Antes de emitir su fallo, el juez primero de sentencia de San Salvador les da una última oportunidad de tomar la palabra a los agentes Carlos Valentín Rosales, Luis Alfredo Avelar y Jaime Geovanny Mendoza. De los tres, solo Mendoza habla. La pandemia obliga un juicio por videoconferencia, y desde un salón del centro penal La Esperanza Mendoza insiste en que es inocente de los cargos que se le imputan. Ellos fueron las últimas personas que interactuaron con Camila el 31 de enero de 2019, antes de que fuera encontrada medio muerta por otros policías del sistema de emergencias 911.
La mascarilla obstruye cualquier dejo de emoción, pero en la pantalla, los imputados se ven ansiosos. A más de uno se le escapa un movimiento de negación con la cabeza mientras escuchan los argumentos del juez. Ha pasado un año y siete meses desde que la madre de Camila y sus amigas decidieron buscar justicia para su muerte. El mismo tiempo le llevó a una fiscal armar un caso al que en la acusación inicial tipificó como un crimen de odio “Por la brutalidad con que este hecho se cometió”. Un crimen de odio, según la Fiscalía, es motivado por prejuicios que “demuestran una violencia extrema y brutal que tiene su origen en la manera en la que los autores tratan de deshumanizar a las víctimas contra las que mantienen posturas intolerantes y basadas en prejuicios”, según se lee en la acusación. Camila era una mujer trans en un país en el que la población LGBTI es estigmatizada, perseguida y violentada.
“La lógica indica que los imputados han tenido participación en este hecho. Los únicos que pudieron haber lesionado a la víctima en ese momento son los agentes. No tengo elementos que me indiquen lo contrario”, pronunció el juez Mauricio Marroquín antes de decretar 20 años de prisión. No es la pena máxima, pero en un país en donde homicidios como el de Camila han sido cifras invisibles por más de 25 años, esta sentencia marca un hito.
El 28 de julio 2020 es ya una fecha importante para la población LGBTI de El Salvador. Tras 600 asesinatos sin justicia, el caso por el asesinato de una mujer trans ha sido resuelto, ha obtenido justicia. El caso es más notorio porque los condenados son agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución que tiene como lema “servir y proteger ante todo”, pero que al mismo tiempo es la más denunciada como agresora de la población LGBTI.
Afuera de la Sala hay cámaras y periodistas revisando sus apuntes para preparar su nota, pero su presencia en realidad responde a la cobertura del proceso contra el general David Munguía Payés, señalado como el padre de la tregua entre pandillas. Adentro permanecemos los mismos cuatro periodistas que hemos dado seguimiento al caso al menos desde la fase de instrucción. Por las restricciones de la cuarentena, hoy no hay familiares, amigos ni representantes de organizaciones LGBTI.
A falta de activistas y familiares, la celebración del fallo condenatorio la dirigen las fiscales Gisela Meléndez y Paola Echeverría, asignadas a la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y Mujer en su relación familiar, de la Fiscalía de Soyapango. De entre todas las denuncias que a diario recibe, a Meléndez le pareció que este era un caso que valía la pena perseguir. Hace 16 meses giró las órdenes para realizar las pesquisas necesarias para recabar la prueba, y con ellas acusó a los agentes de abuso de autoridad, privación de libertad y homicidio con el agravante de crimen de odio.
La tipificación de crimen de odio está consignada en el Código Penal desde 2015. Para las organizaciones la medida fue un avance importante en la lucha contra la impunidad, ya que por más de un cuarto de siglo las investigaciones por los asesinatos de la población trans no habían llegado nunca a la etapa de juicio y mucho menos a una sentencia condenatoria. Aunque la Fiscalía no aportó suficiente prueba para acreditar la tipificación, la condena a los agentes Avelar, Rosales y Mendoza marca un precedente importante en estos casos, ya que rompe, por primera vez, el patrón de impunidad.
Tres llamadas de auxilio para salvar a Camila
Camila estaba consciente cuando una agente del 911 se acercó para intentar averiguar qué le había pasado. Las fuerzas le daban para quejarse mientras lloraba. No podía hablar, pero su cuerpo lo hacía por ella: tirada sobre el asfalto, sangraba por las heridas repartidas en piernas, pelvis, abdomen, brazos y el rostro. También tenía contusiones que daban cuenta de una golpiza. La encontraron en el kilómetro 5 ½ de la prolongación del bulevar Constitución, a 50 metros de la pasarela de la Colonia El Coco. Eran las 3:52 de la madrugada del 31 de enero 2019.
