El 1 de junio de 2019 representó, en la práctica, completar la aspiración -incluso legítima- de desplazar a los partidos mayoritarios y dar la oportunidad a “algo nuevo”. Bajo la premisa de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” y de hacer una “diferencia” respecto a lo que conocemos por política en El Salvador, Nayib Bukele se alzó triunfante, rodeado de cadetes vestidos galantes, como imitando al Capitán General Gerardo Barrios.
A un año de haberse puesto en marcha esa promesa, conviene realizar un análisis de la transparencia y rendición de cuentas de la actual administración pública a partir de la observación de los hechos, sin antagonismos, solo acompañado de casos reales, tangibles.
En primer lugar, hay que hablar de la rendición de cuentas o accountability en esta administración. Un concepto que contiene dos elementos importantes: presentar información y justificarla. Desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 2011, el derecho de acceso a información pública ha venido remando contra corriente e incomodando a cada gobierno de turno, ya que nos permite ejercer control sobre los políticos y las autoridades. En este contexto, la administración actual se ha planteado una política pública implícita –no toda política debe estar escrita en un papel para existir–, de restringir al máximo la entrega de información que pueda representar una amenaza a sus intereses. Ejemplos sobre la información presupuestaria o técnica que se han negado a entregar abundan: información relativa al Organismo de Inteligencia del Estado, información sobre el costo de la pauta en redes sociales y publicidad, información sobre la construcción de infraestructura, como el Hotel Estancia Mayor, información sobre la calidad del agua, entre otros. La negativa para la mayoría de estas solicitudes se ampara bajo el argumento de la “seguridad nacional”, como si se tratara de las viejas doctrinas militares que imperaban en el cono sur, al mismísimo estilo Pinochet.
Otras de las prácticas relacionadas a la ausencia de rendición de cuentas nada novedosas que también está implementando esta administración es el concepto del “familión” o nepotismo. Arena y el FMLN utilizaron el Estado como un mecanismo de clientelismo político (el mismo BID así lo sostiene), mediante la transacción de puestos en la administración a cambio de fidelidad. La conformación actual del gabinete de Bukele no dista en nada a las anteriores: hermanos, primos, amigos y compadres del presidente ocupan cargos de alto nivel sin base en el mérito. Una de las falacias más grandes con las que se pretende defender estos nombramientos es que son ad honorem y que, por lo tanto, son éticos según dicha lógica. Lo que olvida Bukele es que al haberlos juramentado rompe con el principio de probidad puesto, que al igual que los partidos anteriores, estos funcionarios terminan debiendo sirviendo a los intereses de quien los puso ahí: el mismo presidente de la República.
Lo más crítico de esto es que pareciera que se empieza a generar una tolerancia a la corrupción en la ciudadanía, en donde “justificamos” el nepotismo porque es promovido por mi político favorito o porque en teoría no recibe dinero, olvidando que el nepotismo será siempre malo y que, en la política, a veces el pago no es en efectivo, sino que con una cuota de poder.
Negarse a entregar información pública no es nada nuevo, es algo que Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén realizaban como práctica habitual. La novedad en la administración Bukele es que un subcomponente de la política pública de restricción de información pública es la búsqueda de artilugios legales, como acudir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo (CCA), con el fin de dilatar la entrega de información (la Cámara resuelve un caso de este tipo en un promedio de 32.4 meses, según Acción Ciudadana). Que el Ejecutivo decida acudir a la CCA implica trasladar el problema o conflicto de la arena natural (el IAIP, máximo garante del derecho a la información pública) a otra arena de lucha, con la única intención maliciosa de no entregar información o dilatar la entrega de la misma.
Así, David (peticionarios de información) gana la batalla a Goliat (el Estado) en la arena del IAIP, con sus pocos recursos legales, financieros y de tiempo; pero este Goliat acude a otra instancia donde sabe que terminará restringiendo el acceso a la información, utilizando para ello todos los recursos legales que la presidencia pueda disponer. Recuerdo en especial el caso de una señora con recursos limitados cuyos datos fueron expuestos en redes sociales por Michelle Sol, actual ministra de Vivienda. El día de la audiencia ante el IAIP, a la funcionaria la defendieron cinco abogados por parte de presidencia, mientras que la señora contó apenas con el apoyo de un par de abogados. Este fue un ejercicio de clara matonería que realza cómo esta administración pretende amedrentar a la ciudadanía cuando decide ejercer control y exigir cuentas.
