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El Salvador

Ni la Sala de lo Constitucional ni la PDDH pudieron salvar del confinamiento a Cindy

Cindy Reyes fue detenida cuando acompañaba a su hijo de cuatro años al baño exterior de su casa. La Policía la acusó de violar la cuarentena. Desde entonces, lleva 23 días de reclusión pese a que la Sala de lo Constitucional ordenó ponerla en libertad. Las autoridades de Salud también se niegan a entregarle los resultados de su prueba de COVID-19, a pesar de las gestiones de la PDDH. 

 
 

El primer problema de Cindy Reyes es uno viejo, uno de toda la vida: es pobre y en su casa por no haber, no hay un baño. Para ducharse o para usar el excusado debe salir del cuarto en el que vive con su hijo y con su madre, atravesar el estrechísimo pasillo –un aproximado de cuatro pasos– para llegar a un cubículo hecho de bambú y de lata, en el que una tela estampada con Mickey Mouse es la única guardiana de la intimidad.

El resto de problemas llegaron la noche del jueves 9 de abril, después de que su hijo de cuatro años necesitara usar el baño: Cindy Reyes tomó al niño, dio los cuatro pasos hasta el cubículo y esperó en el pasillo a que el chico terminara. Mientras el niño usaba el baño, un grupo de muchachos pasó hecho un zumbido por la callejuela principal de la comunidad y, tras ellos, un grupo de policías persiguiéndolos. Los jóvenes se esfumaron en la oscuridad de las nueve de la noche, huyendo por los laberintos de la comunidad Bambular, cercana a Metrocentro, con los pasos camuflados por el sonido de la quebrada de agua turbia que la parte en dos. Pero al parecer los policías no estaban dispuestos a salir de ahí con las manos vacías.

Cuando regresaban de su persecución infructuosa, vieron a Cindy parada en el pasillo y se le acercaron para decirle, sin mayores ceremonias, que se la llevarían por violar la cuarentena. “Hasta la tela levanté para que vieran al niño en el baño”, dice ella por teléfono, desde el centro de contención instalado en la Villa Olímpica de Ciudad Merliot.

Cindy Reyes fue detenida por la Policía el 9 de abril en este pasillo, que divide su casa del baño exterior hecho de lata y bambú, en la colonia Bambular de San Salvador. Ella esperaba a que su hijo terminara de hacer sus necesidades. Lleva más de 20 días en un centro de cuarentena gubernamental. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Cindy Reyes fue detenida por la Policía el 9 de abril en este pasillo, que divide su casa del baño exterior hecho de lata y bambú, en la colonia Bambular de San Salvador. Ella esperaba a que su hijo terminara de hacer sus necesidades. Lleva más de 20 días en un centro de cuarentena gubernamental. Foto de El Faro: Víctor Peña.

 

No hubo súplicas que valieran. El niño, llorando; la madre, alegando con toda la fuerza que se puede alegar ante un grupo de policías, desde una comunidad empobrecida, en medio de la noche. Los agentes le ordenaron que se cambiara –estaba en pijama– y una policía consoló al chiquillo diciéndole que en media hora le regresarían a su “mami”. A la madre de Cindy le explicaron que se llevarían a su hija para que firmara en la delegación policial una “carta de amonestación” por violar la cuarentena. Esas cartas no existen.

Desde ese día, Cindy vive una pesadilla que lleva ya 23 días, en la que incluso ha intervenido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sin que parezca que exista poder capaz de cambiar su situación.

En este punto es importante señalar que Cindy Reyes fue detenida justo un día después de que los magistrados de la Sala prohibieran al gobierno detener personas por violar la cuarentena domiciliar.

“En otras palabras, el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar…”, reza la resolución emitida por el máximo tribunal constitucional el miércoles 8 de abril. Al día siguiente, se manifestó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, preocupado por el desacato del presidente Nayib Bukele a las resoluciones de la Sala, escribiendo en Twitter: “La Sala de lo Constitucional le ordenó abstenerse de confinar a nadie simplemente por violar la cuarentena…Pero usted, Nayib Bukele, se ríe de la Corte. Eso es desacato y, nuevamente, rompe el estado de derecho”.

Pero Cindy igual fue detenida.

Luego de aceptar que su hija no volvería en el plazo que prometieron los policías, la madre buscó ayuda con una organización de la Iglesia Católica. Rodrigo Lemus, miembro de esa organización y estudiante egresado de derecho, interpuso ante la Sala de lo Constitucional un Habeas Corpus en favor de Cindy, apenas dos días después de su detención. En el escrito se relataban los hechos y se hacía ver que ella no había violado ninguna de las limitantes extraordinarias que impone la cuarentena.

