A las 3:38 p. m. del miércoles 6 de mayo, Presidencia de la República publicó en su cuenta de Twitter el decreto ejecutivo número 22, que suspende de las 00:00 horas del 7 al 21 de mayo a las 11:59 p. m. todo el transporte público a nivel nacional. El anuncio ocurrió un día después de que el presidente Nayib Bukele diera una cadena nacional de más de una hora en la que omitió mencionar esta medida.
En la cadena nacional, Bukele anunció nuevas medidas para reforzar la cuarentena nacional obligatoria: señaló la restricción de salidas para adquirir alimentos a dos días por semana durante la vigencia del decreto; la restricción a la movilidad de personas entre municipios y las detenciones de personas que deambulan en la vía pública sin portar mascarillas. Sin embargo, en el decreto, además se suprime la circulación del transporte público.
El mismo miércoles, funcionarios de Gobierno intentaron terminar de explicar lo que el nuevo decreto dice o deja de decir. “No hay Uber, no hay taxi, no hay transporte colectivo. Solo existe el transporte colectivo que deba ser contratado por las empresas”, sentenció el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, a pesar de que no esté explícito en el documento oficial.
A las 11:34 de la noche, 26 minutos antes de entrar en vigencia, Presidencia publicó un decreto más, el número 23, para aclarar que “la administración pública y los empleadores privados autorizados para funcionar deberán proveer el transporte a sus trabajadores, desde el lugar de su residencia a su lugar de trabajo y viceversa”. Este servicio, dice el documento, será sin costo para el trabajador.
Según el secretario Castro queda claro que “la persona que no tenga la capacidad de moverse debe quedarse en su casa” y que “la empresa que no pueda brindar transporte privado para llevar a sus empleados debe mantenerse cerrada”.
Las empresas que quieran seguir funcionando (y según el decreto puedan) tiene que decidir entre contratar transporte privado, hacer que sus empleados caminen o cerrar por 15 días.
Para el director ejecutivo de la oenegé Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, estas restricciones de circulación significan un cierre del país. “Al tener ese nivel de cierre y limitación del derecho de circulación, nos enfrentamos a un régimen de excepción que se aprobó bajo otro nombre y sin aval de la Asamblea Legislativa”, dijo en una entrevista radial el miércoles por la tarde.
La Asamblea aprobó una ley de cuarentena que faculta al Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a establecer todas medidas de circulación adicionales que considerara necesarias para combatir la pandemia de coronavirus.
“Los que van a salir afectados son los que no tienen vehículo”
Genaro Ramírez y Catalino Miranda, presidentes de dos de los gremios más importantes de transporte colectivo, coinciden en que el principal afectado de esta medida será el ciudadano de a pie.
“La (persona) que va a salir afectada es la que no tiene ni vehículo ni moto. Nosotros vamos a seguir acatando las disposiciones del Gobierno central”, dijo Catalino Miranda, presidente de Fecoatrans, luego de la publicación del decreto 22. Genaro Ramírez, presidente de Aeas, dijo a El Faro que “aquí el gran perdedor es el poco usuario que quedaba”.
“El transporte va ser más caro. Tengo entendido que prestar servicio a empresas es una posibilidad que existe, pero hay empresas que no tienen capacidad de pagar $200 o más por el servicio”, agregó Ramírez.
El decreto 22 también fija los días en los que una personas podrá salir a comprar comida, medicamentos y otros insumos necesarios. Este día depende del último número del documento de identidad (DUI, pasaporte o carné de residencia). Sin embargo, el Gobierno no dio solución para las personas que no tengan carro y que se tengan que desplazar medias o largas distancias hasta los centros de abastecimiento. El Gobierno tampoco dio solución para el comerciante informal que tiene que hacer uso del transporte público para llegar a su lugar de trabajo.
“Cuando te digo que la premisa es que nos quedemos en casa, yo entiendo que vamos a tener hambre, yo entiendo que va a haber una afectación económica muy fuerte, entendemos que todas las personas vamos a padecer; sin embargo este es un momento en el que (...) estamos garantizando el derecho constitucional a la salud de las personas”, apuntó el secretario jurídico, Conan Castro, cuando este medio le preguntó sobre las alternativas que tenían las personas del sector informal que tuviera que desplazarse grandes distancias para trabajar.
Delmy y Rosa son dos empleadas de una gasolinera ubicada en la alameda Manuel Enrique Araujo. Una de ellas vive en Lourdes y la otra en Ilopango, pero ninguna tiene un mercado o supermercado cerca de sus casa. Para este jueves su principal preocupación es cómo se movilizarán desde sus hogares hasta su trabajo. “Tendríamos que caminar ‘varias’ cuadras”, dice Delmy entre risas.
El decreto ejecutivo número 22 también restringe la movilidad entre municipios. Es decir, que una persona solo puede desplazarse de un municipio a otro bajo dos circunstancias: su lugar de trabajo queda fuera de su municipio de residencia o si en su municipio de residencia no hay supermercados o mercados.
A las 7 p. m. la empresa donde trabajan Delmy y Rosa aún no les comunica cómo será el turno de mañana, si tendrán transporte o si la tienda de la gasolinera cerrará. De lo único que están seguras, al menos, es que tienen una carta que les permite desplazarse de un municipio a otro para llegar y salir de su trabajo.
