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“Gobiernos autoritarios o dictatoriales también tuvieron altos índices de opinión pública”

En esta entrevista, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, concluye que El Salvador ha tenido "más retrocesos que avances" en el primer año de gobierno de Nayib Bukele. Según Lanza, la popularidad del mandatario salvadoreño no es un indicador para ser democrático y define como "preocupante" la opacidad en el Gobierno. "Permanentemente estamos recibiendo información de que la respuesta del Gobierno es menos transparencia y menos rendición de cuentas", dice. 

 
 

Edison Lanza (Uruguay, 1970), relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), considera que la libertad de prensa y de expresión han tenido más retrocesos que avances en el primer año de la administración de Nayib Bukele. Además, dice que Bukele tiene un “desprecio por la prensa independiente”.

En diciembre de 2019, la CIDH hizo su visita in loco a El Salvador para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. A seis meses del Gobierno Bukele, la RELE concluyó que las agresiones, amenazas y falta de garantías para el trabajo periodístico en El Salvador continuaron e incluso recomendó al Gobierno “respetar de la independencia de los medios de comunicación, en particular, la independencia editorial”.

Seis meses después, en el aniversario de Nayib Bukele como presidente, la situación no ha cambiado, señala Lanza en esta entrevista. El relator de la OEA incluso compara a la administración de Bukele con Gobiernos autoritarios o populistas que gozaron de una gran popularidad, pero que fueron violadores de derechos humanos. “Hay Gobiernos que han sido autoritarios o dictatoriales que en su momento también tuvieron altos índices de opinión pública”, dice sobre la popularidad del mandatario salvadoreño en todas las encuestas.

En su primer año en el Ejecutivo, Bukele y sus funcionarios se han enfrascado en un constante conflicto con otros poderes del Estado, medios de comunicación, periodistas y con cualquiera que critique a la actual administración. Asimismo, sus seguidores y simpatizantes han imitado esta postura y la han amplificado en redes sociales. Lanza ha estado a la cabeza de la RELE desde 2014 y señala que, si bien es cierto que “no era fácil hacer periodismo o crítica en El Salvador antes de Bukele”, esta administración se ha vuelto intolerante a cualquier tipo de cuestionamiento.

El presidente Bukele ha arreciado su ataque contra los medios en los últimos meses. Lanza considera que “el ataque permanente a los medios es una forma nueva de tirarle al mensajero”. Según datos del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), ha habido 45 casos de agresiones más en el primer año de Bukele que en el último del expresidente Salvador Sánchez Cerén. De los 61 casos registrados, 10 han sido por ataques digitales y cuatro por abusos digitales.

Lanza también se muestra preocupado por la opacidad que ha demostrado el Gobierno durante la emergencia por la covid-19, pues el Ejecutivo se ha negado a transparentar los gastos que ha hecho en las compras y adquisición de servicios. “Me parece que el IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) se mantiene bajo constante ataque cuando se presiona a sus comisionados o no se responde a las órdenes de acceso”, señala. 

Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), Edison Lanza, en conferencia de prensa en Tegucigalpa el 27 febrero 2020. (Foto por ORLANDO SIERRA / AFP)
 
Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), Edison Lanza, en conferencia de prensa en Tegucigalpa el 27 febrero 2020. (Foto por ORLANDO SIERRA / AFP)

¿Cuáles cree que han sido los principales avances y desafíos para la libertad de expresión en El Salvador en el primer año del Gobierno Bukele?

Encuentro más riesgos de retrocesos que avances en materia de libertad de expresión. Si no hubo retrocesos totalmente consolidados, ha sido por el extraordinario trabajo que ha hecho la sociedad civil y los medios de comunicación en El Salvador, que se han parado en defensa de las libertades. También está el papel de la Sala de lo Constitucional salvaguardando las libertades. Sin duda estamos frente a un ejemplo más en América Latina de un tipo de liderazgo basado en una forma de populismo, basado en un Gobierno por Twitter o por redes sociales, donde el líder fuerte trata de comunicarse directamente con la población, interpreta lo que la población quiere y no asume el rol de rendición de cuentas, que una democracia requiere. También, obviamente, son personajes con un egocentrismo muy fuerte, entonces tampoco le cae bien la pregunta, la crítica o el cuestionamiento. 

