Un informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) presentado a la Asamblea Legislativa concluye que el Gobierno de Nayib Bukele repartió 30 millones de dólares bajo criterios desconocidos a 100 mil beneficiarios del programa de bonos de $300 dólares para familias afectadas durante la cuarentena.
“Existe un grupo de 100,000 beneficiarios que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados”, dice el informe de presentado el 6 de mayo a la Asamblea y al que El Faro tuvo acceso. En el documento se presentan avances del plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia nacional por la pandemia covid-19.
El 27 de marzo, en cadena nacional, el presidente Bukele anunció la creación de un programa de subsidios para 1.5 millones de familias afectadas por la cuarentena. Bukele dijo que la apuesta era entregar un bono de $300 hasta completar 450 millones de dólares. Sin explicar cómo se había seleccionado a los beneficiarios, la Presidencia convocó a los salvadoreños seleccionados a retirar los $300 a través del sistema bancario. Bukele prometió que a partir del sábado 28 de marzo empezarían a entregar el bono, y que bastaba consultar el número de documento de identidad en una plataforma especial creada por la Secretaría de Innovación para saberse beneficiario. Sin embargo, ese sábado solo desfilaron largas colas de gente frente al Centro de Atención por Demanda (Cenade). Dos días más tarde, miles de salvadoreños salieron a las calles, rompiendo la cuarentena, para preguntar en los Cenade por qué no habían sido seleccionados.
Dos meses después, la Corte de Cuentas informa que el financiamiento del bono de $300, según el ente contralor, proviene del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), por un total de $350,000,000.00. Es decir, 100 millones de dólares menos de lo anunciado por el presidente Bukele.
Para crear la base de datos de los beneficiarios del bono, la Secretaría de Innovación de la Presidencia junto al Ministerio de Economía tomaron la base de datos del subsidio del gas licuado, “porque consideraron que era la más actualizada y que cumplía con la condición de pobreza. (Gente de escasos recursos, consumo de energía eléctrica menor a los 200 KW, entre otros)”, dice el informe.
La Corte de Cuentas comenzó la auditoría al subsidio desde el 14 de abril. Según los hallazgos, luego de los problemas generados en marzo, el Gobierno recibió “1,500,000 reclamos, a los cuales, se les pasó los filtros determinados por la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, obteniendo un total de 85,000 (nuevos beneficiarios) los cuales fueron incluidos en la base de datos”.
Según los auditores, el Gobierno también hizo visitas a territorios para identificar a personas que no aparecían en las Bases de Datos del Gas Licuado y cumplían condiciones de pobreza. “Enviaron cuadrillas a censar por parte de Tejido Social y Secretaría de la Mujer”, dice el informe.
En el informe se señala que “debido a la persistencia de las denuncias se abrieron Call Center, los que utilizaron para realizar entrevistas. Al pasar ese primer filtro, lo pasaban a otro Call Center, donde los volvían a entrevistar. Si pasaba ese segundo, los incluían. Eran los llamados ‘Si, Si’”, detallan los auditores en los hallazgos, entre los que destaca la existencia de “un grupo de 100,000 beneficiarios más que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados”.
A la fecha de entrega del informe a la Asamblea (6 de mayo), la Corte de Cuentas señala que “los beneficiarios han sido 1,200,000 personas”. El dato, sin embargo, contrasta con el monto total que la misma Corte de Cuentas asegura que se ha invertido para la entrega del subsidio (350 millones). Si el universo de beneficiarios ha sido 1.2 millones, significa que el Gobierno tuvo que haber invertido 360 millones de dólares para cumplir con la entrega de $300 para cada familia. El Faro intentó obtener una reacción de la Corte de Cuentas por esa diferencia, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se buscó una reacción de Casa Presidencial a través de la secretaría de Prensa, pero al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.
La presidenta del órgano contralor, María Elena Rivas, en una entrevista en Focos transmitida el 24 de mayo, señaló que “la entrega de la información no está con la fluidez que se quisiera”. Según la funcionaria, luego de haber enviado el informe a la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas remitió una copia a Casa Presidencial, pero a la fecha siguen sin recibir una justificación técnica que explique la entrega de 30 millones de dólares a 100 mil beneficiarios cuya selección se hizo bajo criterios desconocidos.
