El 21 de abril, cuando se cumplía un mes de cuarentena domiciliar obligada, los ruidos que se escucharon desde la casa de Doris alertaron a los vecinos del cantón Los Lagartos, en San Julián, al occidente del país. La comunidad ya llevaba años escuchando las discusiones entre Doris y su esposo, pero los gritos, los forcejeos y el sonido de los objetos cayendo al suelo esta vez alertaron un desenlace violento. Por eso, cerca de las 7:30 de la mañana, decidieron llamar al 911 para pedir ayuda. Mientras esperaban la patrulla, unos vecinos se acercaron a la casa. Doris estaba tirada en el patio, inmóvil, ensangrentada y rodeada por sus hijos de 6, 5, y 2 años.
Doris tiene 22 años y es ama de casa; él es diez años mayor, trabaja como agricultor y en otros oficios varios. Huyó del lugar pensando que había matado a Doris, pues había lacerado repetidamente con un machete la cabeza, el pecho y las manos de su pareja. Doris se arrastró hacia el patio intentando pedir ayuda, pero perdió tanta sangre que entró en shock. Cuando los vecinos la encontraron, estaba con los ojos abiertos. No respondía. Ni siquiera se quejaba del dolor. Cuando los agentes llegaron, la subieron a la patrulla y la llevaron hacia el hospital de Sonsonate para que fuera atendida. Todavía hoy permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su estado es reservado.
El de Doris es uno de los cinco casos de violencia contra la mujer que se reportaron hasta el 22 de abril en San Julián, y uno de los 33 que han reportado organizaciones feministas a nivel departamental desde el 21 de marzo, cuando arrancó la cuarentena domiciliar obligatoria. Solo la mitad han terminado en una denuncia formal, ya que las mujeres, más que un proceso que garantice justicia, lo que buscan es un lugar adonde huir.
El hogar es el segundo lugar donde más ocurre la violencia física contra las mujeres. De cada 100 mujeres, 67 han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, pero solo 34 han reportado a las autoridades, según la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, levantada por la Digestyc en 2017. Desde que el país entró en cuarentena, además de la falta de denuncia, otra preocupación de las autoridades y de organizaciones defensoras de derechos humanos es que las mujeres que han sufrido un historial de violencia se han visto obligadas, como Doris, a convivir con sus agresores. Huir ha dejado de ser una opción, debido a las restricciones de movilidad aplicadas en todo el territorio para prevenir contagios por coronavirus. El Estado, además, ha sufrido de una parálisis y de una descoordinación en el sistema de protección hacia las mujeres. Aquellas que han buscado ayuda ante las autoridades denuncian que se han topado con oficinas policiales concentradas en hacer cumplir la cuarentena; juzgados cerrados o que no brindan atención. En resumen, la Ley especial integral para una vida libre de violencia ha pasado a segundo plano.
Con los antecedentes registrados en la cuarentena, la preocupación por un aumento de la violencia contra la mujer no es fortuita, sobre todo en un país que ha sido calificado como el más feminicida de América Latina, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A ese podio se llegó en 2018. La tasa de feminicidio que se encontró es de 6.8 por cada 100 mil mujeres. Aunque en 2019 se registró una reducción, los expertos temen que las condiciones de encierro a consecuencia de la pandemia disparen de nuevo las cifras este año.
Entre el 11 de marzo y el 27 de abril, registros preliminares de la PNC muestran un incremento del 30 % de atención telefónica brindada a hechos de violencia doméstica. Así lo reportó el programa Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En circunstancias en las que el país está obligado a quedarse en casa por decreto, una llamada de emergencia ha evitado en algunos casos que la medida sea letal para algunas mujeres, como ocurrió con Doris.
Marina Ortega es la directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía. Ella asegura que desde que implementó la cuarentena ha habido un leve incremento de denuncias en casos comparado con las cifras del año pasado en el mismo período, y no descarta que haya más casos que aún no se conocen porque a las mujeres se les complica denunciar. “El encierro es uno de los aspectos que hace que persista esta violencia. (En algunos casos) ha quedado más visualizado porque las mujeres lo hacen público. Y eso es bueno”, dice. El delito que más han denunciado ante la Fiscalía es el de expresiones de violencia, con 1290 investigaciones entre el 1 de enero 2020 y el 24 de abril de este año.
