El Departamento de Estado de Estados Unidos ha concluido que el Gobierno salvadoreño es garante de los derechos humanos y respeta la institucionalidad democrática en un informe que al mismo tiempo destaca como “preocupación significativa” la irrupción del presidente Nayib Bukele al recinto de la Asamblea Legislativa de febrero pasado y los intentos del Gobierno por silenciar a periodistas y medios críticos.
El 9 de febrero, acuerpado por militares y policías fuertemente armados, Bukele irrumpió en el recinto legislativo y luego amenazó con disuadir el congreso si los diputados no sesionaban para que le aprobaran un préstamo de $109 millones para su plan de seguridad. Según el Departamento de Estado, Bukele “usó a la Policía Nacional Civil y a soldados armados para presionar e intimidar la legislatura salvadoreña para que aprobara el financiamiento de su plan de seguridad; amenazó la independencia de la Asamblea y potencialmente debilitó las instituciones públicas”.
Sin embargo, aunque el gobierno de Donald Trump considera este acto como una “preocupación significativa”, el Departamento de Estado elaboró un memorando de siete páginas para El Salvador en el que destacan la implementación de reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, y en el que destaca un apoyo a la independencia judicial y “avances” para combatir la corrupción, la desigualdad, la inseguridad y la migración irregular.
Divulgado el 27 de mayo, el informe certifica que tanto El Salvador como Guatemala y Honduras han cumplido los requisitos para ser receptores de la asistencia estadounidense. En el último año, los tres países del Triángulo Norte cedieron, bajo la amenaza del recorte de la ayuda, a la política antiinmigrantes del Gobierno Trump. Para los expertos, este informe y la reinstalación de la ayuda es la confirmación de una política de “toma y daca” de la administración estadounidense.
En el caso del Gobierno salvadoreño, los elogios coinciden en tiempos con el primer año de gestión de Nayib Bukele. Según el análisis de la administración Trump, El Salvador ha cumplido nueve criterios que el Congreso definió como requisitos para que, junto a Guatemala y a Honduras, pueda recibir $540 millones en asistencia. Sin embargo, aún falta que esta recomendación sea avalada por los comités de Apropiaciones y de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Congreso, donde hay representantes demócratas que han criticado los exabruptos del presidente salvadoreño y su administración.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en El Salvador, dijo en conferencia de prensa el 26 de mayo que esos criterios consideran todas las cosas positivas que se han hecho, así como los desafíos que puedan ocurrir. “Así que mirás a El Salvador, a la cooperación que hemos construido con el Gobierno recientemente, y uno de esos éxitos es la reducción de homicidios y la violencia en todo el país”, dijo.
“Hemos visto a la cooperación que hemos hecho para reducir la migración ilegal. Y hay una serie de otros asuntos en los que hemos disfrutado de una amistad cercana y buena cooperación, y en general el Departamento de Estado recomendó que El Salvador sea certificado para continuar recibiendo asistencia”, agregó el diplomático.
El 29 de mayo, dos días después de que este certificado fue publicado en el Registro Federal de Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció que enviaría ayuda a El Salvador por $6.6 millones, a Guatemala por $8.4 millones y a Honduras por $5.4 millones para atender la pandemia de coronavirus en la región.
Este es el segundo guiño que la administración Trump le da a Bukele. El primero fue en octubre de 2019, cuando Trump anunció una prórroga al vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en la víspera de los primeros 100 días de gestión de Bukele. En esa ocasión, el mandatario salvadoreño reconoció que esta extensión podía entenderse como un quid pro quo (latinismo que se significa literalmente “algo por algo”) por haber convertido a El Salvador en un nuevo muro antinmigración.
“El Gobierno ha trabajado de cerca con la Asamblea Legislativa”
Si algo ha caracterizado al primer año de la administración Bukele han sido sus ataques constantes de la Asamblea Legislativa. En las siete páginas del memorando del Departamento de Estado, destacan la implementación de reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, pero en el que también se menciona como una “preocupación significativa” la toma de la Asamblea Legislativa, el capítulo más notorio en el conflicto entre poderes protagonizado por Bukele.
