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El Faro presenta en los juzgados una solicitud de rectificación contra La Página

El viernes 7 de agosto de 2020 El Faro presentó ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador una solicitud de rectificación contra Diario La Página, un medio digital controlado por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) que el pasado 2 de julio acusó a un periodista de El Faro de abuso sexual y a una veintena más y a su dirección de encubrir lo sucedido. La periodista aludida en esa publicación desmintió a mediados de julio lo afirmado por La Página y negó haber sido entrevistada por ese periódico. “Todas las acusaciones de delitos hechas en esas publicaciones son falsas”, dijo en un comunicado.

 
 

Los representantes legales del periódico El Faro solicitaron este viernes 7 de agosto al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador que haga cumplir su derecho de rectificación por una información falsa divulgada a inicios de julio por La Página, un medio de comunicación administrado por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB), organismo estatal que depende presupuestariamente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El 2 de julio de 2020, La Página publicó un texto anónimo (sin firma de autor) en el que acusó a un periodista de El Faro de haber cometido en 2017 un delito de abuso sexual contra una compañera de la redacción, y a la dirección de El Faro de encubrir los hechos. En posteriores publicaciones, también anónimas, La Página llegó a acusar a una veintena más de periodistas de El Faro de encubrir el supuesto delito.

La información falsa publicada por La Página fue de inmediato replicada por el presidente de la República, Nayib Bukele, y otros funcionarios del gabinete, así como por otros medios afines al gobierno. Aunque tanto El Faro, en un editorial publicado el 3 de julio,  como la periodista aludida en esas publicaciones desmintieron el relato divulgado por La Página, La Fiscalía General de la República abrió y continúa una investigación de oficio.

El 18 de julio pasado, la periodista aludida por La Página emitió un comunicado en el que desmintió a ese medio: “Todas las acusaciones de delitos hechas en esas publicaciones son falsas y condeno la instrumentalización que se ha hecho de mi caso”.

En el comunicado, hecho a través del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la periodista revela que nunca fue entrevistada por La Página y denuncia la utilización de un tema de la importancia de la violencia de género: “Me entristece que se mienta y se malgasten recursos del Estado en un juego político que evidentemente busca dañar a periodistas y personas que le resultan incómodos al gobierno”, dijo.

La periodista explicó en el comunicado que en 2017, después de un convivio con otros periodistas en el lago de Coatepeque presentó una queja por comportamiento indebido de uno de sus compañeros. Su relato coincide con lo dicho por El Faro el 3 de julio: “Nunca pedí una investigación de carácter penal ante las autoridades y expresamente solicité que no hubiera una sanción interna grave. Mi única intención al acudir a la dirección del periódico fue mejorar la convivencia”. La periodista confirma también que, tras recibir la queja, El Faro comenzó a trabajar una política de género para evitar situaciones similares a futuro.

“Niego que haya sido víctima de violación o cualquier otro tipo de abuso o acoso sexual en el evento que La Página señala”, dijo la periodista. “Si de algo me siento víctima es de la utilización de una versión manipulada de mi historia para fines distintos de la búsqueda de la justicia”, añadió.

Derecho de rectificación

El jueves 22 de julio, El Faro hizo llegar a La Página por escrito una solicitud formal de rectificación. La rectificación de publicaciones es una práctica habitual en los medios de comunicación cuando se ha comprobado que la información que recoge una nota o artículo es falsa o equivocada, en su totalidad o en parte. Se trata, además, de un derecho reconocido por ley. Según la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, aprobada en 2013, el derecho de rectificación o respuesta “es aquel que se reconoce a una persona natural o jurídica, cuando se considere perjudicada por una información o noticia que no corresponda a hechos ciertos, en la que se utilicen términos o expresiones agraviantes u ofensivas, publicadas o difundidas por un medio de comunicación, provenientes de terceros o por espacios de campos pagados”.

Tras recibir la solicitud de El Faro, La Página publicó el 27 de julio una nota titulada “El Faro pide a La Página que no sigan publicando más notas sobre la agresión sexual ocurrida en fiesta de Coatepeque”, en la que no corrige su publicación del 2 de julio e insiste en hablar de agresión sexual, pese a que la periodista aludida desmintió tal hecho.

“La Página distorsionó conscientemente nuestra solicitud de rectificación", dice José Luis Sanz, director de El Faro. "En su nota no admitieron la falsedad de sus afirmaciones iniciales y no cumplieron con su deber ético y legal de reconocer que su publicación no cumplió con los requisitos de reporteo mínimos, al punto que ni siquiera entrevistaron a la periodista de la que hablan”.

