Publicidad

Su Excelencia, ¡tenemos hambre!

Andrés McKinley

 
 

Ana Cecilia Pérez, de 54 años, vive sola en una casa de lámina de un solo cuarto en la colonia El Progreso, municipalidad de Santa Ana. Fue abandonada por su mamá durante su niñez y desde temprana edad trabaja como vendedora ambulante, sobreviviendo del día en día, junto con su hijo, con un ingreso de miseria. Desde hace más de 38 años sufre de artritis reumatoide, un trastorno inflamatorio crónico que ha afectado todas sus articulaciones, obligándola a usar una silla de ruedas para poder movilizarse. A pesar de todo, salía a vender en la calle o en las fiestas patronales de los cantones cercanos hasta que la cuarentena domiciliar obligatoria frente al coronavirus, y el temor a ser capturada por la policía, le hicieron perder su principal fuente de ingreso. 

José Elías Hernández Sigüenza, de 42 años, vive en el Caserío los Guirolas, Cantón Conacaste, Santa Ana, junto a su esposa y 4 hijos. Es un trabajador independiente y “hacelotodo” que no ha podido salir en búsqueda de trabajo en varias semanas. Sus finanzas están en cero y solo tiene comida para tres días. Informa que la única tienda de la colonia ya no le da fiado. 

Reina de los Ángeles Linares Hernández vive en la colonia el Cafetal de Coatepeque en Santa Ana. Gana la vida como trabajadora doméstica; pero con cuarentena y sin transporte ya no puede llegar a su trabajo. En sus propias palabras, “ya nos estamos comiendo las uñas”. Todos estos casos, juntos con miles más en El Salvador de hoy, son la consecuencia de la desigualdad, del trabajo inseguro en el sector informal; de los irregulares ingresos de miseria; agravadas ahora por la desesperación y hambre tras la aplicación de las medidas gubernamentales contra el covid-19.    

Un artículo reciente en el Washington Post plantea que las consecuencias de la pandemia podría terminar siendo más devastadora para los pobres de este mundo que la enfermedad misma si los gobernantes no toman medidas adecuadas para proteger a los sectores más vulnerables. 

Según economistas de las Naciones Unidas, la inevitable recesión económica a causa de la pandemia va a generar la pérdida de cientos de millones de empleos, aumentando la pobreza y el hambre y matando más que las 40 millones de personas ya proyectadas a morir por el virus.  Otro artículo de la agencia EFE informa que, en el análisis del jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU,  David Beasley,  la pandemia del coronavirus y su parón económico, unidos a las crisis humanitarias ya existentes alrededor del mundo, están generando una “tormenta perfecta” que amenaza con desencadenar “hambrunas de proporciones bíblicas” con más de 265 millones de víctimas. 

Hasta la fecha, según la Organización Internacional del Trabajo, unos 1.6 mil millones de trabajadores informales, de un total de 2 mil millones en el mundo entero, ya han perdido sus empleos, principalmente en países en vías de desarrollo donde familias en el sector informal viven de día en día a través de la famosa “búsqueda”.  

La pérdida de empleos es tema de vida o muerte para millones de familias viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad. Según analistas, esta situación empujará a cerca de 580 millones de personas en el mundo a la pobreza. Otros 50 millones caerán en la pobreza extrema, sin medios básicos para su sobrevivencia, transformando la pandemia de coronavirus en  una “pandemia de hambre”, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde los sectores más vulnerables pagan entre 60 % y 70 % de sus ingresos para comida.  

En nuestra región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB de la región disminuirá en 5.3 % a causa del coronavirus; el desempleo aumentará en 3.4 puntos porcentuales y la pobreza en 2020 aumentará en 4.4 puntos porcentuales afectando a 28.7 millones de personas con respecto a 2019. En este escenario, se proyecta que la cifra de pobreza en América Latina aumentará a 214.7 millones de personas, que corresponde a 34 % de la población total.  

CEPAL reconoce que las medidas de cuarentena aplicadas por casi todos los gobiernos de América Latina han sido necesarias para “frenar la propagación acelerada  de coronavirus y salvar vidas”, pero informa en su reporte reciente, “El desafío social en tiempos del COVID-19”, de estas medidas ha generado la pérdida de empleo para unos 11.6 millones de personas a nivel regional y una reducción importante de ingresos familiares, afectando principalmente a las personas en situación de pobreza. Pero no solo los pobres sufrirán. Si no tomamos medidas adecuadas en este momento habrá un fuerte deterioro en la situación socio-económico de por los menos el 15 % de los estratos medios de la sociedad, causando que casi 17 millones de personas pasen a pertenecer a los estratos de bajos ingresos y que 2.5 millones pasen a una situación de pobreza. 