En el informe de la RELE de 2019, ustedes listaron una larga lista de desafío o tropiezos que ha tenido la libertad de expresión. ¿Cuál es su lectura sobre los seis meses que han pasado desde entonces?

No ha cambiado la situación desde la visita que hicimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el informe anual de la relatoría. Hay un desprecio del presidente por la prensa libre y por la prensa independiente. Hay una retórica que nunca jamás destaca el rol de la prensa, sino que la socava. Obviamente si la cabeza del Estado critica todo el tiempo a la prensa y la trata como un elemento de segunda para una democracia, genera que se dispare el riesgo de violencia en las redes sociales por parte de seguidores y fanáticos. El Estado en general, el poder Ejecutivo y el presidente, deberían de tener mecanismos transparentes para atender a la prensa y no discriminar por la línea editorial o a la independencia o la crítica que reciban de un medio. Justamente las conferencias de prensa y el derecho al acceso a la información pública son formas de rendición de cuentas y de transparencia. Veo una situación realmente compleja para los periodistas, porque se les dificulta cada vez más el acceso. He visto denuncias de que se los borran de las cuentas de la Presidencia, de los chats, de los WhatsApp.

La presidenta de la Apes fue bloqueada por la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia y el mismo presidente bloqueó al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. ¿Cómo afecta al derecho de acceso a la información de los ciudadanos que las cuentas oficiales te bloqueen?

Es un tema bastante novedoso, pero en general tenemos algunas decisiones judiciales. En Estados Unidos, el presidente Trump bloqueaba a ciudadanos críticos en su cuenta y también pasó en Perú con algunos funcionarios. La jurisprudencia reciente lo que dice es que cuando alguien utiliza su cuenta personal o la cuenta de Gobierno para comunicar temas de interés público eso se transforma en un foro público y, por lo tanto, no puede ser un foro unilateral, donde solo hable el funcionario. Este debe tolerar y no bloquear a quienes le responden en ese foro que son las redes sociales. Cuando se usa una cuenta personal para hablar de la función pública o cuando se usa la cuenta de un organismo, el funcionario no debería bloquear a quienes lo critican o realizan humor o parodia o informan otra cosa que él no quiere escuchar.

Este Gobierno se maneja a través de redes sociales y hemos visto que no solo Bukele, sino que sus funcionarios atacan personalmente a personas que opinan diferente o a medios críticos. Hay gente que se rehúsa a hacer comentarios en redes sociales por miedo al linchamiento mediático. ¿Este clima puede llegar a generar una autocensura?

Seguramente. No era fácil hacer periodismo o crítica en El Salvador antes de Bukele, también hay que reconocer eso. Es un país que ha crecido mucho después del conflicto armado, pero donde la crítica y el cuestionamiento están mal vistos por todos los sectores políticos y nunca hubo ningún sistema de protección, una verdadera promoción desde el Estado a la libertad de expresión. Obviamente hubo presidentes que soportaron mejor esto. Aunque hablaba poco, hoy se ve que el anterior presidente (Salvador Sánchez Cerén) no reaccionaba igual contra la prensa, pero tampoco daba conferencias. Funes fue un crítico y ocultó información. Creo que el sistema político de El Salvador nunca terminó de asumir las reglas democráticas de respetar la libertad de expresión y de prensa. En este contexto, es más complicado porque hay un cierre mayor de espacios de debate cívico, de debate público.

¿El hostigamiento es una nueva modalidad para atacar la libertad de expresión?

