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En Guatemala se pretende nombrar las cortes desde la cárcel

 
 

Guatemala vive una pugna legal en la cual los entramados de corrupción y crimen organizado intentan aprovecharse del contexto de covid-19 para tomar por asalto las cortes del país y desbaratar los más de cien casos contra funcionarios y directivos empresariales que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (entidad respaldada por la ONU que fue expulsada del país en 2019) destaparon de 2015 a la fecha. Esta cruzada arrancó con una acusación contra allegados del expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció y guarda prisión desde septiembre de ese año luego de cuatro meses de manifestaciones en su contra.

Esto abrió la posibilidad de formar procesos democráticos pero desde entonces los gobiernos no han sido más que una continuación, aunque los nexos político-empresariales que antes eran solo sospechas ahora son de conocimiento de la población y eso aunque genera una mayor conciencia de cómo operan las élites, provoca una necesidad del crimen para tomar el control del sistema de justicia cuya elección se encuentra entrampada por medio de acciones jurídicas con el ánimo de obviar una sentencia donde se establece que los diputados deben nombrar jueces idóneos. 

Como una ironía macabra en estos tiempos de pandemia, que la estrategia para adueñarse de las cortes apunta a un personaje sobre quien pesan seis casos de corrupción: Gustavo Alejos. Dos de estas acusaciones se deben a corrupción en el sistema de salud amañando compras y licitaciones para beneficiar a ciertas empresas, alguna suyas y otras relacionadas a él. El 18 de febrero, Alejos fue descubierto por los fiscales en un intento por manipular el nombramiento de cortes. Su pedigrí criminal arranca con los cabildeos para favorecer a empresas farmacéuticas con contratos del Estado tras financiar a dos expresidentes, Alvaro Colom (2008-2011), de quien fungió como secretario privado, y Otto Pérez Molina (2012-2015); ambos han sido procesados por la justicia guatemalteca.

Gustavo Alejos es conocido como un nodo entre la alta criminalidad chapina. Ese tipo de bróker que conecta a todos con todos y así como llama a los empresarios más poderosos, activa netcenters para atacar a oponentes, influye en los nombramientos de presidentes del Congreso y pasa el sombrero a empresarios para conseguirles contratos con el Estado. Ha sido una persona reconocida en el ir-y-venir del poder y actúa sin tanta corrección política; a muchos les cae bien, Gustavito, le dicen.

Su crecimiento como empresario-político se dio desde las ventas de medicina. Como buen emprendedor arrancó de visitador médico y fue labrando un camino ascendente hasta crear estrechez con la crema y nata de la política. Entendió e hizo mover la rueda del financiamiento ilícito: darle dinero a los partidos para que se lo devolvieran en contratos. En 2015 salió a luz el primer caso en su contra. Alejos ejercía influencias en funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por medio de sobornos y financiamiento al partido gobernante para adjudicar millonarios contratos a tres de sus farmacéuticas.  

Las investigaciones de los últimos cinco años de la CICIG enfatizaron que este modelo de corrupción permea prácticamente todas las instituciones y provoca que los servicios públicos, en este caso de salud, se mantengan en condiciones precarias. En estos días se deja ver con mayor detalle la debilidad del aparato sanitario en medio de la crisis de covid-19, pues se ha revelado un sistema hospitalario colapsado donde los médicos han denunciado la falta de insumos: desabastecimiento de camillas, mascarillas, equipo. La pobreza atrapaba la salud pública mientras que Alejos, desde un hospital que le servía de centro de operaciones -en donde residía, porque supuestamente no tenía condiciones para estar en la cárcel-, negociaba la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quizá la única con verdadera independencia dentro del Ministerio Público (MP), documentó con fotografías y mensajes del teléfono del mismo Alejos las reuniones y llamadas que se daban desde este hospital privado para coordinar los nombramientos de magistrados. Hablaba con al menos diez diputados, decenas de candidatos, representantes de la comisión de postulación (quienes evalúan los expedientes de los aspirantes para luego pasarlos al Congreso), con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Dina Ochoa, quien fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales y quien resolvió siempre a favor de él y contra los procesos de la CICIG. Si Alejos no hubiera sido descubierto, la elección de funcionarios judiciales hubiera ocurrido con toda normalidad.

Tras saberse de este caso, el MP planteó una acción legal que detuvo los nombramientos del Congreso y la Corte de Constitucionalidad dictaminó que se votara tomando en cuenta un informe elaborado por la Fiscalía, donde se detallaron las relaciones de Gustavo Alejos. La resolución estableció que se debían excluir a los candidatos que carecen de idoneidad. Esto claramente no gustó a la Junta Directiva del Congreso presidida por Alan Rodríguez, del partido oficialista Vamos, y a sus aliados, quienes el 23 de junio, día que se debía votar, retrasaron la elección hasta la media noche y rechazaron la petición de unos pocos congresistas que propusieron dejar en acta que quienes aparecieran en ese informe debían quedar fuera de la elección.

