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Estados Unidos fantasea con la presidencia del BID

Manuel Alcántara

 
 

Los tiempos de pandemia no impiden el fluir de ciertas partes de la mecánica de la vida institucional. Procesos que suponen tomas de decisión colegiadas se pueden canalizar mediante conexión virtual. Si, además, el número de integrantes del grupo no llega al medio centenar las cosas resultan más fáciles. Dentro de las diferentes agendas de los organismos internacionales, la renovación de sus directivas es un asunto frecuente que los tiempos de la covid-19 no han dificultado. Hace apenas unas semanas, en la Unión Europea se dirimió la elección de la presidencia del eurogrupo sin problema alguno. Entre el 12 y 13 de septiembre próximo será el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las elecciones para la dirección de la entidad financiera se convocaron estatutariamente el pasado 27 de julio y el presidente hoy en oficio, el colombiano Luis Alberto Moreno, hace tiempo que confirmó su renuncia a presentarse a una nueva reelección para el puesto que ocupa desde 2005. Por ahora hay tres candidatos en contienda: dos latinoamericanos y un estadounidense. La elección de este último representaría, sin embargo, un reposicionamiento del poderío institucional y financiero de Estados Unidos sobre Latinoamérica, en tiempos en los que China ha incrementado su presencia en la región.

Los bancos de desarrollo son piezas interesantes en el entramado internacional que se urdió en la década de 1950, cuando la agenda estaba preñada de buenas intenciones desarrollistas. El BID, bajo dicha lógica, lo integran 26 países prestatarios de la región a los que se suman Estados Unidos y Canadá, tres países asiáticos (China, Corea y Japón) y 17 europeos. Cuba firmó el convenio constitutivo del banco, pero no lo ratificó, por lo que no es miembro. Constituido en 1959 con sede en Washington D.C., el BID es hoy el banco más importante en el mundo de entre los de su naturaleza.

Como muchas organizaciones financieras similares, las decisiones del banco se toman en proporción a la cuota de capital desembolsado. Así, los países prestatarios de América Latina y del Caribe tienen el 50.015 % de los votos. Dentro de ese porcentaje, Argentina y Brasil tienen el 10.75 %, seguidos por México (6.9 %), Venezuela (5.76 %), Chile y Colombia (2.95 %), Perú (1.44 %) y Uruguay (1.15 %); Estados Unidos tiene el 30 % de los votos y Canadá el 4 %. De los países de fuera de América, Japón tiene el 5 % y Alemania, España, Francia e Italia tienen el 1.9 %.

En su devenir, el BID hizo suya una regla no escrita que confería la presidencia a un nacional de un país latinoamericano y el segundo cargo ejecutivo a alguien de nacionalidad estadounidense. La renovación de la directiva del BID cuenta con la presentación formal de tres candidaturas: Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, el argentino Gustavo Véliz, y el estadounidense Mauricio Claver Carone, alto funcionario de la administración actual y previamente del FMI.

La situación genera una tensión de naturaleza triple que puede echar por tierra décadas de razonable desempeño, haciendo, además, que el banco entre en un juego ante el que –hasta el momento–  había sido relativamente ajeno. En primer lugar, se rompe el acuerdo tácito citado sobre la nacionalidad del presidente. En segundo término, el candidato norteamericano es alguien estrechamente vinculado al presidente Trump, quien está en la disputa para revalidar su cargo dentro de tres meses y que, por consiguiente, debiera esperar al resultado de las urnas. Finalmente, Claver Carone tiene un perfil cuestionable por tratarse de un notable activista anticubano que entrelaza sus méritos tecnocráticos con su afán dogmático.

Detrás de la postulación de Estados Unidos figura un pulso soterrado a la invasión silenciosa de China en la economía latinoamericana, incrementada notablemente en la última década. Washington estima que el margen de actuación del BID en la región es muy relevante y que gracias a su manejo puede recuperar parte del terreno perdido. Por otra parte, la administración republicana desea que el BID tenga una posición menos asistencialista y más inversionista. Es por ello que los expresidentes Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Julio María Sanguinetti, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo se han opuesto públicamente desde el inicio a la postulación de Claver Carone.

De momento, los gobiernos de Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y Haití se han sumado explícitamente a la propuesta avalada por el presidente Trump que, paradójicamente, no tenía al corriente sus aportaciones al BID desde su llegada a la Casa Blanca. Es muy posible que el gobierno brasileño también apoye esta candidatura y México, tras la reciente visita de su presidente a Washington, mantiene su decisión en suspenso.

Los estatutos del BID prevén la posibilidad de aplazar la elección siempre y cuando se lo soliciten países que sumen el 25 % de los votos. Al voto de Argentina y al de los países europeos deberían sumarse otros. El Alto Representante europeo para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell ha escrito una carta a los países miembros solicitando el aplazamiento de la votación al considerar que la pandemia no permite prestar “la atención necesaria” al relevo de la institución, sobre todo “si consideramos la presentación, sin precedentes, de una candidatura para presidir el Banco por parte del Gobierno de los Estados Unidos”. Esta es una solución paliativa que, de aprobarse, salvaría la cara momentáneamente de varios de los implicados.

Pase lo que pase en las próximas semanas, la lección es clara: la región vuelve a mostrar un preocupante nivel de desunión cuyo clima puede ser utilizado en medio de la presente zozobra para que Estados Unidos tome directamente una pieza más en la arquitectura institucional (y financiera) de la región.

Manuel Alcántara es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se ha especializado en los problemas de la representación política. Últimas publicación:
 
Manuel Alcántara es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se ha especializado en los problemas de la representación política. Últimas publicación: "El oficio de político" (2ª edición), Tecnos (Madrid).


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