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La feroz batalla por la posibilidad de refugio

Kavita Kapur

 
 

Hace casi dos décadas, la Organización de la Naciones Unidas decidió que a partir de entonces el 20 de junio se conmemoraría el Día Mundial de las Personas Refugiadas. 

Aunque la palabra refugio se lanza de un lado a otro a medida que las políticas de asilo y los flujos migratorios aparecen masivamente en titulares y segmentos de noticias de todo el mundo, el concepto de protección de las personas refugiadas está sorprendentemente ausente de la discusión.

Quizás esto se debe a que es un concepto relativamente intuitivo. La idea de proporcionar asilo a las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares se puede encontrar a través de distintas tradiciones y religiones desde la antigüedad. En su esencia, el asilo ofrece una alternativa a la situación de guerra, u otras amenazas que las personas podrían estar sobrellevando en sus hogares, al ofrecer la posibilidad de encontrar seguridad en un nuevo lugar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo se juntaron para formar las Naciones Unidas y establecieron el marco internacional para la protección de las personas refugiadas. Mediante un tratado internacional adoptado en 1951, los países acordaron ofrecer protección a aquellas personas obligadas a huir de sus países de origen debido a la persecución basada en su religión, opinión política, raza, nacionalidad u otras características sociales.

En las palabras del poeta Warsan Shire: "Solo sales de tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte". Y es entonces cuando entra en juego la protección internacional de las personas refugiadas, cuyo fin es garantizar que otro país abra sus puertas y permita la entrada de las personas que requieran protección.

Durante más de medio siglo, los países han implementado una serie de mecanismos y procedimientos, cada uno con sus propios matices y deficiencias, para garantizar la protección internacional de las personas refugiadas. Recientemente, sin embargo, esa protección se ha convertido en el objetivo de un ataque concertado, que enfrenta golpes continuos producidos por políticas regresivas alrededor del mundo.

ACA: un portazo a la protección internacional

En las Américas, los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo (ACA, por sus siglas en inglés) son una de las armas más potentes utilizadas para desmantelar la protección internacional de las personas refugiadas. En 2019, bajo presión explícita de la Administración de Trump, los gobiernos deGuatemala,Honduras yEl Salvador firmaron uno de estos ACA con los Estados Unidos, y con ello cerraron de manera efectiva la puerta de acceso para la protección internacional de las personas refugiadas más vulnerables de la región.

Los términos de los acuerdos son uniformes: cuando una persona refugiada llega a la frontera de los Estados Unidos solicitando protección internacional, Estados Unidos puede transferir a esa persona a uno de los tres países con los que existe un ACA, de modo que el país receptor asuma la responsabilidad de proporcionar protección internacional. O al menos esa es la teoría, porque en realidad tienen una capacidad sumamente limitada para brindar esa protección.

Se sabe que los tres son países de los cuales las personas huyen en cantidades récord debido a la persecución generalizada y las violaciones sistemáticas de sus derechos básicos. El Salvador,Guatemala yHonduras se caracterizan por tener algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, violencia de género generalizada y una creciente agresión y control por las pandillas criminales y transnacionales. Según las estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 180 000 personas huyeron de los tres países en 2019 para buscar asilo en los Estados Unidos, colocándolos dentro de los diez principales países de origen para las personas que buscan refugio en el país norteamericano.

Los ACA ignoran que los tres países carecen de un sistema de asilo capaz de procesar adecuadamente solicitudes de protección internacional. Las estadísticas de la ONU confirman que El Salvador tiene una población total de 52 refugiados, Honduras tiene 76 y Guatemala tiene 416; mientras que los países acogen respectivamente a 33, 110 y 632 solicitantes de asilo con casos pendientes. Esto es un marcado contraste con los Estados Unidos, que, según la misma fuente, alberga a más de 340 000 refugiados y a más de 840 000 solicitantes de asilo con casos pendientes. Con estos números, es claro que Guatemala, Honduras y El Salvador no son capaces de brindar protección internacional a las personas refugiadas que llegan a Estados Unidos.

Es importante destacar que los ACA reconocen expresamente que este mecanismo no se puede utilizar para devolver a una persona refugiada a su país de origen; es decir, las personas guatemaltecas no pueden ser retornadas a Guatemala, ya que esto violaría la esencia misma de la protección reconocida legalmente como principio de no devolución. Sin embargo, en la práctica los ACA resultan en que las personas refugiadas regresen a lugares donde sus vidas están amenazadas y, en la mayoría de los casos, al no encontrar posibilidades en los países centroamericanos, estas personas se ven obligadas a regresar a sus países de origen.

