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La nueva generación de autoritarios latinoamericanos

Geoff Thale

 
 

América Latina tiene un largo y brutal historial de líderes autocráticos y gobiernos autoritarios. Del Brasil de los años setenta a Chile, Argentina y los países centroamericanos hasta bien entrados los años ochenta. Esa trágica historia nos ha dejado lecciones dolorosas sobre la naturaleza del autoritarismo. ‘

Hemos visto que ningún país o sistema político en la región es naturalmente inmune a las tentaciones autocráticas o dictatoriales. Hemos aprendido de primera mano que los líderes de todas las franjas políticas pueden sucumbir a los cantos de sirena del autoritarismo. Y recordamos, con devastadora claridad, el costo humano de la autocracia y la dictadura: los millones de padres, madres, hijos e hijas asesinados y desaparecidos durante las décadas más oscuras de la segunda mitad del siglo XX.

Hoy, tras casi treinta años de inestable, imperfecto pero medible progreso democrático en América Latina, las duras lecciones del pasado parecen más importantes que nunca, debido a que en la última década la región ha sufrido un significativo retroceso democrático y un auge del autoritarismo. 

Mientras la sociedad civil y la ciudadanía han empujado a los países a fortalecer la democracia y los derechos humanos, las élites han encontrado nuevas maneras de afianzar y fortalecer las redes de corrupción que debilitan el Estado de derecho y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Simultáneamente, la desigualdad económica y social ha dividido profundamente a las sociedades y socavado la cooperación social. 

La llegada del COVID-19 ha intensificado estas tendencias y tentado a una nueva generación de líderes autocráticos a usar esta pandemia de salud pública como pretexto para consolidar su poder. Sus acciones no solo ignoran el rol crítico que valores democráticos, como la confianza pública y la cooperación social, juegan en la prevención de la propagación del virus; también ignoran las dolorosas lecciones del pasado.

Tal vez una de las situaciones más inquietantes es el sostenido asalto que el presidente salvadoreño Nayib Bukele lidera contra las instituciones políticas que pueden controlar su poder.

Antes del COVID-19, su campaña para concentrar poder enfrentó una firme resistencia. Su intento, en febrero pasado, de arrebatar más poder mediante el despliegue de militares y policías para obligar al poder legislativo a aprobar un préstamo internacional que él solicitó, se topó con una exitosa resistencia de los poderes legislativo y judicial, así como de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Sin embargo, desde la pandemia, afirmando la necesidad de actuar rápida y decisivamente para frenar al virus, Bukele ha arremetido con acciones que le otorgan más poder y ponen en riesgo a los ciudadanos. Con maniobras que recuerdan los días oscuros de la guerra civil salvadoreña, ha autorizado a las fuerzas de seguridad el uso de la fuerza letal contra presuntos pandilleros, y les ha ordenado detener y confinar a cualquiera que viole la cuarentena obligatoria. Como resultado, cientos de personas han sido ilegalmente detenidas en “centros de contención” hacinados que podrían convertirse en vectores para la propagación de la enfermedad. A pesar de que la Sala de lo Constitucional de El Salvador ha resuelto en repetidas ocasiones la inconstitucionalidad de sus órdenes de detener individuos que violen la cuarentena, Bukele ha desafiado estas resoluciones abiertamente, instalando una crisis constitucional en el país.

La sociedad civil y actores internacionales que tuvieron éxito en reducir los anteriores intentos de Bukele de consolidar poder, no han sido capaces hasta ahora de detener estas nuevas maniobras. Por ahora, parece que sus acciones continuarán dañando la respuesta sanitaria a la pandemia, y llevando a su país en marcha atrás hacia el autoritarismo.

A pesar de que Bukele ha sido uno de los más prominentes líderes en esta nueva generación de autoritarios, no ha sido el único que utiliza la pandemia de COVID-19 para justificar su acumulación de poder.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ya se ha ganado una reputación de comportamiento autoritario al incluir números récord de oficiales militares en su gobierno, ha socavado la supervisión de abusos de derechos humanos e impuesto trabas legales y burocráticas a las organizaciones de la sociedad civil, con lo cual dificulta su capacidad de operar hasta volverla prácticamente imposible.

A pesar de que ha negado la pandemia, Bolsonaro ha aprovechado la oportunidad para atacar la libertad de prensa, imponiendo restricciones al acceso a registros de salud pública que son vitales para el reporte preciso sobre el virus.

