El Salvador ha sido un caso especial frente a la pandemia de coronavirus, porque adoptó medidas estrictas de limitación de la movilidad y la actividad económica antes de registrar un número significativo de casos confirmados de la enfermedad, tanto que podría ser considerado un experimento en el abordaje de las pandemias. Si bien esto no permitió evitar la llegada del virus, seguramente habrá frenado la expansión en las semanas previas y ha dado tiempo para fortalecer el sistema de salud y atender los casos de la enfermedad. Qué tan bien preparado se está se verá en las semanas que vienen en mayo y junio, que representarán el período de crecimiento de la epidemia.
Un lado negativo de este experimento es que ya se acumula más de un mes de cuarentena, y aún hace falta un período adicional para alcanzar un freno a la tasa de expansión de la enfermedad, que a finales de abril ha superado 20 contagios detectados por día, valor que suele considerarse el inicio de la epidemia.
En el artículo previo se abordó el impacto general de la pandemia y las medidas a disposición de los gobiernos. En esta segunda parte, se pone un énfasis mayor en el caso de El Salvador.
El impacto económico en el país ya es sensible, y muchos hogares perciben ya una caída total o parcial de sus ingresos por empleo asalariado, por autoempleo y por los negocios que operan. Qué tan profundo será el impacto económico de la crisis depende de por cuánto más se prolonguen las medidas de confinamiento y las restricciones a la actividad económica. Hasta la fecha, el Gobierno se ha mostrado partidario de mantener y reforzar el confinamiento, por lo que un escenario donde las restricciones a la movilidad y actividad económica se mantengan con severidad por dos meses más, y de forma más moderada por un período mayor, no es descabellado, dado lo observado en otros países.
En este escenario, el Gobierno, aunque recurra durante el año a emisiones importantes de deuda que puedan acercarse a 4 o 5 mil millones de dólares (es decir, hasta 25 % del PIB), no podrá hacer frente a todos los costos de las medidas de contención que la población y los sectores productivos demandan, incluyendo asumir parte de los salarios del sector formal, transferir recursos al sector informal y hogares vulnerables, y facilitar liquidez al sector productivo, pues además de los gastos generados por la crisis, se prevé una caída muy importante en la recaudación fiscal ($700 millones o 12 % del ingreso fiscal, según declaraciones del Ministro de Hacienda).
El Salvador, al ser un país dolarizado y con una deuda pública relativamente alta, no posee gran capacidad de reacción frente a una crisis económica. El acceso a los mercados internacionales para colocar deuda se vuelve mucho más difícil durante una crisis como la actual, para los países en vías de desarrollo. La fuente de financiamiento más accesible son los organismos como los Bancos Multilaterales (BM, BID, BCIE) y el Fondo Monetario Internacional, instituciones que imponen sus propias exigencias de política fiscal para el futuro (en especial el FMI).
Por tanto, es crucial que los recursos sean usados de manera racional y que la población y el sector productivo asuman parte de los costos y no se caiga en un conflicto destructivo por disputarse los escasos recursos para paliar la crisis. Es posible que el aumento en el endeudamiento y las necesidades de gasto pongan de nuevo en tela de juicio la sostenibilidad del sistema monetario (dolarización).
La economía salvadoreña, con una muy elevada informalidad y dependencia del comercio y los servicios, no posee capacidad de sostener los medios de vida de la población durante un período de cuarentena, aun si esta no se mantiene por más de dos o tres meses. En El Salvador, solamente 30 % de los ocupados tiene alguna cobertura de seguridad social, el restante 70 % depende de empleos informales, de pequeños negocios, del autoempleo o las labores agrícolas. La mayor parte del sector informal, así como muchos empleados formales, obtienen ingresos bajos y carecen de ahorros que les permitan enfrentar períodos sin ingresos. Estos empleos o negocios, además, son precarios y enfrentan una alta probabilidad de cese durante la cuarentena. Esta situación es común a la mayor parte de América Latina y en general, al mundo en vías de desarrollo.
De particular relevancia para El Salvador es también la caída en las remesas internacionales, que podrían bajar hasta 15 % según la CEPAL. Con todo, ya se pronostica que el PIB de el Salvador caiga alrededor de 5.4 % (FMI), es decir, 8 % menos que lo que se habría tenido sin la crisis. Esta proyección es aún optimista, y supone una salida relativamente rápida del confinamiento, por lo que podemos prever una recesión mayor.
A las duras consecuencias económicas, que incluirán la incapacidad de muchas familias para procurarse el sustento más básico, habrá que incluir las presiones políticas y sociales. Los sectores empresariales, centros de pensamiento y oposición política, seguirán presionando para dar prioridad a la economía, dado que el Gobierno ha elegido defender radicalmente las medidas de cuarentena sanitaria. Eventualmente, la población también expresará su malestar al carecer de los medios de vida necesarios.
Un recuerdo ominoso es que la última vez que la economía experimentó un parón tan abrupto, el hambre entre la población campesina fue la chispa del levantamiento campesino de 1932, que terminó en masacre. Las condiciones son ahora diferentes, pero la nuestra sigue siendo una sociedad violenta e inestable.
