Omar Serrano es el vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y hasta el lunes 11 de mayo representó a la UCA en el comité de emergencia, un grupo creado el 26 de marzo, a través del decreto 608 emitido por la Asamblea Legislativa, para formular y fiscalizar un Presupuesto Extraordinario de 2,000 millones para enfrentar la pandemia. El comité de emergencia está integrado por cinco ministros (Hacienda, Salud, Obras Públicas, Economía, Turismo), el secretario privado de la Presidencia y cinco representates de sociedad civil, nombrados por las universidades y por el sector privado. El Comité tenía la misión de asegurar que los fondos fueron manejados con rigor técnico y con transparencia.
Sin embargo, poco más de un mes después de su creación, los representantes de la Universidad Centroamericana (UCA), de la Escuela de Economía y Negocios (ESEN), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara de Comercio (Camarasal) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) presentaron su renuncia a Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa aduciendo falta de transparencia en el manejo de fondos públicos. Como sus compañeros, Serrano afirma que el comité no tiene razón de existir porque el Gobierno decidió desde el inicio tomar decisiones de manera unilateral, bloqueó el acceso a información y no consultó ninguna de las decisiones relacionadas con el manejo del dinero a los representantes convocados por ley.
'Participamos en el comité con el propósito de que se hiciera todo con la mayor transparencia y para que las decisiones sobre asignaciones de fondos fueran adoptadas con rigor técnico. No podemos cumplir estos fines sin información', dice Serrano.
Desde la juramentación, del 27 de marzo, Serrano afirma que el Gobierno los marginó de la decisiones que involucran el fondo de emergencia. Por ejemplo, el decreto legislativo le asignó al comité la responsabilidad de diseñar el programa de transferencias monetarias a hogares vulnerables así como construir el mecanismos de selección de hogares que podían recibir esa ayuda. La noche que fueron juramentados, el presidente anunció la entrega de $300 a 1.5 millones de familias. Tres días después el comité tuvo su primera reunión. 'Nosotros no tuvimos nada que ver con el diseño ni con la implementación de esa medida. Tampoco tuvimos responsabilidad en las aglomeraciones de los Cenade'. Serrano afirma que valoraron los riesgos de que la Corte de Cuentas les pida cuentas sobre el manejo de fondos públicos en los que no han intervenido; y que tampoco podían hacerse responsables de las decisiones que tomaba el Gobierno sin consultar al comité.
El representante de la UCA advirtió que el Gobierno ha implementado un mecanismo que le permite hacer gastos con cargo al fondo de 2,000 millones, cuando ese fondo todavía no está construido. 'Está construyendo el hospital en Cifco y está remodelando la red hospitalaria. Eso está saliendo con cargos a los 2,000 millones, pero la pregunta es: ¿qué informes existen de esto?'. Según Serrano, representantes del Gobierno les explicaron que aunque el fondo de emergencia aún se está construyendo, cuando alcancen la meta de los $2,000 millones ya tienen programado pedir reembolsos por 950 millones de dólares para reponer el dinero previamente invertido a través de reorientaciones. Ese fondo de emergencia aún no se ha construido, pero ya se comenzó a gastar con este mecanismo. 'No entramos al comité supervisor de los $2000 millones de la emergencia para que el comité sea solo un adorno', dice Serrano.
El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa le pidió a la UCA que participe en el comité de emergencia, creado para vigilar el uso del fondo de los 2,000 millones a conseguir con empréstitos para la emergencia. ¿Cuáles fueron los motivos para concluir que no tenía sentido continuar en el comité?
Fueron varios los motivos. El primero era de carácter legal, porque el decreto legislativo que creó el comité dice que es responsable de diseñar el mecanismo para transferir $300 a las familias. También le asigna la función de diseñar los perfiles de la gente beneficiada. El presidente Bukele anunció la medida cuando entramos en funciones. Nos juramentó el 27 de marzo y, antes de este acto, en cadena nacional anunció este reparto de dinero, que iba a comenzar el lunes. El 30 de marzo fue la primera reunión mientras sucedía el desorden en los Cenade. Nosotros no tuvimos ninguna participación en el diseño, implementación o en la definición de los criterios de los beneficiados de esas transferencias monetarias.
El decreto establecía que el comité tenía la función de administrar el fondo de 2,000 millones.
