Así boicoteó el Gobierno al comité que debía auditarlo

El Gobierno de Nayib Bukele bloqueó una reforma propuesta por el Comité de Emergencia que buscaba una auditoría especial a la entrega del subsidio de 300 dólares a 1.5 millones de familias salvadoreñas, además de robustecer la fiscalización de todos los fondos destinados para la emergencia por coronavirus.

Las actas de las reuniones del organismo (creado para fiscalizar la ejecución de $2,000 millones para enfrentar la pandemia) revelan que los seis representantes del Gobierno y los cinco representantes de la sociedad civil habían acordado un paquete de reformas al decreto 608 que dio vida al “Fondo de Emergencia”. Estas terminaron de ser aprobadas de manera consensuada por los 11 miembros del Comité en las sesiones del martes 14 y miércoles 22 de abril, celebradas en Casa Presidencial. Sin embargo, el 24 de abril, el Gobierno boicoteó el acuerdo y buscó debilitar al organismo. Esto, a la postre, provocó la renuncia de los civiles, que denunciaron bloqueos y falta de transparencia.

Una de las de las reformas bloqueadas por Casa Presidencial exigía la transparencia de todos los gastos ejecutados “antes de la creación y funcionamiento del Comité y  también de aquellos gastos aprobados (por el Ejecutivo) antes de definirse los criterios de asignación de fondos por parte del Comité”. 

En las actas de las reuniones a las que tuvo acceso El Faro queda claro que uno de los objetivos de los representantes civiles era lograr que se transparentara la entrega del bono de $300 dólares para 1.5 millones de familias, un programa que por ley debía de ser creado por ese organismo, pero que cobró vida tres días antes de que el Comité tuviera su primera reunión formal, el 30 de marzo. En otras palabras: Casa Presidencial se saltó la ley que dio vida al Fondo de Emergencia y se adelantó con el diseño y puesta en marcha del programa de subsidios sin la venia del Comité, el organismo que debía crearlo y fiscalizarlo.

El 24 de abril, dos días después de que el Comité aprobara las reformas que buscaban corregir ese error, Casa Presidencial presentó sus propias reformas a la Asamblea Legislativa. Fueron llevadas por el secretario privado Ernesto Castro y el asesor jurídico Javier Argueta. La propuesta unilateral el Gobierno desnaturaliza al organismo: deja al comité sin capacidad de fiscalización y sin la capacidad de definir el destino de la ayuda en base a criterios técnicos. Archivada en la Asamblea, la reforma de Casa Presidencial define el destino que tendrán los 2,000 millones de dólares (sin haber tomado en cuenta al Comité) y obliga a las municipalidades a gastar 600 millones en canastas de víveres, saldos crediticios, pago de proveedores y proyectos de infraestructura. De los 1,400 millones que restan, el Ejecutivo pide utilizarlos para pedir reintegros de fondos que ya gastaron a través de dos conceptos: “reintegro del Programa de Transferencias Monetarias” y “deficiencias de ingresos en el Presupuesto 2020”. Ninguna de esa apuestas fue discutida en el seno del Comité de Emergencia.

La maniobra, a la postre, provocó la renuncia de los representantes civiles. Fue la gota que derramó el vaso. En nueve sesiones, ellos nunca recibieron ni un informe por los millones  de dólares invertidos tras mes y medio de emergencia. Luego, en respuesta a la propuesta de reforma para fortalecer al Comité, Casa Presidencial se adelantó con una que lo debilitaba. Entre finales de abril y principios de mayo, los civiles en el Comité pidieron al Gobierno explicaciones por esa maniobra y que se retirara esa pieza. Casa Presidencial no respondió ni desistió. 