Pese a la oscurana, tres personas alertaron de su presencia al sistema de emergencias. Una dijo que era un hombre, una segunda llamada aseguraba que era mujer, y un tercero la definió como un hombre vestido de mujer. Quienes la auxiliaron tampoco pudieron identificarla en actas con su identidad de género. Ni su pelo largo ni las uñas pintadas de rojo, ni la ropa que vestía fueron suficientes para identificarla como mujer. Ante un formulario que solo tiene espacio para hombre y mujer, los paramédicos marcaron la casilla de hombre, una práctica recurrente en el Estado que invisibiliza la identidad de género de la población LGBTI.
Camila fue ingresada de emergencia en el Hospital Rosales, donde le practicaron numerosas cirugías para atender las lesiones y quebraduras que presentaba. Se mantuvo en estado crítico por tres días; nunca recuperó la conciencia. No pudo identificarse, contar lo que le había sucedido ni llamar a nadie para contarle dónde estaba.
La última vez que alguien supo de Camila había sido la noche del 30 de enero alrededor de las 9 de la noche. Con notas de voz ella le contaba a Virginia, su amiga y excompañera de casa, que estaba lista para dejar la calle, ya no quería seguir peleando con otras mujeres trans por el territorio en donde ejercía el trabajo sexual. Camila vivía con una prima de Virginia, quien intentó poner una denuncia por persona desaparecida el 3 de febrero, pero no le permitieron hacerlo por no ser familiar. Ese mismo día, Camila murió sola en el Hospital Rosales, aún sin ser identificada ni por su nombre ni por su identidad de género.
Virginia, quien se había refugiado en el interior del país para huir de amenazas en su contra, viajó a San Salvador el 7 de febrero para hacer una peregrinación por delegaciones policiales, hospitales y Medicina Legal. En el hospital alguien le dijo que habían atendido a una persona con las características que ella describía, pero el cuerpo ya no estaba ahí. En Medicina Legal le mostraron un álbum fotográfico con el que pudo constatar que se trataba de su amiga. De nuevo, la falta de parentesco le impidió reclamar el cuerpo. Le pedían como requisito, además, interponer una demanda en la Fiscalía para entregárselo, ya que según su expediente médico había sido víctima de un atropellamiento. Edith Córdova, la mamá de Camila viajó desde Mercedes La Ceiba ese mismo día. El cuerpo se lo dieron hasta el día siguiente. “Cuando yo puse la denuncia no andaba pensando en que investigaran nada. Lo único que quería era recuperar el cuerpo de mi hija”, recuerda.
Virginia acompañó a Edith a interponer la denuncia y fue quien dio un detalle que más adelante pondría un reflector en el caso. A falta de testigos, la población trans ha ideado mecanismos de recolección de información y redes de búsqueda ante una desaparición o un caso de violencia. “Cuando Aspidh (organización trans) publicó en Facebook que Camila había muerto, una mujer que trabaja ahí (en la misma zona que Camila) llamó para contar que había visto a unos policías que la tenían acostada boca abajo y esposada sobre la calle”, dijo Virginia. Al cabo de unos días, un investigador de la PNC la contactó para que la acompañara, de noche, a hablar con las mujeres que decían haber visto a Camila sometida por policías. Ella se negó. “Así como está la situación, yo no puedo confiar en nadie, a una se le mete esa paranoia y la psicosis”, cuenta.
Agentes que salvan, agentes que vapulean
Los agentes que encontraron a Camila inmóvil y llorando del dolor lo desconocían, pero la persona a la que prestaron auxilio fue motivo de otra llamada al 911, 40 minutos antes, la madrugada del 31 de enero 2020. En esa otra llamada, un agente de la Unidad Médica Policial de la PNC reportaba un incidente a las afueras de esta institución, sobre la 23 avenida norte en San Salvador. Para Camila, como para muchas mujeres trans, el trabajo sexual era su fuente de ingresos, y esa era su zona. Según el análisis toxicológico que le practicaron, esa noche había consumido cocaína, lo que desencadenó un encontronazo entre ella y unos arbustos. Una agente se le acercó para preguntarle si estaba bien, pero Camila la insultó y posteriormente hubo un forcejeo entre ambas. Ella la neutralizó y la esposó. Alertados por la Unidad Médica Policial, los agentes Carlos Valentín Rosales, Luis Alfredo Avelar y Jaime Geovanny Mendoza llegaron a la escena. A partir de ese momento, Camila quedó en custodia del Estado.