En la cuarentena, entre el 21 de marzo y el 14 de mayo, la Red Feminista contra la Violencia contra las mujeres ha reportado 18 feminicidios. La cifra supera, sin embargo, a los que registra la Fiscalía en el mismo período. “Tenemos 10 feminicidios que han sido reportados, de los cuales cinco han sido judicializados”, explicó el fiscal general Raúl Melara en televisión. Según las organizaciones, una de las razones por las que los datos no coinciden es porque los fiscales no tipifican todos los asesinatos de mujeres como feminicidio. Esto sucede, por ejemplo, cuando el delito está vinculado con pandillas.
A la espera de que Doris salga de la UCI, sus hijos son cuidados por su hermana, madre soltera de 24 años, que trabaja como empleada doméstica para mantener a sus hijos de 5 y 3 años. Como su trabajo no clasifica como una de las excepciones que el Gobierno ha listado como personal de servicios esenciales, apenas tiene para cubrir la comida de sus hijos. La alcaldía, por medio de la Unidad Municipal de la Mujer (UMM), en coordinación con la Colectiva Feminista, llamó al número de emergencia del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para pedir apoyo. El Conna respondió que debido a la emergencia no están trabajando normalmente, y pidió por correo electrónico el oficio de ayuda. La PNC lo envió y llevó una copia física a la oficina en Sonsonate. Al 29 de abril, no habían obtenido respuesta. El Faro contactó a la coordinadora de la Junta de Protección de Sonsonate, y dijo que el retraso se debía a que el 2 de abril había caído una tormenta que dañó el equipo. Según dijo, el 30 de abril enviaron una trabajadora social a enterarse del caso. A inicios de mayo, lo último que dijo el Conna a la alcaldía es que enviaría una carta a la UMM para dar el apoyo. Al cierre de este texto, la alcaldía no ha recibido nada todavía.
Una emergencia nacional sin enfoque de género
En El Salvador, la respuesta a la violencia de género ha sido históricamente tardía. Fue hasta 2012 que entró en vigencia la Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
La Ley se anticipó a que podían existir sucesos que supondrían mayor vulnerabilidad de las mujeres a sufrir violencia o bien que la atención a las víctimas pudiera mermar en situaciones de emergencia. Por ello, en el artículo 22 se delega en el Ministerio de Gobernación, por medio del Sistema Nacional de Protección Civil, que garantice “que en las situaciones de riesgo y desastre, la atención a las mujeres se diseñe y ejecute tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad de género y las necesidades propias de su sexo”. De entre las guías y manuales disponibles en el sitio web de Protección Civil, solo la Guía práctica para la planificación, montaje y coordinación de Albergues Temporales incluye un apartado para dar cumplimiento al mandato de ley.
En papel, todo parece estar cubierto, pero lo que ha evidenciado la crisis sanitaria por la COVID-19 es que, en situaciones de riesgo y desastre, la prevención de la violencia contra la mujer y la atención a víctimas no es prioritaria.
Al Gobierno le tomó 45 días de cuarentena obligatoria distribuir de manera masiva, por medio de mensajes de texto, el número de línea de ayuda del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Hasta entonces, la información se había hecho llegar por redes sociales o por mensajes de Whatsapp a través de las redes de apoyo de organizaciones feministas en el terreno. El martes 5 de mayo, el Gobierno distribuyó un mensaje que indicaba que las mujeres podían llamar al 126 si sufrían violencia. Y solo a partir del 11 de mayo la línea de ayuda amplió sus horarios de atención y pasaron de tener un horario de oficina a brindar asesoría de 7:00 am a las 10:00 pm, según explicó una de las asesoras telefónicas.
Elisa Arévalo Romero, procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la mujer y familia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), afirma que las instituciones se han quedado “cortas” para las necesidades que se dan en el terreno a raíz de la pandemia. “Las instituciones continúan teniendo una desconexión, lo que vuelve más difícil que haya una respuesta integral”, afirma.
El 23 de abril, la PDDH presentó un informe a la comisión de la mujer e igualdad de género de la Asamblea Legislativa. El documento revela que la suspensión de plazos administrativos, aprobada el 14 de marzo con la Ley de emergencia nacional, ha creado una ceguera para las instituciones. Estos incluyen los procesos por violencia de género, los iniciados antes de la pandemia y durante la crisis sanitaria.