Entre el 30 de marzo y el 11 de mayo, el Comité se reunió en diez ocasiones, pero de las reuniones solo se generaron siete actas. En cinco de las reuniones, debatieron el contenido de la reforma al decreto 608: la primera reunión del 30 de marzo; la tercera, del 3 de abril; la sexta del 14 de abril; la séptima del 20 de abril y la octava del 22 de abril. El Gobierno no compartió con los civiles el acta oficial de la octava reunión celebrada el 22 de abril, en la que se leyó la redacción final de las reformas consensuadas al decreto 608. En esa reunión, aseguran las fuentes, nunca se acordó que Casa Presidencial presentara sus propias reformas. El Faro también tuvo acceso a la propuesta de reforma del Comité, y en ella se recogen las observaciones de los debates realizados en las sesiones previas. La propuesta es totalmente distinta a la que presentó el Gobierno a la Asamblea.

Freno a la transparencia

Hasta la reunión del 22 de abril, el Gobierno ya llevaba más de un mes ejecutando millones de dólares sin rendirle cuentas al Comité; y tampoco informaba a la Asamblea, pese a que la Ley de Emergencia aprobada el 14 de marzo le exigía rendir informes mensuales y detallados. 

Para los civiles en el organismo, el consenso alcanzado en las reformas suponía un compromiso del Gobierno Bukele hacia la transparencia y hacia el Comité. Habían sido discutidas y aprobadas en cinco de las ocho primeras reuniones. Además del secretario privado Ernesto Castro (que presidía el Comité), por parte del Gobierno también participaron en esas reuniones los ministros de Salud, Francisco Alabí; de Hacienda, Nelson Fuentes; de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; de Economía, María Luisa Hayem y de Turismo, Morena Valdez.

La cláusula que buscaba transparentar los fondos utilizados “antes de la creación y funcionamiento del Comité” respondía a dos realidades concretas: para cuando el comité se reunió por primera vez (30 de marzo), el Gobierno ya llevaba tres días ejecutando el programa de bonos de $300 para 1.5 millones de hogares afectados. Pero los civiles en el Comité buscaban, además, transparentar las reorientaciones de fondos que Hacienda autorizó durante el primer mes de la cuarentena. En una reunión celebrada el 3 de abril,  el ministro Nelson Fuentes informó que cuando el “Fondo de Emergencia” estuviera constituido, esa cartera solicitaría un “reintegro” por los 450 millones destinados al subsidio, así como reintegros por decenas de millones de dólares que habían sido destinados para iniciar la construcción del hospital en Cifco. 

Ese mecanismo de “reintegros” definido fuera del Comité, en la práctica, permitió al Ejecutivo saltarse una vez más el decreto 608 para asignar recursos de los 2,000 millones, aunque estos fondos aún no existieran -según Hacienda, aún no han ingresado a las arcas del Estado- y sin la autorización del Comité. Por eso la reforma exigía transparentar también esos fondos preasignados,  y definir una hoja de ruta para los nuevos gastos a través de un “Presupuesto Extraordinario” que contaría con la aprobación del Comité.

Según la reforma, este presupuesto sólo podía contener destinos relacionados con la emergencia, la recuperación y la reconstrucción económica del país. Delimitaba que los únicos proyectos que recibirían fondos serían  aquellos que cumplieran con los lineamientos y criterios formulados para la emergencia y delineados por el Comité; y resolvía potenciales conflictos de interés: si uno de los ministros que forma parte del Comité conocía de una asignación de fondos para la cartera que dirige, no podría votar para aprobar el uso de fondos. La reforma también desligaba a miembros civiles de la responsabilidad administrativa y de la ejecución de los fondos, pero establecía mecanismos de rendición de cuentas para las unidades ejecutoras a través de auditorías externas en coordinación con la Corte de Cuentas. 

Pese a los consensos que narran las actas, el ministro de Hacienda Nelson Fuentes dijo a El Faro que no conoció el borrador de la reforma. “No le sabría decir cuál era el borrador. No lo he visto”, dijo el 19 de mayo. El secretario privado, Ernesto Castro y el asesor jurídico, Ernesto Argueta no respondieron a las llamadas ni mensajes de texto enviados por El Faro entre el 11 y el 19 de mayo. 