El decreto atribuye competencias al comité, pero el comité no tenía las herramientas necesarias para cumplirlas. Según el decreto, el comité es responsable de la dirección y hasta de la administración de los fondos. Era imposible, y desde la primera reunión del 30 de marzo planteamos estos inconvenientes del decreto. Los 11 miembros del comité estuvieron de acuerdo. Decidimos elaborar una propuesta de reforma para que fuese más realista y así limitar las funciones. También lo propusimos para desligarnos del diseño, implementacíón y de la definición de los criterios para los beneficiarios de los $300, porque nosotros no tuvimos ninguna participación en eso.
¿Les preocupó que Corte de Cuentas audite y fueran culpados de decisiones del Gobierno en las que no participaron?
La Corte de Cuentas se iba a basar en el decreto para auditar, pero ahí había atribuciones que el comité no podía cumplir. Segundo, había dinero ya invertido en el que el comité no había tenido ninguna participación. Había un temor de fondo a rendir cuentas sobre decisiones en las que no participamos. La presidenta de la Corte de Cuentas dijo que lo que a ella la rige es el decreto. Aunque no tuvimos ninguna participación en las transferencias monetarias, pero ese dinero tiene que salir de los 2,000 millones. Nosotros planteamos que aunque no hayamos tenido participación, que por favor ellos compartieran la metodología utilizada para distribuir los fondos y los criterios para seleccionar a las familias. Hasta la fecha no hemos recibido esa información.
¿Qué les respondieron?
Nosotros pedimos la metodología de la gestión de los $300 para las familias. También pedimos un informe sobre la gestión de los fondos, de los 2,000 millones. Recibimos explicaciones de manera informal. Nunca recibimos un documento sobre la gestión de los 2,000 millones, a esta tasa y a este tipo de interés. Nunca nos entregaron información por escrito.
El decreto le asignó al comité la responsabilidad de elaborar el Presupuesto Extraordinario.
La Asamblea nos asignó la responsabilidad de elaborar el presupuesto extraordinario con esos 2,000 millones, porque este es un dinero extra al Presupuesto 2020. Esa era la función fundamental del comité: definir destinos, asignar los recursos y hacerlo con la máxima transparencia posible. No podíamos cumplir ese fin sin información. Dejó de tener sentido el comité y la presencia de la UCA ahí. No podíamos cumplir los objetivos: garantizar que el dinero llegue a los beneficiarios que estableció el decreto y garantizar que todo se hiciera con la mayor transparencia posible. Nunca tuvimos acceso a informes. Tampoco podíamos garantizar que las asignaciones de fondos se hiciera con rigor y evidencia técnica, porque las decisiones no se tomaban en el comité sino que las estaban tomando en otro lado.
¿Considera que puede que el Gobierno no tenga ningún plan y que la respuesta es que están improvisando todas las acciones?
Acá es una de dos: no dan la información porque no la tienen o porque no quieren entregar esa información. Entiendo que en una emergencia uno reacciona en el camino, pero, por ejemplo el plan que pedimos, la ruta, nunca nos la dieron. La verdad no sé si la tienen. Uno entiende que en una emergencia hay que ir reaccionando, pero algo debe tener claro uno por dónde va.
Como conclusión, eso agotó al comité.
El problema fue que las decisiones fundamentales de la emergencia no se tomaban en el comité. Ese es el problema de fondo.
Si las decisiones no se tomaban en el comité, ¿dónde se tomaban estas decisiones?
Solo sé que no se tomaron en el comité. Me dio la impresión que algunos de los miembros del comité por la parte gubernamental tampoco sabían. Esa falta de información refleja que no se está respondiendo a la emergencia de manera coordinada en el gobierno. Acordamos una propuesta de reforma al decreto, dentro del comité, y presentan una totalmente distinta a la Asamblea Legislativa. Quiero pensar que fue falta de coordinación entre gente con poder dentro del Gobierno. Hubo falta de coordinación.
¿Cuál era la alternativa que propusieron antes de decidir salirse?
Nosotros propusimos un reforma al decreto 608, del 26 de marzo, que aprobó los 2,000 millones y que creó el comité. Hubo consenso unánime en la propuesta que versaba sobre las competencias del comité. El comité pasaba a tener un papel consultivo y propositivo. No disminuían las tareas del comité, pero sí las responsabilidades. Íbamos a proponer mecanismos de asignación de fondos, de lo que quedaba de los 2,000 millones. Íbamos a proponer criterios de uso para el gobierno nacional y gobiernos locales. Por consenso, elaboramos esta propuesta y el 22 de abril llegamos, después de varias reuniones, a ese consenso para que el Gobierno presente una propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa.
