El padre José María Tojeira, de entonces 42 años, vivía a unos 200 metros en línea recta del lugar donde seis de sus compañeros jesuitas fueron asesinados el lunes 16 de noviembre de 1989. Aquella madrugada, desde fuera del campus, Tojeira también escuchó los disparos, “secos”, que acabaron con la vida de los sacerdotes y dos mujeres, pero también la balacera posterior que duró unos 20 minutos y con la que el Ejército quería simular que había existido un enfrentamiento con la guerrilla. Sin saberlo, aquella madrugada se convirtió para él en una carrera maratónica contra la impunidad que ya lleva más de 30 años. Tojeira era entonces el provincial para los jesuitas de Centroamérica y Panamá. El asesinato de sus hermanos de congregación lo convirtió desde entonces en la voz de la UCA. Perfilado desde siempre como un religioso sencillo, alguna vez declaró que su palabra pesaba poco en la realidad social y política del país. Este jueves 9 de julio de 2020, sin embargo, su testimonio pesa mucho para la memoria histórica de El Salvador, y para el juicio que se lleva a cabo en Madrid.
Este 2020 Tojeira ya no es más el rector de la UCA, pero sobre sus hombros pesa otro cargo importante, sobre todo para un país que involuciona en materia de derechos humanos: ahora dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la oficina creada por uno de sus compañeros asesinados, Segundo Montes. Sereno, por videoconferencia, el relato de Tojeira expuesto a sus interlocutores en la Audiencia Nacional en Madrid, España, fue una regresión, un testimonio que tuvo que haberse escuchado hace 30 años, pero al que la impunidad intentó restarle importancia demasiado tiempo. Detallado, vívido, cronológico, Tojeira rememoró algunos de sus principales pasos en la que quizá se ha convertido en su principal causa.
Dijo que apenas nueve horas después de la masacre en la universidad informó al entonces presidente Félix Alfredo Cristiani sobre los fuertes indicios que tenía de que el Ejército había sido el responsable del crimen. También relató sus posteriores reuniones con el jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, y el viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda, y además, contó la vez que se retiró molesto de una reunión con miembros de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD) que habían intentado manipularlo, con apoyo de un emisario de los Estados UNidos. Más de tres décadas después de haber tocado todas esas puertas, Tojeira habló de esos encuentros para ilustrar la impunidad y el encubrimiento que el Estado salvadoreño garantizó desde el día uno de la masacre.
En su declaración de este jueves 9 de julio, Tojeira detalló los fuertes indicios que tenía sobre la participación de miembros del Alto Mando en la planificación de la masacre. Su testimonio redimensiona todas las alertas que recibió el Gobierno horas y días después del crimen; y que no fueron tomadas en cuenta en las pesquisas de investigación que llevaron a la acusación, únicamente, de un grupo de militares por su participación material en un juicio revestido de impunidad y que no contó con las garantías del debido proceso, según la Audiencia Nacional.
A las 11 de la mañana del 16 de noviembre de 1989, horas después de la masacre, Tojeira se reunió con el presidente Cristiani en compañía del arzobispo de San Salvador Arturo Rivera y el arzobispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez. “Ahí le dijimos al presidente que el Ejército había asesinado a los jesuitas”, relató Tojeira, en el quinto día de audiencias en la Audiencia Nacional de Madrid. La cita la consiguió a través de la Nunciatura Apostólica. El expresidente Cristiani estaba acompañado de un coronel en situación de retiro. “Era un ministro de la Presidencia, y no le gustó lo que yo dije y empezó a discutir conmigo. El presidente nos dijo que nos calmáramos, al coronel y a mí, y dijo que prometía a que iba a investigar el caso y que iba a enjuiciar a los culpables”, relató.
Aquella era, apenas, una de las primeras reuniones con las que Tojeira intentaba averiguar lo sucedido. Sin embargo, debería esperar casi 31 años para poder rendir un testimonio ante un juez y contar todo lo que supo desde aquella mañana de noviembre y en los meses y años posteriores. Durante tres décadas, Tojeira se convirtió prácticamente en el vocero oficial de la causa.