“Creo que la ha regado el presidente”
Miguel es un joven de 25 años que trabaja como vigilante de un supermercado ubicado cerca de la plaza Divino Salvador del Mundo. A las 6:30 p.m., él no quiere terminar de creer que esta orden entrará en vigencia. “¿De verdad es cierto eso de que han paralizado el transporte público?”, se pregunta con un tinte de resignación. Miguel terminaría su turno de vigilancia este jueves a las 6 de la mañana, pero luego del anuncio del Gobierno ya no sabe qué pasará.
Miguel teme que debido a la suspensión del transporte público su relevo no llegue a tiempo o, simplemente, no llegue y esto haga que la empresa para la que labora lo obligue a trabajar doble turno. La última vez que salió de su casa, Miguel estaba convencido de que era un día normal en este estado de emergencia, que trabajaría su horario normal y regresaría como siempre a su hogar con su familia a seguir cumpliendo la cuarentena.
Miguel vive en San Miguel Tepezontes, a 45 minutos en vehículo de su lugar de trabajo. Pero si Miguel quisiera regresar a su casa y la empresa no le da transporte, a pesar de estar obligada, tendrá que caminar por siete horas con treinta y ocho minutos para llegar a su hogar, según aproximaciones de Google Maps. Miguel teme quedarse, obligado, con un turno de 48 horas. No sabe dónde se quedaría ni cómo se asearía ni cómo se alimentaria. Todo eso significa un gasto extra que no tenía contemplado.
“Ahí la ha regado el presidente, veá. Ahí creo que la ha regado el presidente”, dice.
Una suspensión improvisada
En enero de este año, el Gobierno instaló la Mesa Integral del Transporte para acercarse y tener un diálogo continuo con el sector y así mejorar el servicio. Una de las personas que estuvo presente el día de la inauguración fue el empresario de transporte público y presidente de Fecoatrans, Catalino Miranda; sin embargo, a cinco meses del supuesto funcionamiento de este espacio, Miranda asegura que no hubo consultas para la suspensión del servicio.
Según dijo Miranda a El Faro, fue hasta el 6 de mayo por la tarde que el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, se reunió con transportistas para comunicarles que el transporte público estaría suspendido por 15 días. Previo a la reunión de ese día, el presidente del gremio aseguró que durante la cuarentena no se había comunicado con funcionarios del Ejecutivo. Solo conocía los decretos y medidas a través de Twitter.
Miranda señaló que deberá contratar seguridad privada para que cuiden las 294 unidades de 13 rutas que dejarán de circular debido a este decreto.
Genaro Ramírez también dijo que esta medida lo tomó por sorpresa, pero que desde hace un mes había sugerido tomarla, debido a los costos que implica el funcionamiento de las unidades con pocos pasajeros.
“No sabía nada. Nos tomó por sorpresa absolutamente. Me di cuenta a las tres de la tarde (del 6 de mayo). Cuando empezó a salir en redes sociales”, dijo el transportista. “Para mí, en lo particular, un favor nos están haciendo. Nosotros le propusimos que ellos se hagan cargo del acuerdo, que ellos operaran. Se lo dijimos hace un mes. No es rentable en estas condiciones”, agregó.
Ramírez es el presidente de Aeas, uno de los gremios de transportistas más grandes del país con cerca de 250 socios, y asegura que no tiene contactos con el Ejecutivo. Aunque sostiene que el Gobierno no lo consultó para tomar esta decisión, dijo que la acatará.
El ministro de Obra Pública, Romeo Rodríguez, señaló que sí habían consensuado esta medida y que los transportistas con los que se reunieron en la mesa de diálogo “están contentos con las disposiciones” y que han ofrecido más de 500 unidades totalmente gratis para que el Gobierno pueda movilizar el personal de salud de sus hogares a los centros de asistencia. “Nosotros como Ministerio de Obras Públicas solo vamos a tener el costo del combustible y del motorista que estará trabajando en las actividades”, concluyó.
El transporte público se suspendió cerca de ocho horas después de su anuncio. El presidente no lo mencionó en la cadena nacional que dio el 5 de mayo; al día siguiente, se publicó y borró el decreto número 22 dos veces de la cuenta de Twitter de la Presidencia y se publicó un decreto adicional a 26 minutos de su entrada en vigencia para aclarar más puntos.
El Gobierno no presentó ningún plan o protocolo para transportar a los empleados públicos. Por el momento, algunas empresas de transporte público han puesto a disposición sus unidades para que empresas privadas y gubernamentales las alquilen.
El ministro Romeo Rodríguez dijo que mientras dure esta medida no pagarán el subsidio al transporte público a los empresarios, pues las unidades no estarán circulando. Según Rodríguez, el Gobierno se ahorrará cerca de $1.6 millones. Actualmente, los transportistas reciben $400 de subsidio por los buses y $200 por los microbuses o coasters.
“Según la ley, toda unidad que no esté circulando no se le puede pagar la compensación económica”, dijo el ministro Rodríguez en la conferencia del miércoles por la noche. A pesar de que no explicó a profundidad, Rodríguez agregó que han llegado a acuerdos con la mesa de transportistas.
*Con reportes de Efren Lemus, Nelson Rauda y Daniel Valencia