Dos días después del incidente, el lunes 11 de febrero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Bukele a que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
El presidente dijo que iba a acatar esta resolución del principal tribunal del país, a pesar de no compartirla. El informe consigna que esta actuación de la Sala “demostró su independencia judicial”. Durante emergencia por la pandemia de coronavirus, el presidente Bukele ha sido criticado por implementar medidas que violan los derechos humanos de los ciudadanos y por el desacato a las resoluciones que la Sala, que pone en peligro el Estado de derecho. El evento más notorio fue el 15 de abril, cuando el presidente salvadoreño afirmó públicamente que se negaba a acatar la resolución que el tribunal emitió, en el que impedía que los cuerpos de seguridad capturaron a las personas que presuntamente violaban la cuarentena domiciliar obligatoria.
Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló el 21 de abril que el Gobierno salvadoreño estaba “faltando a los principios fundamentales del estado de derecho” al ignorar la resolución de la Sala. En su llamado a que se pusieran en libertad a todas las personas que habían sido detenidas hasta ese momento, Bachellet también recordó que “el incumplimiento de las decisiones de la Sala de lo Constitucional equivale a una falta de observancia de la Constitución y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la igualdad de todas las personas ante la ley”.
Sin embargo, “para su crédito -dice el informe del Departamento de Estado- el Gobierno salvadoreño está proveyendo transparencia ejemplar en los reportes diarios sobre covid-19”. Para la oficina del Gobierno estadounidense, “el Gobierno ha mantenido un sitio web altamente transparente y continuamente actualizado con información relevante sobre la situación de covid-19 de la nación durante la emergencia”, también dijo que el Gobierno ha sido transparente al dar conferencias de prensa y comunicar vía redes sociales las políticas que implementa para atender la emergencia. “Durante la crisis, autoridades del Gobierno salvadoreño han utilizado las redes sociales efectivamente para proveer de transparencia en tiempo real de la respuesta del Goes a la covid-19”, reza el documento.
Pese a los ataques constantes de Bukele contra el Legislativo, el memorando del Departamento de Estado también afirma que el Gobierno ha trabajado de cerca con la Asamblea Legislativa para crear políticas de emergencia que limiten la circulación de las personas, creación de cuarentenas y el uso de los poderes policiales de acuerdo con la Constitución, pero que en las prórrogas ha sido entrampadas.
El Departamento de Estado considera que “cuando la Corte Suprema ordenó que al presidente Bukele necesitaba la aprobación de la Asamblea Legislativa para implementar su orden ejecutiva de emergencia que obligaba a los salvadoreños a quedarse en casa, el presidente Bukele afirmó que esta no tenía la autoridad para decidir sobre el estado de emergencia. La afirmación de Bukele fue vista por muchos como un esfuerzo por debilitar, en lugar de fortalecer, las instituciones públicas”.
¿Un Gobierno transparente?
Durante la emergencia, el Gobierno salvadoreño también ha sido altamente cuestionado por su falta de transparencia. En sus informes a Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas de la República ha denunciado la opacidad con la que el Ejecutivo ha manejado información de los gastos para atender la emergencia.
El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un desembolso de $2000 millones para que el Ejecutivo pudiera atender la emergencia; como condición, impusieron la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por el Gobierno central y miembros de la sociedad civil, para fiscalizar y coordinar el uso de este dinero. Pero este comité no duró ni dos meses. El 11 de mayo, los representantes legales de la UCA, Esen, ANEP, Camarasal y Fusades renunciaron a sus cargos de manera irrevocable argumentando que el Gobierno bloqueó al organismo, nunca les entregó la información ni quiso transparentar sus gastos.
