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Gobierno define el rumbo de $959 millones, pero bloquea al nuevo Comité auditor

El Ejecutivo ha plasmado en documentos oficiales la distribución que quiere hacer de la mitad de los $2,000 millones del Fondo de Emergencia construido con empréstitos: $671.3 van para el Ejecutivo y 287.7 para municipalidades. Sin embargo, Presidencia  sigue resistiéndose a un Comité auditor e intentó, sin éxito, dejarlo sin dientes. En respuesta, la Asamblea le dio facultades contraloras. Los diputados de oposición esperan juramentarlo esta semana.

 
 

El Gobierno ha definido que la mitad de los $2,000 millones provenientes del Fondo de Emergencia sean distribuidos entre ministerios y municipalidades, pero se resiste a validar el papel contralor del nuevo Comité creado para dar transparencia y auditorías claras sobre esos recursos obtenidos vía préstamos.

El 22 de julio, el Ejecutivo informó a la Asamblea Legislativa -a través de un memorando enviado por el secretario privado de la Presidencia- que de $959 millones aprobados en el Fondo de Emergencia, 671.3 ya han sido asignados a ministerios y rubros específicos. Los 287.7 millones restantes están destinados a municipalidades.

En esta distribución hay 389 millones vía préstamo que ya ingresaron a las arcas del Estado y ya fueron gastados. Otros $570 millones han sido solicitados a acreedores y están pendientes de ratificación en la Asamblea Legislativa para su incorporación al presupuesto.

El 1 de junio, los diputados autorizaron el ingreso al Presupuesto General de los 389 millones negociados con el Fondo Monetario Internacional. De estos, el Gobierno utilizó 219.3 millones para reintegrar los fondos utilizados en el bono de $300 entregado en marzo a familias vulnerables; 116.7 millones fueron entregados a las municipalidades para gastos relacionados al Covid-19 y a la tormenta Amanda; y 53 millones para el Fondo de Protección y mitigación de desastres (Fopromid).

En los préstamos por ratificar, 130 millones son para Salud y 171 millones para las municipalidades. Hacienda ha pedido 70 millones para Fopromid; 55 millones para honrar una contrapartida a la cual el Gobierno estaba obligado con el proyecto Fomilenio, pero que no fue incluida en el Presupuesto 2020; y 18 millones para “reintegros de asignaciones afectadas por la pandemia”. Agricultura tiene una asignación de 60 millones de dólares para un programa de apoyo a productores agrícolas; Gobernación recibirá 36 millones para cubrir el pago de compensaciones a los veteranos y excombatientes; y se han destinado de manera preliminar 30 millones para el Ministerio Trabajo.

El presidente Bukele y el Gabinete en la cadena nacional del 9 de agosto. Foto tomada de Casa Presidencial. 
 
El presidente Bukele y el Gabinete en la cadena nacional del 9 de agosto. Foto tomada de Casa Presidencial. 

Un nuevo bloqueo al Comité auditor

La claridad con la que el Gobierno tiene definido el reparto del dinero entre instituciones contrasta con la escasa rendición de cuentas sobre el destino final de los mismos vía compras y contrataciones. Aunque el decreto 608 que dio vida al Fondo de Emergencia exigió por ley la creación de un Comité auditor, tras el boicot de Casa Presidencial al primer Comité realizado entre marzo y mayo, el nuevo reparto de fondos sigue sin contar con la vigilancia de un ente externo al Ejecutivo.

Casa Presidencial incluso intentó minimizar su capacidad fiscalizadora a través de una reforma a su decreto de creación; y a diferencia de la gestación del primer Comité, esta vez Presidencia se ha desligado de la juramentación de sus integrantes. A inicios de julio, el presidente Nayib Bukele envió a los diputados observaciones al decreto que da vida al nuevo Comité, que a diferencia de su antecesor no está llamado a elaborar un “Presupuesto Extraordinario” para los fondos, pero sí está facultado para exigir rendición de cuentas a los funcionarios que los administren. El nuevo “Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia” también está obligado a informar al público, a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía de posibles irregularidades en el uso del dinero.

El Ejecutivo intentó que todas las entidades que manejan fondos de emergencia no estén obligadas a entregar información al Comité. En concreto, el presidente Bukele pidió a la Asamblea que funcionarios del Ejecutivo tengan la opción de clasificar la información como pública, reservada o confidencial para, en base a esas categorías, brinden o nieguen información al Comité. “La LAIP establece la potestad de entidades públicas de clasificar información como pública, oficiosa, reservada o confidencial previo al cumplimiento de requisitos. Es consideración del suscrito que dicho artículo guarde armonía con la LAIP”, dice la observación del 2 de julio del presidente Bukele.

