A las 4:28 pm del sábado 20 de junio, la Asamblea Legislativa recibió un escrito de cinco páginas firmado por el presidente de la República, Nayib Bukele, con el que demanda a los diputados que devuelvan las facultades que, según él, la Sala de lo Constitucional le quitó al emitir la sentencia de inconstitucionalidad 21/2020, que el ocho de junio anuló un total de once decretos ejecutivos emitidos entre abril y mayo de este año, una resolución ministerial y dos leyes de emergencia aprobadas por la Asamblea.
En el documento, Bukele repite parte del argumentario que ha vertido en redes sociales durante las últimas semanas: afirma que El Salvador fue “un ejemplo en el mundo, mientras el Gobierno pudo imponer las regulaciones que todo gobierno debe ser capaz de imponer, en una pandemia” y denuncia que los otros dos órganos de Estado han cometido un bloqueo constante y sistemático de su estrategia de lucha contra la pandemia de covid-19. Abogados constitucionalistas y expertos en derechos humanos expertos niegan esta afirmación, sostienen que la Sala en ningún momento ha quitado facultades al Ejecutivo y califican la carta 'meramente política, sin fundamento jurídico al tenor de los derechos humanos”.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, reaccionó con sorpresa a la solicitud de Bukele: “Es un sinsentido por parte del presidente a pedir a los diputados que le devuelvan las facultades legales, pues las facultades están previstas en la Constitución de la República; y porque la Asamblea Legislativa no tiene la atribución constitucional de conferir ni quitar a ningún órgano de Estado facultades previstas para cada uno de los órganos de Estado”, dijo a El Faro
La carta del presidente Bukele tiene tono de reprimenda y califica las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de “arrebato jurídico” que anula la normativa con la que el Ejecutivo ha regulado la pandemia por covid-19. No hace ninguna referencia al hecho de que esas resoluciones dan por demostrado que bajo esas normativas las autoridades y las fuerzas de seguridad cometieron reiteradas violaciones a derechos humanos, y que la Sala argumenta en su fallo que en sus decretos ni la Asamblea ni el Ejecutivo no lograron justificar adecuadamente las restricciones a derechos constitucionales como la libertad de tránsito y movilidad.
“El vector de esta enfermedad es el ser humano; y por lo tanto la única forma de detener o al menos de reducir su expansión, es controlando la movilidad de los seres humanos”, dice Bukele en su carta, y reclama al poder legislativo por no respaldarle “ahora que está claro que el COVID-19 no es una ‘gripona’. Ahora, que está claro que estamos en emergencia, aunque la Asamblea Legislativa se niegue a declararla”. En el texto no hace referencia al hecho de que en las últimas semanas él ha vetado dos leyes de Emergencia aprobadas por la Asamblea, bajo el argumento de que invaden las atribuciones del Ejecutivo y reclamando que no se ajustan a sus lineamientos.
El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), Wilson Sandoval, defiende la resolución de la Sala y argumenta que declaró inconstitucionales los decretos porque atentaban contra los derechos humanos y la seguridad jurídica: “(El presidente) está limitando (la acción contra el virus) a una serie estricta de decretos que repitan hechos que violen derechos humanos”.
Un informe presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a la Asamblea el pasado 24 de abril establece que la Policía y el Ejército cometieron'detenciones ilegales” y 'tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra miles de personas detenidas por inclumplir la cuarentena, bajo el paraguas legal de los decretos y leyes luego declaradas inconstitucionales. La PDDH también detalló que los cuerpos de seguridad cometieron violaciones a la libertad personal de los detenidos, violaciones a la integridad personal, actos arbitrarios y “expresiones de violencia” en estas detenciones.
En su carta, Bukele advierte a los diputados: “Están a tiempo de hacer lo moralmente correcto. Sus sentencias no curarán a nadie, las acciones rápidas del Gobierno (Ejecutivo) si lo harán”. Sandoval cuestiona esta afirmación: “¿Necesitamos técnicos o políticos frente a una pandemia? Esta es una respuesta clásica de confusión; dar una respuesta política a un problema técnico”.
Bukele cita artículos del Código de salud y de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en un intento de argumentar contra la lectura que la Sala hace de la Constitución, y acusa a los magistrados de “frenesí constitucional”. Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, insiste en que la Sala no le ha quitado nada: “En realidad el Gobierno no tiene estas atribuciones, la Sala dijo que (Asamblea y Ejecutivo) se coordinaran para llegar a una ley consensuada”.
Según el artículo 174 de la Constitución de la República, es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional a la que le corresponde conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. La resolución emitida por la Sala, pese a declarar inconstitucionales los decretos y leyes, dio cuatro días de vigencia a partir de la notificación de la sentencia a la última Ley de emergencia, para que la Asamblea y la Presidencia se pusieran de acuerdo en un nuevo texto que regulase la cuarentena y otras medidas necesarias, dentro los márgenes constitucionales.
A esta resolución siguió un pulso entre ambas instituciones para definir el lugar de reunión. El Ejecutivo citó a los diputados en un hospital y después en Casa presidencial; mientras, la Asamblea citó al Gobierno en sus instalaciones y después apoyó una invitación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que ofreció su biblioteca como espacio neutral para que los órganos de Estado se reunieran. Al final, no hubo ni siquiera un encuentro, menos una nueva ley.
En su carta, Bukele declara que “de manera articulada, antojadiza y solo Dios sabe con qué propósitos” la Sala le prohibió establecer estado de emergencia, cuarentenas, zonas de control epidemiológico, cercos sanitarios, restricciones de movilidad, cierre de calles, regular el tránsito y decomisar vehículos. Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, insiste en que que la facultad de declarar la emergencia corresponde a la Asamblea, en primer lugar; y al Ejecutivo sólo cuando la Asamblea no estuviere reunida. “Creo que (el presidente) no tiene ni idea de lo que está pidiendo. Es una petición sin fundamento jurídico”, concluye el exmagistrado.
Una vez la Asamblea conoció el escrito del presidente, solo un diputado de GANA, el partido que llevó a Bukele al poder, se pronunció. Guillermo Gallegos posteó en sus redes sociales: “Hemos recibido la solicitud del presidente Nayib Bukele en el sentido que se le devuelvan las atribuciones legales para dirigir el combate al COVID-19 que en estos días se ha expandido su contagio a nivel nacional”. Sin saber aún si el pleno discutirá la petición, ofreció los votos de su partido, minoritario en la Asamblea: “Como Gana estamos listos para dar nuestros votos”, concluyó su tuit.