A pesar de estos dos hechos puntuales que recoge el informe, el Departamento de Estado concluye que “si bien estos ejemplos no demuestran que el gobierno está llevando a cabo de manera uniforme reformas y políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, el gobierno central de El Salvador cumple este criterio”. Para Estados Unidos, es destacable la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicíes), un organismo dependiente del Ejecutivo y sin capacidad de investigar actos de corrupción.
En noviembre de 2019, la ONU le ofreció al Gobierno salvadoreño una Cicíes muy similar al Cicig, con una fiscalía adjunta que podía investigar activamente casos de corrupción y otros crímenes sin la necesidad de esperar una invitación de las instituciones nacionales. La Cancillería salvadoreña no respondió a esta solicitud y 22 días después firmó con la OEA.
Estados Unidos reconoce que la Cicíes solo puede brindar asistencia técnica en investigaciones que lidere la FGR, pero aún así señala que Bukele cumplió una de sus promesas de campaña. “La eliminación de la corrupción sigue siendo un objetivo de su administración y su alto índice de aprobación actual se debe en parte al apoyo público a su posición anticorrupción”, dice.
El informe también señala como avance positivo el incremento en medio millón de dólares el presupuesto del IAIP de 2018 a 2019. Pasado de $1,399,565 a $1,899,885. Sin embargo, el presupuesto de la institución para 2020 es exactamente el mismo que el del año anterior. El único cambio fue en una leve la distribución interna de dinero.
El documento evade, sin embargo, los embates protagonizados por el Gobierno contra el Instituto. A finales de 2019, el IAIP se vio involucrado en una polémica desatada por la entrega de reportes con información confidencial de las solicitudes de los ciudadanos a Presidencia. Esto ocasionó que el entonces presidente del instituto, René Cárcamo, renunciara el 15 de noviembre.
Luego, en febrero de 2020, Casa Presidencial maniobró para que Juan Carlos Turcios, hombre de confianza de Mario Durán, actual ministro de Gobernación, se convirtiera en comisionado del IAIP. Turcios solo duró 48 horas en el puesto. Renunció luego de ser recusado cinco veces, pues los demandantes pusieron en duda su independencia al analizar casos relacionados con el Ejecutivo, donde su exjefe es ministro.
“El Salvador logró reducir las caravanas de migrantes”
Desde la llegada de Bukele ganó las elecciones presidenciales, uno de sus propósitos fue fortalecer las relaciones con Estados Unidos. El primer discurso después de su triunfo fue en la Heritage Foundation, una de las organizaciones características por impulsar políticas conservadoras en Estados Unidos. Ahí, Bukele dio un pronunciamiento cómodo para Estados Unidos en el que en vez de pedir respeto al trato que la administración Trump le estaba dando a las caravanas migrantes de 2018 y 2019 que pedían asilo, advirtió que “la mejor forma de responder no es meterte en una pelea con tu aliado más grande, sino mejorar tu país. Entonces, el discurso cambiará”.
El presidente salvadoreño ha cumplido al pie de la letra con todas las exigencias que su par norteamericano le ha pedido en cuanto a políticas de migración. Fue el segundo país en convertirse en depositario de solicitantes de asilo, luego de Guatemala. El Salvador también se comprometió con Estados Unidos a compartir datos biométricos para facilitar las deportaciones, acción que fue criticada por el IAIP.
El Departamento de Estado vio como positivas todas estas políticas que El Salvador implementó de la mano de Estados Unidos. De hecho, el informe concluye que “en enero de 2020, El Salvador logró reducir de manera exitosa la participación de salvadoreños en las caravanas de migrantes y frustró una, arrestando a los organizadores por primera vez”.
La administración Trump también celebró que El Salvador siga recibiendo a sus deportados, a pesar de la pandemia. Durante la cuarentena, El Salvador cerró los aeropuertos y solo permitió que aterrizaran vuelos humanitarios y de carga. Del 17 al 20 de marzo, El Salvador se negó a seguir recibiendo a sus deportados, pero, según registros de la PDDH, el 21 de marzo se reanudaron.