Un Gobierno que no se deja auditar
Los hallazgos del ente contralor son parte de un examen especial para el “Proceso de recepción, administración y distribución de las donaciones nacionales e internacionales para atender la emergencia”. Desde el 27 de marzo, la Corte de Cuentas audita los procedimientos de contrataciones y gastos en la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco); los gastos en insumos médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; las donaciones internacionales; el reparto de $300 para las familias afectadas durante la cuarentena y la entrega de un bono de $150 “al personal que participa directamente en la atención de la emergencia (Fosalud, Ministerio de Salud, PNC, Ejército, Ministerio de Gobernación, entre otros)”.
En los dos meses de emergencia nacional, el Gobierno de Nayib Bukele ha incumplido la presentación de informes detallados a la Asamblea Legislativa sobre los gastos del Ejecutivo para atender la pandemia. Entre otros, la ausencia de detalles para el reparto del subsidio o para la construcción del nuevo hospital en Cifco son de los puntos más cuestionados por los partidos de oposición en la Asamblea. La falta de transparencia y acceso a información también provocó la renuncia, el 11 de mayo, de los representantes civiles ante el Comité de Emergencia (una entidad creada para designar el uso de 2,000 millones de dólares para la emergencia, y para fiscalizar su ejecución).
Sobre el mecanismo de selección de beneficiarios al bono de $300, el Ejecutivo solo ha entregado un informe escueto (de dos páginas) a la Comisión Política. En el documento, Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, solo explica que los criterios de selección de los beneficiarios a través de una depuración del listado de subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) bajo el consumo igual o menor a 199 kilowatts de energía mensual.
El 12 de mayo, en el programa de televisión Entrevista con Nacho Castillo, Castro atribuyó la responsabilidad en otra Cartera de Estado. 'Es el Ministerio de Economía el que debe dar el informe al detalle de los gastos de los $300 entregados. Yo lo envié (a la Asamblea), por que se lo pidieron a la Presidencia', dijo el secretario. Sin embargo, el documento de la Corte de Cuentas señala que Casa Presidencial a través de la Secretaría de Innovación creó los criterios de los beneficiarios en un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía.
Para los diputados de oposición, el mandato que fue delegado por los diputados ha sido incumplido. “El Gobierno no ha enviado los informes completos y detallados de cómo han sido las erogaciones de todos los recursos utilizados por el Gobierno”, dijo Mario Ponce, presidente de la Asamblea, en la sesión de la Comisión Política del 12 de mayo. Nidia Díaz, del FMLN, y Carlos Reyes, de Arena, ambos jefes de fracción, respaldaron el cuestionamiento.
Tres días más tarde, el 15 de mayo, un grupo de diputadas del FMLN presentaron una denuncia a la presidenta de la Corte, María del Carmen Martínez, sobre el uso de los fondos otorgados al MOP y sobre el detalle de personas beneficiadas de los $300. Nidia Díaz y el diputado independiente Leonardo Bonilla reiteraron la importancia de conocer los criterios de los beneficiarios por el bono, a la luz de la información proporcionada por la propia Corte de Cuentas a la Asamblea Legislativa en su informe del 6 de mayo.
En el documento también se revela que han habido inconvenientes durante el proceso de los exámenes de auditoría. Con el Ministerio de Salud, por ejemplo, indica que ha tenido percances ante la “falta de entrega o demora en proporcionar la información”. Para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Corte agrega que ante la “falta de entrega de información expedita, ha generado limitantes en los procedimientos para realizar el examen”.
El 20 de mayo, en una conferencia de prensa desde casa presidencial, Bukele sentenció que “la Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas”, dijo el mandatario, quien aseguró que el ente contralor nombró un equipo especial para fiscalizar los fondos de los proyectos para revisar “factura por factura, proveedor por proveedor”, los gastos en la emergencia.
El informe presentado por la Corte a la Asamblea, sin embargo, dibuja un panorama diferente.
En el Ministerio de Obras Públicas, protagonista en la construcción del hospital en Cifco, la Corte destaca que “El acceso irrestricto a la información se vuelve fundamental en este tipo de examen, por la celeridad con la que se están realizando los procesos, haciéndose necesario consultar con la fuente que genera la información (Administradores de Contrato, Supervisores, entre otros) por tanto, los esquemas de centralización de la información afectan la obtención oportuna de los datos”.