Burlados desde el día 1

Las actas de las reuniones del Comité muestran que el Gobierno marginó al organismo de las decisiones importantes desde el día 1. El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa le ordenó al Ejecutivo incluir en el equipo de once personas a cinco miembros de sociedad civil. La primera misión del grupo era diseñar e implementar un “Programa de Transferencias Monetarias” para hogares que perdieron sus ingresos por la emergencia nacional, pero el Gobierno implementó la medida antes de juramentar al equipo. 

El 27 de marzo, el presidente anunció en cadena nacional que a partir del lunes 30 comenzaba la entrega de $300 a 1.5 millones de hogares y que desde el sábado podían consultar en los Cenade si habían sido beneficiados. El 27 de marzo, según el  Acuerdo Ejecutivo 388 de Hacienda, el Gobierno aprobó la 'transferencia por $400 millones a FOPROMID para inyectar de recursos al Programa de Transferencias Monetarias Directas, que se traduce en otorgar una compensación económica de $300 por familia, que no tengan un vínculo laboral ni otro ingreso permanente y que se han visto afectados económicamente por la pandemia Covid-19'.

Luego de la cadena nacional en la que Bukele anunció el subsidio, Presidencia informó que esa misma noche se había juramentado a los once miembros del “Comité del Fondo de Emergencia”. Los representantes de sociedad civil eran Omar Serrano, de la UCA;  Raúl Vásquez Garay, de Camarasal; José Agustín Martínez, ANEP; José Ángel Quirós, de Fusades y Carmen Aída Lazo de la ESEN, quien luego pidió retirarse por motivos de trabajo. Ella fue sustituida el 14 de abril por Carlos Carcach.

La primera reunión del comité sucedió a las 9 a.m. el lunes 30 de marzo de 2020, en el salón de ministros de Casa Presidencial y duró dos horas. Esa mañana, las multitudinarias concentraciones de personas en los alrededores de los Cenade en todo el país  evidenciaron una falla logística del Gobierno en la entrega del bono de $300 dólares. Lazo, experta en economía y ex candidata a la vicepresidencia por la alianza Arena-PCN-PDC-DS en las elecciones de 2019,  pidió dejar en acta que se desligara de responsabilidades al equipo por el reparto del bono a los hogares vulnerables. Tenía razón. Esa competencia contenida en el decreto 608 ya no aplicaba porque ya se había realizado desde el Ejecutivo. “Proponía suprimir ese literal”, dice la petición de Lazo, que consta en el acta del 30 de marzo. Omar Serrano aseguró a El Faro que el comité no tuvo ninguna participación en el diseño, implementación o en la definición de los criterios de los beneficiados de esas transferencias monetarias. La Corte de Cuentas, en un informe enviado a la Asamblea inicios de mayo, confirma esta versión. 

En el acta de esa primera reunión también consta que el jurídico Javier Argueta iba a presentar una reforma a la Asamblea para definir que el Comité no tuvo 'competencia sobre este literal (la entrega de los $300 a 1.5 millones de hogares)'. Esto nunca ocurrió. 

Desde esa primera reunión, los representantes civiles plantearon la necesidad de hacerle cambios al decreto 608 para delimitar que su función fuese consultiva y limitada a proponer y diseñar un presupuesto extraordinario. Dada la experiencia con el programa de subsidios, pedían que en última instancia fueran las unidades que iban a ejecutar los recursos las responsables de su administración y de su uso. “Había dinero ya invertido en el que el comité no había tenido ninguna participación. Había un temor de fondo a rendir cuentas sobre decisiones en las que no participamos”, dice Omar Serrano.

