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Cuando la deportación es una condena a muerte

Un reciente informe de Human Rights Watch encontró que 138 salvadoreños solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron rechazados y deportados. A su regreso a El Salvador, fueron asesinados. La cifra real es mayor.

 
 

No hay un mejor argumento para una petición de asilo que demostrar que, si no se concede, se mata. Ese tipo de evidencia post-mortem, sin embargo, llega demasiado tarde. 

El punto de las protecciones de asilo es que no deberías tener que probar tus temores convirtiéndolos en realidad. Sin embargo, esto es exactamente lo que le sucedió a al menos 138 salvadoreños que, desde 2013, solicitaron asilo en Estados Unidos, fueron rechazados, deportados y luego asesinados en su país, según un reciente informe de Human Rights Watch. Los investigadores de HRW también encontraron otros 70 casos de personas que fueron sometidas a violencia sexual, tortura o desaparición tras la negación de su aplicación de asilo y su deportación.

El gobierno estadounidense ha priorizado durante mucho tiempo su propia política por encima de las necesidades, o incluso las vidas, de los centroamericanos. Estados Unidos ha demostrado constantemente su disposición a ignorar la realidad y priorizar su insistencia en expulsar migrantes. 

Estados Unidos también hace la vista gorda ante los casos de corrupción, impunidad y agitación en los gobiernos centroamericanos. La relación del país con respecto a la migración es particularmente compleja, ya que décadas de políticas estadounidenses nacionales han afinado la situación misma que suscita la necesidad de emigrar y recibir protección, en primer lugar. Hoy en día, incluso durante una pandemia mortal, mientras Estados Unidos reprime en sus fronteras y cierra sus programas de refugiados y asilo, las deportaciones continúan. Estados Unidos no sólo se niega a aceptar o proteger a los migrantes, sino que está deportando un virus, socavando los esfuerzos para frenar la propagación del Covid-19 y poniendo a los centroamericanos en un riesgo extremo.

El informe del Human Rights Watch destaca la urgente necesidad de protecciones de asilo sobre la que escribo en mi próximo libro,  The Dispossessed. En este proyecto, examino los orígenes antiguos de la práctica de asilo —rastreando los primeros decretos de asilo a las primeras religiones semíticas y su primera institucionalización en la antigua Grecia— así como las políticas contemporáneas, todo mientras sigo a algunos centroamericanos a los que se les ha negado el asilo en Estados Unidos, prestándose a los peligros que enfrentan al ser deportados. 

Hoy en día, mientras el programa de refugiados de E.U.A. está en peligro de ser casi completamente cerrado, y a medida que las protecciones de asilo están cada vez más fuera del alcance de los que desesperadamente las necesitan, historias como las que se perfilan en el reporte de la HRW  –especialmente cuando más y más personas en todo el mundo quedan desarraigadas y sin techo por la guerra, el despojo económico y el cambio climático– describen la necesidad actual y vital de las protecciones de asilo.

El informe se centra en el asilo, pero también destaca los cambios en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y El Salvador. El presidente Nayib Bukele  llegó al cargo el año pasado prometiendo cambios, pero en términos de su actitud hacia los Estados Unidos, era más bien una reversión a la obsequiosidad que las administraciones salvadoreñas mostraron en los años 80 y 90, cuando las ofertas de Estados Unidos, o del Fondo Monetario Internacional, prevalecieron sobre el trato a los salvadoreños con dignidad básica. 

En los últimos seis meses, El Salvador aceptó recibir solicitantes de asilo que Estados Unidos no quiere, o se niega a proteger, y, con financiamiento y capacitación de E.U.A., ha inaugurado su propia Patrulla Fronteriza. Ambas medidas fueron claras concesiones destinadas a pacificar los caprichos erráticos de la administración Trump. 

Al mismo tiempo que el gobierno salvadoreño ha comenzado a proteger sus fronteras y promete aceptar solicitantes de asilo que buscan protección en Estados Unidos, El Salvador sigue forzando la migración y expulsión de decenas de miles de personas al año. Hace unas semanas, El Salvador admitió que no está listo para recibir solicitantes de asilo.

Migrantes salvadoreños esperan transporte después de entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense en El Paso, Texas el 19 de marzo. Foto: Paul Ratje/ AFP.
 
Migrantes salvadoreños esperan transporte después de entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense en El Paso, Texas el 19 de marzo. Foto: Paul Ratje/ AFP.

Como dijeron recientemente mis colegas de El Faro, Gabriel Labrador y Jimmy Alvarado, "el estado salvadoreño no sabe cómo proteger a los deportados que son devueltos a sus comunidades de origen". 

Beatriz Campos, asistente de fiscal para la defensa de los migrantes y seguridad ciudadana, dijo a El Faro: "Aquellos que dicen que necesitan protección, que afirman ser vulnerables si regresan a sus hogares, no están siendo atendidos. Y si  migran de nuevo, son atacados o asesinados".