Antes del juicio en Madrid, Tojeira ya había contado infidencias de aquella reunión con Cristiani a las 11 de la mañana del día 16. Se las contó a Teresa Whitfield quien escribió un libro titulado Pagando el precio. Ahí se lee que Cristiani le dijo a Tojeira que 'el crimen lo pudo haber perpetrado una unidad del Ejército que habría actuado por cuenta propia, de la que no tenían ningún control'. Según el libro, Cristiani quitó responsabilidad en el Estado Mayor dirigido por el coronel René Emilio Ponce en aquella reunión. “Lo que sí puedo asegurar es que el Estado Mayor es totalmente ajeno al asesinato”, habría dicho Cristiani.
Lo cierto es que aquella mañana, a la prensa internacional, el primer presidente del partido de derechas, Arena, comprometió su administración a investigar a fondo el crimen. “Si resulta que las gentes involucradas pertenecieran a la Fuerza Armada, entonces el peso de la ley deberá caer sobre ellas”, quedó consignado en una noticia de Los Ángeles Times que informaba sobre la masacre. Un cable de la Embajada de Estados Unidos desclasificado y citado por Whitfield en su libro, revela que Cristiani se reunió dos días más tarde, el 18 de noviembre, con el embajador de Estados Unidos William Walker y le dijo que 'los asesinatos de la UCA son las únicas manchas negras importantes' en el expediente de la Fuerza Armada salvadoreña.
Dos meses más tarde, Cristiani anunció en conferencia de prensa la detención de miembros de la Fuerza Armada por su participación como actores materiales del crimen. Sin embargo, la cúpula del Ejército dirigida por el Estado Mayor y el Alto Mando militar seguía defendiendo la teoría de que la guerrilla del FMLN había cometido el crimen, pese a que Tojeira también les había presentado fuertes indicios de que miembros del Estado Mayor estuvieron involucrados en la planificación de la masacre.
De regreso a las primeras horas tras el crimen, y de regreso al testimonio en el juicio, Tojeira explicó que pese al desconcierto de las primeras horas, no tardó en obtener indicios de la responsabilidad del Ejército. Según dijo, ya para la mañana del crimen se podía concluir que el Ejército había sido el responsable. Dio tres razones principales. La primera, que la UCA estaba a corta distancia de instalaciones estratégicas para la Fuerza Armada: el Estado Mayor ('a 700 metros en línea recta', dijo), la Dirección Nacional de Inteligencia ('a 400 metros en línea recta) y la entonces llamada Torre Democracia ('a 200 metros') donde había soldados y francotiradores con visores nocturnos que vieron perfectamente lo ocurrido en la residencia de los jesuitas al interior del campus. 'La Universidad era un lugar muy cuidado, muy vigilado', dijo Tojeira en el juicio.
'Hace cinco o seis años —continuó— vino a visitarme uno de los soldados que estaba en la Torre Democracia, francotirador, y me contó que vieron con visores nocturnos lo que estaba pasando con los padres, que informaron al Estado Mayor y que el Estado Mayor les dijo que no dijeran nada a nadie'.
Contó, además, que frente a su residencia, en la parte posterior del campus, sobre la calle Del Mediterráneo, a eso de las 11 de la noche del 15 de noviembre vio un pelotón de soldados apostados en el edificio de enfrente. Él sabía que estaban ahí porque estaban custodiando que ninguna unidad guerrillera avanzara por los cafetales aledaños, como había ocurrido en los primeros días de la ofensiva.
Aquella noche, Tojeira escuchó los tiros 'secos' con los que asesinaron a sus compañeros que trabajaban en la Universidad y luego una metralla que duró alrededor de 20 minutos, con armas de diverso calibre. 'Al lado del edificio de inteligencia del Ejército, un tiroteo de 20 minutos, en una noche de toque de queda, y el Ejército no llega a pesar de que 40 hombres entraron a la UCA. Evidentemente, fueron ellos, era la conclusión', dijo. Dentro de los elementos de convicción, Tojeira también destacó dos testimonios de empleados de la Universidad que vieron a los soldados entrar aquella noche del 15 de noviembre. Uno de los testimonios fue el de una señora que trabajaba haciendo limpieza en la rectoría, Lucía Cerna de Barrera, que aquella noche descansaba a 25-30 metros del lugar de los asesinatos.