A pesar de que la agente fue explícita en decir que no se consideraba ofendida por el forcejeo, Camila quedó en custodia de los tres policías del 911, que le cambiaron las esposas y la subieron a la cama de la patrulla, siempre con las manos esposadas hacia atrás y acostada hacia uno de los costados. Antes de retirarse, la agente preguntó adónde se la llevarían; ellos respondieron que Camila había pedido que la llevaran a su casa, en la calle Motocross. Rosales y Avelar se subieron uno a cada lado de Camila, mientras que Mendoza se encargó de manejar.
La patrulla salió a las 3:19 a.m., pero la ruta que siguieron no fue la anunciada. En lugar de dirigirse hacia la calle Motocross, se fueron hacia la prolongación del bulevar Constitución, según quedó registrado en las cámaras de videovigilancia ubicadas entre el punto de partida y el lugar donde luego apareció Camila.
Mientras Mendoza conducía, Camila estuvo esposada durante 33 minutos a merced de los agentes Rosales y Avelar. Según la Fiscalía, sobre la cama de esa patrulla, los mismos agentes que dijeron que la iban a llevar a un lugar seguro, la vapulearon. La autopsia concluyó que recibió constantes golpes en las piernas, la pelvis, la cadera, el abdomen, los brazos y cara que le produjeron “lesiones traumáticas severas, contusas en órganos vitales, además de una hemorragia extensa”. Según la acusación algunas de las lesiones en el cuerpo de Camila evocaban, además, la caída desde un vehículo en movimiento. A Camila la encontraron con el glúteo derecho desecho, del cual se observaban rastros de carne y sangre sobre la carretera dos metros antes de donde fue encontrado su cuerpo. El “corte limpio” con el que identificaron esta herida hizo concluir a los forenses que no había manera en que esa lesión hubiera sido causada por un atropellamiento, como quiso justificar la defensa.
En el juicio, el juez habla y por videoconferencia los acusados le escuchan. “Los únicos que pudieron haber lesionado a la víctima en ese momento fueron los agentes, no tengo elementos que me indiquen lo contrario”, dice
Según la Fiscalía, luego de dejar a Camila medio muerta, los agentes Avelar, Rosales y Mendoza regresaron a su base por una ruta contra toda lógica: manejaron 20.5 kilómetros cuando, retornando por la misma ruta de ida, la base policial de la Flor Blanca les quedaba a la mitad del recorrido, 10.7 kilómetros. Cuando regresaron a su puesto, a las 4:02 de la madrugada, no reportaron en la bitácora ninguna novedad y dieron por cerrado el evento. En el juicio, los acusados alegan que nunca dejaron por escrito que esa madrugada habían recogido a Camila porque nadie la había denunciado por ningún delito, y ellos simplemente le brindaron asistencia a su integridad.
En el juicio, los agentes y su defensa argumentan que llevaron hasta Camila hasta el lugar en el que fue encontrada medio muerta, porque ella así lo había pedido; porque ella no quería tener problemas con pandilleros de la zona. “Según el protocolo, se le tiene que respetar su integridad física, no podíamos exponerlo si ya nos había dicho que no quería que ‘los muchachos’ lo vieran con nosotros”, dice Mendoza.
La defensa insiste en que alguien más la atropelló, pero la autopsia fue clara en establecer que las lesiones no se corresponden con las de una persona atropellada, sino con las de una persona vapuleada y arrojada de un vehículo en movimiento. Los abogados también alegan que el trayecto de la patrulla no eran suficiente prueba para incriminar a los policías en una golpiza, ya que en todo momento los muestran en una posición erguida. También dicen que la recibieron y la dejaron sin golpes y también dicen que el origen de los golpes pudo ser resultado de la “pelea” que Camila tuvo con los arbustos o que incluso fueron producidos por los agentes del Policlínico cuando estos la sometieron: “No creo que le hayan dado con algodoncitos o con ositos de peluche, como era trans, para neutralizarla”, dice José Cabezas, defensor de Avelar y Rosales.
Luego de escuchar a los últimos testigos de cargo, dos de los acusados deciden contar su versión de los hechos. La habían repasado, como quien se memoriza un discurso, junto a los defensores antes de que diera inicio la sesión. Contrario a lo que se evidencia en los peritajes, en sus palabras finales Avelar dice que la patrulla se detuvo no una, sino tres veces. Insiste en que lo hicieron con el único propósito de acercarla a su casa. “Pidió que lo dejáramos por el redondel Schafick Handal y cuando llegamos pidió que lo dejáramos a la orilla de la calle, por la gasolinera Alba”. Mendoza, el conductor de la patrulla, reafirma esta versión y la amplía. Asegura que se detuvo y apagó la patrulla, que fue él quien le quitó las esposas a Camila y que los tres la vieron irse con vida en dirección hacia la gasolinera Alba Constitución.
