En un fallo sorpresivo anunciado el jueves 18 de junio 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América (SCOTUS, por sus siglas en inglés), invalidó la cancelación emitida en septiembre del 2017 del programa de Acción Diferida para personas que llegaron a los EE.UU. en su infancia, conocido como DACA. Este fallo representa un revés político para la administración del presidente Donald Trump, quien aspiraba que fuera respaldada por la Corte.
El fallo se centró en la manera en cómo la administración Trump le puso fin a DACA en el 2017. El juez en jefe de SCOTUS, John Roberts, calificó la manera en que el programa fue cancelado como “arbitraria y caprichosa”. El fallo, sin embargo, no fue unánime. Cuatro de los nueve miembros de la corte votaron en contra del mismo. Lo sorprendente de esta decisión es que haya sido el juez Roberts quien hablara por la mayoría, a sabiendas de que se trata de un juez con una trayectoria notablemente conservadora.
Si bien el fallo es una victoria para los miles de dreamers que están inscritos en el programa, es posible que aún no sea el fin de la batalla. Dado que el argumento central de la demanda interpuesta era que la manera en que se puso fin a DACA fue indebida, pues no siguió las reglas básicas del funcionamiento gubernamental en casos como estos, la administración Trump aún puede emitir la cancelación de DACA, usando argumentos diferentes a los anteriores. Así lo anunció la noche del jueves 18 de junio. Sin embargo, si la administración Trump se dispone a buscar el mecanismo apropiado para ponderle fin a DACA, es incierto qué tan rápido pueda hacerlo. Es muy probable que presentar una nueva cancelación del programa demore meses y aunque presentaran una cancelación bien elaborada, pueden haber desafíos. Por ejemplo, que un estado demande la legalidad de la nueva cancelación.
La materialización de esta posibilidad dependerá en buena medida del resultado electoral de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 3 de noviembre. Si Donald Trump es derrotado y se le niega un segundo término, es muy probable que el programa DACA siga vigente hasta que se llegue a una solución legislativa al caso de los más de 600 mil beneficiarios directos de esta medida de protección.
El efecto concreto de este fallo es mantener vigente los márgenes de protección que se derivan de ser una persona beneficiaria de DACA. Específicamente, el derecho a no ser deportado, como también el derecho a solicitar permisos de empleo temporal. Dicho de otra manera, este fallo no resuelve la situación de incertidumbre en cuanto a estatus migratorio se refiere. Al igual que en el caso de las personas beneficiarias del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), únicamente un cambio en la Ley de Inmigración haría posible que estas personas puedan solicitar y conseguir visas de residente permanente, a razón de ser beneficiarios de programas de protección temporal. Por lo tanto, la tarea que sigue vigente es persuadir al Congreso de la necesidad de aprobar cambios en la ley que permita a estas personas solicitar residencia permanente.
Una consecuencia de este fallo será el fortalecimiento en el grado de participación cívica de las organizaciones proderechos de los inmigrantes, que seguramente doblegaran sus esfuerzos en función de negarle un segundo término presidencial a Donald Trump. El éxito de este esfuerzo es incierto, ya que el sistema electoral de los EE. UU. es uno que permite a un candidato a la presidencia salir victorioso, aun cuando la mayoría de las personas no hayan votado por él.
A pesar de todo lo anterior, el fallo representa un respiro de aire fresco que se suma al fallo anunciado el martes 16 de junio, reconociendo la igualdad de derechos laborales de la población LBGTQ. Ambas decisiones conllevan al fortalecimiento en la convicción de todas las personas comprometidas con profundizar la lucha a favor de mejorar el significado práctico de la democracia estadounidense. Junto a la lucha en contra de la supremacía de la raza blanca y la justicia racial, este fallo ha abonado significativamente a la promesa de alcanzar un Estados Unidos más justo, más equitativo y más sostenible para todos.