En la carta de renuncia enviada el 11 de mayo al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, los civiles en el comité aseguran que el Gobierno nunca compartió con ellos un documento oficial sobre la metodología para seleccionar a los hogares que resultaron beneficiados con el bono de $300. La única referencia a información de este tema está en el acta del 3 de abril. “El ministro de Hacienda explicó que el gobierno iba a solicitar un reembolso de 450 millones del ‘Fondo de Emergencia’, porque la transferencia de $300 a los hogares vulnerables dejó desfinanciada la deuda pública del semestre', dice el acta. 

De fondo, el acceso a los 450 millones de dólares para la entrega del subsidio, y la definición de la metodología para seleccionar a los beneficiarios no termina de quedar clara y gotea irregularidades. A la Asamblea Legislativa, el secretario privado Ernesto Castro solo presentó  un “informe” de dos páginas que no ahonda en detalles. El monto total invertido, además, está lleno de contradicciones. Mientras en declaraciones públicas el presidente Bukele y otros funcionarios aseguran que se invirtieron 450 millones de dólares, el Acuerdo Ejecutivo 388 de Hacienda reseña que para el Programa de Transferencias Monetarias Directas se inyectaron “$400 millones”. Al Comité, el ministro de Hacienda informó de manera verbal que se iba a solicitar un “reembolso” de $450 millones para reponer lo invertido con el subsidio. El 30 de abril,  a la Asamblea Legislativa, el mismo ministro de Hacienda dio otra cifra en el “Informe de ejecución financiera de recursos del Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) durante la emergencia por Covid-19”. En ese documento, Hacienda asegura que para entregar el subsidio el Gobierno erogó 375 millones de dólares. 

En un informe de la Corte de Cuentas remitido a la Asamblea Legislativa el 6 de mayo, el ente contralor asegura que el Gobierno usó $350 millones para beneficiar a 1.2 millones de personas. La cifra, sin embargo, tampoco cuadra. Si el universo de beneficiarios ha sido 1.2 millones, significa que el Gobierno tuvo que haber invertido 360 millones de dólares para cumplir con la entrega de $300 para cada beneficiario. El Faro intentó obtener una reacción de la Corte de Cuentas por esa diferencia, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se buscó una reacción de Casa Presidencial a través de la secretaría de Prensa, pero al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta. 

La Corte de Cuentas, sin embargo, encontró otra diferencia que ha provocado la denuncia de un grupo de diputados de oposición. Entre los beneficiarios, los auditores detectaron que existe un grupo de 100,000 personas “que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados” para recibir el bono de $300 (para un total de $30 millones)”.

Un comité a ciegas

Además de transparentar la ejecución de los fondos, el decreto 608 establecía otras ocho atribuciones al Comité, y una de las más importantes consistía en proponer el “Presupuesto Extraordinario”, para garantizar la “Recuperación y Reconstrucción Económica” y la “Reactivación del gobierno central y de los gobierno locales”. 

El equipo necesitaba información para determinar cómo distribuir estos recursos. En la reunión del 30 de marzo, Ángel Quirós (directivo ejecutivo de Fusades y exministro de Obras Públicas en el gobierno de Francisco Flores) solicitó dos insumos: los planes referentes a la emergencia y a la recuperación económica. No hay constancia en el acta de ese día ni en las de las siguientes reuniones que el Gobierno haya compartido esa información.

En esa primera reunión, el ministro de Hacienda expuso que el Gobierno estaba buscando obtener los 2,000 millones a través de dos vías: créditos puente y organismos internacionales.

En la segunda reunión -del 1 de abril- la formulación de un “Reglamento para el Comité de Emergencia” ocupó toda la agenda. El Comité programó para la siguiente reunión, del 3 de abril, la definición de criterios para asignar fondos a las alcaldías. Acordaron también discutir las auditorías, la conformación de comités técnicos especializados en el marco del Comité y el manejo de la vocería. 

Llegada esa tercera reunión, los civiles le solicitaron al ministro de Hacienda  un informe del proceso que seguía para obtener los 2,000 millones con acreedores. Fuentes respondió que hacía gestiones para obtener esos recursos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Raúl Vásquez preguntó sobre un fondo que estaba gestionando el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para que los gobiernos de la región enfrenten los efectos de la pandemia.