Una Policía transfóbica
Luis Alfredo Avelar tiene 35 años y ha trabajado desde 2005 como agente policial. Su expediente no muestra sanciones disciplinarias y la puntuación más baja que tiene de comportamiento es 7. Su registro migratorio, sin embargo, muestra que fue deportado el 26 abril de 2019 desde Estados Unidos. Fue el primero de los imputados en declarar: “nosotros no tenemos nada en contra de los trans, los travestis. Nosotros cumplimos con llevarlo donde nos pidió”. Según su versión de los hechos, Camila cambió dos veces el destino adonde quería que la llevaran y ellos, en cumplimiento de su deber, cambiaron la ruta para complacerla.
Jaime Geovanny Mendoza condujo la patrulla esa noche. Tiene 28 años y hace solo cinco ingresó a la PNC. Para 2018 ya se había ganado un reconocimiento a la excelencia policial. Cuando le llegó la hora de declarar, intentó hacer de ese reconocimiento su carta de defensa. “Nunca he estado involucrado en un altercado que violente los derechos humanos de nadie. Tanto que en 2018 fui condecorado por la institución policial por mi excelente desempeño”.
Carlos Valentín Rosales tiene 37 años y es el mayor de los tres. Trabaja en la PNC desde diciembre 2005 y fue el único que decidió no declarar, ni siquiera para decir que era inocente. En su expediente, tampoco hay sanciones de ningún tipo.
Un récord disciplinario limpio no es, sin embargo, una garantía al interior de una institución que por años ha sido señalada por organizaciones LGBTI y en 2017 por la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como la que mayor violencia ejerce sobre las mujeres trans. La misma PNC ha reconocido sus problemas de transfobia en su historia reciente. Si hay un símbolo para describir cuán cruel es la sociedad salvadoreña con la población lgbti o la población trans, basta ver su prontuario contra sus miembros.
En junio de 2015, a las autoridades al frente de la Policía el problema les estalló en la cara. Un grupo de policías de Ciudad Delgado vapulearon al agente del CAM y activista trans Aldo Alexander Peña el día de la Marcha del Orgullo. El acto fue condenado desde la presidencia por la Secretaría de Inclusión Social y eso obligó a la Policía a examinarse a sí misma.
Según un informe sobre derechos humanos de las mujeres trans en El Salvador, presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ese mismo año, 70 de cada 100 mujeres trans denuncia a la PNC como la institución que más las discrimina. “Los cuerpos uniformados han sido históricamente las instituciones que nos han violentado, perseguido e incluso asesinado”, explica Ámbar Alfaro, de la Asociación feminista de mujeres trans de El Salvador. La activista agrega que la impunidad soporta la cultura de que la culpa siempre es de la víctima, lo que minimiza la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los perpetradores.
A partir de ese examen, las autoridades de la Policía reconocieron a El Faro que tenían un problema entre sus integrantes, mas no institucional. Este examen supuso para la corporación policial, además de capacitaciones en el tema, la creación de la Política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención a la población LGBTI, que fue presentada en 2017. Es decir, agentes como Avelar, Rosales y Mendoza en teoría debieron de haber sido formados en temas de atención a esta población.
Un agravante “sin pruebas”
El asesinato de Camila Díaz fue el primer homicidio de una mujer trans registrado en 2019 por las organizaciones LGBTI. Las características de la golpiza que le provocó la muerte fueron de inmediato consideradas como un hecho de barbarie. La categorización no es antojadiza. Contrario a un homicidio común, las lesiones en el cuerpo denotan un ensañamiento de parte de los victimarios. Activistas y organizaciones han luchado por años para que se reconozca que, al igual que con los feminicidios, hay detalles en las escenas del crimen que evidencian que el hecho fue motivado por odio. En 2015, la Asamblea Legislativa incluyó esta tipificación en las reformas a los artículos 129 y 155 del Código Penal, en donde se establecen como crimen por odio aquellos que están basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. A pesar de las reformas, sin embargo, la tipificación no siempre se aplica y hasta la fecha no se ha logrado ninguna condena por este delito.