De fondo, el Gobierno evidencia una vez más su renuencia a la transparencia en un contexto en el que los ministerios de Salud y Gobernación han sido señalados por investigaciones periodísticas que han revelado la suscripción de contratos irregulares o porque han beneficiado a familiares de funcionarios o a empresas vinculados a funcionarios, empleados de Gobierno y hasta políticos afines a Bukele. En el caso del Ministerio de Agricultura, los diputados han cuestionado una posible violación a la ley AFI por la movilización de 23 millones de dólares sin contar con el aval de la Asamblea.

Los diputados no aceptaron la observación e incluyeron un artículo que prohíbe la reserva de información. “Todos los funcionarios públicos deberán entregar sin reserva toda la información en la forma y fondo que este les requiera y deberá cumplir con los principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas", dice el artículo 14 C.

Bukele también cuestionó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) delegue a un auxiliar que acompañe al Comité de Emergencia, porque -según el presidente- “constituye una afectación a la imparcialidad de esa entidad”. A petición de la asociación de contadores nombrada por los diputados, que rechazó participar en el Comité, pidió a la Asamblea la selección de otro quinto integrante. Solo este último punto fue aceptado por la Asamblea y en el decreto establecieron que el quinto integrante puede ser elegido entre las gremiales de contadores.

El 13 de julio, la Asamblea superó las observaciones que el presidente Nayib Bukele había hecho al decreto de creación del nuevo Comité, que estará integrado por representantes de la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Fundación para el Desarrollo (Funde) y un representante de las asociaciones gremiales más representativas de contadores y auditores, que está pendiente de definir.

El 23 de julio, el decreto legislativo 674 fue publicado en el Diario Oficial, pero hasta el 10 de agosto los miembros del nuevo Comité no han sido juramentados ni por la Presidencia ni por la Asamblea. Representantes del Icefi y Funde dijeron a El Faro que no ha existido ninguna reunión del nuevo comité, debido a que no ha habido una juramentación.

Este paso es necesario para que la entidad comience a ejercer su labor y solicite información al Ejecutivo. “El Comité va ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos, veeduría de seguimiento de la administración y ejecución de recursos, dar informes mensuales a la Asamblea y dar informes mensuales a la ciudadanía”, dice el decreto 674.

El jefe y el subjefe de fracción de Arena, Carlos Reyes y Julio César Fabián anunciaron que posiblemente en la próxima Sesión Plenaria sea la juramentación de los cinco civiles del nuevo Comité. En la Comisión de Hacienda, del 10 de agosto, la diputada de Arena Margarita Escobar dijo que las futuras autorizaciones de recursos estarían condicionadas a los resultados de los informes de auditoría que este nuevo ente emita.

“Este nuevo comité es ciudadano y en el decreto no dice que Capres es el responsable de juramentar”, dijo el subjefe de fracción de Arena, Julio César Fabián. “Esto (el Comité) es más para controlar al gobierno por eso se propuso que la juramentación fuera en la Asamblea y todos estuvieron de acuerdo”, secundó el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes.

Una fuente de Arena que conoció del proceso de diseño del nuevo Comité, y quien habló bajo condición de anonimato con El Faro, aseguró que para acelerar la designación idearon que lo más conveniente es que la juramentación la haga el presidente de Asamblea Legislativa, el próximo jueves, para que el Comité comience a funcionar lo más pronto posible.

El director de Funde, Roberto Rubio, dijo que los diputados pueden hacer la juramentación. “La Asamblea tiene la autoridad para crear un comité de este tipo y para juramentar a sus miembros. El presidente Bukele no vetó el decreto, lo observó y tras la superación de dichas observaciones ya es Ley de la República”, dijo.

El Faro pidió una reacción a Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia, sobre la juramentación del Comité, pero este no respondió a los mensajes de Whatsapp, el único canal que ha habilitado para recibir consultas.

“El Comité señalará sobreprecios o compras a familiares de funcionarios”

Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, explicó que aunque el nuevo Comité no tiene entre sus facultades elaborar un “Presupuesto Extraordinario” sí funcionará como un contralor con herramientas para exigir acceso irrestricto a información sobre el uso de los 2,000 millones.

—¿En qué se diferencia este nuevo Comité del anterior?
—Este es un comité de veeduría. Para participar, las organizaciones pusimos como condición la no participación de entidades de gobierno para así evitar obstáculos.
—¿Cuáles son las funciones y con qué herramientas cuentan para cumplirlas?
—La función del comité es observar y verificar cómo el gobierno gasta los 2,000 millones del Fondo de Emergencia. Verificar que se gastó de “x” o “y” manera; señalar sobreprecios o compras a familiares de funcionarios. Eso no lo podemos hacer sin información. La Asamblea aprobó que los funcionarios pueden ser sancionados incluso con responsabilidades patrimoniales por denegar información.