Por un lado, muchas de las mismas pandillas y redes de narcotráfico son transnacionales y operan en los tres países, lo cual les permite seguir y encontrar a sus víctimas incluso a través de las fronteras nacionales. Por otro lado, un acuerdo de movilidad entre países centroamericanos permite a las personas moverse entre estos países sin visa o pasaporte, lo cual facilita que abusadores individuales u oficiales corruptos persigan y ataquen a las personas refugiadas que huyen de un país – digamos Honduras – desde dentro de los países vecinos – en este caso, Guatemala o El Salvador.

Las personas que fueron transferidas bajo los ACA no solo enfrentan riesgos profundos y continuos a su vida y su seguridad, sino que quedan completamente desprotegidas. El gobierno de Guatemala, el único país donde los acuerdos se han implementado hasta la fecha, no brinda absolutamente ninguna asistencia a las personas que recibe bajo el acuerdo. En cambio, son las organizaciones religiosas y de la sociedad civil las que han asumido velar por el alojamiento, la alimentación y la atención de otros servicios y necesidades básicas de esta población.

Según el New York Times, durante los meses en que Estados Unidos y Guatemala implementaron el acuerdo, Estados Unidos transfirió a Guatemala a más de 900 solicitantes de asilo. Más del 95 % de estas personas finalmente se vieron obligadas a regresar a los países de donde habían huido para salvar sus vidas.

En el contexto actual de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, la implementación de los ACA con Guatemala se ha puesto temporalmente en pausa, mientras que las autoridades han aprovechado el momento para ajustar los últimos detalles de los marcos legales para implementar el acuerdo con Honduras y El Salvador. Se espera que la implementación de estos acuerdos se reanude una vez que se levanten las restricciones de movilidad implementadas como medida de salud pública.

Defender la protección internacional: una lucha por seguridad

En diferentes partes del mundo, las organizaciones, los movimientos sociales y, sobre todo, la gente común, se encuentran en una feroz batalla contra los ACA y otras políticas que buscan destruir los sistemas de asilo.

Desde dentro de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte de Constitucionalidad impugnando los ACA incluso antes de que el acuerdo se firmará. Por su parte, organizaciones locales como Casa del Migrante y Refugio de la Niñez están proporcionando albergue, alimentación y orientación a las personas solicitantes de asilo que han sido transferidos a Guatemala sin suficiente información. Otras organizaciones en Guatemala, a través del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria, han emprendido una constante defensa contra los acuerdos.

En Estados Unidos, la ACLU, el National Immigrant Justice Center, el Center for Justice and Refugee Studies y Human Rights First están litigando enérgicamente contra la legalidad de los ACA ante los tribunales federales de los Estados Unidos. Organizaciones como Refugees International y Human Rights Watch han realizado investigaciones de campo, entrevistas y análisis en profundidad para documentar los efectos del acuerdo. Y las y los ciudadanos preocupados están alzando su voz.

Incluso hay esfuerzos transnacionales, como el que está siendo coordinado por la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés), que vinculan las voces de América Central y los Estados Unidos para levantar las voces en contra de los acuerdos.

Quizás lo más poderoso; sin embargo, es que las personas transferidas a Guatemala bajo los ACA han contado sus historias. Han relatado a periodistas, investigadores y defensores cómo la puerta de acceso a la protección internacional se cerró en su camino y su vida, y al hacerlo, han atizado el movimiento contra estos acuerdos.

Independientemente de dónde se encuentren o de las estrategias que utilicen, y a pesar de que la mayoría de estas personas no se conocen, todos estos y muchos otros grupos e individuos están unidos por un propósito común. Luchan para garantizar que las personas refugiadas aún puedan encontrar seguridad en el mundo. Luchan por preservar la posibilidad de protección. Luchan para garantizar que la responsabilidad de ofrecer protección siga siendo parte de nuestra conciencia colectiva.

Y por el bien de nuestra humanidad, debemos asegurarnos de que ganen.

Kavita Kapur es abogada en El Centro de Justicia y Derecho Internacional, donde trabaja en temas de movilidad humana en Centroamérica y México.
 
Kavita Kapur es abogada en El Centro de Justicia y Derecho Internacional, donde trabaja en temas de movilidad humana en Centroamérica y México.


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