¿Qué más proponían en la reforma que consensuaron con los representantes del Gobierno?
Propusimos términos de referencia para auditorías externas al manejo de los fondos. Escucharon, recibieron la propuesta y no hubo acuerdo. Propusimos criterios para que el gobierno central y los gobierno locales usaran los fondos, pero no hubo acuerdo. Tocamos los artículos 13 y 14 y pedimos cambios. No quitaba tareas al comité, pero sí responsabilidades financieras, penales y administrativas a los integrantes de sociedad civil. Los representantes del gobierno estuvieron de acuerdo. Si el decreto dice que nuestra responsabilidad era presentar los programas para el manejo de los fondos, en la reforma decía que nuestra responsabilidad era proponer. Pasábamos a tener un carácter consultivo y propositivo. Cuando el Gobierno presentó su propuesta que de un solo dice: 'este dinero va a ir aquí', sin habernos comunicado, a nuestro juicio, el comité dejó de tener razón de existir.
¿Se refiere a la propuesta de reforma de los 2,000 millones que presentó el gobierno el 24 de abril a la Asamblea Legislativa?
El 24 de abril, el Gobierno presentó una serie de decretos. Pidió 1,000 millones adicionales en deuda después de un diálogo o negociación con la empresa privada. No tuvimos que ver en esa propuesta, porque no compete al comité. En esos decretos, metieron una propuesta de reforma al decreto legislativo 608, que no tiene nada que ver con la que habíamos consensuado. La que habíamos consensuado tenía que ver con los artículo 13 y 14, en las que el comité pasaba a tener una función de propositiva. Pero el Gobierno presentó una reforma de manera unilateral y sin conocimiento del comité otra propuesta. Lo que rebalsó el vaso fue esa propuesta de decreto presentado unilateralmente.
¿En qué puntos el Gobierno propuso cambios no consultados o no informados al comité?
Propuso cambios al artículo 11 del decreto que define el destino de los 2,000 millones. Redistribuye el dinero en tres rubros: primero, los 600 millones ya comprometidos a las municipalidades; segundo, los 450 millones asignados a las transferencias monetarias; tercero, los 950 millones para el déficit en ingresos del Presupuesto 2020. Eso deja fuera los otros destinos que establece el decreto para las Mipymes, para agricultura, para el sector agropecuario, para el pago de planillas para empresas afectadas por la emergencia. No es solo eso. La propuesta del Gobierno dice cómo la municipalidad debe invertir los fondos.
¿Cuál fue la respuesta de los miembros de sociedad civil a la contraparte gubernamental en el comité?
Nosotros nunca discutimos esos cambios. Nos dimos cuenta cuando presentaron los decretos a la Asamblea Legislativa. Esto fue lo que ya no condiciona al comité sino que lo determinó. Este acto dejó sin sentido al comité, porque la reforma que habíamos consensuado planteaba que íbamos a ayudar en la asignación de los recursos, entre los destinos que decía el decreto. Como miembros de la sociedad civil hicimos propuestas de cómo usar los fondos. También lo hicimos sobre los criterios para transparencia, rendición de cuentas e hicimos propuestas de términos de referencia para auditorías sobre los fondos asignados.
¿Qué responsabilidades del comité definidas en el decreto les quedaban?
¿Qué le deja al comité? Ya asignaron los fondos y está dicho. Le dice a las municipalidades cómo usar los fondos. ¿Cuál es el papel del comité? Esta última propuesta de reforma que todavía no ha pasado, dejó sin razón de ser al comité. Teníamos un consenso el 22 de abril y el 24 de abril presentaron otra cosa. Fue una acción inconsulta e irrespetuosa. El Gobierno demostró falta de transparencia. No me refiero a los integrantes del gobierno en el comité sino al Gobierno en general. No es un problema del comité. Con los miembros del Ejecutivo que forman parte del comité -cinco ministros y el secretario privado, que era el coordinador del comité- tuvimos una buena relación. Hubo cordialidad, respeto mutuo y confianza. Ernesto Castro, el secretario privado, fue muy flexible y aceptaba nuestras intervenciones, respuestas y disensos.
¿Tuvo la impresión de que en ese comité estaban representantes del Gobierno que no toman decisiones?
Creo que el secretario privado es importante en este Gobierno, pero no es solo él. No se si coincide con los otros.