El Gobierno y el Ejército encubrieron
Tres días antes de la masacre, el 13 de noviembre de 1989, Tojeira habló por teléfono con Ignacio Ellacuría, quien después de una pequeña gira en Europa regresaba a sus quehaceres en San Salvador. Ellacuría había dado un discurso en el Bundestag alemán, el parlamento de ese país, y luego había viajado a Barcelona para recibir un premio de derechos humanos. A su regreso a Centroamérica, tenía que hacer escala en Guatemala, pero por el toque de queda en suelo salvadoreño decidió que perdería el vuelo Guatemala-El Salvador, y completaría el viaje el 13 de noviembre. 'La situación aquí estaba muy difícil. Le dije a Ellacuría que mejor se quedara unos días en Guatemala, pero él me dijo que precisamente en esos momentos donde se acrecentaba la guerra era más importante que él estuviera para buscar elementos y hablar con personas en favor de la paz', relató Tojeira. Ellacuría, de hecho, había sido invitado por Cristiani para que integrara una comisión que esclareciera el crimen ocurrido en una federación de sindicatos unos días antes. Ellacuría, fiel al espíritu colegiado de la comunidad jesuita, respondió al presidente que no podía decidir sin antes haber hablado con sus compañeros.
Ellacuría llegó a El Salvador al borde del toque de queda del 13 de noviembre. A las 5 de la tarde, un teniente apostado en el portón de la universidad detuvo el vehículo en el que viajaba y pidió que se identificara. Acto seguido, lo dejó pasar y una hora y media más tarde, el Batallón Atlacatl entró a la universidad para hacer un cateo en la casa de habitación de los jesuitas. La unidad comandada por el teniente José Ricardo Espinoza Guerra les dijo a los sacerdotes que el cateo iba a ser en toda la universidad, de unas nueve o 10 hectáreas, pero hacerlo les habría tomado horas, dijo Tojeira. Por eso ahora cree que el registro sirvió para identificar a las futuras víctimas. 'Esa conclusión la tuvimos después de que los hubieran matado porque antes, como era una práctica que tenían los militares con cierta frecuencia en las casas de los jesuitas, no le dimos mayor importancia. Pero después dedujimos que no había sido un cateo para ver si había armas sino un proceso de identificación buscando a ver quiénes estaban ahí'.
Tojeira relató en el juicio que habló con el vicerrector de la UCA y director del Idhuca de entonces, Ignacio Martín-Baró, a las 7:30 de la noche del 13 de noviembre. Tojeira vivía en otra casa de habitación, fuera de la UCA, mientras que Ellacuría y el resto se habían mudado recientemente a una casa al interior del campus. El padre 'Nachito' le llamó a Tojeira para contarle que los soldados habían llegado a hacer un registro y que seguramente lo mismo llegarían a hacer a la otra casa. Martín-Baró pensó que debía alertar a sus compañeros.
El 15 de noviembre, a eso de las 11, Tojeira se fue a dormir y fue el tiroteo después de medianoche que lo despertó, aunque no supo de los asesinatos sino hasta las 6:45 de la mañana del 16 de noviembre. Quien llegó con la noticia era el jesuita Miguel Francisco Estrada. Juntos fueron a ver los cuerpos. Ya entrada la mañana, la escena en el patio de la residencia de los jesuitas era un hervidero de periodistas, religiosos e incluso militares
Según contó Tojeira en su testimonio, un mes después, en diciembre de 1989, tuvo una o dos reuniones con miembros del Alto Mando del Ejército: el jefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES, el coronel René Emilio Ponce; y el viceministro de Defensa, Orlando Zepeda, para denunciar que miembros del Ejército habían participado en el crimen. “Le dije a Ponce que había gente del Estado Mayor que ha colaborado y trabajado en este asesinato, pero él respondió que no”, dijo Tojeira.
Tojeira también describió cómo los militares intentaban desviar las investigaciones. Por ejemplo, mencionó una reunión con coroneles destacados en la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), que dependía del viceministro Inocente Orlando Montano, el 22 de diciembre del 89. Quien los recibió fue el jefe de la comisión, el teniente coronel Manuel Antonio Rivas Mejía. Tojeira iba acompañado de un viejo amigo, el padre Miguel Francisco Estrada (fallecido en 2009), y muy pronto la reunión se tornó incómoda. Como quien entra a la sala de estar de su propia casa, el asesor legal de la embajada de Estados Unidos Richard Chidester, abrió la puerta de la oficina, sin llamar antes. “Le dije a Rivas y a otros dos coroneles que yo delante de un funcionario gringo no tenía qué hablar. Él entró a la reunión sin llamar a la puerta, como que fuera el dueño de la comisión investigadora y bueno, los coroneles le pidieron que se fuera”, relató Tojeira.