Uno de los que dirigió esta estrategia en el Legislativo es Felipe Alejos, quien se supone que no es pariente de Gustavo, pero lo parece, pues actúan conjuntamente, según se evidenció en las comunicaciones del celular de Gustavo. Felipe es un diputado que no pasa de los cuarenta, que en la legislatura pasada fue vicepresidente durante los cuatro años y ahora sigue en la Junta Directiva. Se le considera el presidente de facto del Congreso y el vínculo directo con Gustavo y con diferentes estructuras de corrupción, incluyendo las empresariales.

Felipe tiene una acusación en su contra por negociar en beneficio de grandes empresas, incluidos ingenios de azúcar, para que el Estado les devolviera crédito fiscal traficando influencias en diversas instituciones. Por su cercanía con las actuales cortes, Felipe ha sido protegido cuatro veces por la Corte Suprema de Justicia, negando la posibilidad para que sea investigado. En los fallos utilizan siempre argumentos procedimentales cuestionables y lo salvan en momentos políticos clave, como el 29 de junio pasado cuando se encontraba en impasse la elección de magistrados.

Con tal de detener los nombramientos de cortes, Gustavo Alejos y Felipe Alejos, con apoyo de la bancada de Giammattei, así como del apoyo del sector empresarial, fraguaron una estrategia para enmarañar la elección de magistrados: la Corte Suprema de Justicia controlada por los Alejos (en contra la jurisprudencia de que no se puede acusar a jueces constitucionales por el contenido de sus resoluciones) aceptó una denuncia contra la Corte de Constitucionalidad por ordenarle al Congreso tomar en cuenta el informe de la fiscalía al momento de elegir. Entonces la misma corte señalada, como ha ocurrido otras veces, suspendió el trámite de la denuncia, pero el Congreso no acató la orden y continuó con una comisión para investigar a estos magistrados. Ante este incumplimiento de la sentencia la Corte de Constitucionalidad decretó una desobediencia y conminó al Ministerio Público a que se les siguiera a los diputados un proceso criminal.

El Congreso, en venganza, denunció a la Corte de Constitucionalidad y a esta acción se sumaron, en coro, todas las personas que tienen interés en la impunidad: las cámaras empresariales, militares acusados de violaciones a los derechos humanos y abogados defensores de señalados de corrupción para buscar el descabezamiento de la Corte de Constitucionalidad, que ha sido el valladar que ha detenido decenas de arbitrariedades de los diferentes poderes del Estado y mantiene vivos los casos por corrupción. Los empresarios le tienen aversión porque no los han salvado de las acusaciones y porque han detenido proyectos extractivos que no llenan los requisitos legales. De la misma forma en que lo hicieron contra la CICIG, echaron a andar su lobby millonario en Washington esparciendo que esta corte es comunista y que su actuar afecta la economía.

Esta elección de segundo grado se encuentra en un limbo como sucede usualmente en Guatemala, donde las crisis no estallan, sino que se diluyen poco a poco sin resolverse. La elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones está detenida y la comisión para investigar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sigue funcionando en el Congreso, a pesar de haberse suspendido. La Fiscal General Consuelo Porras no se ha movido frente a la orden de perseguir la desobediencia de los diputados y el presidente Alejandro Giammattei ha dicho que ese no es su problema, aunque su bancada en el Legislativo es parte del complot. El Procurador de los Derechos Humanos así como cincuenta diputados han solicitado al presidente que invoque ante la OEA la carta democrática porque funcionarios intentan romper el orden constitucional, tras desobedecer resoluciones del máximo tribunal, con el fin de que se inicie gestiones diplomáticas para detener este quiebre institucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de independencia judicial Diego García-Sayán de la ONU y diversas embajadas europeas y de Estados Unidos se han pronunciado con preocupaciones sobre todo porque a esta crisis se añadió que el 4 de julio se tramitó una acusación contra la jueza Erika Aifán, quien lleva casos contra Alejos.  

Hay una intención de parte de “los Alejos” para que este proceso se prolongue al punto de llegar a abril del próximo año, ya que en ese momento se cambiará a la Corte de Constitucionalidad y, con las cosas como están, se aseguran el control de esta institución, que es la más poderosa del país. Con esta cooptación podrían venirse abajo todos los casos de corrupción que se han destapado en los últimos cinco años (durante los cuales se desarticularon más de cien redes políticas-económicas-ilícitas), así como dar paso a la persecución de jueces, fiscales, periodistas y activistas que han apoyado la lucha por la justicia.  

Gustavo Alejos no es cualquier criminal. Tanto que el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocó la visa para viajar a ese país a él y a toda su familia, el pasado 10 de junio 2020. Su influencia en el Congreso que nombrará a las nuevas cortes se ha convertido en el símbolo de las fuerzas regresivas que coordinan las estrategias desde la cárcel, para proteger a los cientos de acusados de corrupción que ven la luz de la impunidad en la lealtad de los nuevos magistrados. Asegurarse de ello les permitiría legalizar la impunidad y con eso hacer como si la lucha contra la corrupción que puso en jaque a las mafias nunca hubiera existido.

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.


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