En Nicaragua, Daniel Ortega se ha comportado de manera similar, asegurando que no hay transmisión comunitaria en el país mientras continúa con los esfuerzos gubernamentales para restringir el acceso a la información e imponer mordazas sobre los periodistas independientes.

En Bolivia, el gobierno interino de Jeanine Áñez ha utilizado la pandemia para afianzar sus intentos por mantenerse en el poder. Ha pospuesto las elecciones y detenido a miles de individuos acusados de violar la cuarentena; ha emitido decretos que amenazan con penas de prisión por cargos tan vagos como “desinformar” o “incitar crímenes contra la salud”.

Tanto el gobierno de facto de Nicolás Maduro, en Venezuela, como la administración de Juan Orlando Hernández, en Honduras, han utilizado la pandemia para silenciar la libertad de prensa a través del acoso o detención de periodistas en Venezuela o emitiendo un decreto que restringe la libertad de expresión en Honduras. Y apenas esta semana, el gobierno uruguayo impuso controles de prensa en los canales públicos de radio y televisión.

Finalmente, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su administración han respondido a los aspectos internacionales de la pandemia de tal manera que han subvertido las normas democráticas, ayudado a propagar el virus y respaldado a sus aliados autoritarios en la región. Su administración ha utilizado el COVID-19 como un pretexto para cerrar la frontera con México, lo que ha llevado a la propagación del virus entre poblaciones de migrantes en centros de detención. Aún más, los consistentes fallos de la administración Trump en denunciar la destrucción de instituciones anticorrupción en Centroamérica y los abusos de poder de Bolsonaro y Áñez, o en apoyar seriamente algún esfuerzo para una salida negociada en Venezuela, solo han fortalecido a los autoritarismos regionales, que ven en la Casa Blanca a un aliado para sus objetivos. 

El hecho de que la pandemia no tenga precedentes requiere acciones urgentes y agresivas, pero todo esfuerzo efectivo debe basarse en la rendición de cuentas y el involucramiento público. La prioridad número uno de gobiernos y sociedad civil debe ser salvar vidas y reducir el contagio comunitario. A veces, esto requiere implementar medidas sanitarias basadas en evidencias, como las recomendaciones de quedarse en casa, que restringen derechos fundamentales como la libertad de movimiento. Sin embargo, contrario a como el presidente Bukele lo ha hecho en El Salvador, desafiando un sistema de pesos y contrapesos y colocando a personas en condiciones de hacinamiento donde el virus tiene muchas posibilidades de propagarse, estas restricciones deben ser claramente delineadas, temporales e implementadas de tal manera que prioricen la salud pública. El hecho de que limitar algunos derechos fundamentales sea necesario no da a los líderes carta blanca para restringir otras libertades cruciales. No hay recomendaciones de salud pública que llamen a restringir la libertad de expresión o la libertad de prensa, como las que hemos visto en Bolivia, Brasil, Honduras y Venezuela. Por el contrario, la propagación del coronavirus solo puede contrarrestarse por la propagación de información vital y factual.

A un nivel aún más fundamental, responder plenamente a la pandemia requiere renunciar al autoritarismo a favor de la protección de valores claves como la democracia y los derechos humanos. Estos dos valores son de importancia crítica frente a un virus que requiere una respuesta de toda la sociedad, porque fortalecen la confianza pública y la cooperación social. Sin estos dos ingredientes, cualquier respuesta a la pandemia está destinada a fracasar. Esa idea clave se ha perdido entre esta nueva generación de autoritarios que buscan consolidar su poder en la región. Tampoco aprendieron las lecciones que dejó la oscura historia latinoamericana bajo dictaduras y autoritarismos.

Es por ello más importante que nunca que la sociedad civil investigue violaciones a los derechos humanos, que cuestione las acciones autocráticas de los líderes y que llame a cuentas a los gobiernos para que preparen respuestas de salud pública efectivas que se adhieran a la democracia y los derechos humanos. De otra manera, no sólo será inefectiva la lucha contra el COVID-19, sino que tendremos que reaprender las devastadoras lecciones que creíamos haber aprendido tras décadas de combatir autoritarismos y dictaduras en el continente americano.

Geoff Thale, President of WOLA. Photo Fred Ramos
 
Geoff Thale, President of WOLA. Photo Fred Ramos


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