El 12 de marzo, los mandatarios de  Centroamérica y el Caribe, en una reunión en la que no participó el presidente de El Salvador, acordaron un Plan de Contingencia Regional y anunciaron que el BCIE iba a poner a disposición 1,910 millones de dólares para Fondos de Emergencia Fiscal, Apoyo a Bancos Centrales y para el Programa de Liquidez a la Banca Comercial de los países miembros del SICA. En ese cónclave también acordaron la entrega de 182 mil kits de pruebas de covid-19, es decir 26 mil pruebas para cada uno de los países miembros. Fuentes dijo no manejar la información al respecto. “La información sobre el acceso a un fondo gestionado por el SICA era manejada por Cancillería, pero que sabía que El Salvador no estaba siendo excluido”, consta en el acta 03.

En esa sesión del 3 de abril, Fuentes se comprometió a entregar el 7 de abril una propuesta de 'metodología y lineamientos para asignar presupuesto a los proyectos del gobierno”, que establece que los proyectos deben contener “como mínimo un plan de ejecución, plazo y monto”. Entre los acuerdos está que el ministro de Salud, Francisco Alabí, iba a hacer una presentación sobre las fases para gestionar la emergencia: la Fase I, Contención; la Fase ll, Respuesta y la Fase III, Transición. 

Según el acta 04, del 7 de abril, Alabí dijo que el Gobierno le apostaba a fortalecer la infraestructura del Sistema Nacional de Salud con la edificación y reparación de hospitales; la compra de equipamiento médico, insumos, medicamentos y “medidas extraordinarias” para garantizar la cuarentena nacional. Cuando le consultaron cuánto se había invertido en estas acciones, el ministro respondió que no contaba con la información: 'Se están haciendo los consolidados y se proporcionarán los datos en una próxima reunión', consta en el acta. Esta promesa nunca se cumplió.

Para esas fechas, el Acuerdo Ejecutivo 371 ya llevaba 20 días en vigencia. Aprobado el 18 de marzo, autorizaba la transferencia de $38.7 millones a FOPROMID, con el propósito de iniciar la construcción del Hospital Temporal para la  atención de pacientes contagiados de Covid-19 en Cifco. Para esas fechas también se cumplía una semana desde la aprobación del decreto legislativo 615 que habilitó a Hacienda a incorporar $42 millones de un préstamo con la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA) para la emergencia: $23 millones de este préstamo fueron reorientados por Hacienda, el 18 de marzo, para la construcción del Hospital de Cifco. En resumen, no es que el Gobierno no tuviera la información, es nada más, como denunciaron los civiles en el Comité, que no estuvo dispuesto a transparentar sus gastos ante ese organismo. 

El 8 de abril fue la quinta reunión del Comité. Según el acta: 'El ministro de Hacienda proporcionó información sobre los recursos invertidos en la Fase I de abordaje del Covid-19. Se acordó que el ministro de Hacienda informe de manera periódica sobre la inversión en las distintas fases de abordaje de la pandemia'.

Tras la renuncia de los civiles en el Comité, el director de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, dijo en una conferencia de prensa que el representante de su organización, Raúl Vásquez Garay, les había informado que el Gobierno solo había compartido “unas powerpoint” con información general, pero que nunca recibió un documento oficial. Omar Serrano relata que el ministro de Hacienda en una de las reuniones verbalmente comunicó un monto estimado de los gastado durante la emergencia. “En las reuniones solicitamos el arte de las finanzas del gobierno. ¿Cuál era el déficit que proyectaban? ¿Cuáles eran las reorientaciones en el presupuesto para la emergencia? Aunque a veces respondieron verbalmente, nunca recibimos un informe por escrito. Esa era información indispensable para hacer cualquier presupuesto extraordinario, porque en base a eso, a lo que hay, usted puede decidir dónde va a destinar recursos”, dice 

El 8 de abril, Ángel Quirós propuso discutir criterios para asignar fondos a las municipalidades: demográficos, sectoriales, económicos y del empleo en general. 