Ahora, en cuanto a transparencia, no hay mejor momento que la coyuntura de la emergencia nacional de covid-19 para poner en contexto la actuación del Ejecutivo. Uno de los casos más llamativos es la construcción del “hospital más grande de Latinoamérica”, según palabras del presidente. Por ahora, sin embargo, sigue siendo un hoyo en el que nadie sabe cómo se han gastado millones de dólares. Esto no es culpa únicamente de la presidencia. La Corte de Cuentas de la República es cómplice al no aplicar la ley, justificándose simplemente en que los funcionarios del Ejecutivo “no entregan la información o que esta no existe”, aun cuando la ley de la CCR obliga las instituciones a entregar toda información relacionada con el tema. La Asamblea Legislativa también se lleva parte de la culpa, al dejar sin efecto un mecanismo de control como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), especialmente en lo relacionado al artículo 72 que ya regulaba las compras directas en situaciones excepcionales como las que atravesamos. Sin embargo, esto en ningún momento exime al Ejecutivo de rendir cuentas, tal y como se comprometió: a respetar el principio de máxima publicidad.
Si bien el caso de este hospital, y sus fases previas que tienen como sede el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, es el caso más escandaloso por la suma de dinero que supone, no es la única información que el Ejecutivo se niega a transparentar: no hay acceso a las respuestas de las pruebas covid-19 ni acceso a expedientes clínicos de los pacientes, tampoco se ha dado a conocer información sobre las compras realizadas por el Minsal ni las compras para subsidiar a los centros de contención. La jugada maestra del Ejecutivo fue aplazar los plazos administrativos referentes al DAIP. Es decir, nadie en este momento ejerce control sobre las acciones de los tres poderes del Estado, especialmente sobre las decisiones que se toman en materia de salud.
Prácticamente el Gobierno nos está pidiendo que tengamos fe en que todo estará bien con nuestro dinero, sin considerar que, según Transparencia Internacional, es en las emergencias que en Latinoamérica surgen mayores actos de corrupción.
Violentar nuestro derecho al acceso a información pública nos impide controlar cómo gastan nuestro dinero (impuestos), cuánto se invertirá en nuestra comunidad en materia de servicios básicos, cuánto será la inversión en la escuelita del cantón o cuánto será la dotación de medicamentos para VIH en el año. La calidad de vida empieza a deteriorarse cuando se nos restringe este derecho. Cuando existe nepotismo, nuestros intereses ciudadanos pasan al último lugar, ya que lo que prima para los funcionarios es la fidelidad al clientelismo político. Con la falta de meritocracia, pues, perdemos todos, porque no hay servicios de calidad y predomina la incompetencia. Los casos ya se han dado: Flores en el 2001, Funes con su hermano en el BCIE, Saca desviando fondos, etc., y esa cultura arraigada a la administración pública no se erradica con discursos ni cambios de presidentes, se transforma a largo plazo instalando una cultura de total transparencia.
Al cabo de un año, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas se refiere, es imposible identificar cambios positivos en comparación con los gobiernos anteriores, cuando lo más evidente han sido los retrocesos irrefutables. Hablar de ética y valores no se agota con tenerlo en un discurso, se agota con un estilo de vida que se practica a diario, tanto en la vida política como en la vida privada. Después de todo, la ética no admite medios términos, solo excelencia. Lo que hoy vemos es una política pública de opacidad, que se jacta de ser diferente a la de los demás, pero que únicamente viene reforzando cada vez más el menoscabo al derecho humano a buscar y recibir información. Los derechos adquiridos, valga el recordatorio, no pueden perderse. De ahí la importancia de denunciar y de ser incómodos.