En el mejor de los casos, la epidemia es controlada y a finales de mayo las cifras de contagios diarios ya muestran una tendencia sostenida a la baja. En este caso, sería posible levantar la cuarentena en un plazo corto (por ejemplo, a inicios de junio). Aunque las fronteras del país sigan cerradas y el sector turístico se mantenga paralizado, la mayor parte del resto de la economía podría volver a funcionar y el impacto económico habría sido moderado, en torno al 5 % del PIB.
En el caso más probable desde el punto de vista epidemiológico, una vez la enfermedad esté contenida y haya pasado el episodio o episodios de contagio más importante, la actividad económica deberá resumir. Esto podría suceder en algún momento entre junio y agosto, y seguramente la vuelta a la actividad será gradual y controlada. La fecha exacta dependerá de los criterios epidemiológicos y también de la presión del sector productivo, que cuenta con gremiales muy influyentes, y de la población en general, que percibirá un empobrecimiento muy importante. Si el Gobierno es capaz de garantizar las necesidades básicas de la población y las restricciones son levantadas para el tercer trimestre (julio o agosto, por ejemplo), la economía podría comenzar a recuperarse durante el último trimestre del año y podríamos terminar con una contracción importante, superior a la caída en 4 % o 5 % del PIB proyectada por los organismos multilaterales.
En línea con lo anterior, las medidas propuestas por el Ejecutivo para paliar el impacto económico del confinamiento pueden servir para reducir las presiones para reabrir la economía, aunque la crítica se enfocará en el aumento del endeudamiento público. Es importante entender que el endeudamiento es la opción de emergencia y es necesario para enfrentar la crisis, aunque década y media de déficits fiscales anteriores hagan que la razón deuda/PIB sea preocupante. Eso implica que, aunque hay que endeudarse, hay límites a lo que sería una adquisición razonable de deuda. La dolarización en este caso es una camisa de fuerza importante y limita la respuesta del Gobierno ante la crisis.
Si el Gobierno falla en continuar aportando transferencias monetarias o canastas de productos básicos de manera oportuna a toda la población vulnerable, si enfrenta problemas de caja antes de lo previsto o si la presión de los grupos de influencia es excesiva, la cuarentena podría levantarse de manera anticipada y la progresión de la pandemia seguiría un curso más acelerado. Esto tendría consecuencias humanas importantes, aunque reduciría el impacto económico de la crisis. A la pérdida de vidas humanas, tan valiosas por sí mismas, habrá que añadir la duración de la caída en la demanda, producto de la pérdida de riqueza de los hogares, y de la caída en la capacidad productiva resultante de la destrucción de empresas. Seguramente, muchos pequeños negocios habrán cerrado; aumentarán la informalidad y la precariedad, al tiempo que los grupos empresariales con mejor capacidad de protegerse frente a la crisis podrían lograr una mayor consolidación y participación de mercado.
En términos fiscales, el país terminará con un endeudamiento muy superior, una reducida capacidad de maniobra fiscal y mayor dependencia del financiamiento externo, así como la presión del pago de los intereses sobre la deuda. En particular, el aumento del endeudamiento y las condiciones especiales asociadas a los fondos otorgados por instituciones como el FMI implican que el país se compromete a una agenda de austeridad futura muy fuerte, que incluye aumentos y creación de impuestos, congelamiento del gasto público y reorientación de las prioridades de política pública. Esto va a tener dos efectos: reducir las posibilidades de desarrollo social debido a las restricciones presupuestarias, y frenar la recuperación económica al aumentar la carga fiscal.
El balance es delicado, porque una trayectoria de insostenibilidad fiscal también puede desestabilizar la economía en el mediano plazo. El costo de la austeridad, sin embargo, suele ser pagado por los más vulnerables.
Dado que parte importante del endeudamiento de los $2 000 millones aprobados incluye préstamos negociados previamente, y que habrá una caída severa de los ingresos fiscales, el margen de libertad del Gobierno para disponer de estos recursos es muy bajo. Esto implica que del conjunto de medidas esbozadas en la primera parte de este artículo, solamente las que requieran menor cantidad de recursos podrán ser adoptadas. El endeudamiento adicional de mil millones de dólares solicitado recientemente permitiría adoptar algunas de esas medidas, pero la liquidez es importante, pues esos recursos tardarán en entrar a las arcas del fisco, dadas las condiciones financieras internacionales.
En lo social, los efectos pueden ser muy fuertes y requieren un análisis adicional. Es posible mencionar los efectos sobre la educación, afectada por la suspensión de clases y las carencias de acceso a recursos educativos a través de internet en el país; sobre la salud, pues otras condiciones con alta morbilidad y mortalidad en el país, como las infecciones respiratorias agudas, infecciones gastrointestinales, enfermedad cardiovascular, dengue y otras, pierden prioridad de atención; y sobre las pensiones, pues muchas personas dejarán de cotizar.
En resumen, estamos frente a una crisis económica potencialmente muy profunda y de consecuencias importantes, que exige un manejo muy cuidadoso por parte del Gobierno cuando el país tiene débiles capacidades institucionales y escasos recursos fiscales. Esta crisis, además, puede traer repercusiones políticas y relacionadas con las libertades y goce de derechos que están fuera del alcance de este artículo, pero que será importante analizar también.