Ante el Juzgado Décimo de Paz, y al amparo de la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, El Faro pidió el viernes 7 de agosto de 2020 que La Página rectifique y publique “que es falso que en un encuentro celebrado por empleados del periódico El Faro a finales de 2017 ocurriera una violación o cualquier otra forma de agresión o delito sexual. Y que es por tanto falso que ningún periodista o directivo de este periódico haya estado involucrado o haya cometido en ese encuentro los delitos que se mencionan en su publicación”.

El Faro también solicitó que haga constar que es falso que El Faro o cualquiera de sus empleados haya cometido el delito de encubrimiento y “que haga constar que La Página o miembros de su equipo jamás entrevistaron a la referida periodista, ni a ninguna otra de las personas a las que citan en esa o en posteriores publicaciones sobre el tema, con lo que violaron los principios básicos del trabajo periodístico y faltaron a su deber de verificar y contrastar información antes de publicarla”.

La Página es propiedad de Jorge Hernández, acusado de lavar dinero público durante el gobierno de Antonio Saca y Mauricio Funes, y actualmente el medio de comunicación es controlado por el CONAB, un organismo bajo control del Ejecutivo y adscrito presupuestariamente al Ministerio de Justicia y Seguridad, ministerio que por ley tiene la facultad de nombrar al presidente del Consejo Directivo. Los otros miembros que integran el consejo son nombrados por el ministerio de Defensa, el ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia, y la Fiscalía General de la República. El CONAB administra, conserva y destina los bienes y activos decomisados por ser producto de actividades delictivas. En enero de 2018, la Fiscalía solicitó la extinción de dominio de los bienes de Jorge Hernández por el delito de lavado de dinero. Desde entonces, La Página es administrada por el CONAB.

“El Faro cree en la necesidad de transparencia en los medios y defiende la libertad de expresión, pero ésta no ampara la publicación de información falsa", insiste Sanz. "Consideramos que la negativa de La Página a rectificar es muy preocupante, por la gravedad de sus acusaciones, pero especialmente porque se trata de un medio actualmente controlado por el Estado”.

La tarde del sábado 8 de agosto, este periódico llamó a Napoleón Morales, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de prensa de La Página, pero él explicó que el CONAB lo despidió el 5 de junio pasado. “Descabezaron a todos los que estaban. Se supone que ya no éramos de confianza. Los ingresos eran más jodidos e iba a llegar gente nueva para reducir costos”, dijo Morales. El Faro llamó también a las oficinas de La Página, a través del único número de teléfono que aparece en si sitio web, para incluir en esta nota su postura institucional, pero nadie atendió las llamadas: “La persona con la que intentas contactarte no puede responderte en este momento”, decía el mensaje de la contestadora.

El lunes 10 de agosto por la tarde, los representantes de El Faro también presentaron ante el juzgado Decimotercero de Paz de San Salvador una solicitud similar de rectificación en contra de El Blog, que republicó la información falsa difundida por La Página y en una nota del 3 de julio acusó sin fundamento alguno a ocho periodistas de El Faro de haber participado “en la violación de una joven”. El 23 de julio El Faro envió una solicitud de rectificación a la redacción de El Blog, pero no obtuvo respuesta. El Blog tiene como representante legal, desde su fundación en 2012 hasta hoy, a Manuel Ernesto Aguilar, Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones del gobierno de Nayib Bukele.

La serie de publicaciones de La Página y El Blog ocurren después de semanas en las que El Faro y otros medios de comunicación como Gato Encerrado, Factum, El Diario de Hoy o Salud con Lupa han publicado múltiples reportajes que revelan indicios de corrupción en el manejo gubernamental del dinero para enfrentar la pandemia de la covid-19. En las últimas semanas, periodistas de estos medios han sufrido campañas de acoso cibernético, seguimientos o incluso robos en su domicilio en los que solo se sustrajo su equipo de trabajo.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió el jueves 6 de agosto un pronunciamiento en el que condena las recientes amenazas contra la prensa en El Salvador y denuncia que El Faro y otros medios salvadoreños “han sido blanco de ciberataques, amenazas, vigilancia, descrédito y calumnia a través de cuentas falsas en redes sociales y en plataformas creadas con fondos públicos”. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también se ha pronunciado contra estos ataques.

A finales de julio Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y ahora directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y el director de la organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, condenaron las publicaciones de La Página. Ambos coincidieron en que estos ataques son un ejemplo de la estrategia de la administración Bukele de atacar a quienes les resultan incómodos. "Desafortunadamente, esta conducta que vimos respecto de El Faro, Factum y Gato Encerrado es la manera en la que el presidente Bukele reacciona frente a cualquier voz disidente", dijo Paz y Paz.



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