Hay que observar con mucho cuidado el tema del hostigamiento digital. Los instrumentos nacionales y la propia Constitución son claros: nadie puede ser agredido de ninguna forma ni sentir temor por expresar opiniones ni por informar. Hay veces que a los gobernantes se les olvida de que en el espacio digital no pueden hacer cualquier cosa, tienen que respetar la Constitución y los tratados internacionales. Tenemos que señalar que una amenaza en digital tiene la misma gravedad que una amenaza off line a un opositor o a un periodista o disidente.

El Gobierno anterior no daba conferencias. Este Gobierno bloqueó la participación de periodistas de medios críticos en conferencias. Ahora da más conferencias, pero convocan tarde, y la mayoría de los espacios de preguntas son dadas a medios aliados. El presidente y sus funcionarios se niegan a dar entrevistas o reacciones a medios críticos. ¿Cómo podemos entender esta dinámica?

A esta altura está claro en El Salvador y otros países, como en Venezuela, Nicaragua, Brasil y Estados Unidos, que hay una estrategia: montar un Estado de propaganda donde se trata, por un lado, socavar el rol de la prensa seria, investigativa, independiente para que la gente no le crea a las investigaciones que realmente aportan a la democracia; y, por otro lado, generan un estado de permanente excitación informativa de propaganda. Se busca que la gente crea solo al líder y a esa visión cuasi mesiánica que montan. De ese modo van llevando el Gobierno para sus propios intereses políticos. La gente no discute los temas de fondo, la gente no pide rendición de cuentas sobre hechos de posible corrupción que sean complejos. Se discute una suerte de posverdad, de declaracionitis: qué es lo dijo Bukele, qué fuerte lo que dijo, qué fuerte lo que no dijo, hará lo que dijo que iba a hacer o no lo hará o le creemos o no le creemos. Y obviamente estos Gobiernos tienen seguidores, son buenos comunicando, pero es un estado de propaganda, no de información. El Estado y los funcionarios públicos tienen el deber de informar de forma fidedigna. 

Y sin embargo, la estrategia funciona. Bukele goza de un apoyo sin precedentes, según las encuestas.

El estado de la opinión pública no es un indicador para ser democrático, puede ser un indicador de eficiencia o de que la gente está engañada o de que la gente se cree el discurso oficial como absoluto. Bukele fue electo de manera limpia y legítima, y en ese sentido tiene una legitimidad de inicio totalmente respetable, pero cómo actúe es lo que indicará qué grado de democracia y qué grado de libertad tendrá El Salvador. Hay gobiernos que han sido autoritarios o dictatoriales que en su momento también tuvieron altos índices de opinión pública: Pinochet, en Chile, tuvo altos niveles de opinión pública; la Junta Militar, en Buenos Aires, hasta se hizo mundial como un éxito; Franco, en España, tuvo también popularidad, y eso no quiere decir que haya sido democrático. No me olvido de que Maduro también en su primera elección tenía legitimidad democrática y no me olvido de que Correa ganó varias elecciones; por lo tanto, me parece que hay que tener cuidado con estas cosas. 

El hecho de que el presidente tenga muchas energías y que algunas decisiones que ha tomado le han parecido buenas a la población me parece que está bien en una democracia, ese no es el problema de fondo. Una democracia tiene sentido si quien actúa lo hace respetando el juego democrático y los pesos y contrapesos que la Constitución establece. Y ahí incluyo el rol de la prensa, de lo contrario podemos correr el riesgo de salir del cuatro democrático. Seguramente el ataque permanente a los medios es una forma nueva de tirarle al mensajero.  

Desde antes de asumir, Bukele creó un escenario de conflicto con la prensa crítica. Argumentó que quienes le criticaban era porque estaban coaligados con sus adversarios políticos y buscaban destruir su proyecto. Para defenderse, dijo que él también tiene derecho a la libre expresión y a criticar a quien quiera. ¿El presidente, sus funcionarios, tienen el mismo grado de libertad de expresión que cualquier ciudadano?