Su molestia con Chidester era porque le había faltado a su confianza en noviembre. Chidester se había ofrecido, la semana siguiente a los asesinatos, a brindarle protección en Estados Unidos a Lucía Barrera de Cerna, la mujer que había atestiguado la entrada de los soldados en la noche del crimen. Tojeira le tomó la palabra a Chidester y permitió que Lucía y su esposo Jorge montaran un avión hacia Miami con Chidester, pero lo que no sabía es que él entregaría a los esposos Cerna al FBI para que fueran interrogados y coaccionados durante una semana. Luego de aquellas jornadas, Lucía cambió el testimonio que ella había logrado rendir antes de salir de San Salvador, pero que fue revalidado en el juicio jesuitas.
Aquel 22 de diciembre de 1989, Chidester terminó expulsado de la reunión con Tojeira por petición de Rivas Mejía. “Les dijimos a los coroneles que tenían que investigar al [Batallón] Atlacatl que habían hecho el cateo [del día 13 en la UCA]”, contó Tojeira, en el juicio. Pero los militares hicieron oídos sordos y, por el contrario, exponían teorías absurdas. “Los coroneles lo que nos contaron es que las investigaciones las estaban haciendo con polígrafos a la gente que denunciaba al FMLN como los asesinos, y contaban cosas como muy curiosas, como que un comandante del FMLN que era homosexual y que murió en aquella ofensiva, le había dicho a su amante que ellos habían matado a los jesuitas”, narró Tojeira. 'Cosas de ese estilo, pero todo era una farsa'.
Después de esa reunión con la comisión, recordó, sintió mucha frustración. 'Nos fuimos muy molestos con el intento de manipularnos frente a lo que era objetivo, que el Ejército era el que había quien había matado a los jesuitas.
El teniente coronel Rivas Mejía tenía mucho que ocultar. Tojeira no tenía manera de saber —no en ese momento— que él también había participado en el interrogatorio y hostigamiento en Estados Unidos a los esposos Cerna. Según el testimonio que brindó Jorge Cerna en el juicio, el miércoles 8, Rivas Mejía le dijo en Estados Unidos “que si estuvieran en El Salvador ya le hubiera dado una gran pateada, por mentiroso”. Rivas y oficiales del FBI coaccionaron a los esposos para que dijeran que no habían visto nada la madrugada del 16 de noviembre.
A la luz de las declaraciones de Tojeira, y las confesiones de los testigos clave ventiladas en el cuarto día del juicio, se perfila a un Ejército y a un Gobierno (con apoyo de Estados Unidos) que bregaron por ocultar las declaraciones de los actores materiales y los indicios que tenía la Compañía de Jesús, además de obstaculizar las averiguaciones que intentaba hacer la Fiscalía General de la República.
La Compañía de Jesús en El Salvador siempre abogó por un juicio en suelo salvadoreño por el crimen de la UCA. Pero ante la numerosas trabas para la justicia, el caso tuvo que armarse en Madrid. En El Salvador, después de la derogatoria de la amnistía en 2017, el IDHUCA pidió la reapertura del caso. Actualmente, está pendiente de avance en los tribunales de El Salvador.
La confesión de Benavides
El 20 de diciembre del 89, un secreto a voces comenzó a correr en las filas del Ejército, un secreto que a la postre terminó causando un terremoto en todo el estamento militar y de Gobierno que provocó un amago para esclarecer el caso, siguiendo las alertas que ya había enviado el padre Tojeira. Ese día, el coronel Carlos Armando Avilés, director del conjunto 5 del la FAES (operaciones psicológicas), le contó al mayor Erick Buckland, un asesor estadounidense destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia salvadoreña, que sabía que el director de la Escuela Militar (el coronel Benavides) había ordenado el asesinato de Ellacuría y el resto de jesuitas.
Un desesperado Benavides había buscado ayuda en los días posteriores al crimen. Fue a ver a Rivas, el jefe de la CIHD, para confesarle que él había transmitido al Atlacatl la orden del Alto Mando para ir a matar a Ellacuría y no dejar testigos, y le preguntó que qué podía hacer por él. A partir de ese momento, según explica la periodista Teresa Whitfield en su libro, Rivas ralentizó las investigaciones para que nadie de La Tandona saliera involucrado. El asistente de Rivas, el coronel Nelson Iván López y López, que había sido designado para investigar el crimen, cuestionó a su jefe al percatarse de que las pericias se estancaban. Rivas terminó contándole lo que Benavides le había dicho. Lopez fue quien se lo terminó contando a Avilés, el director del C-5, y este fue quien el 20 de diciembre se lo terminó contando a Buckland.