Según el decreto, los funcionarios cuyas carteras manejan fondos de emergencia deben entregar toda la información que el comité solicite para garantizar una ejecución transparente de los fondos. "Al incumplimiento por parte de los funcionarios obligados a dar información se le aplicará el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios previsto en el artículo 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos, incluyendo responsabilidad patrimonial en carácter personal, así como la responsabilidad penal respectiva cuando correspondiere", dice el artículo 14-D del decreto.

El 11 de agosto, la Asamblea Legislativa citó a los ministros Alejandro Zelaya, Pablo Anliker y Francisco Alabí para pedirles explicaciones sobre el uso de fondos fondos públicos durante la emergencia y para discutir la incorporación de 250 millones de un préstamo del BID al presupuesto. Foto, cortesía del Ministerio de Hacienda.
 
El 11 de agosto, la Asamblea Legislativa citó a los ministros Alejandro Zelaya, Pablo Anliker y Francisco Alabí para pedirles explicaciones sobre el uso de fondos fondos públicos durante la emergencia y para discutir la incorporación de 250 millones de un préstamo del BID al presupuesto. Foto, cortesía del Ministerio de Hacienda.

Arena condiciona, pero cede más fondos para el Ejecutivo

La última semana de julio, Arena, FMLN, PDC y PCN parecían estar unidos con un propósito: bloquear la aprobación final de nuevos desembolsos hasta que el Ejecutivo rinda cuentas del manejo que ha hecho de los fondos públicos usados en el contexto de la pandemia. El 27 de julio, representantes de estos partidos en la Comisión de Hacienda incluso amenazaron con dar aviso a la Fiscalía contra el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, por haber transferido 23.4 millones de dólares (7.7 millones de salarios) para la compra de granos básicos sin autorización legislativa.

En juego está la autorización para que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 250 millones obtenidos a través de un primer préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En la tarde del viernes 31 de julio, el nuevo ministro de Hacienda Alejandro Zelaya abandonó una reunión de la Comisión de Hacienda, que discutía la ratificación de esos 250 millones. En aquel momento, la Presidencia argumentó que si no era ratificado por la Asamblea ese viernes, el organismo retiraba el préstamo. “Hasta las 11:59 p.m. nos ha dado el BID”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente Bukele. A las 8 p.m., la diputada Margarita Escobar anunció que su partido estaba listo para votar y compartió en Twitter un borrador de dictamen.

El presidente Bukele usó su cuenta de Twitter para acusar de extorsión a los diputados y pidió dejar los destinos que había enviado previamente. “El Gobierno de la República no será extorsionado. El Ministro @AlejandroZelay9 se retirará de la @AsambleaSV”, escribió Bukele a las 10 p.m, en alusión a la incorporación de $5 millones para la alcaldía de San Salvador, gobernada por Arena, en la lista de usos del préstamo.

Dos días más tarde, el domingo 2 de agosto, la Asamblea Legislativa ratificó el contrato entre el gobierno y el acreedor, que establece que los recursos serán destinados a Hacienda, Salud, Gobernación y las municipalidades. El Gobierno y Arena pactaron suprimir esos 5 millones para San Salvador a cambio de que el Gobierno renunciara al subsidio de pago de planillas de 55 millones de dólares asignados al Ministerio de Trabajo, porque ese programa ya existía en Bandesal, que recibió 600 millones de dólares a principios de mayo para ese mismo propósito. En el nuevo acuerdo, esos 55 millones serán usados para cubrir la contrapartida de Fomilenio. 

A la fecha, el Ejecutivo tiene gestiones avanzadas para la incorporación al presupuesto de recursos provenientes de cuatro préstamos: uno por 20 millones de dólares con el Banco Mundial; tres préstamos con el BID (dos por 250 millones cada uno y un tercero por 50 millones de dólares). El primero está en la última etapa y fue el que ratificaron los diputados el domingo 2 de agosto. La Asamblea comenzó las deliberaciones finales para incorporar este préstamo al Presupuesto General este lunes 10 de agosto.

Otros 313 millones para carteras cuestionadas

El martes 11 de agosto, los diputados de la Comisión de Hacienda cuestionaron al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya por la transferencia de dinero proveniente del Fondo de Emergencia hacia el Fondo de Protección y Fondo de Protección y Mitigación de Desastres (Fopromid).