El 14 de abril, consta en el acta 06, se propuso que el Comité de Emergencia exigiera requisitos al Gobierno para pedir asignaciones de fondos. Entre estos la presentación de un plan detallado de trabajo y una hoja de ruta; la presentación de un documento oficial con las gestiones contempladas por el Órgano Ejecutivo para conseguir los 2,000 millones; tener contratada la auditoría externa y haber asegurado el acompañamiento concurrente de la Corte de Cuentas.

Quirós también propuso cuatro criterios para financiar proyectos. Primero, que los proyectos estuvieran consignados en un plan de trabajo previamente aprobado por el Comité. Segundo, el Gobierno debía presentar por escrito alcances, objetivos y la justificación en el destino de los fondos a conseguir. Tercero, la entrega de los fondos debían estar atados a procedimientos abiertos, justos y competitivos para la administración de contratos, según lineamientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap). Cuarto, cada unidad que ejecute fondos estaría obligada a rendir cuentas “del buen uso de los fondos”.  

El jurídico Javier Argueta  les respondió que  era mejor 'derivar todos los lineamientos a los mecanismos ya existentes de la Lacap y lineamientos de la UNAC'. Desde el 23 de marzo, el Gobierno ocupa los “Lineamientos Específicos para compras de Emergencia, por la pandemia COVID-19”, que sustituye a la Lacap, para hacer compras más expeditas de insumos esenciales para atender la pandemia. 

Gobierno no informó el acuerdo con el FMI

En la misma reunión del 14 de abril, el equipo volvió a solicitar informes a Hacienda sobre los avances en las negociaciones con los potenciales acreedores para obtener los 2,000 millones de dólares. 'Luego de la presentación, los miembros del Comité reiteraron la importancia de contar con la información del Ministerio de Hacienda respecto a la gestión de los fondos', dice el acta 06. Ese día el Fondo Monetario Internacional comunicó, en su página oficial, que había avalado 389 millones de dólares para El Salvador. El acuerdo para la obtención de fondos, sin embargo, nunca pasó por el control del Comité. Es decir, el Gobierno negoció los términos para conseguir esos fondos a espaldas del Comité.

El 4 de abril, el ministro de Hacienda Fuentes y el presidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, informaron -a través de una carta- a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva sobre proyecciones iniciales de costos de medidas económicas para atender los efectos de la pandemia. “Las medidas para prevenir, detectar, controlar, tratar y contener la propagación del coronavirus pueden costar 900 millones de dólares (3.5% del PIB), y a eso debemos agregar la pérdida de ingresos que se espera deteriore el Presupuesto 2020 en 8 puntos del PIB, por lo que podríamos requerir un financiamiento adicional de 1,300 millones de dólares”, dice la carta firmada por ambos funcionarios.

La carta consigna que el Gobierno se compromete a implementar medidas de ajuste fiscal -más impuestos- de 2021 a 2024. “Nos comprometemos a hacer una ajuste fiscal gradual de al menos 3 puntos del PIB con medidas permanentes a implementarse entre 2021-2024 para que el balance fiscal primario llegue a 3.5% del PIB a finales de 2024, para colocar la deuda en una trayectoria descendente para cumplir con la meta de la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la deuda al 60% del PIB para el año 2030”, comunicaron Fuentes y Martínez. Las proyecciones compartidas a Georgieva y el acuerdo de hacer este ajuste fiscal a cambio de los 389 millones no consta en las actas de reunión del Comité designado para supervisar la construcción de ese fondo. Por eso el Comité pidió más información, pero Hacienda se comprometió a darla en una sesión futura el 11 de mayo, el día en el que renunciaron los civiles en el Comité. 