En el verano de 2018, conocí al joven José Ricardo Cortés en Mejicanos, un barrio de San Salvador notoriamente peligroso y controlado por pandillas. Después de esquivar el reclutamiento forzado de las pandillas y sus amenazas, José huyó del país con su madre. Llegaron primero al sur de Ohio, luego se establecieron en Kentucky, donde el joven comenzó a pasar por una fase problemática. En la escuela se burlaban de él porque era uno de los pocos niños latinos en su clase, y  luchó por "corregir" su acento, como él me lo dijo, para lograr encajar. Empezó a beber, huyó de casa un par de veces y se metió en problemas con la policía. Pasó algún tiempo en detención juvenil y, finalmente, fue deportado. 

Al volver a Mejicanos, José fue atacado de nuevo: no encajaba, tenía un acento chistoso, con un toque de gringo, y la pandilla local se apoderó de él y trató, de nuevo, de conseguir que se les uniera. Después de que le dijeron que iban a matarlo por decir que no, su tía se puso en contacto con Felipe (le he cambiado el nombre por razones de segridad), un organizador comunitario que me había llevado por el vecindario un par de veces, y le pidió ayuda para encontrar un lugar seguro donde José pudiera quedarse. Felipe le ayudó a escaparse a un hotel barato y diminuto, básicamente un gallinero, en otra parte de la ciudad. José empezó a soñar con regresar a los Estados Unidos. Esta vez lo haría bien. Terminaría la secundaria, conseguiría un trabajo, pondría su vida en orden. Quería quitarse el pequeño tatuaje de diamante que tenía debajo del ojo izquierdo. Dejó de tomar. 

Conocí a José en su hotel una mañana, y pasamos unas horas hablando. Había estado buscando trabajo, mantenía su tatuaje en el rostro cubierto bajo una pequeña curita de círculo, pero estaba luchando por encontrar un trabajo estable. Cuando terminamos nuestra conversación, me preguntó si podía darle un par de dólares, aún no había comido, y ya era media tarde. Caminamos a un centro comercial cercano y le dije que le compraría una comida en el food court. Eligió Taco Bell, tres Doritos Tacos y churros de postre, porque le recordaba a casa. 

Un par de meses más tarde, Felipe me contactó a través de WhatsApp y me dijo que José había sido asesinado. Me envió una foto del muchacho en su ataúd. El hombre de la funeraria le había parchado un agujero de bala en la cara con maquillaje que no era de su color.

Ser deportado a la muerte no es un fenómeno nuevo. A principios de la década de los 80, Estados Unidos intentó deliberadamente deportar a los salvadoreños a sus muertes. Como Robert S. Kahn escribe en su libro de 1996, Other People's Blood, a varios deportados salvadoreños se les negó la protección y se les envió de vuelta a sus muertes, incluyendo a José Humberto Santacruz Elías, quien fue deportado el 15 de enero de 1981 y "desapareció a su llegada"; José Enríquez  Orellana, quien recibió tres disparos en el pecho y fue decapitado dos semanas después de haber sido deportado; Octavio Osegueda, que fue asesinado a tiros en 1983, el día después de su deportación; y un niño de dieciséis años que, después de ser negado el asilo, fue secuestrado por el Batallón Atlacatl, el cual fue entrenado por Estados Unidos, el mismo que llevó a cabo la infame masacre de El Mozote. El muchacho nunca fue visto de nuevo.

De acuerdo con otro informe de Human Rights Watch, este del 2014, "los funcionarios fronterizos estadounidenses ignoraron las expresiones de miedo de los solicitantes de asilo y los retiraron sin posibilidad de que se examinaran sus reclamos; otros dijeron que los funcionarios fronterizos reconocieron haber oído sus testimonios de miedo, pero los presionaron para que abandonaran sus casos". Ignorar los testimonios, algo  sobre lo que he escrito extensamente, parece un problema sistémico de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Cuando ignoras una súplica creíble por seguridad, cuando decides no escuchar los gritos de ayuda, el peligro se convierte en la muerte. Aunque HRW reportó 138 casos, ese número es ciertamente mucho mayor. 

La mayoría de los abogados de inmigración con los que hablé sobre los solicitantes de asilo que han sido deportados a sus muertes me dijeron que normalmente pierden el contacto con sus antiguos clientes después de una denegación de asilo. Más de un abogado, temiendo lo peor, me dijo que tenían miedo de saber lo que les había pasado a sus clientes después de la deportación. 

En el verano estaba planeando visitar a una residente de Long Island, Nueva York, para escuchar sobre la historia de su hijo, que fue asesinado después de ser deportado a El Salvador, pero ella canceló nuestra reunión en el último minuto. El primer aniversario del asesinato de su hijo se acercaba, y dijo que todavía era demasiado difícil hablar de ello. A veces, dijo, simplemente era difícil hablar.

Cuando el programa moderno de asilo se estableció después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, fue diseñado para proteger a la gente de la política, de las ideologías de racismo y odio que apuntaban a millones de judíos y otras poblaciones vulnerables en Europa. 

Hoy en día, el propio sistema de asilo se está convirtiendo en presa de la política nacionalista: Trump y los jueces que él ha designado le cierran la puerta a los refugiados y solicitantes de asilo no porque su testimonio no sea creíble, sino por sus propias políticas: las ideologías del nacionalismo, el racismo y la xenofobia. Con las fronteras actualmente encerradas, y los programas de asilo y refugiados cerrados, no es difícil imaginar que Trump y sus acólitos, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, intentarán extender el estado de excepción. En tiempos de crisis, debemos tender la mano a los más vulnerables, no cerrarles puerta.


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