No solo tiene derecho a la libertad de expresión, sino que tienen un aparato comunicacional que ningún otro ciudadano tiene. Cuando dicen eso es un poco gracioso, falaz, porque ¿qué ciudadano tiene una secretaría con decenas funcionarios o tiene dinero para gastar en propaganda o puede montar conferencias de prensa de un momento a otro? Los funcionarios tienen un megáfono mucho más grande que el ciudadano común. Si bien tienen el derecho a expresarse, también tienen el deber de garantizar la expresión de los demás. Si no dejaría de ser un sistema democrático, porque no habría garantía de derechos. La democracia intenta que las personas, los votantes, quienes intenten expresarse sean ciudadanos y no súbditos. Entonces ahí hay un deber especial de garantía. Yo no puedo aplastar a un periodista porque me hizo una pregunta que no me guste, no puedo aplastarlo usando todo el poder del Estado. No lo aplasto físicamente, pero lo aplasto bajo una acusación injusta, una descalificación, el uso del poder del Estado y de los fondos y medios que tiene (y de los militantes) para que lo acosen en redes sociales o en la calle. No puedo usar el poder del Estado cuando un medio publica algo que a mí no me gusta; y le saco la publicidad o contratos que ganó ese medio en forma legítima, concursando en una licitación. El artículo 3 de la Convención Interamericana es muy claro: hay que garantizar, no solo sin censura directa, sino también no afectar por medios indirectos a la libertad de expresión. 

Viendo cómo se comporta este Gobierno, los muros que ponen para evitar que uno se pueda contactar con ellos, ¿considera que este Gobierno se está convirtiendo en un Estado antiprensa?

La comunicación con la prensa y la rendición de cuentas a través de las conferencias de prensa es un componente esencial de la libertad de expresión y de un Gobierno democrático. Si uno mira alrededor del mundo, ¿quiénes son los que no hablan con la prensa, los que no dan opiniones y los que hablan solos? Ahí uno puede sacar conclusiones. En definitiva, y también lo dije en el informe, también en algún momento se atacó al IAIP. Ahora en la pandemia se suspendieron los plazos por parte del Gobierno para responder las solicitudes de información pública. En ese sentido, me parece que el IAIP se mantiene bajo constante ataque cuando se presiona a sus comisionados o no se responde a las órdenes de acceso. Permanentemente estamos recibiendo información de que la respuesta del Gobierno es menos transparencia y menos rendición de cuentas. Es preocupante también en ese sentido. 

En su visita a El Salvador, usted declaró a El Diario de Hoy que no lograron reunirse con el Gobierno. ¿Continúa ese bloqueo o lograron conversar con funcionarios?

Ninguna respuesta. Y eso que en general todos los Estados dialogan con la relatoría. No hemos recibido ninguna comunicación oficial de que haya una respuesta o una precisión de lo que hemos dicho o que se han cambiado las prácticas o que hay más información para aportarnos.

¿Qué llamado hace la RELE para que se garantice el libre acceso de la prensa y de la información en El Salvador?

Por suerte, en El Salvador, están funcionando los mecanismos legales. Nosotros como organismo internacional hemos documentado la situación y la hemos denunciado. Nadie puede decir que el relator miró para otro lado o se calló la boca. También hemos recibido y hemos hablado siempre con la sociedad civil y con los medios. Somos un sistema subsidiario en el sentido que para intervenir tenemos que recibir un caso que haya agotado los recursos internos. Me parece que cuando uno pide información y no se la dan tiene que agotar los recursos legales para que se pronuncien los distintos organismos: el poder Judicial y quienes tienen la competencia de solventar una solicitud de acceso y ordenar en su caso que se entregue la información. Si la información no se entrega, puede llegar a ser una caso individual que puede llegar al sistema interamericano o también proponer una solicitud de amparo por las distintas faltas de acceso a las conferencias y a la rendición de cuentas. 


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