“A pesar de haber tomado medidas extraordinarias, El Salvador continúa aceptando vuelos de deportación de ICE”, señala el informe. Según documentación de ICE y declaraciones de la Dirección General de Migración de El Salvador, ningún deportado sube a un avión si antes no pasa un examen médico para determinar si está contagiado de covid-19.
Sin embargo, un informe de la PDDH concluyó que hay deportados contagiados de coronavirus y denunció a Migración por obstaculiza su trabajo al negarle información. El Faro logró contactar a cuatro deportados que confirmaron que ICE nunca les hizo la prueba de coronavirus. Cuando regresaron a El Salvador y fueron internados un centro de contención, pasaron 27 días hasta que por fin los examinaron.
El informe también celebra la reducción de violencia homicida. El informe menciona que una de las políticas positivas fue la implementación del Plan Control Territorial, que lo describe como “un plan enfocado en las áreas urbanas densas, buscando reducir las extorsiones y cortando las comunicaciones entre líderes pandilleros reos con la calle”.
Esto se ha cumplido a medias, mientras que los homicidios han tenido una drástica caído nunca antes vista entre junio de 2019 y mayo 2020, las extorsiones han incrementado, según ha señalado la FGR.
El 13 de enero, la el fiscal general de la República, Raúl Melara, presentó un informe de su primer año frente en el cargo. En el documento, Melara señala que la denuncias por extorsión han aumentado en un 17.2 %, gremios de transportistas públicos también han señalado lo mismo.
En centros penales se ha implementado políticas cuestionadas por violar los derechos humanos en cuanto al encierro de reos. El Gobierno Bukele ha decretado alerta máxima y encierro total en los penales de pandilleros: una vez en julio 2019 y otra en abril 2020. En ambas ocasiones se debió a un incremento de homicidios.
Durante este último brote de asesinatos, que dejó cerca de 80 muertos en un fin de semana, fuentes al interior de centros penales que conocen la dinámica pandilleril incluso llegaron a decir que el control territorial que proyectaba el Gobierno era falso, que las pandillas siguen gobernando los barrios de El Salvador.
“El Gobierno se esfuerza por silenciar medios y periodistas”
El presidente Bukele y sus allegados han repetido en redes sociales que las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y medios de periodismo crítico tienen una agenda en contra de su Gobierno. El informe indica que el “Gobierno se esfuerza por silenciar a los medios y periodistas si no apoyan la narrativa oficial”.
“Periodistas críticos de las políticas del Gobierno enfrentan amenazas, muchas de las cuales son provocadas por el trato de Bukele hacia ellos en las redes sociales. Esos esfuerzos, que incluyen retirar selectivamente la publicidad de medios críticos para moldear su contenido, socavan el sano y abierto intercambio de visiones que la libertad de prensa permite y no promueve la independencia de los medios”, dice el documento.
A pesar de que el informe alaba el manejo que el Gobierno hace de las redes sociales, también omite mencionar que muchos ciudadanos han sido bloqueados de las cuentas oficiales del Gobierno. El informe solo tomó como ejemplo, sin mencionar su nombre ni la institución, a José Miguel Vivanco, director de la oenegé internacional Human Rights Watch, quien fue bloqueado por Bukele en Twitter el 11 de abril. Vivanco confirmó que el bloqueo aún persiste.
“Su reciente acto en Twitter de bloquear a una respetable ONG de derechos humanos de seguirlo para limitar los comentarios críticos de la ONG a la respuesta del Gobierno a la covid-19 refuerza la crítica que algunos miembros de la sociedad civil de que el gobierno no está promoviendo un intercambio transparente de opiniones sobre política covid-19”, dice el informe.
Vivanco fue bloqueado luego de que criticara las políticas extremas que Bukele estaba tomando para mantener la cuarentena domiciliar. Vivanco dijo vía Twitter que este bloqueo era “otra muestra de la tolerancia a la crítica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele”.