Seis días después de interpuesto, el viernes 17 de abril, la Sala de lo Constitucional resolvió el Habeas Corpus de Cindy y de otras dos mujeres más, valorando que su detención había sido injusta: “…En este caso, de acuerdo con los hechos expuestos por los peticionarios, no se cumplirían las condiciones mínimas requeridas por la Constitución para un internamiento forzoso con fines sanitarios, y que la privación de libertad consistente en el traslado a un centro de contención es con grave apariencia de arbitrariedad e ilegalidad sin que tengan aplicación los artículos 136, 137, 151 y 152 del Código de Salud y el decreto legislativo 593 'Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19'", consideraron los magistrados y enseguida escribieron algo que debe leerse como una orden inapelable: “En consecuencia las señoras María Angélica Navarrete, Cindy Nohemy Zetino Reyes y Ana María Cristina Cabrera García deben ser inmediatamente conducidas a sus respectivos lugares de residencia para que cumplan obligatoriamente con la cuarentena domiciliar ordenada, previa realización de las pruebas de COVID-19, conforme a los protocolos establecidos, las cuales deberán realizarse de manera prioritaria e inmediata en virtud de la aparente arbitraria privación de libertad de las referidas señoras, lo cual deberá ser informado con carácter de urgencia a esta Sala”.

Pero Cindy sigue detenida.

En la resolución se entiende que Cindy, y las otras dos mujeres favorecidas en el Habeas Corpus, deben ser liberadas de inmediato, salvo un trámite: salir negativas en la prueba de COVID-19.

Las autoridades acataron la orden de realizar las pruebas el domingo 19 de abril, apenas dos días después de la resolución judicial. Y luego, el silencio.

“Nadie nos dice nada. Le preguntamos a los enfermeros y nos dicen que no saben cuándo nos van a dar los resultados y uno nos dijo que estábamos en una lista de gente que hace desorden y que nos podían trasladar a una bartolina”, dice Cindy desde un confinamiento que le resulta cada vez más insoportable.

Comunidad Bambular, en San Salvador. Una mujer de esta comunidad fue detenida por la Policía Nacional Civil el 9 de abril, cuando acompañaba a su hijo a un baño exterior. La acusaron de romper la cuarentena. Desde entonces, está recluida en un centro de cuarentena gubernamental. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Comunidad Bambular, en San Salvador. Una mujer de esta comunidad fue detenida por la Policía Nacional Civil el 9 de abril, cuando acompañaba a su hijo a un baño exterior. La acusaron de romper la cuarentena. Desde entonces, está recluida en un centro de cuarentena gubernamental. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Aquel domingo en que les realizaron las pruebas, ella llevaba ya diez días en una detención que los magistrados de la Sala consideraron “con grave apariencia de arbitrariedad e ilegalidad”. Y luego pasó un día, y dos y una semana. Pero Rodrigo Lemus, el estudiante de derecho que le ayudó a interponer el recurso ante la Sala, realizó una denuncia ante la PDDH, que se pronunció el viernes 24, a través de una correspondencia dirigida a la directora regional de salud central, la doctora Roxana Ivonne Morán de Santos.

En la notificación, la Procuraduría manifestaba su preocupación por “la dilación en la transmisión de resultados de prueba de COVID 19 realizada a Ana María Cristina Cabrera García, Cindy Nohemy Zetino Reyes y María Angélica Navarrete, actualmente retenidas en centro de contención Federación de Tenis, del Polideportivo de Merliot, lo cual riñe con disposiciones de Sala de lo Constitucional, dictadas en su resolución de medidas inherentes a la sustanciación de Habeas Corpus promovidos a favor de las mismas” y le ordenaba entregar los resultados a las tres mujeres. Para ello estableció un plazo de tres días, para que se informara sobre el cumplimiento de las medidas. Esos tres días vencieron el lunes 27. Seis días antes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, se mostró preocupada por los abusos de poder cometidos por el gobierno salvadoreño en el contexto de la pandemia: “Incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria”, escribió. 

Pero Cindy sigue sin recibir ninguna información sobre su propio estado de salud y sigue detenida

En la comunidad Bambular, la madre de Cindy mide con sus brazos la distancia que hay entre su casa y el cubículo del baño y sigue sin explicarse las cosas: “Sólo son dos brazos de distancia. Yo les dije a los policías que ella no estaba en la calle, que este baño es parte de la casa aunque esté afuera, pero como me mintieron diciéndome que ya me la iban a regresar, me despreocupé”, y se lamenta de su ingenuidad. El chiquillo, cada vez que escucha hablar de su madre, pregunta una sola cosa: “¿Cuándo va a salir mi mami de la cárcel?”.

Este medio buscó explicaciones con un vocero oficial del Ministerio de Salud, a quien remitió copia del Habeas Corpus y del oficio de la PDDH. Hasta el cierre de este artículo no hubo ninguna respuesta. 

Cindy Reyes sigue recluida en el local de la Federación de Tenis, en el centro deportivo de Ciudad Merliot, y su voz ya no tiene los bríos de quien reclama sus derechos, sino que languidece, con el hastío y la derrota de quién se ha topado con un muro tan inamovible, en el que ha rebotado incluso la orden del máximo tribunal constitucional de El Salvador.


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