Hoy se cumplen siete días de silencio oficial sobre la pandemia del coronavirus en Nicaragua: en el mundo alternativo del régimen Ortega-Murillo, la amenaza de la COVID-19 ya no existe, ha sido erradicada por decreto.
Mientras aumenta el número de personas fallecidas y la mayoría de los hospitales del país empiezan a abarrotarse de pacientes sospechosos de COVID-19, incluidos muchos médicos y personal de Salud, el Ministerio de Salud suspendió, sin brindar ninguna explicación, los reportes diarios en los que difundía información sumamente escueta y confusa sobre el avance de la epidemia.
A diferencia de otros países de la región, la orden del búnker de El Carmen, donde permanece atrincherada la pareja presidencial, ha sido no hacer pruebas masivas ni informar a la población sobre los resultados de los escasos test diarios que realizan. Ha habido, por lo tanto, una intención deliberada de mantener al país a ciegas, mientras se relajan las alertas sanitarias y el virus avanza en su proceso de expansión.
Desde que la Organización Mundial de la Salud oficializó la pandemia el 11 de marzo, Nicaragua tuvo suficiente tiempo para diseñar y ejecutar una estrategia de prevención, pero el régimen optó por una política negacionista para mantener la supuesta “normalidad” en el tercer año consecutivo de recesión económica, causada por la crisis política. El gobernante ausente rechazó todas las iniciativas de prevención y mitigación propuestas por médicos y científicos, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, la oposición política, y la iglesia Católica, rehusándose a aceptar una alianza público-privada para enfrentar la pandemia.
Para la dictadura que atraviesa una crisis política terminal, la amenaza del coronavirus era una oportunidad para chantajear al país y dividir a los grandes empresarios, llamándolos a pedir la suspensión de las sanciones internacionales. Pero Ortega no pudo sabotear la unidad nacional ni evitar las nuevas sanciones de la Unión Europea por graves violaciones a los derechos humanos. Fracasado el chantaje, el régimen descartó cualquier medida de prevención y mitigación, dejando claro que su único interés es recaudar impuestos para seguir financiando la planilla de la represión y el control del Estado, que le permite mantenerse en el poder.
Como el presidente Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, la vicepresidenta Rosario Murillo desafió porfiada las advertencias de los científicos, promoviendo de forma temeraria actividades de aglomeración masiva. A los partidarios del régimen les prometió que “gracias a Dios y al comandante”, no serían afectados por el “virus importado”, pues la excepcionalidad de nuestro “sistema de salud familiar y comunitario” los habría inmunizado, aunque Nicaragua siguió “exportando” casos positivos a Cuba. En consecuencia, el Gobierno nunca aplicó el distanciamiento social recomendado por la OMS ni decretó una emergencia sanitaria; todavía el pasado fin de semana, Murillo seguía convocando a realizar más de 2500 actividades masivas como ferias, fiestas, eventos culturales, y deportivos en todo el país.
La censura a la información pública y la mentira como política de Estado, representan una práctica recurrente que forma parte del ADN de la dictadura. En realidad, estamos ante los mismos gobernantes que suplantaron la voluntad popular en las urnas, haciendo fraude en las elecciones de 2008, 2011 y 2016. Después de la matanza de abril en 2018, intentaron borrar los muertos de la memoria nacional para dejar los crímenes en la impunidad. Y ahora, en la crisis de la COVID-19, después de haber promovido el contagio, intentan negar la existencia de las víctimas fatales de la pandemia, de las cuales no hay registro oficial y están siendo sepultadas en entierros nocturnos.
Nuestra respuesta como periodistas y medios de comunicación independientes será siempre no callar y seguir informando la verdad, con el apoyo de los médicos y especialistas y con la confianza de los ciudadanos, para derrotar este odioso cerco de silencio oficial, que está poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de personas.
Es hora de salvar vidas y demandar la mayor protección para los médicos y el personal de Salud, pero en Nicaragua no podemos hacer un esfuerzo extraordinario contra el coronavirus para seguir en dictadura. El desafío nacional consiste en delinear una estrategia de resistencia ante la amenaza de la pandemia y la dictadura, que a estas alturas son la misma cosa. Una estrategia que, desde la oposición y el movimiento Azul y Blanco, incorpore a todas las fuerzas vivas del país: Los servidores públicos, civiles y militares, que deben ser parte de la solución nacional; los trabajadores desempleados y las pequeñas y medianas empresas, que son los primeros afectados por el agravamiento de la crisis económica; y también los grandes empresarios que enfrentan la encrucijada de adoptar riesgos para promover el cambio político, o esperar que Ortega concluya la destrucción total del país. Nicaragua entera debe unirse para salir de la dictadura aliada del coronavirus.