Desplantes y silencios después del boicot

El consenso en las reformas para fortalecer al Comité de Emergencia y garantizar la transparencia en el uso de fondos se trabajaron de forma paralela en todas las sesiones del organismo. Para la reunión del 14 de abril, el Comité definió un acuerdo para reformar el decreto 608. 'La propuesta presentada sugiere cambios a nivel de los ‘Considerandos’ y reformas a los artículos 12, 13 y 14 del decreto, según documento anexo', dice el acta de esa sesión.

Seis días más tarde, el 20 de abril, en el acta 07, quedó consignado que ya había un acuerdo para presentar la propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa. 'Los miembros del Comité acordaron esperar las reformas al decreto 608, previstas a  concretarse a finales de esta semana', dice el acta. En la reunión del 22, el Comité leyó y aprobó la redacción final de las reformas. Sin embargo, dos días después el Gobierno presentó otra propuesta a la Asamblea que no modifica los artículos 12, 13 y 14 y que tampoco incluye ninguna de las peticiones debatidas en las reuniones. 

Luego del bloqueo a la reforma consensuada, el Comité celebró una novena sesión que se desarrolló en dos días, el 28 y el 29 de abril. El martes 28, los civiles solicitaron que el Gobierno diera explicaciones sobre la propuesta no consensuada de reforma al decreto 608 que llegó a manos de los diputados. A la reunión, sin embargo, no llegaron ni el presidente del Comité, el secretario privado Castro ni el asesor jurídico Javier Argueta, los delegados de Casa Presidencial que la llevaron a la Asamblea. Tampoco asistieron los ministros de Salud ni de Hacienda. El secretario privado Castro y el ministro de Salud tampoco acudieron a la continuación de esa reunión celebrada el miércoles 29. Ese día, los civiles en el Comité insistieron en que el Gobierno debía retirar la propuesta de reforma, pero los representantes del Gobierno dijeron que no darían marcha atrás. Los civiles acordaron que iban a aprovechar la próxima reunión para comunicar su salida del Comité, pero el Gobierno tardó más de una semana en convocar al encuentro. 

El 11 de mayo, el secretario privado Ernesto Castro informó a los civiles en el Comité que no los podían recibir en Casa Presidencial y que la reunión la iban a hacer por videollamada. Al inicio de la décima reunión, los civiles solicitaron cambiar la agenda y como primer punto dieron a conocer su renuncia y así dieron por concluida la sesión. 

Ese mismo día, los cinco representantes de sociedad civil enviaron una carta al presidente Nayib Bukele y al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Los miembros expusieron que la reforma propuesta por el Gobierno a la Asamblea, las decisiones unilaterales sobre asignaciones de recursos y la falta de transparencia y de información dejaron sin razón de ser al organismo.

En respuesta, los representantes del Gobierno en el Comité, liderados por el secretario privado Castro convocaron a una conferencia de prensa para anunciar la ruptura. Dijeron que los miembros civiles en el Comité terminaron renunciando porque no estuvieron dispuestos a declarar sus patrimonios  ante la sección de Probidad. “En la primera reunión se les explica que pese a ser propuestos por organizaciones pasan a ser funcionarios públicos. Tienen que declarar su patrimonio en Probidad”, dijo el jurídico Javier Argueta. Sin embargo, ni en el acta de la primera reunión ni en las actas restantes hay constancia de que hayan tratado ese tema. Los miembros del Comité, además, dijeron el 11 de mayo que si ese hubiese sido un requisito, hubieran estado de acuerdo en presentar sus declaraciones. 

Línea de tiempo

26 de marzo de 2020

La Asamblea Legislativa aprobó el decreto 608, que autoriza al Órgano Ejecutivo a suscribir deuda de 2,000 millones para atender la emergencia: 1,400 para el Órgano Ejecutivo y 600 millones para las municipalidades. Ordena la creación de un comité de once personas encargado de la administración, dirección, vigilancia y fiscalización de los fondos, así como de la elaboración de un Presupuesto Extraordinario.