La paralización de las instituciones ante el virus ha afectado también a la Procuraduría General de la República. Ahí, desde el 19 de marzo de 2020 se comenzaron a implementar servicios virtuales. Entre marzo y abril de 2019 se registraron 1539 denuncias por violencia intrafamiliar, violencia de género y discriminación. Sin embargo en las mismas fechas de este año, con la prohibición de salir a la calle, la PGR recibió solo 489.
Para Ima Guirola, representante de Cemujer, es necesario recalcar que la baja de esas denuncias, lo que en realidad demuestra, es la disminución de los servicios con enfoque de género. “La misma PGR señaló que hay una cierta baja de las denuncias, pero no es que en El Salvador, sin hacer nada, de un dia para otro ya no hay violencia. No es así. Lo que ha sucedido es que hay más obstáculos para que las mujeres puedan alzar su voz”, dice.
Unimujeres desarticuladas
Luego de dos años de soportar insinuaciones en silencio, Esther decidió denunciar a su acosador cuando El Salvador ya llevaba 20 días en cuarentena. Ella tiene 12 años y su agresor, el esposo de una de sus hermanas mayores, 39. Desde 2018, cada vez que estaban lejos de la vista de los demás, él se le acercaba para decirle lo bonita que es, le mandaba mensajes de Whatsapp y trascendió incluso al tocamiento en un par de ocasiones. Jacqueline, su otra hermana, tenía algún tiempo de haber notado el comportamiento extraño de su cuñado, por lo que, una vez que Esther decidió contarle lo que pasaba, decidió acompañarla a interponer la denuncia.
En la Policía hay unidades de atención especializada para atender los casos de violencia en contra de las mujeres. Estas son conocidas como Unimujer y cuentan con personal capacitado en temas de violencia de género. La PNC es la institución a la que más acuden las mujeres que buscan apoyo estatal. Un 40 %, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos. Durante la pandemia, algunas de estas mismas unidades denuncian que no han podido acompañar de manera integral a las mujeres que denuncian.
Cuando Esther y su hermana llegaron a la delegación, los agentes de la Unimujer estaban fuera porque, les explicaron, habían sido enviados a custodiar los bancos donde se reparte el subsidio a los afectados por la cuarentena. Los agentes de guardia quisieron tomarle la denuncia de la misma manera en que se le toma a una víctima de un delito común, a la vista de todos y sin ninguna medida que privilegie su intimidad, una práctica que va en contra de los Lineamientos Policiales para el Abordaje Especializado de la Violencia contra las Mujeres. Esa guía ordena que estas denuncias deben tratarse en espacios propicios, respetando la privacidad y el relato de la víctima. Esther y su hermana pidieron que se siguiera el protocolo. Tomó más tiempo de lo usual, pero su exigencia permitió que la atendieran en un cuarto aparte.
Mientras la mayoría de los esfuerzos gubernamentales están enfocados en las medidas de prevención de la covid-19, hasta policías denuncian nuevas carencias para atender la violencia de género. Algunas oficinas que ofrecen atención a estos casos han permanecido cerradas o disminuyeron su capacidad laboral, dejando la violencia que sufren las mujeres como un tema no prioritario. Hay problemas para articular el trabajo dentro de las Unimujeres y también hacia afuera. Seis agentes que se encuentran en los escritorios de atención de las Unimujer de seis municipios diferentes dijeron a El Faro que han tenido problema coordinando el trabajo con los juzgados de paz o juzgados de familia locales. En la práctica, eso se traduce en mujeres que llegan solicitando medidas de protección de hombres que las violentan o las acosan, pero no encuentran respuesta judicial.
Las medidas de protección son una orden judicial que obliga al supuesto agresor a mantenerse distanciado de la denunciante. Usualmente la PNC toma la denuncia de la mujer y luego la acompaña al juzgado para buscar las medidas. Sin embargo, agentes policiales de las sedes de Santa Tecla, El Pedregal, El Progreso, Apopa, Nueva Concepción y San Marcos, denuncian que han tenido casos donde las mujeres han quedado desprotegidas.
Según el protocolo para la aplicación de la Ley contra la violencia intrafamiliar de la Corte Suprema de Justicia, “desatender el llamado de auxilio de una víctima o el no realizar una actuación judicial oportuna, puede acarrear la muerte de la víctima, como desgraciadamente ha ocurrido en muchas ocasiones”. Durante la cuarentena, que refuerza el aislamiento de las mujeres que ya son víctimas de violencia, una orden judicial puede marcar una diferencia vital.