¿Los cinco ministros tenían poder de decisión?
Creo que las decisiones importantes se toman en otro nivel. Sí creo que hay gente con más influencia, pero también en el Gobierno puede haber gente que no está en esos niveles y tiene influencia. Con nosotros estuvo el asesor jurídico de la Presidencia siempre y creo que tiene incidencia. No digo que ellos no hayan tenido participación en otros comités. Pero en el comité de emergencia no se tomó ninguna decisión.
¿Qué tipo de cuestionamientos hacían ustedes?
Les cuestionamos sobre por qué decidieron construir un hospital de 70 millones que va a demorar tres meses, cuando en otros países construyeron en días hospitales de campañas, porque es emergencia y han invertido menos dinero.
¿Les dijeron quién tomó esa decisión?
Nunca nos dijeron.
¿Asumió alguna responsabilidad el ministro de Obras Públicas por esta decisión?
No. Nunca. Él solo es el responsable de la ejecución. Lo que respondió el de Obras Públicas y de Salud fue que en infraestructura no es mucho lo que se va a invertir. Ellos aseguraron que la mayoría de fondos son para equipamiento e inmobiliario. Dijeron que el objetivo es tener un sistema de salud fortalecido después de esa pandemia y prometieron que cuando pase esto vamos a tener para variar “el mejor sistema de salud de la región”, cosa que no está mal. La pregunta es: ¿esto responde a la emergencia? 'Sí', contestaban, pero como le estoy hablando a usted. Por ejemplo, dice que han invertido 20 millones, pero un informe escrito de los gastos jamás lo tuvimos. Recién iniciado el comité pedimos un plan de trabajo y una ruta.
¿Les comunicaron cuál era el plan del Gobierno para atender la emergencia?
Nosotros pedimos saber qué pensaba el Gobierno y cuál era su estrategia. Nunca entregaron esa información. Si esta pandemia es una emergencia sanitaria no es Seguridad la cartera que debe llevar. Es Salud. Pedimos planes a Salud y el ministro nos hizo una exposición de las fases, que son las mismas que repitió el presidente Bukele en una cadena nacional. Cuando preguntamos cuánto dinero iban a necesitar para eso y en qué lo iban a ocupar el dinero, nunca respondieron. También sucedía con el ministro de Hacienda.
¿Qué les expuso el titular de Hacienda?
Él expuso el déficit presupuestario que ellos proyectaban. Él respondía verbalmente: es de 500 millones, luego 600 millones, después 700 millones y al final le dijo a la Asamblea Legislativa que era de 950 millones. Nunca tuvimos un documento. También le preguntamos por la gestión de los fondos antes de que el Fondo Monetario Internacional avalara los 389 millones de dólares. El ministro solo nos había comunicado que la alternativa más segura era obtener dinero con el FMI.
¿Les explicó el titular de Hacienda que aceptar fondos del FMI podía implicar aceptar las condiciones de este organismo: un paquete de nuevos impuestos como los planteados en el último Artículo IV?
Eso lo respondió verbalmente: todo préstamo del FMI incluye un paquete de medidas de ajuste. Nos dijo: 'esa no es decisión mía sino del presidente sí lo firma'. Eso lo dijo en una ocasión. Fue una respuesta verbal. El comité fue un lugar donde tuvimos información privilegiada, pero lo que no tuvimos fue información oficial.
Pero si el FMI avaló los 389, ¿significa que el presidente firmó ese compromiso de nuevos impuestos: un aumento al IVA el próximo año?
Unos dicen que sí y otros que no. Nosotros no tenemos copia de esto. En la reunión del lunes 11 de mayo, nos dijeron que nos iban a compartir más información sobre el acuerdo con el FMI. Nosotros pusimos nuestra renuncia junto con las demás instancias de la sociedad civil antes de que tocaran ese punto y nos retiramos. Renunciamos ante la Asamblea Legislativa que nombró a las instituciones en el decreto 608 y renunciamos ante el presidente que fue quien nos juramentó el 27 de marzo. Presentamos una carta conjunta entre todas las organizaciones.
En el comité había representantes de ANEP y de Cámara de Comercio que negociaron la propuesta de rescates de micro, pequeña y mediana empresa por 1,000 millones de dólares. También renuncian junto con la UCA. ¿En algún momento discutieron es acuerdo a la hora de elaborar las cartas?
