó al primer grupo de retornados que llegaron al Centro Atención al Migrante, ubicado en la colonia La Chacra en San Salvador, el 17 de marzo. De acuerdo con Ríos, observaron que médicos tomaron temperatura y preguntaron a los retornados si tenían algún síntoma.
Desde entonces, Migración ya no ha permitido que la entidad no gubernamental verifique otros chequeos. “No tenemos acceso a la base de datos y tampoco una comunicación particular con migración”, explicó Ríos a El Faro.
En la conferencia de prensa, de este miércoles 22 de marzo, Cucalón aseguró que no hay casos confirmados. “El Ministerio de Salud está chequeando a todos los vuelos que vienen de condiciones humanitarias. Entonces nosotros aseguramos que la gente está sana. En ningún centro hay algún tipo de contaminación”, dijo el funcionario.
El Faro tuvo acceso a un informe de Migración en el que se detallan los nueves albergues 'oficiales'’ en San Salvador destinados para retornados. En esos centros de contención hay 746 personas. Según la tabla, el último ingreso fue el viernes 10 de abril. Un grupo de 39 deportados fueron enviados a guardar cuarentena en una de las canchas de baloncesto ubicadas en el Gimnasio Nacional “Adolfo Pineda”, donde ya se encuentran 172 retenidos por supuestamente haber violado la cuarentena domiciliar. Según la PDDH, este grupo de retornados no han sido mezclados con el resto de la población ahí aislada.
Hay otros albergues que no aparecen mencionados en ese cuadro. Sin embargo, fuentes policiales informaron a El Faro que las personas que vinieron en un vuelo el martes 14 de abril fueron trasladadas a un centro de contención que se encuentra en el lago de Coatepeque, Santa Ana. De igual forma, 40 deportados que arribaron al país con órdenes de captura han sido llevados a un albergue ubicado en La Paz, según la Procuraduría.
El Faro intentó verificar el destino de grupo de 30 retornados que arribaron al país este martes 21 de abril, pero autoridades de la Policía que custodiaban el traslado de estas personas no dieron información. Este periódico intentó seguir la ruta del microbús en el que fueron trasladados los retornados, pero en el desvío que de la carretera de Comalapa que conduce hacia San Jacinto, un retén policial detuvo al equipo de El Faro. Los periodistas preguntaron por qué se les había mandado alto, y el agente que dirigía el retén respondió: “la comisionada que va en la patrulla nos dijo que ustedes los van siguiendo, pero ya vamos a dejarlos que avancen”. Cinco minutos después, los agentes les permitieron continuar la marcha, pero los periodistas ya no pudieron ubicar la ruta que siguió el microbús.
Gobierno permtirá el reingreso de salvadoreños varados en el exterior
Mientras el aeropuerto sigue abierto para los vuelos de migrantes deportados, 4,500 salvadoreños que se encuentran varados en el extranjero siguen, hasta la fecha, sin poder retornar al país. Sin embargo, Presidencia, Cancillería y Migración anunciaron este miércoles 22 que se presentará la Asamblea una propuesta para permitir un reingreso gradual los connacionales. Antes de que el Gobierno anunciara este cambio de postura, tanto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Asamblea Legislativa habían presionando al Ejecutivo para que autorizara el ingreso de los connacionales y definiera alternativas que permitieran su reingreso sin afectar la cuarentan por el COVID-19.
Desde mediados de marzo, cuando se cerraron fronteras y el aeropuerto internacional, el Gobierno se negó a la posibilidad de permitir el retorno de esa población. La nueva postura ocurre dos días después de que el presidente Nayib Bukele vetara una ley aprobada por la Asamblea que obligaba al Ministerio de Salud a crear un protocolo para el ingreso de las personas. En el fallo dado a conocer el lunes 20, el Ejecutivo alega que al sancionar el decreto se estaría cometiendo una “grave afectación a los derechos de las personas” que se encuentran dentro del país. Según la Presidencia, el Gobierno no está preparado para recibir a 4,500 personas en centros de cuarentenas. 'No podemos recibir a esa cantidad de gente, por eso debe de hacerse de forma gradual', dijo la canciller Alexandra Hill en la conferencia de prensa.
Con el anuncio, aunque tardío, el Ejecutivo también responde a un fallo de la Sala de lo Constitucional, instancia que le ordenó presentar “un plan de repatriación gradual” para los salvadoreños que no han podido retornar al país. En el amparo 167-2020, la Sala consideró como una violación a los “derechos a la libertad de circulación” el prohibir el ingreso al territorio. Además, señaló que la ley de emergencia que está vigente desde el 15 de marzo no establece ese tipo de restricción. El Gobierno tenía como fecha límite para responder el 14 de abril, pero entonces el ministerio de Relaciones Exteriores envió un escrito a la Sala explicando que no posee el listado de personas que se encuentran fuera. “Implica una labor de por lo menos 30 días, teniendo en cuenta que cuya ejecución puede sufrir alteraciones en cuanto a su plazo”, se excusó el Gobierno.
Manuel Carranza es abogado y se encuentra atascado en México. Él estima que de 4,500 salvadoreños que están en el extranjero podrían retornar 900. Carranza cuenta que con otros salvadoreños han hecho una especie de registro de todos los connacionales; y han concluido que de México, Estados Unidos (California y Miami), Panamá y Costa Rica podrían lograr movilizarse. “Sabemos que hay aeropuertos que están cerrados, pero según las cifras del registro 900 personas podrían ingresar”, dice.
A la fecha, mientras en El Salvador las autoridades aseguran haber mantenido una comunicación constante con los retornados, Carranza y otros salvadoreños en el exterior aseguran haber buscado a las autoridades en sus lugares de residencia actual, pero que hasta la fecha no habían recibido respuesta. Según el artículo 110 de la ley de servicio consular “es deber de los funcionarios consulares facilitar en cuanto dependa de su intervención o apoyo la repatriación de los salvadoreños”.
En la conferencia de prensa de este miércoles 22 de abril, el secretario jurídico Conan Castro anunció que el jueves 23 abril presentarán un nuevo decreto para comenzar a organizar las atenciones sanitarias, de alimentación y estadía para los connacionales. Según el secretario, a partir del 1 de mayo pueden abrir las fronteras para los salvadoreños, que después de 41 días aún permanecen varados. 'Todavía estamos definiendo algunos detalles con las aerolíneas, dependerá mucho de la vulnerabilidad de las personas', agregó Castro.
Si el Gobierno sigue la línea de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, entre los primeros retornados reingresarían los adultos mayores y mujeres embarazadas o en período de lactancia. La Sala también había ordenado que en primera línea de atención estén los padres de familia que tengan hijos menores de edad y, finalmente, dejó abierta la posibilidad de retornar a “aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad”.