Según CEPAL, “La pandemia tiene un impacto discriminado en diversos grupos de población y en su capacidad de respuesta. La imposibilidad de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad”. Las mujeres son las más vulnerables por sufrir condiciones de mayor precariedad en el trabajo y por tener una mayor representación en el sector informal. También, están más expuestas a perder su trabajo en una situación como la actual. En el caso de cuarentena domiciliar obligatoria, la carga de trabajo doméstico no remunerado incrementa para las mujeres junto con la incidencia de violencia doméstica. Las trabajadoras domésticas son especialmente vulnerables, sin acceso a seguridad social y sin protección en el momento de perder sus empleos. Pocas veces tienen contrato formal y no tienen el lujo de trabajar a distancia.  

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador plantea que hay 350 mil empleos en riesgo por las medidas gubernamentales frente al coronavirus y más de 60 mil trabajos en el sector formal que ya se perdieron. En el sector informal, donde se ubican aproximadamente 750 mil trabajadores, según analistas, la situación es aún más preocupante. En este contexto, con las desigualdades que existan en el país relacionadas con trabajo, ingresos, educación, salud, vivienda y niveles de nutrición, no se puede continuar enfrentando esta amenaza únicamente con medidas sanitarias como la cuarentena forzada y prolongada, o con mano dura para los que violan las reglas establecidas. 

La salud de una nación depende de factores que van mucho más allá de morbilidad y mortalidad. Incluye temas relacionados con equidad, justicia social, derechos humanos,  medio ambiente, gobernabilidad y la transparencia, honestidad y capacidad de los gobernantes. En este contexto, una respuesta gubernamental adecuada y efectiva frente a la amenaza de coronavirus tiene que ser integral, tomando en cuenta el aspecto sanitario junto con lo económico y social con una visión de corto, mediano y largo plazo que va más allá de la recuperación de lo perdido. Debe basarse en una visión de transformación y de cambios estructurales, planteando nuevas paradigmas y modelos para impulsar un proceso de desarrollo más sustentable y para evitar otra “década perdida”. En otras palabras, debe contribuir a la construcción de un El Salvador más justo, más humano y más viable, con énfasis en los sectores más vulnerables, en el espíritu de la “opción preferencial por los pobres” de nuestro querido San Romero.  

El problema de fondo en la actualidad, y el obstáculo principal para la construcción de consenso sobre propuestas programáticas frente la coronavirus, es un estilo de gobierno que genera polarización y niveles de conflicto que trae recuerdos de los años 80 y que amenaza la institucionalidad democrática, uno de los logros más importantes de los Acuerdos de Paz.

A menos de un año de  gobierno de  Nayib Bukele -“su excelencia”, como le presentan en sus intervenciones públicas- podemos decir que hemos visto de todo, o casi de todo. Amparado en una supuesta popularidad, promueve el linchamiento mediático de sus opositores y críticos; violenta las leyes y la institucionalidad del país; desacata resoluciones de la Sala de lo Constitucional; desconoce dirigentes de partidos políticos y de gremios empresariales democráticamente elegidos; desinforma sobre las finanzas del Estado; endeuda al país a niveles insostenibles; niega el regreso de más de 4000 salvadoreños varados en el extranjero; captura a ciudadanos y ciudadanas de forma indiscriminada y ahora maneja a su antojo una crisis sanitaria fundamentándose casi exclusivamente en el confinamiento domiciliar obligatorio con represión policial y militar; sin escuchar a ningún especialista y experto en temas de salud y manejo de emergencias. 

Lo que no observamos de este gobierno es capacidad ni iniciativa para dialogar y concertar; no vemos construcción de acuerdos, ideas y consensos por ningún lado; no vemos comunicaciones ni coordinaciones interinstitucionales ni intersectoriales para encontrar soluciones viables a los diferentes problemas del país. Hasta la fecha no conocemos un plan de gobierno. No vemos una propuesta para resolver la profunda crisis de agua. No conocemos una estrategia para el desarrollo agropecuario del país, tampoco de la vivienda. La economía del país está relegada a un plano todavía desconocido mientras que miles de micro, pequeñas y medianas empresas están desapareciendo y grandes empresas con una trayectoria importante entran a una fase de recesión casi inevitable.  