No lo discutimos. No quisimos, porque esa fue una negociación bilateral entre la empresa privada y el Gobierno, que no tenía nada que ver con el comité. Nosotros sí supimos cuando conocimos la propuesta de decreto, pero independientemente si estamos o no a favor no queríamos complejizar más. Nosotros no íbamos a tener responsabilidad de esos 1,000 millones acordados entre el Gobierno y la empresa privada. La responsabilidad del comité se limitaba a los 2,000 millones que aprobaron el 26 de marzo.
Una de las responsabilidades del comité era definir los mecanismos de auditoría y de gestión financiera. ¿Hasta la fecha formalmente cuánto dinero ha ingresado a la meta de los 2,000 millones en empréstitos?
Lo único que ha ingresado formalmente a los 2,000 millones es lo aprobado por el FMI: los 389 millones. De ahí no hay nada. El fondo JICA y otros fondos no están relacionados. Son a parte.
Aunque no ha ingresado dinero al fondo de 2,000 millones, ¿ese dinero ya está comprometido o gastado por el Gobierno?
El problema es que el decreto dice que una parte del los 2,000 millones es para el déficit presupuestario. Si el Gobierno gasta de una fuente de ingresos 450 millones para repartir $300, hay que repornérselos. Si el Gobierno ha gastado en insumos médicos, 60 millones, hay que reponerlos de los 2,000 millones. El Gobierno menciona el hospital Cifco… eso va para los 2,000 millones. Eso nos lo dijeron explícitamente. Han manejado que son 70 millones de dólares. El comité no dictaba. El Gobierno decía ya gasté en esto y en esto. Lo menos que podíamos hacer era pedir facturas o los comprobantes. Pero no llegamos a eso, porque nunca se nos planteó qué dinero iba a entrar.
¿Qué otras decisiones que le competían al comité tomó el Gobierno de manera unilateral?
Ayer vino un buque cargado de alimentos. Según la cuenta oficial de Cepa, es para repartir alimentos a 2.7 millones de familias. Este cargamento se negoció desde antes. ¿Qué dice la reforma del decreto 608 que el Gobierno presentó a espaldas del comité? Dice que de los 600 millones que van a las municipalidades, la mitad serán ocupados en repartir alimentos y que las canastas a repartir deben ser compradas al Ejecutivo. Entiendo, necesitamos alimentos y compremos, pero ahora va a recuperar dinero de las alcaldías. El tuit dice que el Gobierno entregará, pero en esa propuesta dice que son las alcaldías. Los salvadoreños vamos a pagar esos préstamos. Hoy en la mañana decían que este cargamento no entra dentro del paquete alimentario, que es distinto. Hay distintas versiones. No puedo decir cuál es la verdadera.
¿En algún momento cuestionaron sobre la disponibilidad de recursos del Gobierno para hacer compras durante la emergencia?
Pedimos el plan de emergencia del Gobierno y la lista reorientaciones de fondos. Lo que me respondieron fue que el presidente pidió a los ministerios que reorienten fondos, pero no iba a ser significativo porque no había mucho margen. Esa fue la única respuesta. Por otras fuentes me enteré que había 1,000 millones destinados a inversión, que fueron reorientados para la emergencia. Eso es muy significativo. Por eso preguntamos por el estado de las finanzas del Gobierno. Nunca recibimos un informe en ese sentido.
¿Les explicaron por qué no usaron los 645 millones en bonos aprobados en el Presupuesto 2020 para atender el inicio de la emergencia?
Lo que nos explicaron es que se había gestionado que ese dinero iba para el déficit presupuestario del Presupuesto 2020. El presupuesto lo aprobaron con un déficit. Eso era para suplirlo. Lo que queríamos era saber qué se iba a hacer con el presupuesto ordinario. Mientras Costa Rica se ha endeudado un 1% del PIB para atender la emergencia, nosotros ya llevamos el 11% del PIB para esta emergencia. Si uno de los objetivos de la Asamblea cuando nos nombraron era la transparencia, ese objetivo no se ha cumplido y si sigue así tampoco se va a cumplir. La economía se hunde. Hay gente aguantando hambre. Este Gobierno es muy reactivo: actúa y piensa después. En el camino se producen errores como la entrega de los $300. Mi anhelo personal es que estos recursos le lleguen a la gente que está aguantando hambre. ¿Cómo llegar a la gente que no tiene garantizada su supervivencia? No puede pedirle a alguien que se quede en su casa si no cuenta con alimento. Es imposible. Ya repartieron dinero que no hay.