Por ejemplo, el 23 de abril, una policía de la Unimujer de Santa Tecla solicitó medidas de protección para una mujer que denunció un acoso por redes sociales de parte de un hombre que, incluso, llegaba a buscarla a su casa. “Yo hablé con una jueza de los juzgados integrados de Santa Tecla y me manifestó que en vista del decreto 593 no se están otorgando medidas de protección”, relata la policía. Este decreto, publicado el 14 de marzo en el Diario Oficial, habla de la suspensión de plazos procesales por 30 días, pero de ninguna forma prohíbe que los jueces brinden medidas de protección a las mujeres que las solicitan. “En caso de que esta señora llegue a caer en una atentado contra su vida, nosotros vamos a caer en un delito llamado omisión”, explica la agente.
Lo mismo denuncia otro policía desde Rosario de La Paz, en la Unimujer de El Pedregal. En la última semana de abril, cuenta que atendió a tres mujeres que solicitaban medidas de protección porque sentían que su vida corría peligro. “Ahorita no están dando medidas en este sector. En el juzgado de Rosario están de turno, pero no están recibiendo. Así que lo que hacemos es hablar con los tipos para que dejen de estar molestando. Esto no es tan efectivo, porque no es una orden de parte del juez”, asegura el agente a través de una llamada telefónica. “Los juzgados han recortado los horarios y a veces están cerrados. La vez pasada llevé un informe para solicitar medidas para una persona y no encontré a nadie. Y la mujer queda desprotegida en este momento. Solo queda el registro de que vino”, admite otro policía desde la sede de Apopa.
“Fui dos veces al juzgado, y las dos veces me mandaron a la casa”
A Violeta le tocó ir tres veces al juzgado de Paz de Santa Ana para lograr que le dieran medidas cautelares en contra de su esposo. Se decidió a denunciarlo por violencia física el pasado 12 de abril, tras 22 días de cuarentena obligatoria. La primera vez que fue era domingo y le dijeron que estaba cerrado, que regresara al siguiente día. Volvió por segunda vez el lunes y en el juzgado, asegura, le respondieron que mientras Fiscalía no enviara la acusación, no podían entregárselas.
La LEIV, sin embargo, ordena en el artículo 57 que las medidas se decreten “de manera inmediata”, como parte de las garantías procesales para mujeres que enfrentan hechos de violencia.
Violeta nunca le contó a su familia sobre los abusos de su pareja, “porque algunos lo tienen como ‘el hombre perfecto’”. Sin embargo, fue víctima de distintos tipos de violencia por parte de su esposo por al menos 12 años.
El ciclo de violencia al que estuvo sometida empezó como celos. “Debe de amarme demasiado para que me trate así”, pensaba al inicio. Los celos llegaron a tal grado que ella prefería no salir -ni siquiera a visitar a su familia, salvo que él la acompañara- para que él no le preguntara si lo hacía para verse con otro hombre. Cuando lo hacía para ir a trabajar (como doméstica), le revisaba su cartera y sus genitales una vez que regresaba a casa. También le manejaba la cuenta de Facebook y una vez, cuenta, la agarró a golpes en un bus luego de ella recibiera un mensaje de un hombre desconocido diciéndole que era bonita. Aquella no fue la última vez. El viernes 10 de abril, cuando El Salvador ya llevaba 20 días paralizado por la cuarentena nacional, su esposo la golpeó de nuevo después de que ella le dijera que quería terminar la relación. “Teníamos que separarnos antes de que algo fatal pasara entre nosotros. Ya no soportaba ni verlo”, relata.
El tercer día que regresó al juzgado, el martes 14 de abril, no quiso que el traslado desde su casa en El Congo fuera en vano, así que lo hizo en compañía de un abogado, conocido de una amiga. Solo así logró que le entregaran las medidas de protección por cuatro meses.
Aunque ya se realizó la primera audiencia por el delito de violencia intrafamiliar, él sigue libre, porque la Policía no ha podido dar con su paradero. La mamá del agresor se negó a firmar de recibido la notificación que le envió el juzgado y ha pedido a Violeta que retire la demanda. La acusa de mentir. Ella se reprocha no haber puesto la denuncia antes y haber permitido que la violencia escalara tanto, como si la culpa de la actitud violenta de su agresor fuera suya. “Ahora que él se fue me siento tan libre, tan feliz… He podido llorar y desahogarme. Cuando le decía que tenía ganas de llorar me decía que por qué andaba de chillona si no me hacía falta nada”.
La presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, admite que la respuesta de los tribunales ha sido lenta en estos casos y explica que la Corte nunca dio la orden, en esta cuarentena, para que los juzgados se cierren o presten sus servicios de manera irregular. “Protocolos siempre han existido, pero ha habido un poco de lentitud en la respuesta de cómo activarlos en la crisis”. La magistrada habla de la importancia de “desformalizar procesos”, lo más que se pueda en el marco de la legalidad, para que, en caso de prestar auxilio a alguien, “se puedan activar los canales más inmediatos”. A su juicio, la obtención de medidas debería de ser más expedita. “Lo importante es poner a salvo la vida de las mujeres. Se debe privilegiar cómo articular el trabajo para entregar las medidas de protección mientras esperamos el tema de la formalidad vía los tribunales”, agrega.
El encierro no se llevó la inseguridad de la calle
“Las calles, que siempre son inseguras para nosotras, ahora lo son más porque menos gente las transita”, expresaron las mujeres organizadas del Movimiento de Asociaciones de Mujeres de Chalatenango en un comunicado a inicios de abril. La afirmación no solo fue impulsada por la cuarentena y la soledad de los caminos en ese departamento, sino porque en uno de esos caminos inhóspitos, se encontró el cuerpo de Silvia Yesenia Menjívar.
Ella vivía en Carasque, una pequeña comunidad de alrededor de 80 familias de refugiados salvadoreños que, en la guerra, tuvieron que huir a Honduras. Desde el centro del cantón se pueden ver las montañas del país vecino. Es una zona rural y pobre, pero profundamente organizada. En la comunidad hay carteles en contra de la minería y de la violencia de género. Tienen bocinas para alertarse, grupos de Whatsapp y una alarma para comunicarse de inmediato. Pero en la cuarentena, nada de eso funcionó. Encerrados en sus casas, nadie pudo cuidar a tiempo a Silvia.
La joven tenía 25 años y salía todos los días a trabajar a Nueva Trinidad. Allá cuidaba a las hijas de su hermana. El camino del centro del municipio al cantón toma unos 40 minutos a pie. El 31 de marzo alimentó a las niñas y jugó con ellas hasta las 4 de la tarde. A esa hora empezó a caminar hacia su casa, pero nunca llegó.
Llevaba 22 horas desaparecida cuando su comunidad se organizó para buscarla. “Se invita a toda la comunidad a participar en la búsqueda de una persona”, dijo -a través de los parlantes- Miguel Ángel Ayala, un líder de la comunidad. A las dos de la tarde del 1 de abril, medio centenar de personas rompieron la cuarentena y salieron a buscar a Silvia. El grupo, que en su mayoría estaba compuesto por jóvenes de la comunidad, fue acompañado por la misma policía. A las tres de la tarde, encontraron el cuerpo de Silvia en un barranco. Tenía signos de violencia sexual.
Por el feminicidio fue capturado Francisco Alberto, un trabajador de la alcaldía de Nueva Trinidad. “Ojalá nadie se muera en estos días, porque hoy sí está difícil para ir a la vela”, había dicho la joven, días antes de ser asesinada, a una de sus amigas. Debido a la cuarentena nacional, ninguno de sus amigos pudo estar en su funeral ni en su entierro.
El de Silvia fue el primer feminicidio de la cuarentena que se viralizó en redes sociales. Este hecho fue lamentado por el Fiscal General y condenado por el Procurador para la Defensa de los Derechos humanos. Después de ella, en medios de comunicación, se ha sabido de otros 16 asesinatos de mujeres. “Si todos los días hay un conteo sobre homicidios y actividad delincuencial, es necesario que quede evidenciada la presencia o no de feminicidios”, opina Ima Guirola, vocera de Cemujer. A casi dos meses de haber decretado cuarentena obligatoria, el presidente Nayib Bukele, que tomó medidas drásticas por el aumento en los homicidios, no se ha pronunciado por los asesinatos de mujeres durante el período de pandemia ni por el alza en los hechos de violencia que el encierro ha supuesto para aquellas que conviven con su agresor.
*Los nombres de algunas víctimas fueron cambiados para proteger su identidad
Con reportes de Gabriela Cáceres y Roxana Lazo