El 27 de mayo, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), Angélica Cárcamo, denunció que fue bloqueada por la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. “Dicho acto vulnera mi derecho de acceso a información de interés público y afecta mi labor como presidenta de la Apes”, escribió en un tuit junto con la captura del bloqueo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión concluyó su informe anual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019 que desde la llegada de Bukele a la Presidencia el acoso en redes sociales hacia medios y periodistas críticos incrementó. Y que “se registró restricciones en el acceso a periodistas de algunos medios en conferencias de prensa, bloqueos en coberturas periodísticas y restricciones a interrogantes de periodistas investigativos”.
“Actualmente en este país no se puede opinar de manera contraria al discurso del gobierno porque se es altamente vilipendiado en diferentes redes sociales, incluso por algunos personeros de Gobierno”, añade el procurador para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Apolonio Tobar.
Para los casos de Guatemala y Honduras, el informe presentado a la CIDH también señala que los medios han enfrentado escenarios adversos. Señalando en el caso hodureño que se registró seis asesinatos de comunicadores que podría estar vinculados con el ejercicio del periodismo, siendo este el mayor desafío que presentan.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló a través de un tuit el 30 de mayo que “ninguna democracia puede funcionar sin libertad de prensa ni una sociedad puede ser justa sin periodista que investiguen las irregularidades y le digan la verdad al poder”.
Un informe cuestionado
El informe con el que el Departamento de Estado justifica la certificación de que El Salvador es garante del combate a la corrupción; fortalecimiento de las instituciones públicas, transparencia y derechos humanos fue duramente cuestionado por defensores de derechos humanos y expertos en transparencia.
Según el procurador para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, “el Gobierno de El Salvador ha mostrado un irrespeto por el sistema institucional y democrático del país”. Para Tobar, la actual administración ha atentado contra el acceso a la información, los derechos humanos, la libertad de prensa, la independencia de las instituciones y el Estado de derecho en múltiples ocasiones.
Óscar Chacón, director de la oenegé Alianza Américas, señala que estos informes han sido manipulados a lo largo de los años por el Departamento de Estado para fines políticos. “Lejos de ser un instrumento de promoción al respeto de los derechos humanos, se vuelve una herramienta que se manosea para fines políticos, ideológicos, que tienen muy poco que ver con lo que en el terreno está pasando”, dice.
Chacón además advierte que dentro de la Cámara Baja del Congreso esto se vuelve un tipo de negociación entre demócratas y republicanos para dar concesiones a cambio de la ratificación de la certificación.
Este informe del Departamento de Estado fue remitido al Congreso para que tenga el aval del Comité de Apropiaciones, presidido por el senador Patrick Leahy. Una vez pase esto, El Salvador podrá recibir los fondos de asistencia estadounidense. José Miguel Vivanco, de HRW, plantea que este informe no tendrá mayor credibilidad entre las voces críticas del Congreso.
“Es perfectamente predecible que una administración como la del presidente Trump, que ha mantenido un vergonzoso silencio frente a las violaciones de derechos humanos y a la ruptura del Estado de derecho por parte de Bukele, diga que todo está muy bien y está perfecto en El Salvador”, dijo Vivanco a El Faro.
Para Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la certificación que el Departamento de Estado hizo están fuera de lugar incluso para los parámetros estadounidense de lo qué es rendición de cuenta.
“Es una contradicción bastante curiosa que se presenta a nivel teórico en lo que hace el Departamento de Estado al publicar este informe”, dijo. “No estamos hablando simple y sencillamente del derecho a la información pública, estamos hablando de un derecho que en la legislación internacional se llama el derecho humano a buscar y recibir la información pública. Esto se está negando. Al final es un menoscabo a la dignidad personal y eso es lo que han dicho HRW y la Corte IDH”, agregó.
*Con reportes de Nelson Rauda y Roxana Lazo