Al término de Mayo seguimos en la cuarentena, no vemos análisis y propuestas factibles frente la urgente problemática del día y Nayib Bukele sigue con su discurso confrontativo con actitud prepotente, lanzando un discurso de odio y división a través de una retórica sensacionalista y populista, tomando como base el resentimiento de la ciudadanía hacia los dos principales partidos políticos de oposición. 

Se tiene claro en la actual coyuntura la influencia del interés electoral, tanto para unos como para otros, en la carrera distorsionadora por  una cuota de poder a definirse en 2021. En este contexto, tanto el ejecutivo como el legislativo miden fuerzas para ver quién queda más desacreditado, haciendo más difícil unir ideas, crear espacios de diálogo, evitar la improvisación, abrirse a la crítica,  crear planes reales basados en estudios técnicos, velar por los derechos humanos como el principio del Estado de derecho. Parecen no entender que un rompimiento al orden jurídico sería desastroso en medio de la actual pandemia.

Nayib Bukele ha definido el debate sobre coronavirus en términos de dos opciones: uno enfocado exclusivamente en la salud, con énfasis en la cuarentena y la atención sanitaria, y otro enfocado en la reactivación económica como vía para resolver los problemas sociales de la gente. Pero enmarcar el debate en estos términos crea un dilema falso. Las opciones planteadas no deben verse como mutuamente excluyentes.  Son partes de una misma solución.  

En la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por COVID-19,  aprobada por la Asamblea Legislativa el 19 de Mayo con 63 votos,  se mantienen las medidas sanitarias ya vigentes y se establece una reactivación gradual de la economía en 4 etapas.  Además se crea un Comité Interinstitucional y Multidisciplinario para controlar las estrategias, planes, protocolos, acciones y el presupuesto. La ley se basa en insumos del INCAE, la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), ANEP, el Colegio Médico, del cardenal Gregorio Rosa Chávez y de otros actores claves, y parece a muchos una excelente iniciativa en la etapa actual de la pandemia. Sin embargo, sin haberla leído, Nayib Bukele informó su intención de vetarla.

Los índices de infección y de muertos siguen en aumento en El Salvador, así que algún grado de cuarentena es necesario, especialmente para los sectores más vulnerables y las áreas con mayores niveles de infección. El distanciamiento social, el uso de máscaras y otras medidas sanitarias, también son importantes y lo serán para mucho tiempo.  Pero sectores importantes de la población, especialmente entre los sectores desposeídos, sin agua, sin ingresos y sin comida, ya no aguantan más y exigen un plan nacional que incluye la apertura de la economía frente la amenaza real de hambruna entre las grandes mayorías.

El Salvador requiere de un nuevo estilo de gobierno, con mayor transparencia; más diálogo con todos los actores importantes; mejor coordinación con los demás poderes del Estado y con otros actores claves, como el Colegio Médico, asociaciones profesionales, PDDH, ANEP y las universidades. También requiere de mayor respeto para la institucionalidad del país, menos populismo, más honestidad frente las clases tradicionalmente marginalizadas y fácilmente manipuladas y más amor verdadero para un pueblo que grita a diario, “su excelencia, ?¡tenemos hambre!”. 

Andrés McKinley posee una maestría en Administración de Salud de la Universidad de Florida en EEUU y tiene más de 50 años trabajando por el desarrollo sostenible en África y Centro América. Trabaja actualmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 
 
Andrés McKinley posee una maestría en Administración de Salud de la Universidad de Florida en EEUU y tiene más de 50 años trabajando por el desarrollo sostenible en África y Centro América. Trabaja actualmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 

*Con insumos de Leonel Hernández Pérez y Salvador Segovia


Apoya el periodismo incómodo

Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas llegue adonde otros no llegan y cuente lo que otros no cuentan o tratan de ocultar.
Te necesitamos para seguir incomodando al poder.
¿Aún no te convences? Conoce más sobre cómo se financia El Faro y quiénes son sus propietarios acá.

Publicidad
Publicidad

 
 

Sandra Gutiérrez Poizat

 

 CERRAR
Publicidad