Un nuevo señalamiento de compras irregulares en el marco de la pandemia por covid-19 se sumó el pasado viernes 10 de julio a la lista. Según una publicación de la revista Gato Encerrado, el Ministerio de Salud pagó $225 mil a una empresa de familiares de Francisco Alabí, titular de la institución, en concepto de botas de hule para el personal médico.
La compra a Autodo S.A. de C.V., registrada en el sitio de compras públicas Comprasal, fue admitida por el ministro, quien aseguró que le corresponde a la Corte de Cuentas de la República determinar si hubo un conflicto ético o de intereses al adjudicarse a una empresa de su familia. La compañía, que se dedica a la venta de repuestos para vehículos, tiene como presidenta y representante legal a Celina Quiñonez, tía política de Alabí, y como miembros de la Junta Directiva a los hijos de esta: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez, que a la vez son primos del ministro.
La autorización, según reporta la publicación, sucedió el 17 de abril 2020, mientras estaba vigente la Ley de estado de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual le permitía al Gobierno saltarse la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (Lacap). Ese procedimiento, que sustituye a la referida ley, estuvo vigente hasta el 16 de mayo, cuando el Órgano Legislativo decidió no renovar la declaratoria de Emergencia. Desde entonces, el gobierno del presidente Bukele ha intentado saltarse a la Asamblea con decretos ejecutivos que le permitan activar procesos de compra expeditos.
Este es el cuarto señalamiento de procesos irregulares que se ha hecho a las compras realizadas por el Ministerio de Salud desde marzo que inició la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. El primero fue publicado el pasado 17 de junio 2020 en el portal de periodismo investigativo Salud con Lupa, que reveló la adjudicación de un contrato por $250 mil a Insema. Esta empresa, de la cual es propietario Jorge Aguilar, entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), proveyó máscaras de protección facial con un sobreprecio del 121 % sobre el precio de mercado.
Aguilar es un hombre de confianza del presidente Bukele y apenas unos días antes, el 14 de junio, había anunciado su precandidatura como alcalde de Santa Tecla para las elecciones internas de Nuevas Ideas. Posterior a la publicación, el presidente decidió separar temporalmente a Aguilar de su cargo. Ese mismo día, 20 de junio, el partido también hizo pública su decisión de desinscribir su precandidatura.
El señalamiento sobre Aguilar va más allá de una clara infracción a la Ley de Ética Gubernamental, que inhibe a los funcionarios de ofertar como contratistas de bienes y servicios para el Estado. Él también es dueño de una empresa de reciclaje y fue uno de los protagonistas detrás de la campaña de reciclaje de botellas plásticas, pagada con fondos públicos, posterior a la crisis de agua potable ocurrida en enero 2020. El 30 de abril, Aguilar apareció en una ceremonia de entrega de máscaras protectoras a deportistas e hizo mención de las botellas recolectadas. “Como ustedes sabrán, existió la campaña #RetoRecicla y se pudo recolectar aquellas botellas postconsumo… surgió la idea de poderlas convertir en un artículo de primera necesidad', detalla la investigación.
Otro de los miembros del gabinete que ha sido implicado en la venta irregular de insumos médicos para combatir la pandemia fue el viceministro de Ingresos José Alejandro Zelaya Villalobo. Según reportó el portal Salud con Lupa el 20 de junio, a la empresa SYGM Asesores, S.A. de C.V., de la cual es dueño y fundador Zelaya, le fue adjudicado un contrato por $750 mil para también proveer máscaras protectoras al gobierno. La compañía vendió al mismo precio que Insema, lo cual implicó que el Gobierno pagó un sobreprecio de 548 mil dólares por las mascarillas al sumar ambos contratos.
Las empresas que hasta ahora han sido favorecidas con la adquisición de contratos como proveedores de insumos también han incluido a una empresa del exdiputado arenero Gustavo Escalante y su familia. El ministerio de Salud pagó $344 mil por un lote de 800 mil mascarillas quirúrgicas al Grupo GME Inversiones, una empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya y dirigida por él y su hermano Manuel José Escalante. Los diputados también están inhibidos, según la Constitución, de ser contratistas de servicios u obras pagadas con fondos del Estado. Escalante, que anunció su renuncia al partido tricolor el pasado 8 de junio, ha expresado por meses su simpatía y apoyo al actual Gobierno.
Según publicó El Faro el pasado 25 de junio, el contrato, fechado el 20 de marzo, fija el precio de las mascarillas $0.17 por encima del precio autorizado por el Gobierno para la venta al público.
El hermano del diputado Escalante confirmó a El Faro el negocio, y defendió el sobreprecio con el argumento de que en aquellos días 'todas las personas vendían mascarillas más o menos a ese precio'.
A diferencia de los otros tres señalamientos de compras irregulares, la adjudicación del contrato a la empresa de la familia del diputado Escalante fue firmada por Ana Orellana Bendek, quien fue separada de su cargo como ministra de Salud el pasado 27 de marzo. Fue entonces que Alabí asumió como titular de la institución y se convirtió, por tanto, en la firma que ha autorizado el resto de compras de emergencia.
Ninguna de las empresas señaladas por las adjudicaciones irregulares hasta ahora se dedicaba a la producción de insumos médicos antes de la pandemia. Según reportó también este periódico el pasado 30 de junio, Salud pagó $3 millones para adquirir 1.5 millones de mascarillas KN95 a Lasca Design LLC, una empresa con sede de Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana. La orden de compra establece el precio unitario por mascarilla a $2.00 la unidad, lo cual supondría un sobreprecio respecto a documentos aportados por otros dos proveedores de mascarillas a El Faro, que establecen un precio de hasta $1.2 en pedidos mayores al millón de unidades. Estas mascarillas, además, han sido rechazadas por el personal médico debido a que la barrera que ofrecen es inferior a las N95, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para los trabajadores de salud que atienden a los pacientes covid-19.