Para la Fiscalía, el caso de Camila cumplía con las características y desde el inicio de su acusación lo tipificaron como un crimen de odio. Cuando el caso pasó por el juzgado 5to de paz, el juez Salomón Landaverde dio luz verde a esta hipótesis para avanzar con la investigación, ya que a su parecer “se infiere que un hombre vestido de trans con las uñas pintadas pudo haber sido el móvil para eventualmente cometer un crimen de odio. Advirtiendo también el abuso de superioridad de los tres agentes”.
Para amarrar este supuesto, la Fiscalía ordenó el peritaje psiquiátrico de los imputados para evidenciar los prejuicios que estos pudieran tener respecto a la población LGBTI, en específico hacia las mujeres trans. El resultado no fue favorable: “No se puede acreditar la existencia de comportamientos ni prejuicios por orientación sexual ni identidad de género”, concluyen los peritajes.
Para Sidney Blanco, el juez de instrucción que dictó el auto de apertura a juicio, la hipótesis de que los agentes Rosales, Avelar y Mendoza son los probables responsables de vapulear y arrojar a Camila de un vehículo en movimiento era “lógica, precisa y concluyente”. La evidencia presentada en el juzgado, no obstante, le fue insuficiente para mantener vigente el agravante del homicidio como crimen de odio. La falta de antecedentes, actitudes, manifestaciones y conductas reveladoras de que los agentes tengan o hayan tenido en el pasado “comportamientos de prejuicio, intolerancia u odio hacia las personas con determinada orientación sexual” lo inhibieron de considerarlo.
En la vista pública, fue la misma psiquiatra quien llegó a declarar que el peritaje realizado era insuficiente para determinar prejuicios por orientación sexual e identidad de género o para descartar su existencia. La psicóloga Ligia Orellana, investigadora social en las áreas de prejuicio, violencia, bienestar subjetivo y temáticas LGBTI, explica que existen dos tipos de crímenes de odio: instrumentales o reactivos. “Los instrumentales sirven para enviar un mensaje, eso muchas veces se logra ensañándose con el cuerpo de la víctima”, dice. Los reactivos son espontáneos, ocurren ‘al calor’ de una situación. También en estos, aclara, puede haber ensañamiento, cuando incluye a más de un perpetrador.
En el juicio, y sabiéndose sin pruebas, la Fiscalía pide al juez en sus alegatos finales que considere la motivación de crimen de odio al momento de emitir su sentencia. “Es de ver la forma en que este hecho se cometió: un lugar oscuro, tres agentes policiales, una sociedad machista que siente repudio por una persona con orientación sexual distinta. La causa por la que los imputados mataron a Camila fue por lo que ella representaba, por su apariencia y por lo que ella le genera a esta sociedad”, pide Paola Echeverría, la segunda fiscal del caso.
Aunque para el juez no hubo dudas de la participación de los policías en el crimen, dice que no puede pronunciarse por este agravante, ya que la representación fiscal no lo propuso desde el inicio del juicio.
El caso de Camila es el tercer caso de homicidio de una mujer trans que se judicializa desde que entró en vigencia la reforma al código penal de 2015. Este es el primero en lograr una condena, pero las organizaciones lamentan que las investigaciones sigan sin profundizar en los patrones y causas fundamentales que permiten que este tipo de delitos siga ocurriendo.
Camila quería huir de El Salvador
El 9 de noviembre 2019, ocho meses antes de la condena, frente a la tumba de Camila, Edith y Virgina se reencontraron para homenajearla. No se veían desde el 8 febrero que les entregaron el cuerpo, pero se hablaron con la familiaridad de quien se conoce desde hace muchos años.
La tumba de Camila estaba revestida de azulejos color durazno, pero no tenía inscripción. Virginia puso una ofrenda floral que combinaba con la decoración que hace apenas una semana Edith y la hermana de Camila habían colocado por el Día de los Difuntos. Edith estaba orgullosa del lugar en donde ahora su hija reposa y aunque la situación no es la ideal, se consolaba con tener un lugar dónde ir a enflorarla. “Tengo la tranquilidad de que le di tierra”, decía, consciente de que en este país no siempre se da con el paradero de los desaparecidos.
Frente a su tumba, Virginia recordó un sueño incumplido de Camila. Quería huir, poner un negocio en Tapachula, México. “Hasta había pensado en la posibilidad de conseguir un capital semilla para poner una tienda o algo”. Tapachula era un recuerdo de 2016: ese año ambas se habían refugiado allí huyendo de la violencia, la misma de siempre, la que conocían desde 2007, cuando comenzaron a trabajar juntas en la calle.