“El decreto 608 no faculta al Ministerio de Hacienda a que se hagan las transferencias al Fopromid. ¿Por qué lo están haciendo? Cuánto dinero han reorientado”, cuestionó el diputado Norman Quijano.

Según Zelaya, Hacienda ha transferido los fondos al Ministerio de Gobernación para atender la emergencia. “Si hubiera una ilegalidad, yo mismo la denunciaría”, dijo el ministro. En abril, con recursos de ese fondo, el Ministerio de Salud otorgó un contrato para adquirir protectores faciales tasados con un sobreprecio unitario de hasta 121% a SYGM Asesores, una empresa mercantil con apenas seis meses de vida, según reveló una investigación de Salud con Lupa. En otra investigación, El Diario de Hoy reveló que los representantes legales de esa empresa (R ogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Turcios) son al mismo tiempo empleados de SCI Audit Tax Advisory, una empresa fundada y dirigida por Zelaya. En su hoja de vida, de hecho, Zelaya destaca haber fundado SCI Audit Tax Advisory. El caso es investigado por la Fiscalía. 

El Fopromid, que data desde 2005, es el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para hacerse de fondos de manera expedita, suscribir contratos y comprar insumos sin pasar por los filtros de la Ley de adquisiciones y contrataciones (Lacap) durante una emergencia. Se fondea con un presupuesto base, donaciones, aportes vía presupuesto general y “aportes provenientes de cualquier otra fuente”.

En el Presupuesto 2020, el Fopromid tenía una asignación de 4 millones de dólares para atender emergencias, pero Hacienda a través de acuerdos ejecutivos movió recursos del presupuesto ordinario y hasta el 30 de junio acumuló 625 millones de dólares en ese fondo. El Ejecutivo ha entregado información incompleta y vaga a la Asamblea Legislativa y a la Corte de Cuentas sobre el uso del Fopromid. 

A través de préstamos, el Gobierno ha introducido a ese fondo 53 millones que provienen del préstamo de 389 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El pasado domingo 2 de agosto, el Ejecutivo logró la ratificación de 20 millones más (provenientes del préstamo de 250 millones con el BID) que está en su etapa final de aprobación en la Asamblea. Para el Fopromid queda pendiente otra petición de 50 millones de dólares (de un segundo préstamo por 250 millones con el BID) del que aún faltan dos etapas, la ratificación y la incorporación al presupuesto.

En la sesión de la comisión de Hacienda, los diputados cayeron en cuenta de una incongruencia que la Asamblea ha pasado por alto al aprobar préstamos que ya adelantan fondos para el Fopromid rasgados del dinero que alimenta eel Fondo de Emergencia. “Si entra al Fopromid ya no entraría (a fiscalizar) el Comité de Veeduría”, dijo Quijano. Al medio Salud Con Lupa, el exmagistrado de la Sala de lo Contitucional Rodolfo González señaló que existen "dudas" sobre la constitucionalidad de esos movimientos de los Fondos de Emergencia hacia el Fopromid. 

Sobre los gastos de ese fondo, el primer informe de avances de una auditoría de la Corte de Cuentas presentado el 6 de mayo a la Asamblea señala que no se ha encontrado explicación sobre el pago de $300 a 100 mil familias, una observación que suma 30 millones de dólares. Las compras del Hospital El Salvador también ocuparon recursos de ese fondo. El 8 de junio, El Faro reveló que Obras Públicas contrató oferta 1.1 millones de dólares más cara para la construcción del anexo del hospital. Hasta la última semana de junio, Salud había recibido 30 millones de dólares de Fopromid y ocupó esos recursos para compras de insumos médicos.

Otra de las porciones más grandes de los Fondos de Emergencia ($130 millones) el Ejecutivo la ha destinado a Salud, que ha utilizado millones de dólares provenientes del Fopromid para realizar contratos llenos de irregularidades. En unos ha contratado a empresas cuyo giro principal no estaba relacionado con el abastecimiento de insumos médicos; en otros, ha contratado empresas directamente relacionadas a funcionarios, o a empresas de familiares de funcionarios o vinculadas a socios de funcionarios del Gabinete.

El 2 de agosto, los partidos Arena, PCN, Gana y CD ratificaron que 30 millones (de los 250 millones del préstamo con el BID en etapa final de aprobación) sean usados para cubrir el funcionamiento del Hospital El Salvador. Aún están pendientes otras asignaciones de otros préstamos: 20 millones del Banco Mundial son para el "Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el Covid-19", que incluye equipamiento e insumos médicos; otros 30 millones serán para gastos de funcionamiento del nuevo nosocomio a través de un segundo préstamo con el BID; y 50 millones son para el proyecto “Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar el efecto en la Prestación del Servicio en El Salvador”.

