El jueves pasado, la Policía Nacional Civil detuvo a David Munguía Payés, exministro de Seguridad y una figura clave en las negociaciones entre pandillas del 2012. Al emitir la orden contra Munguía, la Fiscalía General de la República también autorizó la detención del expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien ha recibido asilo en Nicaragua. Además de las acusaciones de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas relacionadas con la tregua, Funes lleva un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito.
Aunque Munguía Payés y Funes no deben ser considerados por encima de la ley, el caso contra ellos representa una tendencia preocupante. La “tregua entre pandillas”, en vez de ser una propuesta de política pública que los salvadoreños puedan debatir, se ha convertido en una acusación usada por los diversos partidos políticos para atacarse los unos a los otros.
Los políticos y los medios de comunicación deben reducir el estigma sobre las negociaciones entre pandillas para que sea una opción entre muchas para enfrentar la violencia. Si el gobierno actual o algún gobierno en el futuro quisiera considerar una nueva tregua, debería de poder hacerlo sin miedo de alguna represalia de sus opositores.
En 2009, cuando Mauricio Funes asumió la presidencia, los homicidios en El Salvador eran más frecuentes que en una zona de guerra: 71 de cada 100 000 habitantes fueron asesinados, la peor tasa en el mundo. Dado el fracaso de las estrategias de las llamadas Mano dura para enfrentar el crimen, el Gobierno de Funes inició una serie de negociaciones secretas con la MS-13 y el Barrio 18. El Faro reveló los detalles de las conversaciones en marzo de 2012. Acto seguido, Munguía Payés, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, anunció la tregua.
Dentro de los siguientes nueve meses, la tasa de homicidios cayó en un 41 % y la OEA se comprometió como socio para la paz. Sin embargo, en mayo del 2013 la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional el nombramiento de Munguía Payés por ser militar en retiro. Poco después, su sucesor, Ricardo Perdomo, abandonó el pacto con las pandillas. En el 2014 y el 2015, la violencia se volvió aún más fuerte, alcanzando una tasa de 105 homicidios por cada 100 000 salvadoreños.
Desde el 2013, varios investigadores han estudiado las consecuencias de la tregua. Un estudio realizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo estimó que la tregua salvó las vidas de unos 5 500 salvadoreños durante un período de dos años. José Miguel Cruz y Angélica Durán Martínez, dos politólogos con sede en Estados Unidos, ven con buenos ojos la reducción en homicidios. Sin embargo, también enfatizan que hubo momentos en los que las pandillas sustituyeron los homicidios más “visibles” por desapariciones para complacer al Gobierno.
El periodista estadounidense Steven Dudley hace énfasis en el capital político que las pandillas ganaron como una consecuencia negativa de la tregua. Las negociaciones con las pandillas también facilitaron a los funcionarios una oportunidad de enriquecimiento personal. Y mientras que la cifra de homicidios claramente cayó por causa de la tregua, aún no es claro si la frecuencia en extorsiones incrementó o decreció. Aun así, hay investigadores que destacan el fracaso de las distintas versiones de la Mano dura.
Mientras que los investigadores han identificado tanto consecuencias positivas como negativas de la tregua, los políticos salvadoreños han seguido otro camino. Cuando Munguía Payés anunció la tregua en el 2012, el presidente Funes negó su propio involucramiento. Su oponente electoral, Arena, puso en duda las cifras oficiales, acusando a Funes de “mentir sobre la violencia como mienten los comunistas”. En el 2016 y el 2019, varios burócratas fueron juzgados y absueltos por su involucramiento con la tregua.
Incluso hoy en día, el Fiscal General de la República Raúl Melara acusa a altos miembros del FMLN y de Arena de colaborar con las pandillas, mientras que surgen más detalles sobre las negociaciones secretas entre los asesores de Nayib Bukele, el Barrio 18 y la MS-13. En vez de tratar una tregua con las pandillas como un tema de debate, los políticos la usan como una acusación para desacreditar a sus oponentes.
El estigma sobre estas negociaciones disuade a los políticos que realmente quieren reducir la violencia de incluir una tregua entre sus propuestas. Si los medios de comunicación y los políticos hablaran de una manera más directa sobre los pros y los contras de las treguas, el pueblo salvadoreño tendría más y mejores herramientas para hacer sus propias evaluaciones de la tregua. Por ejemplo, algunos considerarán que la disminución en homicidios sopesa el aumento en desapariciones. Otros decidirán que el Gobierno nunca debió o debería tener una conversación con un grupo tan violento como la MS-13 o el Barrio 18, aunque pudiera salvar vidas. Un tercer grupo pensará en los incentivos perversos que un funcionario corrupto podría tener para negociar una tregua.
Sin importar la conclusión a la que el pueblo salvadoreño llegue, un proceso como la tregua debe ser informado a partir de los hechos, no del estigma o el miedo. Hacer un énfasis en resultados y más transparencia por parte del gobierno son claves para la lucha contra el crimen hoy en día.
*Bo Carlson es investigador del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C. Su tema de investigación es el desarrollo global.