El 2 de enero del 90, Buckland rompió el silencio y le contó lo de Benavides a su superior, Milton Menjívar, jefe del MilGroup en El Salvador, según relató Buckland al Congreso de Estados Unidos, posteriormente. Menjívar llevó a Janice Elmore, una funcionaria de la sección política de la embajada que era el enlace con el ejército salvadoreño, a ver al coronel Ponce. La suerte para Benavides ya estaba echada, según relata Whitfield en su libro.
El segundo al mando de la embajada estadounidense, William Dietrich, no tardó en informar a Cristiani, según Whitfield. Dietrich también informó al resto del Alto Mando del Ejército. Eso ocurrió el 3 de enero. El asesor legal de la embajada, Chidester, habló con el jefe de la CIHD, y Rivas respondió que “si el Atlacatl es culpable, entonces Benavides es culpable”, narra el libro. Hasta ese momento, sin embargo, Benavides nunca había sido mencionado por las investigaciones que Cristiani decía que se estaban llevando diligentemente.
El 7 de enero, Cristiani cambió de dirección y en una conferencia de prensa dijo que habían determinado “alguna participación” del Ejército en el asesinato de los jesuitas. Fue así como Benavides y Yusshy René Mendoza quien, siendo oficial de la Escuela Militar, había sido comandado para acompañar al Atlacatl a la UCA la noche del 15 de noviembre, fueron detenidos. También se detuvieron a varios miembros del Atlacatl pero Benavides era el chivo expiatorio: era el primer oficial de rango elevado detenido por violaciones a derechos humanos.
Cristiani, en ese momento, también anunció la creación de una Comisión de Honor al interior del Ejército para determinar responsabilidades. A finales de enero, Tojeira —según contó en el juicio— se quejó del trabajo de la Comisión de Honor, que tenía como asesor jurídico al abogado Rodolfo Parker Soto, actual diputado de la Asamblea Legislativa. La comisión, dice Tojeira, solo estaba citando soldados, nada de oficiales. “Había una cosa curiosa. Los soldados que se ubicaban más cerca del lugar del crimen en esas fechas, decían que no habían escuchado nada, y los que estaban más lejos decían que sí habían escuchado tiroteos”, dijo Tojeira en el juicio.
Parker Soto seguía muy de cerca las indagaciones de la Comisión de Honor. El miércoles 8, en el juicio de Madrid, el teniente Mendoza lo acusó de haber alterado la declaración extrajudicial que este brindó después de ser detenido el 8 de enero. Este jueves, Tojeira dio más detalles sobre el involucramiento de Parker en el caso.
Tojeira contó que Parker lo llegó a buscar a su despacho en la rectoría de la UCA, en aquellos días en los que el jesuita comenzaba a acusarlo de encubridor. “Me dijo que él no había encubierto y me dio unas razones que me confirmaron que sí había encubierto”, dijo. Y luego relató lo que Parker le contó en esa cita: que un teniente, al final de uno de los interrogatorios de la comisión, le había dicho en privado que Benavides había confesado una “luz verde” del Estado Mayor para comenter el crimen. Entonces Parker se asustó, no tenía acceso al presidente Cristiani y llamó al cuñado de este, Roberto Llach, quien también era el primer designado presidencial. Según el relato de Tojeira, Llach le dijo que el día siguiente iba a desayunar con el presidente y que lo acompañara. En el desayuno, Cristiani le dijo a Parker que debía contárselo todo a la Comisión de Honor. “Parker me dijo que se lo dijo a la comisión pero que esta había decidido no mencionar la frase y que por tanto él no había encubierto, porque él lo había dicho a la comisión. Le pregunté por qué no se lo dijo al juez, pero ahí ya no me contestó”, dijo Tojeira.
El diputado Parker insiste en que él no participó en ninguno de los hechos que se le señalan.
En la quinta jornada del juicio del caso jesuitas, también declararon Benjamín Cuéllar, exdirector del IDHUCA que impulsó una querella contra los autores intelectuales del crimen en El Salvador; y Jorge Galán, escritor salvadoreño que entrevistó a Cristiani y cuyas declaraciones incorporó a su novela “Noviembre”.