Este último proyecto tiene cuatro componentes: la “Detección y Seguimiento de casos” cuesta $6,186,119; la “Interrupción de la cadena de transmisión”, $785,000; la “mejora en la capacidad de provisión de servicios”, $42,857,481; la “Administración y Auditoría”, $171,400.

A Agricultura, los partidos de derecha aprobaron entregarlo $60 millones más, que se suman a los $273 millones que esa cartera ha gastado en la pandemia. En una memoria de labores presentada el 23 de julio, el Ejecutivo revela que Agricultura ha hecho 207 procesos de compras, según la “Tabla 21, Procesos de Adquisiciones y Compras MAG”, entre compras de víveres, granos básicos y otras compras no detalladas, por 273 millones de dólares. Es, en suma, la cartera que más fondos ha utilizado en la emergencia, cuando su presupuesto aprobado para compras este 2020 era de 24 millones de dólares, que constan en el rubro 54 Bienes y Servicios. En 2020, el presupuesto total de Agricultura era de 63 millones de dólares.

A la fecha, Agricultura es la única institución que no ha entregado informes sobre los proveedores contratados a la Asamblea Legislativa ni a la Corte de Cuentas. El ministro Pablo Anliker rechazó asistir el 27 de julio, por segunda ocasión, a un citatorio de los diputados de la Comisión de Hacienda. Ese día fue convocado para explicar por qué no solicitó autorización a la Asamblea para mover 23 millones de dólares, que ya tenían un destino en el presupuesto, para comprar granos básicos. De ese monto, 7.7 millones eran para el pago de salarios de la Dirección de Administración Institucional, Economía Agropecuaria, Sanidad Vegetal, Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura y Desarrollo Ganadero.

A finales de junio, los diputados fueron informados a través de una pieza de correspondencia, enviada por el ministerio, para solicitar autorización a la Asamblea para mover esos recursos que ya habían ocupado. El 27 de julio, Rodrigo Ávila dijo a El Faro que Anliker violó la Ley y que no podían aprobar la solicitud de reorientación de fondos. “No podríamos aprobar algo que ya se hizo porque estaríamos haciendo cosas fuera del marco legal. Podemos dar tiempo prudencial al ministro para que llegue. Lo que compete es mandar esto a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía. Un funcionario debe hacer lo que la Ley manda y ellos obviamente han sobrepasado las atribuciones. Hubo un exceso de atribuciones fuera del marco de la Ley”, dijo.

El artículo 43 de la Ley AFI dice que los titulares tienen prohibido “entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto”. También establece que incumplir este artículo, además de consecuencias administrativas y penales, puede ser causal de destitución. El diputado del FMLN, Damián Alegría, dijo que todavía no han considerado solicitarla. "Todavía no hemos considerado la destitución, por lo menos hasta el momento. Pero el malestar que hay es que no dan información clara solo dan información superficial, cifras gruesas, pero no dicen nunca con quién ni cuándo y dónde hicieron las compras".

El diputado del PDC, Rodolfo Parker dijo que en lo legal y en lo comercial Agricultura no ha hecho bien las cosas, porque debían pedir permiso antes de gastar los 23 millones de dólares. “Una vez los salarios fueron aprobados, nadie puede tocarlos. No pueden quitar salarios sabiendo que luego tienen que pagarlos. Si el ministro no llega en 15 días a la Comisión, daremos aviso a la Fiscalía”, dijo Parker. El 21 de julio, dos diputados del FMLN pusieron un aviso en la Fiscalía para que investigue la reorientación de los 23 millones y las compras de víveres que ha hecho Agricultura.

Pese a los precedentes, Arena, PCN, Gana y CD aprobaron el domingo 2 de agosto al Gobierno que Agricultura reciba 40 millones para el “Programa de Productores Agrícolas” del primer préstamo con el BID. La Asamblea también estudia un segundo préstamo con el BID de 250 millones que incluye otros 20 millones para ese mismo programa, del que aún faltan dos etapas más: ratificación e incorporación al presupuesto.

El 11 de agosto, el ministro Anliker acudió a la tercera convocatoria de la Comisión de Hacienda. Cuestionado por la reasignación de 23 millones sin el aval de la Asamblea, el ministro evadió la pregunta. No respondió a la diputada del FMLN Yanci Urbina. Ante la repregunta del diputado Rodolfo Parker respondió: "no estaba en la agenda. No vengo preparado para ese tema".

*Con reportes de Roxana Lazo


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