Se conocieron frente al Teatro de Cámara Roque Dalton. “Ella estaba trabajando con un primo de ella en esa calle, en donde también trabajaba yo con Mónica”. Al cabo de un mes y de ver que no llegaba a la meta que le había impuesto, el primo de Camila resolvió golpearla en plena calle. Virginia y Mónica la convencieron de que lo dejara: “te está maltratando y te está marginando”, le dijeron. Y así fue como la recibieron en su casa y la ayudaron a vestirse y arreglarse. Fueron ellas mismas quienes la bautizaron como Camila.
Las tres amigas vivieron inicialmente en un apartamento pequeño en los multifamiliares de la colonia Zacamil y luego se mudaron con una prima de Virginia a Mejicanos. Les tocó moverse de un lado a otro con sus familiares para evadir las amenazas de los pandilleros. A Mónica las amenazas la alcanzaron en mayo 2011, cuando un grupo de pandilleros le disparó al interior de un microbús de la ruta 47. Su crimen sigue impune.
Camila no se sentía a salvo en El Salvador y por eso intentó migrar en distintas ocasiones. Al cabo de algunos meses, sin embargo, decidía regresarse porque se sentía sola y quería ver a su mamá. La relación con Edith nunca fue excelente, pero mejoró desde que ella se había ido a vivir a San Salvador. Frente a la tumba de su hija, Edith se tropezaba con los pronombres masculinos para referirse a su hija, y admitió que le sorprendía verla cambiada cada vez que llegaba a visitarla. Su asimilación de la identidad de género de Camila no fue fácil. Siendo una niña incluso la llevó a tratamiento psicológico para “tratar de cambiarla”.
Camila era la única del grupo de tres amigas que se había quedado viviendo con la prima de Virginia cuando desapareció el 31 de enero. “Lo primero que se me ocurrió es que quizá había sido detenida por pelearse con alguien”, recuerda Virginia. Esta posibilidad no era del todo extraña, ya que en 2015, previo a su primera partida a México, Camila fue atacada por otras mujeres trans que trabajaban en la zona del Parque Infantil, en el centro de San Salvador. Camila había conseguido trabajo en un salón en la avenida Independencia. Un día le agarró la tarde y ellas creyeron que quería invadir su territorio. “Entre las mismas locas te discriminan”, resumió Virginia.
Tras la muerte de Camila, por miedo, Virginia decidió dejar San Salvador y esconderse en el interior del país. Nueve mujeres trans fueron asesinadas en 2019 según datos del Centro de Documentación y situación trans en Latinoamérica y el Caribe. Todos los cuerpos fueron encontrados con señales de tortura.
Aun estando resguardada, sin ser ella testigo de la FGR, el caso la persiguió. A finales de septiembre 2019, recibió una llamada de alguien que no se identificó para platicar del caso de Camila, y para identificarla a ella la llamaron por su nombre biológico. Días más tarde, Edith recibió una llamada similar de parte de alguien que se identificó como familiar de uno de los policías imputados. Le ofreció que llegaran a un acuerdo.
Un mes más tarde, en octubre, unos policías que estaban haciendo patrullaje en la zona donde vive ahora, la detuvieron y le preguntaron si conocía a una mujer trans de nombre Virginia. Ella asumió demencia y les dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Los agentes entonces empezaron a preguntarle si ella estaba enterada del caso de Camila y, de nuevo, negó conocer esa información.
Desde marzo de 2019, Virginia intenta ganar una solicitud de asilo junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Teme ser la próxima en engrosar las estadísticas y que su nombre se una al de sus amigas. La condena contra los asesinos de Camila la alegra porque se hizo justicia para su amiga y porque, en realidad, cuando se enteró de que los acusados eran agentes de la PNC, pensó que lo más probable era que el crimen quedara impune: “Cuando supe que habían sido policías (los que la golpearon), perdí las esperanzas, porque, ay… Si yo le contara tantas veces que nos maltrataron cuando estábamos en la calle”. Lamenta que no se les haya condenado por crimen de odio y se dice insatisfecha.
A Edith el fallo, aunque la consuela por el acto de justicia, también la hace sentir insatisfecha: “Estos señores van a pagar por lo que hicieron, pero eso no me devuelve la vida de mi hija. No le digo (que me siento) satisfecha, porque no me puedo alegrar del mal ajeno”.
